OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por el menor accionante frente a la sentencia de 30 jun. 2015, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro del proceso ordinario de Diego Fernando Hidalgo Arteaga y Sandra Viviana Cabrera Chamorro, en nombre propio y el de su hijo, contra la Fundación Hospital San Pedro y Coomeva EPS S.A., al cual fue llamada en garantía la Fundación de Asesorías y Servicios Profesionales Fasers.
Coomeva EPS S.A. a su vez formuló las defensas que denominó «la demanda se dirige contra persona jurídica inexistente», «falta de legitimación en la causa por pasiva», «falta de integración del litis consorcio necesario por pasiva», «inexistencia de falla del servicio y ausencia de relación de causalidad entre el hecho y el daño», «pacto contractual entre Coomeva EPS S.A. y la Fundación de Asesorías y Servicios Profesionales – Fasers en el que expresamente se exonera de responsabilidad a la entidad», «la actuación de Coomeva EPS S.A. no es la causa eficiente del daño reclamado», «inexistencia de falla en la prestación del servicio médico» e «indebida escogencia del actor de la escuela de responsabilidad en la cual funda sus pretensiones» (fls. 287 al 309, cno. 1).
Igualmente esa última llamó en garantía a la Fundación de Asesorías y Servicios Profesionales Fasers, a quien debió designarse curador ad litem que se atuvo a lo demostrado (fls. 325 al 327 y 384 al 387 cno. 1).
Se equivocó la sentenciadora de primer grado al concluir que urgía llevar la paciente al quirófano antes de estabilizar la presión sanguínea y constatar el estado del feto, pues al ingreso en el centro de atención no existían motivos para considerarlo y era muy riesgoso tanto para la madre como para el bebé practicar una cesárea con una elevada presión arterial, lo que podría culminar con la muerte de ambos. Ni siquiera quedó comprobado que se produjo una amniotomía porque la ruptura del saco amniótico fue natural sin que el feto ingiriera dicho líquido.
En cuanto al daño por la presencia del «síndrome de West» era necesario verificar que el acto médico fue determinante de ese resultado, pero de las probanzas no brota que el padecimiento del niño obedeciera a culpa de los profesionales tratantes sin descontar otros motivos prenatales, por lo que está ausente la relación de causalidad entre la asistencia dada y el perjuicio, debiéndose recordar que es inviable deducirlo solo de aplicar el «sentido común o las reglas de la vida» (fls. 21 al 36 cno 3).
Sin embargo, en virtud del tránsito de legislación y el numeral 5 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012,
(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
Por tal razón, en esta oportunidad se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil por ser las aplicables al momento en que se formuló el recurso de casación (6 jul. 2015) y que conservan vigencia hasta que culmine.
[e]l numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil consagra que el escrito por medio del cual se provoca esta vía extraordinaria debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa”, derivándose para el censor la obligación de respetar las reglas de técnica que faciliten la comprensión de los puntos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. Precisamente esa característica dispositiva impide que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente y a iniciativa propia por la Corporación.
Y aun cuando se admite que en un mismo escrito obren varios ataques por los diferentes motivos contemplados en la ley con tal propósito, el principio de autonomía que les es propio exige que los sustentos individuales estén acordes con la naturaleza de cada uno, de tal manera que queden debidamente delineados y no se confundan.
De ahí que cuando se acude al primer motivo de los que contempla el artículo 368 del estatuto procesal civil, con la modificación del numeral 183 artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, es imprescindible señalar «las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas», pues, a partir de allí se estructura la incursión de una equivocación por vicios in iudicando, eso sí, sin que solo se trate de citar preceptos aleatoriamente a fin de atinar con que logren esa categoría de «sustancial», porque al menos uno debe estar íntimamente vinculado con el fondo del asunto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 51 del Decreto 2651 de 1992.
Cumplido lo anterior debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta última en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursión en errores de hecho ora de derecho, y en qué consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 «no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió».
Tratándose del numeral tercero del citado artículo 368, por «[c]ontener la sentencia en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias», se exige una labor comparativa entre los diferentes segregados en una sección definitoria compuesta, para revelar un choque que le resta eficacia al proveído ya que como se señaló en CSJ AC 22 nov. 2011, rad. 2009-00069-01, cuando se esgrime tal motivo de inconformidad
(…) el despliegue de los puntos de su sustento no puede ser diferente a la confrontación de los ordenamientos que componen el aparte conclusivo de la decisión, que por lo tanto deben ser varios, toda vez que si lo fallado se concreta a un solo punto no puede existir campo para la refutación, en otras palabras, se desprende sin ambages que frente a la singularidad no hay espacio para la comparación, constituyéndose en un todo inalterable.
Ya si se escuda en el numeral quinto del citado artículo 368, por «[h]aberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado», tal sendero queda circunscrito a las reglas de taxatividad, falta de convalidación e interés, puesto que solo lograrían socavar la determinación las inconsistencias determinadas e insuperables que por su trascendencia ameritan ser regularizadas, siempre y cuando las reporte el directo afectado.
Como señaló la Corte en CSJ AC 18 dic. 2009, rad. 2002-00007,
(…) respecto de las reglas relativas al numeral 5º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil (nulidad), es menester destacar que la solicitud de invalidación debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley (…) Adicionalmente, es menester que se evidencie interés en el recurrente para obtener la invalidación que solicita, pues, es bien sabido, otro de los principios básicos que gobiernan la temática de las nulidades procesales es el de protección, relacionado con el interés que debe existir en quien reclame la anulación, emergente del perjuicio que el defecto le ocasiona (…) Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado.
El artículo 12 de la Ley 23 de 1981 establece que en el ejercicio de la práctica profesional y su relación con los pacientes el «médico solamente empleará medios diagnósticos o terapéuticos debidamente aceptados por las instituciones científicas legalmente reconocidas», lo que corresponde a una mera conducta a observar pero sin que contenga una de las consecuencias que se espera de un precepto material ya que como se recordó en CSJ AC 12 jul. 2011, rad. 2005-00124-01,
[l]a jurisprudencia de la Sala tiene decantado que por “normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas concretas, sin que tengan ese calificativo aquellas que se limitan a definir fenómenos jurídicos o a describir sus elementos”, (auto de 29 de octubre de 2007, Exp. 2001-00903-01)
En cuanto al artículo 29 de la Constitución Política que establece el debido proceso como derecho fundamental, consiste en un principio general de orden superior y no una figura jurídica particularizada, ya que se concreta en las diferentes especialidades de la jurisdicción por temas y es el articulado para cada caso en particular el que merece ser referido, según se indicó en AC5435-2017 donde se advirtió que
[l]os preceptos constitucionales, como el 29 nombrado, no son idóneos para apalancar, por sí solos, el motivo inicial de casación, toda vez que por su naturaleza o estructura abierta, deben ser desarrollados por la ley, siendo esta la que regula situaciones jurídicas concretas y, por ende, es la que, en línea de principio, resulta susceptible de ser reprochada en este escenario.
Ahora bien, el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, sobre la apreciación conjunta de los medios de convicción, es eminentemente probatorio con lo que a lo sumo se da satisfacción a ese requisito accesorio de mencionar un canon de tal naturaleza cuando se habla de un yerro de iure, pero sin que con ello se prescinda de la carga principal de que si se duele de «la infracción de normas de derecho sustancial» debe precisar al menos una «de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada», como impone el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.
En AC6883-2016, donde se tuvo por insuficiente una ofensiva de la misma naturaleza se reprochó que
(…) en los dos cargos que formuló, acusó al Tribunal de quebrantar indirectamente la ley. En el primero citó como normas infringidas los artículos 187 y 237 del Código de Procedimiento Civil, por error de hecho en la apreciación de las pruebas. En el segundo citó como vulnerada la primera de las disposiciones aludidas, y alegó la existencia de un error de derecho (…) Los cargos, así planteados, no cumplen con las exigencias del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil porque no se citó ninguna norma sustancial violada, pertinente a la controversia (…) Las normas mencionadas no tienen naturaleza sustancial, pues son de estirpe probatoria, ya que se circunscriben a regular el tema de la apreciación de las pruebas y la práctica del peritaje, en su orden.
(…)
Esa omisión de la parte impugnante priva a la Corte de uno de los elementos indispensables para cumplir la función asignada como Tribunal de casación, que, en el ámbito de la causal primera, consiste en determinar si la sentencia violó o no la ley sustancial y sin que sea posible a esta Sala suplir, enmendar o completar la tarea del recurrente, atendiendo la naturaleza del recurso extraordinario.
Y aun cuando en el curso del texto hay una alusión aislada a los artículos 11, 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (aprobada por Ley 16 de 1972), así como el 181 del Código de Procedimiento Penal, ni siquiera hay que analizarlos, puesto que no se refieren como violentados por el ad quem sino que los cita a manera de reflexión sobre el medio extraordinario de contradicción propuesto, quedando como un comentario al margen que no incide en la estructura de la acusación cuando señala que
[s]egún se desprende de los artículos 1.1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada por Ley 16 de 1972), los Estados Partes tienen la obligación de garantizar a todas las personas por igual una efectiva protección judicial para el ejercicio de sus derechos, así como a "un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes" a fin de que las amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, lo que implica que siendo las víctimas del delito titulares por disposiciones Convencionales y Constitucionales de derechos fundamentales de justicia, verdad y reparación, cuando quiera que estos sean vulnerados por la decisión judicial de segunda instancia, procede de conformidad con el artículo 181 del Estatuto Procesal Penal, el recurso de casación como medio para hacer efectivas las garantías constitucionales y la prevalencia del derecho sustancial (…) La efectividad del derecho material a la que está referida la "finalidad del recurso de casación" no es otra cosa que la prevalencia del conjunto de garantías sustantivas que reconocen los convenios internacionales sobre derechos humanos, la Carta Política y las leyes de la República, y los principios esenciales de los derechos humanos fundamentales y del derecho Internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario.
Quedando huérfano de la exigencia fundamental cuando se acude a la primera causal para controvertir la idoneidad del fallo del Tribunal, en cualquiera de sus formas, en vista de la incertidumbre e indeterminación precisamente de las «normas sustanciales» en las que recae la afrenta, se trunca cualquier análisis sobre meras especulaciones o alegatos de inconformidad por lo resuelto.
Como se dijo en CSJ AC2958-2014
[a]l no estar reseñada una sola «norma sustancial», pierde razón de ser cualquier manifestación de inconformidad del opugnador por la causal primera, puesto que no existiría un punto de referencia al cual dirigir el estudio por este medio de contradicción, quedando a la deriva cualquier razonamiento, que no pasaría de ser una simple manifestación de descontento frente a lo resuelto en las instancias.
Y en AC3769-2014 se trató la contrariedad de aunar reproches de distinta índole cuando halló que
[e]l único cargo propuesto en la demanda que se examina, no satisface las exigencias en precedencia señaladas, puesto que la recurrente adujo como fundamento de la acusación, por una parte, la causal tercera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil -que refiere a que la sentencia impugnada contenga “en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias”-; por otra, la inconsonancia de la providencia cuestionada; y, finalmente, que con ella el Tribunal quebrantó la ley sustancial, como consecuencia de los yerros fácticos en que incurrió al apreciar algunas pruebas del proceso.
(…)
Tales planteamientos, sin ninguna duda, comportan un indebido entremezclamiento de las causales primera, segunda y tercera de casación, hibridismo que, como se vio, choca con el principio de autonomía e independencia de los cargos que se formulen en desarrollo de dicho recurso extraordinario y desconoce el requisito de precisión y claridad analizado, como quiera que, según lo tiene definido esta Corporación, “la mixtura de acusaciones que propone el cargo, (…), lo torna formalmente inidóneo y conduce a la inadmisión de la demanda, pues lleva implicada la inobservancia de la exigencia prescrita por el Artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, conforme a la cual el recurrente debe exponer en forma clara y precisa los fundamentos de cada acusación, exigencia que desde luego no puede considerarse colmada con la aducción de un específico tipo de desvío probatorio y la invocación indiscriminada de argumentos que le son propios y extraños, por tipificar un yerro distinto” (CSJ, auto de 14 de febrero de 2003, rad. 1997-00631-01).
Es más, el fallo de segunda instancia contiene una sola determinación finalista como fue negar todas las pretensiones, para lo cual resultaba imprescindible la revocatoria del fallo del a quo que había accedido a ellas, por lo que ambos pronunciamientos de ninguna manera son contradictorios, quedando por fuera de discusión cualquier inconsistencia con base en esa razón.
La parca referencia a una anomalía sin fijar una pauta específica de equivocación que endilgar al sentenciador es un desacierto inexcusable, ya que como se memoró en AC6990-2015
(…) el recurrente debe ser, en extremo, cuidadoso no solo al identificar la clase de error de que adolece el fallo impugnado, vale decir, de juzgamiento o de actividad, sino también al seleccionar -o escoger- la causal precisa para corregirlo, pues un descuido en la labor de reconocimiento del yerro, o en la de adecuación de éste al motivo casacional, constituye un defecto técnico de la acusación que impide la admisión del cargo (…) Por ello, las cinco causales de casación que habilitan la interposición de este recurso extraordinario, previstas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, están consagradas por el legislador con la finalidad de corregir yerros disímiles, in iudicando o in procedendo, de ahí que no se pueda erigir un cargo con apoyo en una causal determinada e invocar como motivos de la censura razones o hechos que corresponden a una causal diferente.
Si a pesar de todo fuera visualizado el embate como un desacuerdo por la causal primera, no puede perderse de vista que la única norma referenciada es el artículo 29 de la Constitución Política, cobrando vigencia lo expuesto al analizar la primera censura donde se resaltó cómo tal canon está lejos de tener alcance sustancial en forma autónoma.
Y de entenderlo como un vicio de trámite lo cierto es que no se relacionó en cuál de los supuestos del artículo 140 del estatuto procesal civil, modificado por el 1° numeral 80 del Decreto 2282 de 1989, encaja. Fuera de eso, tratándose de una anomalía ajena a éstos, resultaría saneada por incuria conforme al parágrafo de dicha estipulación según el cual las «demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece», de ahí que si los promotores guardaron silencio cuando se concedió la alzada a pesar de que para ese momento pensaban que los contradictores no habían impugnado, quiere decir que aceptaban lo oportuno de ese disentimiento y se sometían a los resultados de la apelación.
Es consistente, como aparece en CSJ AC1833-2016, que
(…) en relación con la admisibilidad de la censura soportada en la causal quinta de casación, la Sala ha afirmado: [H]a sido constante la jurisprudencia de la Sala en señalar que cuando se trata de la quinta causal de casación “existen casos en que no habría lugar a abordar su mérito, como cuando quien la alega carece de legitimación, o el requisito para admitir un ataque de esa naturaleza se echa de menos, esto es, que el vicio no se hubiere saneado. Como recientemente se dijo, (…) el impulso de esa especie de ‘error es procedente cuando es dable abordar su fondo, bien por no haber sido saneado, ya porque aunado a ello existe legitimación para alegarlo” (auto de 26 de abril de 2011, exp. 00373, entre otros).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en este asunto por el menor representado por sus padres Diego Fernando Hidalgo Arteaga y Sandra Viviana Cabrera Chamorro, frente a la sentencia de 30 jun. 2015, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro del proceso ordinario que instauraron contra la Fundación Hospital San Pedro y Coomeva EPS S.A., al cual fue llamada en garantía la Fundación de Asesorías y Servicios Profesionales Fasers.
Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA