AC3358-2018

Radicación n. º 11001-02-03-000-2012-01848-00


Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018).



Se resuelve lo pertinente sobre la solicitud de nulidad formulada por el apoderado de los recurrentes en revisión, María Fernanda, Claudia Catalina y Carlos Roberto Waldraff Escobar, dentro del asunto de la referencia. 


I. ANTECEDENTES


       1. El 17 de agosto de 2012, María Fernanda, Claudia Catalina y Carlos Roberto Waldraff Escobar presentaron recurso de revisión contra la sentencia de 11 de agosto de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el ejecutivo de Eduardo Giuseppe Francisco Waldraff y Claudia Silvana Vernier Waldraff frente a los impugnantes como herederos determinados de Francisco de Sales Waldraff Romero, sus herederos indeterminados y Jorge Leonardo Waldraff Romero.


       2. El 25 de junio de 2018, la Corte dictó sentencia que desató dicho recurso, en la que se resolvió:


PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la caducidad, dentro del recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Fernanda, Claudia Catalina y Carlos Roberto Waldraff Escobar frente la sentencia de 11 de agosto de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ejecutivo de Eduardo Giuseppe Francisco Vernier Waldraff y Claudia Silvana Vernier Waldraff a favor de la sucesión de Carmen Helena Waldraff de Vernier frente a los recurrentes como herederos determinados de Francisco de Sales Waldraff Romero, sus herederos indeterminados y Jorge Leonardo Waldraff Romero. SEGUNDO: Condenar en costas y perjuicios a la parte recurrente. (fls. 440 al 441).


3. El 13 de julio pasado, se rechazaron por improcedentes los recursos de reposición y subsidiario de apelación, formulados contra el precitado fallo por los demandantes en revisión (fls. 252 y 253).


4. Mediante el memorial de 1º de agosto pasado, el mandatario de los aquí accionantes pidió la nulidad del “auto (sic) que declaró probada la caducidad de oficio”, con fundamento en los artículos 121 y 133-1 del Código General del Proceso.


Adujo, en apoyo de su solicitud, que el Magistrado Sustanciador perdió competencia dentro del recurso de revisión de que acá se trata, toda vez que el 16 de enero de 2016 se cumplió el año que se tenía para proferir la  sentencia. Agregó que, en consecuencia, debió remitir el expediente al que le seguía en turno e informar de ello a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 1 a 4 del c. de nulidad).


II.        CONSIDERACIONES


1. Importante resulta señalar, una vez más, que la tramitación íntegra de las actuaciones en esta revisión, se orienta con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y las normas que lo adicionaron o modificaron, pues, el inciso segundo del artículo 624 del Código General del Proceso, en pleno vigor desde el 1º de enero de 2016, prevé que “…los recursos interpuestos…se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…”, y el presente se formuló el 17 de agosto de 2012.


2. Las nulidades procesales las consagra el ordenamiento con el fin claro de garantizar la estructura básica o núcleo esencial del derecho fundamental a un debido proceso.


Es, en ese sentido, que se entiende que el legislador prevea como vicios susceptibles de acarrear la invalidez de una actuación, solo ciertas irregularidades u omisiones que estima, expresamente, como relevantes en el buen y cabal desarrollo de la relación procesal.


Atendiendo esa estructura, en la legislación procesal civil colombiana los principios que informan las nulidades son los de especificidad, protección y convalidación. Con el primero, el vicio a declarar solo puede ser uno de aquellos relacionados en los artículos 140 y 141 del Código de Procedimiento Civil y en el 29, inciso final de la Constitución Política; por el segundo, la normativa arropa al afectado con la actuación irregular; y el último impone no decretar como inválido aquello que se ha saneado por el consentimiento expreso o tácito del afectado, salvo limitación legal.


Sobre lo discurrido, la Sala ha señalado que “al acudir a las nulidades procesales, como instrumentos encaminados a redireccionar el curso del proceso cuando ocurren ostensibles irregularidades dentro del trámite, su ejercicio se encuentra delimitado por el interés que le asiste a su proponente, su contemplación expresa como causal de invalidación y que el vicio no se haya superado por la anuencia de las partes” (CSJ AC de 21 de marzo de 2012, Rad. 2006-00492-00).


Ahora bien, la concreta regulación de las nulidades en materia de legitimación, causales y saneamiento, conduce a que, bajo supuestos de notoria improcedencia, el juzgador deba rechazar de plano la solicitud al respecto, siendo así que el inciso cuarto del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil preceptúa que “[e]l juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo, en hecho que pudieron alegarse en excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad, o que se proponga después de saneada”.


3. En la solicitud que da lugar a este pronunciamiento, el memorialista aduce como nulidad la del inciso séptimo del Código General del Proceso, que prescribe: “Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva competencia”, haciéndola concordar con la primera del canon 133 de esa codificación, a cuyo tenor, el proceso es nulo, “Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia”.


El aludido motivo, que se refiere a las hipótesis en las que el juzgador no cumple el término legal para clausurar las instancias, un año para la primera o única y seis meses para la segunda, no está consagrado como causal de nulidad en la legislación que regula todo lo concerniente a este recurso de revisión, que como se ha explicado en repetidas ocasiones, es el Código de Procedimiento Civil. 


Por lo tanto, en razón a que la causal de nulidad que se formula no corresponde a una de las que disciplina la tramitación de esta revisión, se impone aplicar lo previsto en el inciso 4° del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, esto es, rechazar de plano la petición de invalidez.


En este punto es importante precisar que si bien la Ley 1395 de 2010 introdujo importantes modificaciones al Código de Procedimiento Civil sobre los términos para decidir las instancias en los procesos judiciales, señalando “un (1) año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, y seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal”; lo cierto es que la nulidad de pleno derecho, estatuida para sancionar “la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia”, solo vino a incorporarse a la legislación procesal civil con el Código General del Proceso, Ley 1564 de 12 de julio de 2012, cuya vigencia no fue inmediata sino gradual, sin alcanzar a cobijar -ya se ha explicado-, a actuaciones como la presente. 



4. En todo caso, aún si se admitiera en gracia de discusión que la “nulidad de pleno derecho” consagrada en el artículo 121 del Código General del Proceso es una norma vigente para este trámite, la solicitud de invalidez igualmente tendría que ser rechazada de plano, (i) porque el precepto se refiere a la duración que deben tener los procesos durante el curso de las instancias y no a la de los recursos extraordinarios como el de revisión, y (ii) por cuanto ninguna manifestación de pérdida de competencia o nulidad de pleno derecho hizo la parte interesada antes de dictarse la sentencia que resolvió la revisión en mientes, valga anotar, que el silencio de los interesados convalidó la alegada irregularidad, de haber sido cierta su existencia.



III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.- RECHAZAR DE PLANO la solicitud de nulidad presentada por el apoderado de las accionantes.


SEGUNDO.- En firme este proveído, continúese con el trámite pertinente.


Notifíquese,




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado