AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
AC3520-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01732-00
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver la queja interpuesta por Victoriano Sánchez Quilindo, demandante principal y reconvenido en reivindicatorio, frente al auto de 4 de mayo de 2018, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán negó la concesión del recurso de casación que radicó contra la sentencia de 6 de marzo del presente año, dictada dentro del proceso de pertenencia que promovió contra Inversiones Nuevo Cauca Ltda. en liquidación y personas indeterminadas, trámite en el que se aceptó la intervención de Guillermo Nannetti Valencia y Giovanni López Guzmán.
ANTECEDENTES
1. El demandante pidió la usucapión extraordinaria del predio ubicado en la carrera 9ª n.º 31-97 de Popayán, con «área aproximada de 7.240 metros cuadrados», lote de terreno que hace parte de uno de mayor extensión denominado «El Triángulo», de propiedad de la sociedad convocada, con folio de matrícula n.º 120-0098124; en subsidio deprecó la pertenencia frente a «toda clase de poseedor» y el registro respectivo.
2. El a-quo frente a la demanda principal acogió la excepción de «falta de pruebas que sustenten las afirmaciones de la demanda»1, se relevó de proveer sobre la retención de mejoras2 y negó las pretensiones de ésta y de la reconvención3, mediante sentencia de 2 de agosto de 2016, que confirmó el fallador de segundo grado el 6 de marzo de 20184 (folios 46 a 48 y 49 a 55).
3. Formulado el recurso de casación por el demandante inicial (folio 56), el ad-quem dispuso que aportara avaluó comercial actualizado del predio objeto de litigio, empero, el impugnante pidió aclarar ese proveído comoquiera que en el plenario obraba uno relativo al inmueble y las mejoras (folio 58); reflexión que no acogió el Tribunal porque el dictamen adosado en el proceso, no estableció el importe comercial de los 7.240 m2 perseguidos en usucapión, pues sólo estimó las edificaciones plantadas (folios 60 y 61). Posteriormente el censor trajo el laborío que ya obraba en el expediente «con su última actualización» (folios 62 a 140).
4. El Tribunal negó la concesión del remedio extraordinario, porque no fue acreditado el interés económico, para cuyo efecto se sostuvo en la reflexión expuesta, relativa a la insuficiencia del avalúo obrante en el proceso.
5. En escrito de reposición y subsidio queja contra la anterior decisión, el prescribiente expresó que existía como elemento de juicio suficiente para determinar el monto del perjuicio, el certificado catastral expedido por el IGAC que a 27 de agosto de 2015, indicaba un justiprecio de $1.073’183.000 para el predio de mayor extensión, suma que excede la cuantía mínima establecida por la ley para acudir al remedio extraordinario. Lo que, por demás, ponía en evidencia lo improcedente de requerir más valoraciones del bien, pues el adosado debía estimarse sin más análisis, en cuanto se trataba de un «avalúo comercial corporativo» (folios 145 y 146).
6. El sentenciador de segundo grado persistió en la negativa de abrir paso al estudio de casación, por no arribar el requisito de la cuantía; no aceptó el argumento esgrimido por el recurrente en cuanto al certificado catastral obrante en las diligencias, dado que el mismo traía una estimación de la totalidad del predio de mayor extensión distinguido con folio inmobiliario n.º 120-98124, con área de 2 ha y 5.979 m2, además por desconocer que la pretensión de usucapión sólo versaba respecto de una fracción del mismo, esto es, de 7.240 m2. También sostuvo que cualquier cuestionamiento a la providencia que dispuso oficiosamente aportar el precio comercial del lote resultaba extemporánea, en la medida en que frente a dicha decisión únicamente se deprecó su aclaración, luego ésta había cobrado firmeza.
Aunado a lo anterior, precisó que el dictamen allegado contenía una valoración comercial corporativa de las mejoras plantadas en el bien raíz, sin consideración del área de terreno, de modo que ninguna referencia se hizo del importe actualizado y expedito del inmueble perseguido en pertenencia, lo que condujo al incumplimiento de la orden del Tribunal al no aportar la valuación del fundo objeto del litigio que permitiera aquilatar el interés para acudir en casación. Por último, el juzgador ordenó la reproducción de algunas piezas del expediente para agotar el medio de defensa que ahora ocupa la atención de esta Corporación (negrilla del texto, folios 147 a 149).
7. Surtido el traslado de esta queja, la parte contraria no se pronunció (folio 153).
CONSIDERACIONES
1. Conforme al artículo 35 del Código General del Proceso, corresponde «a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella»; y al magistrado ponente proferir «los demás autos que no correspondan a la sala de decisión».
En consecuencia, la presente decisión no es objeto de pronunciamiento en Sala teniendo en cuenta los criterios expuestos por la Corte al señalar, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil, pero en lo medular se mantienen, que:
La Corte Suprema resolverá, entre otros asuntos asignados, los que siguen: (…) A) En Sala de decisión. (…) i) Las sentencias (…) iii) pruebas de oficio antes de proferir la sentencia de instancia. (…) B) El Magistrado sustanciador. (…) i) El recurso de queja (…) ii) acumulación de procesos (…) iii) conflictos de competencia (…) iv) el auto que resuelve una nulidad (…) vi) multa por la no asistencia a la audiencia de que trata el artículo 373 del C. de P.C.» (CSJ, AC 27 sep. 2010, rad. 2010-01055).
2. Así mismo, de manera preliminar menester es indicar que la presente decisión se adopta al tenor de los cánones del Código General del Proceso, por mandato del artículo 40 de la ley 153 de 1887 modificado por el artículo 624 de aquella obra, precepto que indica:
Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
En concordancia con tal artículo, el numeral 5º del 625 del Código General del Proceso señaló que:
No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (Resaltado ajeno al texto).
Entonces, la normatividad aplicable para resolver un medio de impugnación es la vigente al momento en que fue interpuesto, adoptando una interpretación finalista. Por ende, como en el caso de autos el recurso extraordinario de casación fue radicado el 12 de marzo de 20185, esto es, en vigencia del Código General del Proceso, es este el ordenamiento que debe aplicarse.
3. En el caso concreto, el quejoso enfiló la discusión respecto del interés para recurrir con énfasis en el valor del predio materia de pertenencia, al respecto adujo dos argumentos, así: (i) que en el expediente obra certificado catastral especial expedido por el IGAC el 27 de agosto de 2015 (aportado con la corrección de la demanda de pertenencia), donde aparece el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n.º 120-98124 por $1.073’183.000, prueba que, en su sentir, deviene suficiente para tener por cumplido el requisito extrañado, pues supera el límite mínimo requerido; y (ii) que el dictamen anejo al plenario debía estimarse sin más análisis, en cuanto se trataba de un «avalúo comercial corporativo».
Será declarada bien denegada la concesión del recurso de casación por las siguientes razones:
a) Frente al primer argumento, destaca la Corte que el certificado catastral expedido por el IGAC no tiene la aptitud necesaria para acreditar el justiprecio del interés mínimo para acudir en casación, porque, como bien lo anotó el ad-quem, este documento da cuenta del importe catastral de la totalidad del predio de mayor extensión que tiene una cabida de 2 ha y 5.979 m2 de la que forma parte la porción de terreno pretendida en usucapión, es decir los 7.240 m2, fracción ésta que es la que debe ser tenida en cuenta para cuantificar la afectación real que la sentencia de segunda instancia causa al censor.
En efecto, obsérvese que el interés de la parte actora principal se circunscribe simple y llanamente a la valía comercial de los 7.240 m2 anhelados en pertenencia, dado que sus pedimentos fueron desestimados en ambas instancias, al igual que los de la demanda de reconvención.
Efectivamente, dicho precepto prevé que: «(c)uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv).
Y, en concordancia con esa disposición, el canon 339 ídem consagra que:
Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión.
En el sub lite, la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución, es la concerniente al valor equivalente a los 7.240 m2 que éste pretende usucapir, sin embargo, como no acreditó el importe comercial de dicha fracción del fundo de mayor extensión, y en el expediente no hay elemento de juicio que lo determinara, la decisión del fallador de última instancia de no abrir paso a la impugnación excepcional, no se muestra caprichosa o arbitraria.
b) Tampoco resulta atendible la experticia obrante en las diligencias, simplemente porque en la misma no se consideró el justiprecio del terreno sobre el cual estaban plantadas las mejoras, en tal sentido lo expresó el auxiliar de la justicia al consignar que: «para efectos de un avalúo no se t[enía] en cuenta el terreno por tratarse de un avalúo solamente de las mejoras construidas sobre un área de terreno sin desenglobar» (folio 90).
Además, obsérvese que la sola cuantía de las construcciones no podrían tenerse en cuenta para precisar el interés para recurrir, en la medida en que la reivindicación solicitada en mutua petición por la demandada fue negada íntegramente, de modo que por sustracción de materia, no era necesario tener en cuenta tales edificaciones como factor único y determinante para auscultar el concepto en comento, dado que el actor no fue condenado a devolver el predio y, por lo tanto, no puede predicarse que de esa decisión emane un detrimento para éste, dado que continúa conservando el bien raíz.
Téngase en cuenta que en estricta aplicación del citado artículo 339, la cuantificación del interés cumple efectuarla con «los elementos de juicio que obren en el expediente», sin perjuicio de que el impugnante, si lo estimaba necesario, al momento de proponer el remedio extraordinario allegara un dictamen que diera cuenta del valor del predio materia de discusión, lo que no hizo, no obstante lo cual, el Tribunal le dio la oportunidad de arribarlo, pese a la extemporaneidad del mismo, comoquiera que en ese instante advirtió que en el expediente no había probanza del valor comercial de la porción del inmueble pretendido, circunstancia desaprovechada por el impugnante, lo que causó orfandad suasoria del consabido interés.
Ahora bien, en gracia de discusión la advertida desidia del recurrente para haber presentado dictamen oportuno, bastaba para cerrar el camino al remedio extraordinario. En pretérita oportunidad esta Corporación anotó que:
[S]obre el tema, es necesario atender que el nuevo estatuto procesal cambió el método para determinar el justiprecio del interés para acudir al citado medio de impugnación, comoquiera que desechó las reglas de un dictamen cuando no estuviese determinado, que antes consagraba el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, y en su lugar fijó unas reglas más expeditas y simples tendientes a una determinación pronta, al establecer que cuando para la procedencia del medio de impugnación «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión»6 (negrillas ajenas al texto).
Así, sin hesitación, no hay lugar a tramitaciones adicionales como en el anterior código, pues simplemente debe establecerse el quantum del interés para recurrir «con los elementos de juicio que obren en el expediente», esto es, con los medios que estén presentes en el momento de decidir, sin perjuicio de que el recurrente, si lo estima necesario, pueda aportar un dictamen; pero por supuesto que esta facultad del interesado debe ejercerse con diligencia al interponer el recurso, que no después, cuando ya se le hubiese denegado, precisamente porque la norma prevé que el magistrado del tribunal respectivo, bien sea con los factores de persuasión presentes en el legajo, o ya con el dictamen que allegue el recurrente, tiene que decidir «de plano sobre la concesión (CSJ AC4423 de 13 jul. 2017, rad. nº 2017-1073; reiterado en AC1240-2018, 4 abr. 2018, rad. 2018-00664-00).
4. Por consecuencia, la queja bajo estudio no tiene vocación de éxito, de modo que así se declarará.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:
Primero: Declarar bien denegada la concesión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 6 de marzo de 2018, dictada dentro del proceso de pertenencia promovido por Victoriano Sánchez Quilindo contra Inversiones Nuevo Cauca Ltda. en liquidación, quien promovió la reivindicación por vía de reconvención.
Segundo: Ordenar devolver la actuación a la oficina de origen.
Notifíquese,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 Minuto 2:54:53 audiencia de fallo CD-ROM folio 48.
2 Minuto 3:12:59 ibídem.
3 Minuto 3:08:58 ídem.
4 Minuto 12:30:13 audiencia de sustentación y fallo segunda instancia CD-ROM folio 55.
5 Folio 56.
6 Artículo 339, Código General del Proceso.