LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


AC3364-2018

Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-02194-00


       Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018)



       Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Trece Civil del Circuito de Cali y Segundo Civil del Circuito de Cartago, para conocer del proceso de “responsabilidad civil médica” adelantado por Gladys Hermenza Díaz Atehortúa, Jorge Arley Henao Aristizabal, Diego Alejandro y Juan David Henao Díaz frente al Servicio Occidental de Salud S.A. E.P.S. S.O.S. S.A. y la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca.


1. ANTECEDENTES


1.1.        Petitum. La parte actora exige se condene a las entidades sanitarias convocadas al pago de una indemnización por concepto de los daños a la salud causados a la demandante Gladys Hermenza Díaz Atehortúa.

       1.2. Causa petendi. La impulsora Gladys Hermenza Díaz Atehortúa se sometió, en las instalaciones de Entidad Prestadora del Servicio de Salud accionada, a diversos procedimientos médicos. A causa de la deficiente prestación de los mismos, le quedaron varias secuelas, entre ellas serias limitaciones en su capacidad auditiva, presuntamente ocasionadas por la negligencia de los profesionales adscritos a dicha entidad.


1.3. Fijación de la competencia en el libelo. Le atribuye la competencia a los estrados civiles del circuito de Cartago, por corresponder al lugar donde ocurrieron los hechos sustrato del libelo. También por ser allí el sitio del domicilio de las opositoras y en el cual poseen sucursales o agencias.


       1.4. En proveído de 19 de junio de 2018 (fl. 25), el sentenciador de esa localidad rechazó la demanda, aduciendo que las personas jurídicas fustigadas carecían de dependencias en dicha ciudad; asimismo, indicó que el numeral 6º del artículo 28 del Código General del proceso devenía inaplicable, porque la acción ejercida era de responsabilidad contractual y no extracontractual.


De consiguiente, remitió las diligencias a las oficinas judiciales de Cali, lugar del domicilio de las entidades resistentes.


       1.5. Por auto de 12 de julio ulterior (fl. 219), el Juzgado Trece Civil del Circuito de la enunciada capital, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo de atenderlo, porque las demandadas sí tenían sucursales o agencias en Cartago, siendo entonces de aplicación lo consignado en el numeral 5º del precepto 28 del Código General del Proceso.


       1.7. Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


2. CONSIDERACIONES


       2.1. Baste observar con detenimiento los antecedentes que originaron la colisión cuya historia se ha dejado reseñada, para concluir, en mérito de ellos, que la declaración de incompetencia efectuada por la oficina judicial de Cartago carece de base.


2.2. La obligación de reparar los daños causados a una determinada víctima puede presentarse como secuela de actos de la más variada índole, todos ellos susceptibles de reconducirse a dos categorías diferentes:


Cuando es producido dentro de la órbita de lo pactado y en consecuencia de la infracción de un vínculo negocial previo y preexistente entre las partes, y siempre en razón del marco de ejecución fijado por éste, eventos en los cuales asume el calificativo de “contractual”, y el clásico principio del  naeminem laedere se traduce en el deber de no lesionar a ese concreto acreedor.


En otras ocasiones se aplica el régimen de responsabilidad extracontractual o aquiliana, cual ocurre cuando el quebranto del interés o derecho protegido se produce al margen de cualquier ligamen precedente entre aquellos que se relacionan con ocasión del daño.


En este segundo evento, como con acierto lo ha indicado algún autor1, las partes “se conocen” a través -y con ocasión- del hecho dañoso: el accidente de tránsito, la cosecha perdida por efecto de la contaminación producida por los residuos tóxicos vertidos por una fábrica vecina, o el de quien por descuido deja abierto un grifo de su vivienda, produciendo una inundación en el piso inferior etc.; aquí, la violación no es de un vínculo obligatorio previo y preexistente, sino del genérico de conducta de no dañar a los demás (alterum non laedere).


La reputada distinción entre una u otra clase de responsabilidad, que desde el punto de vista teórico deviene imprescindible, ha sido recogida en multitud de fallos de esta Corporación, en su Sala de Casación Civil2.


No es, en efecto, una cosa de palabras sino de conceptos que se proyectan en diversas consecuencias, tocantes con la fisionomía jurídica y al grado de la culpa, la carga de la prueba, la prescripción, etc., de donde resulta la importancia que en el campo forense tiene la discriminación exacta entre una y otra3.


2.3. En virtud de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 1834 de la Ley 100 de 1993, y cual lo ha puntualizado en pretéritas oportunidades esta Corporación5, hoy no se remite a duda que la relación surgida entre la Entidad Prestadora del Servicio de Salud y el afiliado reviste la naturaleza de “contractual”.


Por ende, las acciones de resarcimiento de los daños que con estribo en la mala praxis galénica se dirijan contra las aludidas instituciones necesariamente habrán de asumir esa misma característica.


2.4. Pero hay más. En el asunto sometido a escrutinio fungen también como demandantes Jorge Arbey Henao Aristizabal, Juan David y Diego Alejandro Henao Díaz, familiares de la damnificada principal, quienes claman, en calidad de víctimas indirectas (o par ricochet o por rebote, según la terminología francesa), la reparación de los perjuicios irrogados con ocasión de las lesiones sufridas por aquella.


Frente a ellas, la acción de reclamación de perjuicios indubitablemente reviste el ropaje de “extracontractual”, pues, no debe olvidarse, entre ellos y la institución sanitaria no existía, antes del suceso, el menor vínculo jurídico. Y, además, no puede perderse de vista que


“El mismo hecho puede dar lugar a las dos acciones [es decir, la contractual y la extracontractual] según sea el carácter y posición con que se presente la víctima en la acción indemnizatoria, y desde luego con las consecuencias diferentes que cada caso comporta en lo concerniente a la extensión y naturaleza de las pretensiones del actor y la manera de establecerlas en juicio”6.


Y descendiendo al ámbito del Derecho Médico, la Corte, transpolando su doctrina en ese entonces ya consolidada en materia de accidentes de tránsito e incumplimiento del contrato de transporte, hace sesenta años sentenció:


“No se remite a duda que existen hechos que pueden comprometer tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual. La violación de una convención puede originar perjuicios para terceros. Al respecto basta recordar cómo la muerte o las lesiones causadas a quien viaja en un vehículo de transporte, mediante un contrato de esta índole, es factible que produzcan daño a los causahabientes del pasajero.


“Por tal motivo la doctrina ha aceptado que éstos pueden ejercer la acción de responsabilidad contractual o extracontractual, según ocupen el puesto de su causante (…) o se presenten extraños a esa convención, pero víctimas por impacto material o moral del hecho causante del daño (…).


“Desde luego los principios anteriores son extensivos a todo contrato cuyo incumplimiento pueda perjudicar a un tercero (…)”.


Para luego, en el mismo fallo, con apoyo en las tesis de los franceses Lalou y Savatier, agregar


“Refiriéndose a los servicios médicos dice Lalou: “La responsabilidad contractual del médico que descansa en una convención es evidentemente inaplicable en caso de daño causado a terceros. En este caso no hay objeción alguna en acudir a la jurisprudencia (…) que aplicaba en tal supuesto al médico los artículos 1382 y 1383 del Código Civil (Versan sobre responsabilidad extracontractual) (Tratado práctico de responsabilidad civil, página 296). Y Savatier expresaba: “Bien que la responsabilidad del médico es normalmente contractual ella puede ser delictual frente a terceros, especialmente a los parientes de la víctima (Tratado de responsabilidad civil. tomo I. Página 386)”7.


2.5. Trasladando lo atrás expuesto al subjúdice, emerge patente la sinrazón de los argumentos esgrimidos por el juzgador de Cartago para sustraerse de su conocimiento.


Al asunto resultaba de plena aplicabilidad, para la fijación de la competencia, el foro estatuido en el numeral 6º del artículo 28 del Código General del Proceso, porque si bien la acción ejercida por la víctima directa Gladys Hermenza Díaz Atehortúa era, conforme se indicó, de naturaleza contractual, la de sus familiares sí ostenta el carácter de extracontractual.


2.6. Se refuerza lo atrás razonado si se tiene en cuenta que la demandada Servicio Occidental de Salud S.A. E.P.S. S.O.S. S.A. sí posee, de acuerdo con la verificación hecha en el Registro Único Empresarial –RUES-, una agencia en la ciudad de Cartago, donde presumiblemente prestó el servicio sanitario a la demandante Díaz Atehortúa y del cual se derivaron los daños cuya reclamación persiguen.


Bajo ese espectro, resulta de plena aplicabilidad lo consignado en el numeral 5º del canon 28 C.G.P., que atribuye el conocimiento de los procesos contenciosos a los jueces del lugar de ubicación de las las agencias o las sucursales, tratándose de asuntos relacionados con éstas o aquéllas.


2.7. Lo anteriormente razonado es suficiente para concluir que a los actores les asistía la facultad de interponer la demanda en Cartago, siendo entonces procedente asignar el asunto al mencionado administrador de justicia.


3. DECISIÓN


       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del juicio de la referencia es el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, a donde se ordena remitir las diligencias para lo de su cargo, comunicando lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada. Ofíciese.


Notifíquese





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador





1 YZQUIERDO TOLSADA, Mariano. Responsabilidad Civil Extracontractual. Madrid. 2016. Pág. 100.

2 Entre las más destacadas: CSJ SSC del 15 de diciembre de 1938; 5 de marzo de 1940; 25 de febrero de 1942; del 21 de septiembre de 1944; 31 de marzo y 23 de abril de 1955; 26 de agosto de 1958; 11 de mayo de 1970; 21 de mayo de 1983; 26 de noviembre de 1986; 19 de abril de 1993; 30 de enero y 17 de noviembre de 2011.

3 Cfr. CSJ SC del 31 de marzo de 1955.

4  “Entidades Promotoras de Salud no podrán, en forma unilateral, terminar la relación contractual con sus afiliados, ni podrán negar la afiliación a quien desee ingresar al régimen, siempre y cuando garantice el pago de la cotización o del subsidio correspondiente, salvo los casos excepcionales por abuso o mala fe del usuario, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional (…)” (Subrayas y negrillas para destacar).

5 CSJ SC del 12 de enero de 2018.

6 CSJ SC del 12 de agosto de 1948.

7 CSJ SC del 14 de octubre de 1959.