AC3372-2018


Radicación n° 11001-02-03-000-2018-02140-00


Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Resuelve la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Pasto y Dieciocho de igual especialidad y categoría de Medellín.


ANTECEDENTES


       1.- Ante el primer Despacho, la Fiduciaria Davivienda S.A., como vocera del Patrimonio Autónomo P.A. Centro Comercial Gran Plaza Ipiales, presentó demanda ejecutiva contra Luis Humberto Ramírez Bravo y afirmó que éste tiene domicilio en Pasto y recibe notificaciones en «la carrera 39 Nº 5ª – 61 apartamento 302, Poblado, Pasto. En la calle 18 Nº 22-27 de Pasto. Calle 27 Sur Nº 28-100 edificio Arroyo de la Honda P.H Planta, apartamento 804 de Envigado».


       2.- Esa autoridad rechazó el libelo por falta de competencia, dado que «observando la información  respecto del domicilio de la parte demandada, se concluye que se estipulan tres direcciones diferentes de un solo ejecutado, siendo dos de estas en la ciudad de Medellín», donde ordenó enviar las diligencias.


       3.- El Juzgado Dieciocho Civil Municipal de la capital de Antioquia las rehusó porque «en el escrito de demanda, en el párrafo de demandada y clase de acción se afirma que el demandado tiene su domicilio en Pasto» y añadió que «un concepto es el que se refiere al domicilio del demandado y otro la dirección en donde deben hacerse las notificaciones».


CONSIDERACIONES


1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trabó entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirla como superior funcional común de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009.


2.- El ordenamiento jurídico consagra las pautas que orientan la distribución de las controversias ya sea que la determine uno o varios factores, entre ellos, el territorial.


El artículo 28 del Código General del Proceso dispone en el numeral 1º como regla general que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado». A su turno, el numeral 3º establece que en «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».


De manera que en juicios coercitivos el promotor está facultado para escoger el territorio donde desea que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos directrices, eso sí, debe concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y, por supuesto, indicar sin equívocos el domicilio del convocado o el lugar de cumplimiento de la prestación, según sea el parámetro seleccionado.


Realizada la elección, al juzgador le corresponde respetarla y adelantar el litigio, salvo que posteriormente el demandado proteste por medio de la excepción previa de falta de competencia o de recurso de reposición, según el caso; evento en el cual le corresponderá precisar y acreditar las razones por las que disiente de la asignación primigenia.


3.- En el caso presente, la sociedad actora claramente escogió la pauta general y señaló que el convocado es vecino de la capital de Nariño. En efecto, en el encabezado del pliego incoatorio luego de identificar a Luis Humberto Ramírez Bravo como deudor adujo que tiene «domicilio en Pasto», y más adelante asignó la competencia «en virtud de ser este municipio [Pasto] el domicilio del demandad[o]».

Bajo esa óptica, no había mérito para que el primer estrado se desprendiera del juicio, toda vez que con independencia del lugar reportado para notificaciones del ejecutado, la información determinante para la asignación  es su domicilio, el que, como quedó visto, por ahora está establecido en la referida ciudad. Eso sí, sin perjuicio de que el convocado lo discuta oportunamente.


Dicho en otros términos, si no existe absoluta correspondencia entre el sitio indicado para recibir notificaciones y el domicilio del extremo pasivo, la atribución se fija con vista en el último cuando, como ocurre en el sub examine, el gestor elige el parámetro contemplado en el numeral 1º del artículo 28 aludido.


Sobre el particular, debe reiterarse que no es atendible confundir los conceptos de «domicilio» y dirección para recibir notificaciones, dada la marcada diferencia que hay entre ellos.


El primero, a voces del artículo 76 del Código Civil «consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella», y claramente se erige como un atributo de la personalidad; en cambio, el otro simplemente se refiere al lugar, muchas veces transitorio, donde los sujetos de derecho pueden ser enterados de las determinaciones proferidas en los juicios en que participan. De modo que en el último no concurre el elemento subjetivo – intención de permanencia- que caracteriza aquél. 


El artículo 82 del Código General del Proceso refuerza la aludida divergencia, al enlistar separada y autónomamente como requisitos formales de toda demanda la obligación de indicar el «domicilio de las partes» (numeral 2º), de un lado, y de otro la exigencia de suministrar la «dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirían notificaciones personales» (numeral 10º).


Con todo, si en gracia de discusión se admitiera la tesis contraria, lo cierto es que en el sub examine la ejecutante reportó tres direcciones del opositor, de las cuales dos pertenecen a Pasto y la otra a Envigado; de ahí que ni siquiera en esa hipótesis sea acertado el rechazo del primer receptor, dado que remitió la demanda a su homólogo de Medellín porque entendió que en el libelo se consignaron «tres direcciones diferentes de un solo ejecutado, siendo dos de estas» en esa urbe, cuando en realidad en el libelo introductorio no se hizo mención a dicha capital.


4.- En un asunto similar, en AC1169-2017, se dijo:


(…) no había ninguna razón para que el juez al que inicialmente se le repartió el libelo, se declarara incompetente para conocer el asunto, pues el argumento para rechazar la demanda se sustentó en que la dirección de notificación de los convocados pertenecía a otra localidad, y, por lo tanto, éste último determinaba la competencia; sin embargo, como se advirtió, la citada esta domiciliada en esta ciudad. (…) A este punto conviene memorar la posición de esta Sala respecto de la diferencia que existe entre el domicilio y la dirección de notificación: (...) no pueden confundirse el domicilio y la dirección indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato satisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusión al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificación personal. (CSJ AC, 30 Mar 2013, Rad. 2012-00479-00) (…) De ahí que atendiendo la manifestación de la convocante, si en principio, el domicilio de la demandada es la Capital, entonces es el juez de ésta, quien está llamado a dirimir la controversia que se dejó a su consideración, sin perjuicio de que la misma sea debatida por los medios pertinentes por la accionada.


       5.- Por consiguiente, se devolverá la actuación a quien inicialmente la conoció.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE:


Primero: Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Pasto es el competente para conocer del presente litigio; por tanto, envíese el expediente a dicha oficina.


Segundo: Informar lo decidido al otro estrado  involucrado, haciéndole llegar copia de esta decisión.



NOTIFÍQUESE




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado