LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
AC3498-2018
Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-02269-00
Bogotá D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero de Familia de Pereira y Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, para conocer del juicio de sucesión de Luis Carlos Restrepo López, promovido por Catalina Agudelo Restrepo, Mateo Agudelo Restrepo, Rocío Restrepo Pulgarín, Lucero Restrepo Pulgarín y Viviana Agudelo Restrepo.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum. Catalina Agudelo Restrepo, Mateo Agudelo Restrepo, Rocío Restrepo Pulgarín, Lucero Restrepo Pulgarín y Viviana Agudelo Restrepo piden declarar abierto y radicado el proceso de sucesión intestada de Luis Carlos Restrepo López, además la liquidación de la sociedad conyugal nacida en virtud del vínculo conyugal que le unió con Amparo Sánchez.
1.2. Causa petendi. Los promotores acuden a la jurisdicción en calidad, algunos, de herederos forzosos; y otros, en representación.
1.3. Competencia fijada en el libelo. Dicen inicialmente que el último domicilio del de cuius fue el municipio de Alcalá, Valle del Cauca.
1.4. Tras subsanarse la demanda, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, en auto de 9 de abril de 2018 (fl. 135), le dio trámite.
Posteriormente, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales –DIAN- remitió oficio (fl. 138), donde indicó que el último domicilio del causante figuraba en Pereira.
En atención a ello, el estrado requirió a los interesados aclarar dicha situación, petición a la cual respondieron advirtiendo que el asiento del causante se hallaba en la capital risaraldense (fls. 142 y 143, respectivamente).
Con fundamento en lo atrás narrado, y en sede de control de legalidad, en proveído de 21 de junio pasado (fl. 146) declaró su incompetencia y remitió las diligencias a la ciudad de Pereira.
1.5. Recepcionado el expediente, el sentenciador de esta última localidad de igual modo se abstuvo de conocer, aduciendo, en lo medular, que el juzgador de Cartago no podía desprenderse de la competencia inicialmente asumida.
Agregó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 521 del Código General del Proceso, no le es lícito al fallador, sin mediar petición de parte, apartarse del conocimiento de la sucesión.
1.6. Planteó así, el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. La colisión corresponde zanjarla a esta Sala, por involucrar a dos autoridades pertenecientes a diferentes distritos judiciales, según lo mandan los cánones 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste último por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2.2. Como lo ha enseñado la Corte y lo tiene decantado la doctrina procesal nacional1 y extranjera2, la competencia “(…) es la facultad que tiene un juez o tribunal para ejercer, por autoridad de la ley, en determinado negocio la jurisdicción que corresponde a la República”3. Dicho de otro modo, respecto de cada juez o tribunal, es la medida en que puede ejercerse la jurisdicción, pues en ella se actualiza y cristaliza.
2.3. A más de las características de legalidad, orden público e indelegabilidad que comúnmente se le suelen atribuir a la voz “competencia”, ésta es también inmodificable e improrrogable. Una vez fijada, salvo casos especiales, no puede variar en el curso del juicio. Así se entendía desde los tiempos romanos bajo la conocida expresión de la “perpetuatio jurisdictionis” y se sigue entronizando en las legislaciones procesales modernas.
A ello responden un buen cúmulo de disposiciones, entre ellas los cánones 16 y 27 y del Código General del Proceso, a cuya letra:
“La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.
“La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente” (art. 16).
“La competencia no variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de un estado (sic) extranjero o un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República frente a los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga competencia” (art. 27).
Y el 139 de la misma codificación, cuando señala:
“Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común, al que enviará la actuación.
(…).
El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional (…)”.
2.4. Así, pues, salvo por los factores subjetivo (el fijado en atención a la calidad de las partes) o el funcional (el generado por las tareas propias del sentenciador en un litigio), u otros eventos puntuales (vbgr. por cambio de radicación), la competencia inicialmente asumida por un órgano judicial no es susceptible de alteración, teniendo éste la obligación de concluir todas las controversias a las cuales le hubiere dado trámite, sin desprenderse de ellas por razones diferentes a las contempladas en las normas especiales.
2.5. Es verdad de perogrullo, de los procesos de sucesión conocerá, desde el punto de vista territorial y al tenor del numeral 12º del artículo 28 del Estatuto Adjetivo, el “juez del último domicilio del causante en el territorio nacional” y en el caso “de que hubiere tenido varios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios”.
Esta regla, a su vez, es expresión fiel de las contenidas en los cánones 1012 del Código Civil y 167 de la Ley 147 de 1888, como proyección del principio de Derecho Común según el cual la sucesión se apertura en la época y el lugar donde nace el derecho de recibirla.
En los asuntos de esta clase, voluntarios, en ocasiones también contenciosos4, quiso el legislador, en atención a los intereses allí involucrados, establecer un mecanismo excepcional en cuya virtud el sentenciador, a petición de “parte” debidamente sustentada y motivada, tiene la facultad de apartarse de la gestión de las diligencias y despacharlo con destino a otro juez, a fin de que lo adelante hasta su terminación.
Justamente, estatuye el artículo 521 del Código General del Proceso, a semejanza de como lo hacía el 623 de la legislación derogada,
“Cualquiera de las partes podrá pedir al juez que conoce de un proceso de sucesión, si lo considera incompetente por razón del territorio, que se abstenga de seguir conociendo de él. La solicitud indicará cuál es el juez competente y se resolverá de plano si la presentan todos los interesados; en caso contrario se tramitará como incidente. Si la solicitud prospera, en el mismo auto se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda, y se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo a cuarto del artículo 139”.
2.6. Partiendo de las premisas expuestas, en el problema planteado, sometido al examen de esta Corte, el competente para seguir conociendo del sublite es el fallador de Pereira, lugar del último domicilio del causante Luis Carlos Restrepo López, porque las circunstancias propias del decurso se subsumen en la hipótesis normativa prevista en el citado canon 521.
2.7. No se opone a la anterior conclusión el hecho de que quien elevó la exigencia hubiere sido la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, porque ésta, al tenor del artículo 8445 del Estatuto Tributario, reviste –precisamente- la calidad de “parte”, exigida por la norma, derecha e inexplicablemente desconocida por el juzgado de la Pereira. La recaudadora, en consecuencia, está facultada, a voces del canon 521 transcrito, para dirigir requerimientos en tal sentido.
Nótese, el precepto mencionado dispone:
“Los funcionarios aunque quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando la cuantía de los bienes sea superior a 700 UVT deberán informar previamente a la partición el nombre del causante y el avalúo o valor de los bienes.
“Si dentro de los veinte (20) días siguientes a la comunicación, la Administración de Impuestos no se ha hecho parte, el funcionario podrá continuar con los trámites correspondiente (…)” (Subrayas y negrillas fuera del original).
Lo dicho se entiende si se tiene en cuenta que la intervención de la DIAN, dentro del proceso, no se limita a una actuación aislada, transitoria o esporádica; su citación, obligatoria, tiene por fin hacerse “parte” en el trámite y, llegado el caso, exigir los impuestos o deudas existentes o nacientes hasta la liquidación de la sucesión6.
Es contrario a la ley y antieconómico, restringir la participación de la Entidad Fiscal en los juicios de esta clase, máxime si es la autoridad a quien se le halla confiada la alta y compleja labor de recaudación de los tributos.
Además, ante el requerimiento del fallador de Cartago, los promotores de la sucesión indicaron que el último domicilio del causante se encontraba en Pereira, circunstancia que legitimaba a aquél juzgador para resolver sobre su competencia “de plano”, como en efecto lo hizo en el proveído de 21 de junio anterior; esto es, sin lugar a impulsar un trámite incidental, cual lo resaltó la autoridad provocante de la colisión, porque la manifestación de la DIAN fue secundada por quienes habían sido reconocidos con derecho a intervenir.
2.8. Colofón de lo trasuntado, se asignará el asunto al enunciado funcionario.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el Juzgado Primero de Familia de Pereira es el competente para seguir conociendo del proceso de la referencia. Consecuentemente, ordena enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido a la otra autoridad jurisdiccional involucrada, haciéndole llegar copia de esta providencia. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
1 GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, Julio. Institución Procesal Civil Colombiana. Comentarios al Código Judicial. Librería y Editorial Siglo XX Ltda. Medellín. 1946. Págs. 44-45; PARDO, J. Antonio. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín. 1967. Págs. 94-96; MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Parte General. Editorial ABC. Bogotá. 1978. Págs. 32 y ss.
2 Cfr. TARUFFO, Michelle/CARPI, Federico/COLESANTI, Vittorio. Commentario Breve al Codice di Procedura Civile. Editorial Cedam. Padua. 1984. Pág. 7; COUTURE, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. Editorial B de F. Buenos Aires-Montevideo. 2010. Pág. 174; GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Introducción y Parte General. Madrid. 1968. Págs. 126 y ss.
3 CSJ SC del 24 de julio de 1964. Ver también: CSJ SSC del 6 de octubre de 1981, del 26 de junio de 2003 y del 4 de noviembre de 2009, entre muchísimas más.
4 Sobre el punto: DEVIS ECHANDÍA, Hernando. El Proceso Civil. Parte Especial. Editorial Dike. Medellín. 1991. Págs. 1005-1006. En jurisprudencia: Sentencia de 28 de septiembre de 1943, emanada de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.
5 Debe leerse en conjunción con lo normado en el artículo 490 del Código General del Proceso, que ordena la comunicación de la apertura del juicio de sucesión a la Entidad Fiscal.
6 Cfr. Concepto 026190 del 3 de mayo de 2002, emanado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.