AC3515-2018
Radicación n° 11001-02-03-000-2018-02199-00
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veinticinco Civil Municipal de Cali y Tercero de la misma categoría de Buenaventura.
ANTECEDENTES
1.- Ante el primer Despacho, Paola Vanessa Chunga Naranjo solicitó se «declare que es simulado absolutamente el contrato de compraventa celebrado entre Manuel Demetrio Chunga Hernández y el señor Álvaro de Jesús Martínez Ríos, contenido en la escritura púbica 808 del 27 de julio de 2017 de la Notaría Segunda de Buenaventura (Valle)».
En el aparte de competencia, dijo que la fijaba «por la naturaleza del asunto, por el lugar de ubicación del inmueble, por la cuantía (…) y, por el domicilio de los bienes del demandado».
2- El Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Cali repelió el libelo, porque el «domicilio de los demandados se encuentra en la ciudad de Buenaventura». En consecuencia, lo remitió a sus homólogos de esa ciudad.
3.- Asignado al Juzgado Tercero Civil Municipal de Buenaventura también lo rechazó, pues, con sustento en el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso, estimó que la competencia no puede determinarse «en ningún momento por el domicilio del demandado», sino como lo precisó el actor, por el lugar donde está ubicado el inmueble objeto de litigio, que corresponde a la urbe de Cali, además que el «sitio de cumplimiento (…) corresponde a la mencionada ciudad». Así que dispuso devolvérsela al servidor de origen, amén de «solicitar desde ahora, de ser el caso, el conflicto de competencia para que sea decidido por la autoridad judicial que corresponda».
4.- Nuevamente el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Cali declaró su falta de competencia, por lo que promovió conflicto negativo de competencia, a fin que esta Corporación dirimiera la diferencia de criterios.
CONSIDERACIONES
1.- La presente colisión involucra a juzgados de diferente distrito judicial, motivo por el cual incumbe a la Corte desatarla como superior funcional común de los mismos, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como preceptúan los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la 1285 de 2009.
2.- A efectos de establecer el lugar de la geografía nacional donde el interesado puede instaurar el proceso, el legislador ha contemplado, en el artículo 28 del Código General del Proceso, varios criterios. A partir de ellos se determina la circunscripción judicial donde ha definirse el litigio; así, se habla del fuero personal, del contractual, del real y el de la calidad de las partes.
Como pauta general, el numeral 1 del citado artículo 28 contempla que «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado». Significa esto, que en principio, en este tipo de asuntos, el servidor habilitado para aprehenderlo es donde se sitúe el «domicilio» del reconvenido. Lo que se explica, si en cuenta se tiene que lo que buscan pautas de ese talante es garantizar que quien es convocado a juicio ejerza en forma adecuada su derecho de defensa, lo que supone la ley, hace mejor desde aquel lugar.
Pero habrán eventos en los que no es factible acudir a esa regla, sino que se deberá hacer uso de las especiales cuando éstas existan. Una de ellas, es el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso que enseña que
[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distinta circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante.
De suerte, que el accionante no podrá radicar su petición donde se encuentre domiciliado su contendor, sino, forzosamente, donde estén situados los bienes materia de esas controversias.
Claro, para que se aplique la «pauta especial» deben estructurarse los supuestos que la misma prevé, pues de lo contrario no estaría llamada a operar y, por ende se abriría paso el fuero general.
3.- En el sub lite, la gestora presentó la demanda ante los Juzgados de Cali argumentando que el inmueble objeto del contrato cuya simulación implora se encuentra situado en esa capital, por lo que acudió a un foro no prescrito para tales cuestiones, pues esa lid no encuadra en alguna de las hipótesis incorporadas en el numeral 7 ibídem.
En efecto, lo que aquí se pretende es que se escudriñe la compraventa realizada entre Manuel Demetrio Chunga Hernández y Álvaro de Jesús Ramírez Ríos, a propósito de la falta de pago del precio y que el primer contratante no estaba en capacidad mental para realizarla, temática ajena a la discusión que se suscita en aquellos conflictos, ya que en éstos se privilegia «el lugar de ubicación del inmueble» porque sobre él recaen las pretensiones y eventuales excepciones de los intervinientes, permitiéndole al juzgador y a las partes mayor cercanía con el «objeto de prueba».
No ocurre lo mismo en el presente evento, ya que ninguna trascendencia tiene la ubicación del predio que se vendió en el negocio acusado a la hora de dilucidar sí fue simulado, ya que el análisis que hará el fallador será sobre ese pacto y no respecto del bien transado o los «derechos que se prediquen sobre él sin respecto a determinada persona».
Entonces, al tratarse de una disputa que no encaja en el numeral 7 mencionado, la gestora no podía válidamente, bajo ese argumento, radicar la demanda en la ciudad de Cali.
Por otra parte, ni siquiera podría apelarse al numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso, toda vez que señala que «en los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones» (se enfatiza), porque el problema planteado nada tiene que ver con la observancia de los deberes contractuales del acto jurídico endilgado, por el contrario se pretende la eliminación de sus efectos, amén que la escritura No. 808 de 27 de julio de 2017 contentiva de él no se refiere al «lugar de cumplimiento de la obligación», sino tan solo al de su «perfeccionamiento», circunstancia que no constituye foro alguno del factor territorial, pues al tenor de la misma regla, «la estipulación del domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita».
Descartada la razón de ser que inspiró a la accionante a fijar la competencia, sólo quedaba cabida para aplicar la regla general, esto es, la que la define por el «domicilio del demandado».
Ahora, si bien en el escrito genitor no se expresó dicho término, cobra relevancia la aseveración que se hizo en el poder en el sentido que Álvaro de Jesús Ramírez Ríos es «vecino de la ciudad de Buenaventura», aspecto que conlleva a lo anterior conforme lo estatuido en el artículo 78 del Código Civil, según el cual «el lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad», (se enfatiza).
Frente al tópico, en CSJ AC4655-2016 se expuso que
[e]n este expediente consta que el gestor del cobro ejecutivo dirigió su escrito introductor al «Juez Civil Municipal de Bogotá D.C. (Reparto)», expresando que el accionado es «vecin[o] de Bogotá».
La anterior afirmación despeja, en principio, el camino para arribar al juez competente, si se tiene en cuenta que la expresión «vecindad» alude al «domicilio», y éste es uno de los factores de asignación por razón del territorio.
En efecto, de conformidad con el artículo 76 del Código Civil, «[e]l domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella», aserto ratificado por el 78 ibídem, según el cual «el lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad».
De manera, que el competente para asumir el proceso de simulación impetrado por Paola Vanessa Chunga Naranjo es el juez del domicilio de Ramírez Ríos.
4.- En un asunto de similares contornos a ésta, la Corte en AC4125-2017 explicó que
[d]e las pautas de competencia territorial consagradas por el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral primero (1º) constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario. (…) La excepción la consagra el numeral 7 ídem, al fijar un fuero privativo, entre otros, «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales», en los que la competencia recae en «el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante».
Las acciones reales son las que surgen directamente del ejercicio de derechos de esta naturaleza como propiedad, uso, habitación, hipoteca, prenda y servidumbre.
Sin embargo, la aquí propuesta emana de una simulación «ABSOLUTA y/o NULIDAD RELATIVA» de las compraventas suscritas entre las partes cuyo verdadero alcance controvierte la gestora, por lo que no se aplica la previsión especial, sino la general reseñada inicialmente en el numeral 1° (el destacado es original del texto).
Al respecto, se memora que en un evento semejante la Sala manifestó que:
En este caso, se pide declarar la simulación absoluta de un contrato de compraventa sobre inmueble, resultando así claro que la discusión versa sobre el verdadero contenido y alcance de lo pactado por las partes, y no respecto de derechos reales (dominio, herencia, usufructo, uso o habitación, servidumbre, prenda e hipoteca), que, a la luz de lo previsto en el artículo 665 del Código Civil, son los únicos que dan lugar a las “acciones reales” (AC 2993 de 17 de mayo de 2016, rad. 00887-00).
(…)
Por tanto, en virtud de lo pretendido por la actora (…), teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 28 del Código General del Proceso, le asiste la facultad de presentar el libelo en el domicilio de los demandados, y no en el lugar donde están ubicados los bienes, puesto que en el proceso en cuestión se está alegando una simulación de contrato y no sobre acciones reales que eventualmente podrían determinar la competencia por el lugar donde se encuentran ubicados los inmuebles; así como tampoco la pretensión deprecada en nada refiere al cumplimiento de obligaciones derivadas del acto jurídico tutelado de simulado (resalta ahora la Sala).
5. Por consiguiente, como el «domicilio del demandado» se encuentra en Buenaventura y, no existen razones para asignarla a un servidor distinto al de esa ubicación, se dispondrá el retorno de las diligencias al que las recibió en segundo lugar.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Buenaventura es el competente para conocer del trámite en referencia.
Segundo: Remitir la actuación al citado despacho y comunicar lo decidido al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Cali.
Tercero: Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.
NOTIFÍQUESE
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado