AC3377-2018


Radicación n° 11001-02-03-000-2018-02098-00


       Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Corozal y Promiscuo Municipal de Córdoba.


ANTECEDENTES


       1. Hermes Alberto Mulford Salgado solicitó al primer despacho librar mandamiento de pago contra Salvador Segundo Ochoa Valet por el monto de la cláusula penal contenida en el documento denominado «Contrato de compraventa de vehículo automotor». Además, se ordene que éste materialice el «traspaso» que le firmó y «se decrete» que debe asumir los impuestos causados entre 2015 y 2018.


       Al efecto, le atribuyó la competencia «por el domicilio de las partes y el lugar de cumplimiento de la obligación, de conformidad con el numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso, y lo pactado entre las partes al momento de firmar el precitado contrato».


       2. La autoridad escogida rechazó el libelo y lo remitió a su par de Córdoba, destacando que en los datos generales del acuerdo de voluntades se previó que en ese municipio estaría el «domicilio contractual», pero en la cláusula tercera se fijó en Corozal y señaló que allí se pagaría el precio, lo cual «demuestra que existe confusión en relación al lugar de cumplimiento de la obligación, porque pareciere que para la pretensión que se quiere ejecutar no le fue estipulado lugar de cumplimiento de la obligación, o que éste se dará en…» el primer sitio, lo que «significa que [a] la obligación que se quiere ejecutar no le fue acordada un lugar (sic) para el cumplimiento…”, de suerte que aplicar el numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso «para radicar competencia por el factor territorial en el municipio de Corozal es improcedente», debiendo acudirse al 1 ídem que se funda en la vecindad del demandado (fls. 13 y 14).


       3. El estrado judicial rechazó por improcedente al tenor del artículo 139 ibídem la reposición con que el actor le reprochó «estar quebrantando [su] derecho a presentar demanda a prevención en la ciudad de Corozal», al no tener en cuenta «que el contrato que sirve como título ejecutivo, establece que el lugar de cumplimiento de la obligación será» en ese lugar (fl. 15).


       4. El Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba también repelió el caso y provocó la colisión que se zanja, relievando que en la tercera estipulación del acuerdo arrimado «se pactó la forma de pago y el lugar de cumplimiento de la obligación cuya ejecución se pretende…, señalándose el municipio de Corozal-Sucre como domicilio contractual», en virtud de lo que el gestor «amparado en el numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso, elige demandar ante el juez promiscuo» de ese territorio, “…elección que no debió ser suplantada por la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Corozal-Sucre al declinar del estudio de la controversia…» (fl. 19 ib.).



CONSIDERACIONES


1. Toda vez que la disputa sobre el habilitado para conocer el pleito incoado se trabó entre dos juzgados de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirla como superior funcional común de ambos, por conducto del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, pues así lo disponen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.


2. La Ley 1564 de 2012 fija las reglas para repartir las demandas civiles y de familia entre las distintas autoridades de estas especialidades, a partir de uno o de varios factores, tomando en consideración la clase o materia de lo debatido, su cuantía, la calidad de las partes, la naturaleza de la función o la existencia de conexidad o unicidad, según lo encuentra pertinente.


De manera general, el primer numeral del artículo 28 ejusdem atribuye los pleitos contenciosos al funcionario con asiento en el domicilio del demandado (fuero personal), salvo «disposición legal en contrario»,  criterio que para «…los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» amplía el tercer nomenclador del mismo canon al reglar que «…es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones…» (se destaca), de lo que se desprende que no distingue si se trata de las prestaciones reclamadas u otras, siempre que estén contenidas en el acuerdo de voluntades esgrimido.


Cuando existe una concurrencia semejante de fueros respecto de la cual la ley otorga al precursor el arbitrio de escoger entre ellos, es perentorio que el juez asuma sin reparo esa competencia, sobre lo que la Corte precisó en CSJ AC8788-2018 que


(…) los juicios originados en un contrato, específicamente, pueden conocerse tanto por el juez del lugar en el que deben cumplirse las obligaciones acordadas, como por aquél que ejerza jurisdicción en el sitio en que está avecindado el convocado al pleito, de acuerdo con la elección que realice el actor.


Agregando que  


(…) si el demandante escogió la referida ciudad para presentar su demanda, en razón del fuero convencional, entonces el juez civil a quien correspondió el conocimiento del proceso en un comienzo no podía desprenderse del mismo, porque en él se radicó la competencia en virtud de la aludida regla, sin que importara el domicilio del extremo pasivo.


3. En el sub lite, el actor justificó la atribución de la competencia por el domicilio de las partes y, a la vez, por el sitio de satisfacción de las obligaciones, lo que en principio da lugar a pensar que no está clara su escogencia, pero ello queda superado porque en un comienzo no indicó la vecindad de su contradictor, por lo que la juez de Corozal no podía apoyarse en un dato entonces inexistente; acudió al juzgador que de acuerdo con el segundo factor tendría facultad para rituar el libelo; y al serle rechazado fue claro en señalar que se amparaba en este elemento.


Al respecto, en AC543-2018 la Sala predicó que


(…) si bien en principio podría generar confusión la manifestación de que optaba a la vez por los fueros personal y contractual, tal dislate resulta irrelevante porque cuando dirigió la demanda ante el funcionario judicial del Distrito Capital, exteriorizó su voluntad de escoger el lugar de satisfacción de la acreencia para su designación.


Ahora, el título que sustenta el trámite coercitivo expresa en su cláusula tercera que el precio se pagaría «[d]e estricto contado, y el lugar del cumplimiento de la obligación será la ciudad de Corozal…», previsión que constituye suficiente sustento para concluir que el querellante obró de conformidad con la alternativa que el legislador le concede, según la situación fáctica concreta, de tal forma que la juez de esa población debió plegarse a esa voluntad.


Así las cosas, el yerro de la funcionaria tuvo origen, por un lado, en que no observó que pese a la coexistencia de fueros y que el acreedor los invocó simultáneamente, materializó su elección al radicar el libelo en su Despacho, y del otro, de que el domicilio en que ella se fundó no era el de la persona convocada, toda vez que no estaba expresado en ninguna parte, sino en el “contractual”, en torno al cual el aparte final del numeral 3 del artículo citado es claro en señalar que su “…estipulación…para efectos judiciales se tendrá por no escrita”. 


4. En consecuencia, no se encuentra justificación para que dicha juzgadora repudiara el pleito, por lo que se asignará, comunicando al otro involucrado lo definido.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


       Primero:        Declarar que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Corozal es el competente para conocer de la disputa en referencia.


       Segundo:        Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Promiscuo Municipal de Córdoba (Bol.).


       Tercero: Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.



        Notifíquese,








OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado