AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
AC3554-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01447-00
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver la queja interpuesta por los demandantes frente al auto de 6 de abril de 2018, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, negó la concesión del recurso de casación que radicaron contra la sentencia de 21 de marzo del presente año, dictada dentro del proceso verbal promovido por Luisa Fernanda Rueda Plata y Rubén Barbachano contra Martha Rocío López León, trámite al cual fue llamada en garantía Cimentaciones de Colombia Ltda.
ANTECEDENTES
1. Los accionantes pidieron declarar que la convocada es civilmente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados al inmueble de su propiedad, identificado con folio de matrícula inmobiliaria n.º 50N-563350, ubicado en la carrera 10 n.º 117 A – 70 de esta ciudad.
En consecuencia, solicitaron: (i) daño emergente por $15’000.000, «o lo que se demostrara»; (ii) lucro cesante por $349’000.000, «o lo que se demostrara», sumas que debían causar intereses moratorios desde que se «generaron hasta el día en que se efectué el pago total a las tasas máximas legalmente autorizadas», o la indexación; y (iii) perjuicios morales por el valor equivalente a 400 smlmv (folios 1 y 2, cuaderno 1 de copias).
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Bogotá, una vez agotadas las fases de rigor, profirió sentencia el 14 de marzo de 20171, en la que estimó las pretensiones de la demanda y condenó a la convocada a pagar las siguientes sumas de dinero: (i) a título de daño emergente $1’470.000; (ii) por lucro cesante $349’000.000; y (iii) como perjuicios morales 150 smlmv (asignó 100 smlmv a Luisa Fernanda Rueda Plata y 50 smlmv a Rubén Barbachano); adicionó el fallo en el sentido de ordenar a la demandada solventar los intereses moratorios respecto de los perjuicios patrimoniales reconocidos, a la tasa legal, «una vez la sentencia quede ejecutoriada y hasta tanto se produzca el pago»2.
3. Tal decisión fue apelada por la accionada, y el Tribunal, en la suya de 21 de marzo de 2018, declaró parcialmente probada la excepción denominada «exorbitante estimación de perjuicios» y, como secuela modificó el numeral 2º del fallo de primera instancia, respecto de los siguientes ítems: (i) lucro cesante y daño emergente para, en su lugar, únicamente reconocer $43’954.633,98 a título de daño emergente; y (ii) perjuicios morales, para disminuirlos a las sumas de $20’000.000 para Luisa Fernanda Rueda Plata y $10’000.000 para Rubén Barbachano, en lo demás confirmó la sentencia.
4. Inconforme con dicha resolución, los promotores interpusieron recurso extraordinario de casación, pero el fallador de última instancia denegó su concesión con auto de 6 de abril siguiente, tras considerar que los convocantes no tenían interés que ascendiera a 1.000 smmlv, conforme lo prescrito por el artículo 338 del Código General del Proceso (folios 106 y 107 del cuaderno Tribunal).
5. Determinación recurrida en reposición y subsidio queja por los reclamantes, a fin de que se concediera el ataque extraordinario, expresaron que el justiprecio para recurrir debió calcularse con base en las pretensiones de la demanda, las cuales sumaban $676’496.800, más los intereses moratorios sobre los montos correspondientes para daño emergente y lucro cesante, réditos que debían tasarse desde la presentación de la demanda hasta el pronunciamiento del fallo del ad-quem (folios 7 y 8 del cuaderno Corte).
6. El colegiado no revocó la decisión cuestionada, tras considerar que el agravio que la providencia inflige a los impugnantes, es el derivado de la disminución de las cifras inicialmente concedidas en la del a-quo, por lo tanto, en este caso el importe para abrir paso a la casación se concluye de la sumatoria de las diferencias arrojadas de la disminución del valor de los perjuicios materiales y morales, el que no supera el límite legal (folios 5 y 6 del cuaderno Tribunal).
En esa oportunidad fue ordenada la reproducción de algunas piezas del expediente para agotar el mecanismo que ahora ocupa la atención de esta Corporación.
7. Martha Rocío León López se opuso a la concesión del remedio extraordinario, a cuyo propósito adujo que los actores no estaban asistidos de interés legal para acudir al medio de controversia, por cuanto la resolución desfavorable correspondía al valor de los daños modificados por el juzgador de segundo grado, cifra que no superaba el mínimo legal, más cuando los intereses no debían cuantificarse sino hasta que la sentencia cobrara ejecutoria (folios 9 y 10, cuaderno Corte).
CONSIDERACIONES
1. Conforme al artículo 35 del Código General del Proceso, corresponde «a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella»; y al magistrado ponente proferir «los demás autos que no correspondan a la sala de decisión».
En consecuencia, la presente decisión no es objeto de pronunciamiento en Sala teniendo en cuenta los criterios expuestos por la Corte al señalar, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil, que en lo medular se mantienen, lo siguiente:
La Corte Suprema resolverá, entre otros asuntos asignados, los que siguen: (…) A) En Sala de decisión. (…) i) Las sentencias (…) iii) pruebas de oficio antes de proferir la sentencia de instancia. (…) B) El Magistrado sustanciador. (…) i) El recurso de queja (…) ii) acumulación de procesos (…) iii) conflictos de competencia (…) iv) el auto que resuelve una nulidad (…) vi) multa por la no asistencia a la audiencia de que trata el artículo 373 del C. de P.C.» (CSJ, AC 27 sep. 2010, rad. 2010-01055).
2. Así mismo, de manera preliminar menester es indicar que la presente decisión se adopta al tenor de los cánones del Código General del Proceso, por mandato del artículo 40 de la ley 153 de 1887 modificado por el artículo 624 de aquella obra, precepto que indica:
Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
En concordancia con tal artículo, el numeral 5º del 625 del Código General del Proceso señaló que:
No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (Resaltado ajeno al texto).
Entonces, la normatividad aplicable para resolver un medio de impugnación es la vigente al momento en que fue interpuesto, adoptando una interpretación finalista. Por ende, como en el caso de autos el recurso extraordinario de casación fue radicado el 2 de abril de 20183, esto es, en vigencia del Código General del Proceso, es este el ordenamiento que debe aplicarse.
3. En el caso bajo estudio los recurrentes critican que el colegiado no hubiese tenido en cuenta en la cuantificación del interés para acudir en casación, los intereses moratorios solicitados respecto de los perjuicios materiales suplicados en la demanda, los cuales en su sentir, debían estimarse desde la formulación del libelo y hasta el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal.
El juzgador de última instancia acertó al denegar la concesión del mecanismo extraordinario, porque los demandantes no alcanzan el interés previsto en el artículo 338 de la obra en cita para invocarlo, esto es, 1.000 smmlv.
Efectivamente, este precepto prevé que «(c)uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)».
Es que la naturaleza del recurso de casación justifica las restricciones para concederlo, toda vez que sólo es viable en aquellos eventos establecidos de manera expresa por la ley, teniendo en cuenta su clase y el quantum del agravio causado por el fallo impugnado, salvo que verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas, porque en este evento están involucrados los derechos personalísimos irrenunciables y no un componente económico.
Así lo resaltó la Corte en criterio aplicable en los actuales tiempos, al señalar que únicamente podía emplearse «(…) frente a ciertas y determinadas sentencias, en atención a la naturaleza del proceso en el que ellas fueron proferidas, al juez que las emitió y, por regla general, “al valor actual de la resolución desfavorable al recurrente” (Cfme. art. 366 del C. de P. C., modificado por la Ley 592 de 2000).» (AC, 20 abr. 2009, rad. 2008-01910; reiterado en AC4416-2014).
En tal virtud, téngase en cuenta que la decisión de primera instancia dispuso que la demandada pagara a los accionantes por daño emergente $1’470.000, por lucro cesante $349’000.000, por daños morales para Luisa Fernanda Rueda Plata el equivalente a 100 smlmv y para Rubén Barbachano la suma correspondiente a 50 smlmv, y respecto de los perjuicios patrimoniales ordenó pagar intereses moratorios, «a partir de la ejecutoria de la sentencia», decisión que no cuestionaron los reclamantes y por lo tanto se mostraron conformes con la misma.
Sin embargo, como el fallo del ad-quem redujo los daños materiales e inmateriales, el resultado de la sumatoria de tales disminuciones constituye el monto del interés para acudir en casación, cifra sobre la cual no era dable calcular intereses moratorios, debido a que en el del a-quo éstos fueron reconocidos una vez cobrara firmeza la sentencia, lo que aún no había ocurrido por causa de la impugnación extraordinaria, disposición esta que arribó a la apelación sin ser discutida por los interesados, por lo que se reitera, hubo asentimiento sobre el particular.
Obsérvese que las modificaciones que hiciera el fallador de segundo grado a las condenas impuestas en primera instancia se concretaron en lo siguiente: (i) negó el lucro cesante que había sido concedido en $349’000.000; (ii) aumentó el daño emergente de $1’470.000 a $43’954.633,98; (iii) el daño moral lo redujo de 100 smlmv4 para Luisa Fernanda, a $20’000.000, y de 50 smlmv para Rubén, a $10’000.000; tales variaciones totalizan $393’701.666,02, rubro insuficiente para conceder el recurso de casación pretendido.
No se pierda de vista que, así como lo ha indicado la Sala, la naturaleza de la casación hace que el interés para acceder a ella deba determinarse para la fecha en que fue proferido el fallo impugnado, puesto que el propósito con el que fue concebida no es el de recrear nuevamente el proceso.
Su finalidad es determinar si la sentencia dictada por el juez de instancia se ajusta o no a la ley sustancial y/o procesal, de allí que se afirme que se trata de un juicio de legalidad frente a la providencia criticada y que, por ende, en aras de concederlo debe indagarse cuál fue el perjuicio que causó al impugnante.
Así lo decantó la Corte, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, pronunciamiento que en esencia se mantiene hoy en día cuando ya rige el Código General del Proceso, al señalar:
El análisis atinente a la concesión del recurso de casación, encomendado por mandato del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil al Tribunal que con su fallo clausura las instancias del proceso, exige del ad quem la reflexionada valoración de una serie de factores dirigidos a constatar la oportunidad en la interposición, entre los que se destaca que la sentencia sea de aquellas susceptibles de impugnación por esa vía extraordinaria, y, naturalmente, que quienes la promueven cuenten con legitimidad para ello, concepto que a su vez conduce a verificar la materialización de un perjuicio irrogado con la providencia desfavorable y su estimación económica actual … (CSJ AC, 24 jul. 2012, rad. 2008-00023-01).
Lo anterior, porque, se recuerda que la casación «no es el escenario para ensayar una nueva valoración probatoria, actividad propia de las instancias», comoquiera que «su objeto no es el proceso, en sí mismo considerado, como thema decidendum, sino la sentencia combatida, cual thema decisum, entre otras cosas, por obedecer a precisas causales legales y en las respectivas hipótesis normativas» (CSJ AC4251, 29 jul. 2015, rad. 2012-00234-01).
En consecuencia, el interés para recurrir en casación debe calcularse para la época en que fue dictado el proveído fustigado, porque el remedio extraordinario está diseñado para censurar tal decisión, no el proceso.
Con todo, aún visto en conjunto el interés de los demandantes Luisa Fernanda Rueda Plata y Rubén Barbachano no alcanza el equivalente a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
4. Consecuentemente, los reparos de los quejosos no tienen vocación de éxito, por lo que así se declarará.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 21 de marzo de 2018, dictada en el proceso verbal promovido por Luis Fernanda Rueda Plata y Rubén Barbachano contra Martha Rocío López León, trámite al cual fue llamada en garantía Cimentaciones de Colombia Ltda.
Segundo: Ordenar devolver la actuación a la oficina de origen.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 Minuto 5:27:44 del audio de la audiencia de fallo (CD-ROM folio 40).
2 Minuto 5:41:20 ídem.
3 Folio 13 reverso del cuaderno Corte.
4 El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2018 es de 781.242.