LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
AC3363-2018
Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-02147-00
Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Noveno Civil Municipal de Descongestión de Bogotá y Promiscuo Municipal de Sopó, para conocer del juicio ejecutivo promovido por el Banco de Colombia S.A. frente a Carlos Andrés Muñoz Ortiz.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum. La actora pidió librar orden de pago en contra de las demandadas por las sumas contenidas en un pagaré, más sus respectivos intereses.
1.2. Causa petendi. El accionado aceptó a favor de la petente el mencionado título valor, vencido e impagado a la fecha.
1.3. Fijación de la competencia en el libelo. La libelista lo fijó en el lugar del domicilio del demandado, que indicó se encontraba en Bogotá, y el sitio de notificaciones en Sopó.
1.4. En auto de 25 de mayo de 2018 (fl. 14), el Juzgado Promiscuo Municipal de la anotada localidad se declaró incompetente para conocer de la acción, tras estimar que el domicilio del llamado juicio se hallaba en Bogotá.
1.5. Por pronunciamiento de 5 de julio ulterior (fl. 18), el sentenciador de esta capital, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo de atenderlo, al advertir:
“Auscultada la presente demanda, advierte este Despacho que el domicilio del demandado corresponde al municipio de Sopó (Cundinamarca) tal como se indicó en el acápite de notificaciones (…), así mismo del pagaré adosado como base del recaudo se observa con claridad que la ciudad establecida para el pago de la obligación allí incorporada, fue el municipio de Sopó (Cundinamarca). En tal sentido, es evidente que la competencia territorial para conocer del presente asunto se encuentra asignada al Juez de dicho municipio”.
1.6. Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Baste observar con detenimiento los antecedentes que originaron la colisión cuya historia se ha dejado reseñada, para concluir, en mérito de ellos, que la declaración de incompetencia efectuada por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, carece de base.
2.2. No hay duda, en este caso, para determinar la competencia por el factor territorial se debe acudir al principio sentado por el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, a cuya letra “[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (…)”.
Siendo esto así, fulge patente que el verdadero llamado a conocer de las presentes diligencias es el sentenciador bogotano, pues en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial fue donde la impulsora ubicó el domicilio del convocado, quien además eligió como foro el contenido en la pretranscrita norma.
2.3. Es preciso advertir, las razones expuestas por el aludido sentenciador para desprenderse del conocimiento de las diligencias no son de recibo, porque parten de premisas equivocadas y desconocen las reglas de competencia consignadas en el artículo 28 de la referida codificación.
Dicho precepto, huelga destacarlo, establece distintos foros o fueros, siempre dentro del factor territorial de competencia, entre ellos el personal, el negocial o contractual y el real, y otros más.
Cuando se enfrentan varios foros de naturaleza concurrente, como sucede en el subéxamine, donde el juzgador pretende repeler la competencia invocando la disposición consignada en el numeral 3º del citado canon 28, la solución a la controversia debe hacerse respetando la facultad de elección que el legislador le confiere al demandante, quien en proyección de ella queda habilitado para presentar su libelo ante cualquiera de los jueces con competencia potencial para asumir su conocimiento, es decir, frente a los del domicilio del convocado o ante aquellos con jurisdicción en el lugar del cumplimiento de las obligaciones incorporadas en el título valor.
Justamente, lo primero fue lo acaecido en el asunto sometido a escrutinio, pues la interesada Banco de Colombia S.A. fijó la competencia por el factor que se viene tratando en atención a la localización del domicilio del demandado, nunca invocando, para esos efectos, el paraje donde habría de verificarse el pago del instrumento negociable.
En consecuencia, al obrar del modo en que lo hizo, el sentenciador bogotano terminó suplantando indebidamente a la interesada en su elección, y en ese sentido su decisión carece de toda base y fundamento.
Debe además decirse, por más que en el escrito introductorio se hubiera plasmado como sitio de notificaciones una dirección del municipio de Sopó, lo cierto es que tal indicación no vale para determinar la competencia por el factor territorial, por cuanto ésta únicamente viene dada por el domicilio.
Como tiene sentado la Corte en jurisprudencia ahora reiterada,
“(…) el lugar señalado en la demanda como aquel en donde (…) han de hacerse las notificaciones personales –lo que conforma el domicilio procesal o constituido-, no es el elemento que desvirtúe la noción de domicilio real y de residencia plasmada en los artículos 76 y subsiguientes del Código Civil, que es a la que se refiere el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil (hoy 28 del Código General del Proceso) cuando de fijar la competencia se trata (…)”1.
2.4. Aun cuando, por las razones atrás expuestas, el conocimiento del asunto no le corresponda al estrado de Sopó, es del caso advertirle, contrario a lo por él sostenido en el auto de 25 de mayo pasado (fl. 14), ni de la jurisprudencia de esta Sala ni del tenor del artículo 28 C.G.P. puede entenderse que en los juicios ejecutivos la competencia venga determinada exclusivamente por el domicilio del demandado.
Pueden concurrir otras circunstancias, como el lugar de ubicación de los inmuebles, si de acciones hipotecarias se trata; o simplemente del sitio de observancia o pago de las obligaciones dimanantes del título valor; eventos estos capaces de alterar la regla general de competencia consignada en el numeral 1º del precepto 28 de la codificación en cita.
2.5. Colofón de lo trasuntado, se asignará el asunto al aludido funcionario.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el Juzgado Noveno Civil Municipal de Descongestión de Bogotá es el competente para conocer del proceso en referencia. Consecuentemente, ordena enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido a la otra autoridad jurisdiccional involucrada, haciéndole llegar copia de esta providencia. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
1 Auto del 17 de octubre de 2014, exp. 201402359-00.