AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado ponente


AC3533-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01170-00


Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Examinado el escrito con el que Cipriano Suárez Molina pretende subsanar la demanda del recurso de revisión que formuló contra la sentencia de 21 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, dentro del proceso ejecutivo hipotecario que promovieron Víctor Manuel Suesca Acuña y Blanca Estrella Molano Ostos, obsérvese que no se aviene con las exigencias formales consagradas por el legislador y que fueron puestas de presente en el auto de inadmisión, en particular por las siguientes razones:


1.        En la demanda se alegaron las causales de revisión relativas a la: (i) «exist[encia de] colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso que se dictó la sentencia, siempre que haya causado perjuicios al recurrente», y (ii) «estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad», previstas en los numerales sexto y séptimo del artículo 355 del CGP. respectivamente.


2.        La demanda fue inadmitida por varias razones, como (i) fallas en requisitos formales, y (ii) falta de precisión en los hechos concernientes con las causales de revisión invocadas.


3.        Sin embargo, presentado el escrito de subsanación, persisten desatinos que hacen inviable dar trámite a la demanda de revisión, que por eso será rechazada, acorde con el artículo 358, incisos segundo y tercero del citado estatuto procesal, pues subsiste la falta de claridad en los temas formales que se pusieron de presente, y en los «hechos concretos» con que se fundan las causales de revisión, además en una de ellas existe deficiencia en cuanto a la legitimación para la proposición como se expondrá adelante.


Alrededor de lo primero, no obstante haberse cumplido la orden concerniente al lugar de domicilio de quienes fueron parte en el proceso (art. 357-2 idem), la adecuación del memorial poder a los postulados del canon 74 ibidem, la indicación concerniente al día en que quedó ejecutoriado el fallo de Tribunal y el despacho judicial en que se halla el expediente, no fue acatado en punto de la copia de la demanda inicial y sus anexos en mensajes de datos o en medio electrónico (art. 89, inciso 2º ejusdem), comoquiera que el CD aportado hace relación al escrito de subsanación, según informe secretarial de 12 de junio de 2018 y pese a la información que en contrario manifestó el recurrente (folios 102 y 108 del cuaderno 1).


Aparte de lo anterior, que sería apto para el rechazo de la demanda, también quedó sin subsanarse lo referente a las causales invocadas, falencia que impide en forma definitiva dar trámite a la demanda, bajo las siguientes reflexiones:


4.        En torno a la causal sexta, que consiste en colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso, el recurrente reiteró que las conductas de ese tipo se generaron porque desde el principio, el a quo no tuvo en cuenta que la escritura de hipoteca n.° 2312 de 9 de agosto de 2007 aparecía como «realizada en la notaría segunda pero firmada por el notario primero» y así admitió la demanda sin adoptar los correctivos del caso.


Añadió que los acreedores aclararon que el cupo máximo de la hipoteca abierta para José Orlando Cárdenas comprendía hasta $10.000.000, luego pese a que ese deudor suscribió un pagaré por $200.000.000 y en el proceso no existe prueba de dicho desembolso, tampoco puede inferirse la responsabilidad económica del recurrente por el solo hecho de fungir como posterior dueño del bien hipotecado. Precisó que cuando adquirió el inmueble mediante escrituras 1864 del 22 de septiembre de 2010 y 2080 de 22 de octubre de 2012, «como maniobra fraudulenta para disfrazar el negocio», el notario primero de Tunja (Boyacá), indicó que la heredad no soportaba gravamen o garantía real alguna.


Advirtió que otros actos de colusión quedaron al descubierto con las siguientes conductas procesales: i) práctica de embargo y secuestro sobre el predio hipotecado «sin ser autorizado» por el juzgado mediante una providencia idónea, pues la que obra, fue emitida con anterioridad a la presentación de la demanda, sin que sea excusable de que se trataba de «un error de digitación»; ii) desconocimiento del  principio de igualdad de las partes ante el juez y el proceso; y de las garantías adjetivas; iii) el silencio del a quo y del auxiliar de la justicia frente al tema de rendición de cuentas, «como si estuviera encubriendo alguna fechoría» (folio 104); y iv) la aplicación de las normas del Código General del Proceso que no son viables para el caso concreto por razón de la vigencia.


Sostuvo que el Tribunal para desatar la apelación no observó el expediente y se limitó a confirmar la resolución del primer fallador, «lo que evidencia igualmente negligencia, pereza y amaño con modelos previamente escritos» (folio 105 idem).


Concluyó que las maniobras fraudulentas surgieron del fallador de primer grado y los demandantes para adelantar un proceso con irregularidades y terminar por afectar su derecho de acceso a la justicia.


Tal reseña conservó la falta de concreción fáctica que pueda erigir la colusión o maniobra fraudulenta, como se escribió en el auto inadmisorio, porque en verdad no permite vislumbrar dónde pudo estar el acuerdo ilícito de las partes o la maniobra fraudulenta, para hacer incurrir en error al administrador de justicia.


Queda verificado que el intento de subsanación no cumple su finalidad, porque el recurrente se limitó a reiterar escenarios extraprocesales que se remontan al otorgamiento del crédito e hipoteca en donde participaron Víctor Manuel Suesca Acuña, Blanca Estrella Molano y el entonces propietario del inmueble José Orlando Cárdenas Suarez (folios 103 y 104 ibidem), respecto de los cuales no se encara con firmes argumentos de qué manera esas gestiones se constituyeron en procederes torticeros encaminados a determinar el sentido de la decisión criticada por esta vía y de la cual se dijo generar perjuicio al demandado.


De igual modo, descuella por su ausencia en el escrito con que se intenta enmendar, la exposición cómo el desarrollo del procedimiento ejecutivo que identificó de irregular el recurrente, fue el producto de la colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes, en donde a propósito se involucró al juez de primera instancia quien en sentido técnico «no es parte»; tampoco se concretó en qué consistía ese presunto ardid del que se hizo una alusión ambigua y de qué forma fungió como pieza imprescindible para moldear el sentido del fallo; empresa que exigía del inconforme una labor dialéctica, esmerada y comparativa que presentara palmaria la confluencia de los elementos configurativos de la causal alegada.


5.        Referente a la causal séptima, que se enarbola frente a defectos de defensa, notificación o emplazamiento salvo saneamiento de la nulidad, también se mantuvo la falta de verificación de sus hechos constitutivos porque el disidente se limitó a exponer en el memorial de subsanación, haber sido destinatario de una «indebida representación» nociva para su derecho de defensa porque si bien, intervino en el cobro forzoso acompañado de mandatario judicial, esa «[gestión] no fue técnica», al punto que esa vocería judicial no defendió en forma expedita sus intereses y los yerros que se ponen de presente en la revisión, dejaron de ser alegados en forma eficaz. En lo referente con el recurso de apelación recriminó que su abogado no «insisiti[era] en el llamamiento en garantía al señor José Orlando Cárdenas Suarez» quien asumió primigeniamente la obligación y después vendió el inmueble hipotecado (folios 105 y 106 ejusdem).


De lo anterior refulge evidente que el recurso quedó a la espera de ser concretado por el recurrente en los hechos configurativos de la causal séptima de revisión (art. 355 CGP), comoquiera que la «indebida representación» mientras ha sido entendida por la Corte como «carencia total de poder para el respectivo proceso» (SC15437, 11 nov. 2014, exp. n.° 2000-00664-01. En el mismo sentido SC, 11 ag. 1997, rad. n.° 5572), el escrito subsanatorio recalcó la presunta deficiencia en la labor de su mandatario judicial dentro del ejecutivo hipotecario; es más, no explicó cómo después de cabalgar en la actuación con la posible falencia en su defensa, en este momento pretenda alegar el yerro de su representación.


Adicional a esto, la persistencia porque  sea vinculado al proceso el deudor inicial, como se anunció en el auto inadmisorio, es razón suficiente para rechazar la revisión a voces del canon 358, inciso 3º del Código General del Proceso, porque el recurrente carece de legitimación para elevar tal pedimento, pues esa facultad la ostentaría el directo perjudicado.


6.        En este orden de ideas, el escrito por el que dice subsanarse los defectos advertidos, de esta manera no deja en claro mediante un juicio dialéctico sobre la colusión o las maniobras fraudulentas de las partes para hacer incurrir al juez en error o que se esté frente a una indebida representación o falta de notificación o emplazamiento como defectos in procedendo con aptitud para abrir paso al presente debate, pues en buenas cuentas se trata de unos hechos que realmente no tienen suficiencia formal para concretar las causales correspondientes, conforme al artículo 357, numeral 4, del Código General del Proceso. Precisamente el precepto 358 idem, no permite el trámite de la demanda «cuando no reúna los requisitos formales exigidos en el artículo anterior», falencia que de no subsanarse en el término de cinco días, conlleva al rechazo de la misma.


Desde luego que no se trata de un formalismo contrario al derecho de acceso a la administración de justicia, porque bien sabido es que si el derecho a impugnar las providencias judiciales tienen unas reglas formales mínimas, estas son más fuertes en recursos extraordinarios, previstos de manera limitada contra sentencias y por determinadas causales, que por eso necesitan de una demanda tendiente a desvirtuar la presunción de acierto y legalidad de decisión semejante, sin olvidar que en el de revisión es para cuestionar una que esté ejecutoriada (art. 354 ibidem) y que ha hecho tránsito a cosa juzgada.


La esencia de este medio de refutación radica en sus características de dispositivo y extraordinario, que por tanto sólo procede para casos excepcionales, a diferencia de los otros mecanismos de defensa procesal, sin que la Corte pueda enmendar o complementar la demanda, razón por la cual los hechos concretos que sirven de fundamento al recurrente para aducir una causal de revisión deben ser puestos de presente en el libelo para hacer evidente su concordancia con ella. Por eso se ha repetido que:


...desde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la causal de revisión que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene ‘una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qué considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentación que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificación definitiva de la cosa juzgada. De ahí que si el recurrente no expresa la causal de revisión que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurarían, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisión que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocación para ser admitida, no sólo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusión se tolerara esa deficiencia, tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor. (Se resaltó. CSJ ARC de 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923, transcrito en providencias posteriores como en proveído del 27 de agosto de 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00).


7.        Por manera que, ante la falta de concreción de unos hechos que puedan tener aptitud para estructurar las pretendidas causales de revisión, hay lugar a rechazar la demanda.


DECISIÓN


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve


Rechazar la demanda de revisión presentada por Cipriano Suárez Molina dentro de las presentes actuaciones.


Con las formalidades legales, devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose.


Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado