Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Se estudia la subsanación de la demanda en el recurso de revisión formulada por José Álvaro Ángel Velilla alegando la causal 8° del artículo 355 del Código General del Proceso, contra la sentencia proferida el 16 de junio de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario de pertenencia promovido por María Teresa, Luis Eduardo, Nelly del Carmen y María Cecilia Agudelo Quiroz contra el recurrente y Luz Adela, Jesús Antonio, Beatriz de los Dolores, Francisco Javier y Diego Fernando Montoya Agudelo y personas indeterminadas.
Entre las exigencias del referido artículo 357 tiene relevancia la del numeral 4 según el cual es imprescindible «la expresión de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento», lo que tiene su razón de ser en que los motivos de inconformidad están consagrados expresamente en la ley adjetiva y tienen unas características que los particularizan, por lo que los supuestos fácticos deben estar acordes con ellos y ser determinantes en su configuración, quedando por fuera las conjeturas o especulaciones intrascendentes a manera de alegatos, así como el esbozo de inconformidades con lo resuelto, en la medida que el propósito de la vía extraordinaria no es reabrir el debate sino sanear irregularidades insalvables al momento en que se profirió el pronunciamiento materia de estudio.
Al respecto en CSJ AC3952-2017 se señaló como
(…) la “concreción” de los supuestos fácticos que nutre la “causal” de revisión señalada, exige que los hechos que se exponen se ajusten de manera precisa a los contornos de la causal esgrimida, en los términos definidos por la ley y explicados por la jurisprudencia. Igualmente, es necesario que pueda entreverse razonablemente que la demostración de tales eventos haría fructífera la tramitación propuesta, toda vez que, encontrándose en juego el valor de la seguridad jurídica derivada de la cosa juzgada con que la ley blinda la sentencia atacada, no se justifica adelantar el recurso sin una apariencia de éxito surgida de una adecuada formulación, máxime que dado el carácter dispositivo y extraordinario del mismo la Corte no podría salirse de los límites delineados por el opugnante para examinar oficiosamente aspectos que éste no propuso claramente.
Posición que desde antaño asumió la Corporación como se hizo constar en CSJ AC1206-2014, que aunque se profirió en vigencia del Código de Procedimiento Civil se mantiene porque los principios del medio de contradicción bajo análisis permanecieron inalterables en el Código General del Proceso, donde se advirtió que
(…) dos de los requisitos básicos de toda pieza promotora de un recurso como el de estos autos es (i) la indicación de la causal de revisión y (i) la exposición de los hechos en los que se basa. Cuando el precepto reclama la expresión de éstos, no abre la posibilidad para que el interesado suministre los de su conveniencia o los que mejor considere; exige, claro está, los precisos fundamentos fácticos que converjan en la hipótesis factual prevista en la disposición (…) Por ello el legislador de modo perentorio impone que en el escrito inicial se expongan los hechos concretos por cuyo conducto se explique cómo, cuándo o de qué manera tuvo suceso el motivo invocado; al fin de cuentas son esas circunstancias las que deberá probar el accionante y en las que el juez habrá de apoyarse para determinar si el supuesto inmerso en la causal se realizó o no.
Y con antelación, en CSJ AC 27 ago. 2012, rad. 2012-01285-00, se dijo que
[d]ada su naturaleza extraordinaria y la taxatividad de motivos que son su fuente, la revisión no constituye una nueva instancia para debatir la manera como en la sentencia censurada se apreciaron las pruebas o se interpretaron y aplicaron las normas, de tal forma que desde un comienzo el escrito de formulación y los que lo complementen deben perfilar adecuadamente el ataque con claro sustento en las causales establecidas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil y expresión “…de los hechos concretos que le sirven de fundamento” (numeral 4, artículo 382 ídem).
2.- El artículo 355 del Código General del Proceso fija como una de las razones de revisión la del numeral 8, consistente en «[E]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso», siendo dos los aspectos a tener en cuenta para su procedencia: que el juzgador haya incurrido en un vicio de nulidad al momento mismo de pronunciar la sentencia, aunado a que no existan medios de contradicción que permitan discutirlo dentro del proceso.
Por otra parte, la razón específica de nulidad que puede alegarse por esta vía, exige que no tenga su génesis en el devenir litigioso sino que emerja del mismo fallo, con la salvedad que, a tono con en el numeral 7 del citado artículo 355, la indebida representación, la falta de notificación o el emplazamiento inadecuado constituyen causal autónoma.
En CSJ SC 8 abr. 2011, rad. 2009-00125-00, reiterada entre otras en SC12559-2014 y SC12377-2014, respecto de las características de la causal en comentario, antes prevista en el numeral 8° del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, se expuso que ésta,
(…) gravita en torno de la protección del debido proceso y del derecho a ser oído y vencido en juicio con la plenitud de las formas procesales (artículo 29 de la Constitución Política), sobre la base, en primer término, de que se incurra en una irregularidad estructurante de nulidad al proferirse la sentencia que puso fin al proceso; y en segundo lugar, de que dicha decisión no sea susceptible de recurso alguno.
En cuanto al primero de los presupuestos señalados, por ser el que puede generar algún debate, debe recordarse que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -además de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades- se hayan configurado precisamente en la sentencia acusada y no antes, es decir, “no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta suspendido el proceso. Lo cual es apenas lógico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión” (CLVIII, 134).
En concordancia con lo anterior, en fecha reciente la Sala explicitó los motivos que, en línea de principio, pueden dar lugar a la nulidad originada en la sentencia, mencionando los siguientes: “a.-) cuando se dicta en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención, hoy parcialmente sustituida por el llamado ‘desistimiento tácito’, regulado por la Ley 1194 de 2008; b.-) se adelanta estando el litigio suspendido; c.-) se condena a una persona que no tiene la calidad de parte; d.-) si por la vía de la aclaración se reforma la misma; e.) se dicta por un número de magistrados menor al establecido por el ordenamiento jurídico; f.-) se resuelve sin haber abierto a pruebas el pleito; g.-) se desata sin correr traslado para que los litigantes aleguen en los eventos que así lo dispongan las normas procesales y h.-) la que tiene ‘deficiencias graves de motivación’” (Sentencia de 1º de junio de 2010, Exp. 2008-00825-00). -Subraya intencional-
3.- En esta oportunidad, entre los requisitos consignados en el auto inadmisorio se le pidió al accionante que precisara, en relación con la causal invocada, cuáles son los motivos concretos de invalidación de la sentencia en orden a lo cual se le exhortó que tomara en consideración el principio de taxatividad que rige en materia de nulidades procesales y, de estimarlo pertinente, la doctrina jurisprudencial aplicable al caso.
En atención a ese requerimiento, el promotor reiteró que se apoya en el numeral 8° del artículo 355 del Código General del Proceso, dado que la providencia censurada comporta «un defecto sustantivo referido a aspectos de validez y otro procedimental consistente en el distanciamiento del procedimiento dispuesto en el ordenamiento jurídico», y remite a la sustentación contenida en su demanda, la que revisada en su extensión no arroja claridad respecto de cuál es el vicio nulitivo presente en el fallo que erija como procedente la causal invocada.
Ciertamente, en su exposición el recurrente asegura que la sentencia es violatoria del derecho al debido proceso en contravía de las garantías de seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial. En términos generales, afirma:
- El ad quem al conceder las súplicas legitimó a los demandantes como poseedores cuando en realidad eran tenedores con un título precario, lo que conllevó que se les adjudicara un inmueble que estaba legalmente secuestrado, todo ello con desconocimiento del ordenamiento jurídico y aplicación errónea de la jurisprudencia.
- Con anterioridad al proceso de pertenencia sobre el inmueble se inscribió un divisorio y los aquí demandantes no se opusieron a la diligencia de secuestro practicada en esa causa, luciendo así evidente la interrupción de la prescripción. Sin embargo, el sentenciador omitió analizar la incidencia del acta de secuestro en las aspiraciones de los accionantes en la cual figura que la señora Nelly Agudelo recibió el bien en calidad de comodataria, y pronunciarse sobre la suerte del proceso divisorio.
- La jurisprudencia citada en el fallo sobre casos en que el secuestro no ha tenido la fuerza para interrumpir la prescripción, se refiere a situaciones muy diferentes a la presente donde el coposeedor aceptó el bien dado en comodato sin agotar los mecanismos de recuperación de la posesión, de donde se deriva que «perdió por desprendimiento el ánimo de señora y dueña que reclama el artículo 762 del C.C.», por haber operado la interrupción natural de aquella, situación que en virtud de la solidaridad se extendía a todos los integrantes del extremo activo.
4.- Como puede apreciarse, el recurrente no hace mención explícita a la configuración de alguna de las causales estructurantes de nulidad consagradas en el ordenamiento adjetivo civil que se hubiera presentado específicamente en la sentencia que puso fin al proceso. Por el contrario, su disertación atañe a aspectos propios del desarrollo de la controversia que enfrentó a las partes en el juicio de pertenencia, al punto que, en esencia, sus cuestionamientos están relacionados con la manera en que se resolvió jurídicamente el caso, en especial por el análisis que condujo al fallador a restarle trascendencia al hecho de que el inmueble hubiese sido secuestrado para otro proceso estando en curso la demanda de usucapión, aspecto que fue debatido en el curso del proceso, según quedó evidenciado.
En ese sentido, resulta palmario que en la sentencia de segundo grado lo que se hizo fue ratificar el estudio que sobre la incidencia del proceso divisorio en el de pertenencia realizó el juez de primera instancia, al razonar, «en cuanto a la supuesta interrupción de la posesión porque de antes se inició un proceso divisorio, ha de decirse por el Tribunal que fue certero y acertado el juez a quo en su providencia cuando aseguró que la instauración de un proceso divisorio no tenía per se la potencialidad de aniquilar o interrumpir la posesión» (fl. 25).
Así las cosas, la situación planteada por esta vía extraordinaria de impugnación, más allá de cuestionar aspectos procedimentales acontecidos al emitirse la sentencia objeto de censura con entidad suficiente para procurar con algún grado de éxito su invalidación, en realidad da cuenta de reparos de índole sustancial que atacan la valoración probatoria y la definición en sí del litigio.
Bajo esa perspectiva, la situación fáctica que soporta el reproche resulta ajena al debate en esta sede, puesto que el recurso por ser de naturaleza extraordinaria, está sometido al principio de taxatividad de los motivos que pueden socavar la firmeza de las sentencias, y no constituye una nueva instancia para debatir temas de apreciación probatoria ni de hermenéutica jurídica, lo que le impone al inconforme un riguroso deber de formular su demanda perfilando el ataque elegido con un puntual sustento en alguna de las causales establecidas en el artículo 355 del Código General del Proceso, que la determinen como viable.
Atendiendo la naturaleza de la causal alegada, emerge nítidamente que en este caso el opugnante no dio cumplimiento a la exigencia prevista en el numeral 4° del artículo 357 del Código General del Proceso, en punto a que la demanda incoativa del recurso de revisión debe contener «la expresión de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento», siendo sólo idóneos para soportar el motivo de revisión del numeral 8° del artículo 355 ejusdem, aquellos que, conforme a la regla de taxatividad imperante en materia de nulidades procesales en armonía con la jurisprudencia que sobre esta materia ha elaborado la Corte, sean constitutivos de vicios de esa connotación, tal y como se reseñó en precedencia.
Al respecto, en CSJ AC2490-2018, rad. 2017-01557-00, la Sala estimó pertinente reiterar que,
La causal 8ª de revisión (nulidad originada en la sentencia), apunta en esencia a la constatación de un vicio in procedendo, en donde no tienen cabida críticas probatorias o jurídico-sustanciales (vicios in judicando), por lo cual la ausencia de motivación de la sentencia no puede servir de pretexto para ventilar defectos o vicios de juzgamiento, esto es, atinentes al entendimiento y aplicación de preceptos sustanciales o a la apreciación del caudal probatorio y su mérito persuasivo o legal.
Dicho de otro modo, argüir equivocada apreciación o falta de valoración de unas pruebas no son propiamente hechos concretos que sirven de fundamento y apunten a la estructuración de la invocada nulidad a que se refiere la causal octava de revisión, dado que, como se ha dicho en multitud de oportunidades (v. gr. cfr. CSJ SC-6998 de 5 de junio de 2014, Rad. n°. 11001-02-03-000-2012-01382-00; AC006-2017 de 12 de enero de 2017, rad. n.º 73411-31-03-001-2009-00042-01) los defectos o irregularidades constitutivos de estas nulidades son de carácter estrictamente procesal.
Lo mismo acontece cuando, amparándose en vacíos de argumentación, lo que en el fondo aduce el impugnante, es en esencia, una discrepancia argumentativa frente a las razones ofrecidas por el Tribunal.
Ya en pretérita oportunidad dijo esta Sala:
“El numeral 4º del artículo 382 del C. de P. C., establece de manera expresa que el recurso de revisión se interpondrá por medio de demanda que, entre otras cosas, deberá contener “la expresión de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento”.
Esa exigencia, que se deriva de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso, supone para el demandante una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque” (AC de 2 de diciembre de 2009, rad. 11001-02-03-000-2009-01923-00)
Así lo ha reiterado en providencias múltiples:
[D]esde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la causal de revisión que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene ‘una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qué considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentación que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificación definitiva de la cosa juzgada. De ahí que si el recurrente no expresa la causal de revisión que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurarían, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisión que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocación para ser admitida, no sólo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusión se tolerara esa deficiencia, tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (CSJ ATC de 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923, transcrito en providencias posteriores como en proveído del 27 de agosto de 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00, (AC4794-2014 de 20 de agosto de 2014, rad. n°. 11001-02-03-000-2014-01325-00) - Subraya intencional-
5.- En consecuencia, al no quedar debidamente esbozados los hechos concretos que le sirven de fundamento al motivo de revisión invocado, resulta insatisfactoria la corrección, y por lo mismo, se rechazará la demanda, sin que sea necesario revisar el cumplimiento de los demás requisitos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Rechazar la demanda de revisión de José Álvaro Ángel Velilla frente al fallo proferido el 16 de junio de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso referenciado.
Segundo: Devolver los anexos, sin necesidad de desglose.
Tercero: Archivar las actuaciones.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado