Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver lo que corresponde frente al recurso de queja propuesto por Jorge Iván Pulido frente al auto de 28 de febrero de 2018, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de declaración de unión marital de hecho y sociedad patrimonial de bienes del impugnante contra Flor Esperanza Páez Garzón.
1.- Dentro del proceso en mención, el a quo en su sentencia declaró la unión marital entre las partes del 1° de mayo de 2004 al 13 de septiembre de 2013, al tiempo que encontró probada la prescripción, respecto del reconocimiento de los efectos patrimoniales de esa unión, decisión que fue apelada por el promotor.
2.- El superior revocó parcialmente lo decidido, en el sentido de modificar la fecha de culminación del vínculo hasta el 1° de octubre de 2014 «conforme lo solicitó en la demanda», y confirmó lo relacionado con la excepción extintiva (fls. 3-5).
3.- Formuló recuso de casación el gestor el cual le fue concedido inicialmente, no obstante, en AC525-2018 emanado de este despacho el 12 de febrero de la presente anualidad, se declaró prematura la concesión del mismo y se dispuso devolver la actuación a la oficina de origen para que agotara la actuación pertinente.
En acatamiento de lo ordenado, el magistrado sustanciador, mediante la providencia ahora recurrida, denegó la concesión del recurso.
Al efecto, expuso que en este caso la pretensión es de contenido eminentemente patrimonial “pues la discusión se cierne sobre el reconocimiento de la sociedad patrimonial y su disolución”, por lo que se hacía necesario acreditar que el valor actual de la resolución desfavorable era igual o superior a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y como de acuerdo con las pretensiones tal interés solo asciende a $85.250.000, ese requisito no se satisfizo.
4.- Frente a esa determinación, el convocante propuso recurso de reposición y en subsidio queja.
En sustento, alegó que el proceso tenía como fin modificar o crear el estado civil de las partes y así constituir la unión marital de hecho y la declaración patrimonial, con un consecuente trámite liquidatorio. Siendo la pretensión declarativa de unión marital de hecho, este no es un asunto de contenido económico, por lo que el recurso de casación es viable a la luz del parágrafo del artículo 334 del Código General del Proceso.
5.- El ad quem mantuvo su decisión y dio trámite a la queja, básicamente con los mismos argumentos que expuso en la determinación censurada.
1. Examinado el asunto, de entrada se advierte que le asistió razón al tribunal en haber denegado la vía extraordinaria de impugnación intentada por el quejoso.
2. La procedencia del recurso de casación, está supeditada a la satisfacción de los precisos requisitos consagrados en la normativa procedimental. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso dispone que este medio puede dirigirse, entre otras, contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, en «toda clase de procesos declarativos».
A su turno, el canon 338 ibídem, consagra:
Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.
Como puede apreciarse, el nuevo compendio procesal mantuvo la exigencia de la estimación de la resolución desfavorable, fijándola en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de aspiraciones esencialmente patrimoniales. Y, en punto a la verificación de ese requisito, al tenor del artículo 339 siguiente,
Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión.
3. En orden a resolver acerca de la inconformidad planteada debe tenerse en cuenta que, tal y como se dejó sentado en AC525-2018, de conformidad con la Ley 54 de 1990 surgieron a la luz del derecho las uniones maritales de hecho que son constitutivas de un estado civil para sus integrantes como compañeros permanentes y, conforme a la misma normativa, esa relación familiar puede ir acompañada o no de un lazo societario, según el cumplimiento de algunos supuestos, cuya determinación puede adelantarse en el mismo trámite.
En tal virtud, cuando se busca simultáneamente la declaratoria de existencia de «unión marital de hecho», con la de la «sociedad patrimonial», las determinaciones del fallo en cada campo tiene una incidencia particular para los fines del recurso de casación, ya que si queda completamente superada cualquier discusión sobre la conformación de la primera en la forma perseguida, entonces la discusión trasciende de la esfera del «estado civil» para quedar circunscrita al componente patrimonial, y por lo mismo, la viabilidad de la senda extraordinaria queda supeditada a la acreditación de que el detrimento económico ocasionado al impugnante, sea igual o superior al fijado por el legislador en la norma citada.
Al respecto la Corte en CSJ AC 19 dic. 2013, rad. 2008-00443-01, posición que conserva vigencia pese al tránsito de legislación procedimental, sostuvo
(…) se advierte que el Tribunal al conceder el recurso de casación estimando que el “estado civil de las personas, (…) constituye el objeto de este proceso”, no observó que al haberse sido acogido ese aspecto del litigio, tanto en primera como en segunda instancia, el recurso interpuesto por la demandante mal podría ir dirigido a controvertir dicha declaración. El agravio que la sentencia causa a la recurrente está referido a la denegatoria de la sociedad patrimonial, frente a lo cual, se impone determinar en términos cuantitativos y de cara a lo dispuesto en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, a cuánto asciende el perjuicio que el fallo de segundo grado le inflige a la recurrente en casación. (Subraya intencional).
4.- En el sub judice claramente se aprecia que en la providencia objeto de censura, el magistrado sustanciador hizo notar que la pretensión se torna eminentemente económica, porque la discusión se centra sobre el reconocimiento de la sociedad patrimonial y su disolución.
Tal argumento se aviene con lo acontecido en los dos grados de conocimiento, pues la sentencia del a quo que acogió la pretensión principal de declaratoria de la existencia de una unión marital de hecho entre compañeros permanentes conformada por Jorge Iván Pulido y Flor Esperanza Páez, fue confirmada en lo medular por el Tribunal, de donde se infiere que la controversia original referente al estado civil quedó zanjada en las instancias ordinarias favoreciendo las aspiraciones del demandante.
En tal virtud, resulta infundado el reparo concerniente a que debe darse aplicación a la excepción consagrada en el parágrafo del artículo 334 ibídem, por cuanto el mismo está previsto para garantizar esta vía de impugnación para el debate de controversias relacionadas con el estado civil, lo que aquí ya está superado.
En esas circunstancias, no llama a duda que puesto el asunto en el plano patrimonial, ha debido valorarse como requisito de procedencia del recurso de casación la acreditación de la cuantía del interés económico que le asiste a su promotor para formularlo, que el tribunal no encontró allanado.
Al respecto, se advierte que el impugnante no formula ningún reproche en cuanto a la operación realizada en el auto censurado, que define una resolución desfavorable en su contra por la suma de $85.250.000 y por lo mismo inferior a los 1000 salarios mínimos legales vigentes exigidos en el artículo 338 del Código General del Proceso, de manera que al ser pacífico ese aspecto no es menester hacer acotación adicional al respecto en esta sede.
5.- En consecuencia, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, el ataque propuesto era inviable, como se previó en el auto impugnado.
6.- De conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, la resolución desfavorable de este recurso daría lugar a imponer condena en costas, sin embargo, no habrá lugar a ello dado que no existe constancia de que se hayan causado (arts. 365 num. 8 y 361 inc. 2 ibídem).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso referenciado.
Segundo: Sin lugar a condena en costas por el trámite del recurso de queja.
Tercero: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado