AC3563-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01895-00


Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018).



Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá y su homólogo Primero de Zipaquirá, con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva de alimentos presentada por Nubia Rodríguez Rojas contra Adonias de Jesús Beltrán Urbina.


  1. ANTECEDENTES


1.        La demandante presentó su escrito introductor ante los «JUZGADOS DE FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGOTA», pretendiendo se libre mandamiento de pago correspondiente «al incremento anual del I.P.C, sobre la cuota alimentaria», así como los intereses moratorios causados.


Sostuvo que la obligación alimentaria tiene por título ejecutivo la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá en audiencia de 21 de febrero de 2006 celebrada al interior del proceso de «DIVORCIO» que vinculó a las partes.


Indicó, en el acápite sobre competencia, que la misma estaba dada por «la naturaleza del proceso, la vecindad de la parte demandante y la cuantía (…) y la vecindad del ejecutado».


2.        El Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá, al que inicialmente correspondió por reparto la causa, se declaró falto de competencia territorial, «En virtud a que la cuota cuyo recaudo se ejecuta fue tasada en sentencia del 21 de febrero de 2006 proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá (Cundinamarca), es este despacho a quien corresponde su diligenciamiento», efecto para el cual invocó «el parágrafo 2º del artículo 390 del Código General del Proceso».


3.        Recibida la actuación por el Juzgado destinatario, fue rehusada la atribución al considerar que «La acción ejecutiva de alimentos, es un proceso, que se adelanta de manera autónoma e independiente que se rige por los artículos 422 y siguientes del C.G.P., en cuanto a la competencia y tratándose de mayores de edad el competente es el juez del domicilio del demandando (Articulo 28 del C.G.P.)». Con el anterior fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


  1. CONSIDERACIONES


1.        Aptitud legal para la resolución.


Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.


2.        Dinámica general de las reglas de competencia.


En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, de la existencia de conexidad o unicidad procesal, o la ubicación de ciertos elementos del proceso.


En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el instrumental, alusivo entre otros al lugar de cumplimiento obligacional y al sitio de ocurrencia de los hechos, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.


Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.


Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio.


Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.


La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.


Por esa razón, en materia de competencia territorial, se fijan una o unas bases universales, generales que han de regular aquellas situaciones que no tengan regla especial.




3.        Las pautas de atribución territorial en el C.G.P.


Vista la redacción del artículo 28 ibidem, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado»; dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», misma que supone la advertencia de que ella se aplicará siempre y cuando no exista pauta en sentido diverso, lo que igualmente implica la anticipación de la existencia de las reglas especiales, algunas que la acompañan y otras que tienen la entidad de exceptuarla.


Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o alternativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».


Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.


4.        Eventos de competencia privativa.


Como muestra de los eventos de la modalidad privativa de asignación de la aptitud legal, pueden destacarse los casos previstos en los numerales 2 (inciso 2º), 7, 8 y 10 (inc. 1º), todos del artículo 28 del Código General del Proceso.


La Corte, en relación con el alcance de la expresión «modo privativo», entre otros, en proveído CSJ AC 2 oct. 2013, rad. 2013-02014-00, reiteró mediante argumentos referidos al anterior estatuto procesal civil que son de total recibo para el actual:


«Sobre el particular, la Sala, en varios pronunciamientos, ha señalado que  “[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situación del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegación oportuna de la parte demandada mediante la formulación de la correspondiente excepción previa o recurso de reposición, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, según la preceptiva del artículo 144, inciso final, ibídem; obvio que si así fuera, el foro exclusivo se tornaría en concurrente, perdiéndose la razón de ser de aquél. (…)»


En este orden, la previsión de un fuero privativo es manifestación reforzada del carácter imperativo, indisponible, improrrogable e inmodificable, de las normas sobre competencia judicial, que anula la facultad de selección del demandante, así como su desatención por parte del Juez.


5.        Caso concreto.


En el presente caso, dado que la pretensión formulada es la ejecución parcial de una obligación alimentaria vigente en favor de quien actualmente es mayor de edad, acordada entre las partes en proceso de «divorcio» adelantado en el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá, resulta evidente que la competencia radica de manera privativa en la autoridad que conoció el mencionado trámite, en tanto se estructura el evento de conexidad establecido en el artículo 306 del Código General del Proceso, y que en materia de alimentos, reitera el numeral 4 del canon 397 ibídem, conforme al cual:


«Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada».


La misma norma, más adelante reitera: «Lo previsto en este artículo se aplicará para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones que reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas en el mismo» (Resaltado fuera del texto original).


En punto de la competencia que se determina por causa de la conexidad, se ha pronunció esta Sala, precisando:


«2.2. El ordenamiento prevé diversos factores para saber quién ha de adelantar cada asunto. Uno de ellos es el de conexión, a través del cual identifica el funcionario que ha de asumir una determinada actuación. Su razón de ser se sustenta en el principio de economía procesal y sus más connotadas manifestaciones las constituyen las acumulaciones de pretensiones, de demandas y de procesos, así como algunos trámites en particular.


2.3. Tal acontece, verbi gratia, con el inciso primero del artículo 306 del Código General de Proceso, según el cual “[c]cundo la sentencia condene al pago de una suma de dinero (…) o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución (…) ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. (…)” (subraya la Sala).


2.4. Como en términos de la demanda de folios 25 a 28 el trámite de ahora se basa en las obligaciones dinerarias impuestas al demandado en la sentencia con la cual el Juzgado Civil Municipal de Ubaté en el proceso de responsabilidad civil extracontractual accedió a las súplicas y condenó en costas, con arreglo a lo expuesto, es éste quien ha de aprehenderlo, privativamente, pues, conforme a la norma, es el citado factor el que fija la competencia, y no el territorial.


En esas condiciones, fulge como factor determinante, prevalente y excluyente, el de atracción o de conexión, por virtud de una disposición especial que repele la aplicación de las reglas generales.» (AC1575-2017 Rad.2017-00500-00).


De forma más concreta, esto es, en relación con la conexidad que cabe predicar como excluyente en las ejecuciones por alimentos de mayores de edad, se explicó


«El aludido factor aplica, por supuesto, a los ejecutivos promovidos por mayores de edad, respecto de sumas de dinero fijadas en procesos de alimentos, mediante fallo, conciliación o transacción, excluyendo así cualquier motivación relacionada con la cuantía, naturaleza de los mismos, intervinientes, domicilio de las partes, etc.


En tal sentido, la Sala explicó recientemente que


En el sub examine la actora, quien es mayor de edad, pretende obtener el pago de las cuotas alimentarias dejadas de pagar, causadas en su favor a partir del 12 de mayo de 2014, que fueron aprobadas mediante providencia emitida el 27 de noviembre de 2002 por el Juzgado Veinte de Familia de esta Ciudad. Así las cosas, no resulta aplicable el numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso, que tuvo en cuenta dicho operador judicial para desprenderse del conocimiento, puesto que la Corte ha precisado que corresponde adelantar el cumplimiento forzado de los alimentos decretadas mediante sentencia judicial en favor de un mayor de edad, al funcionario judicial que emitió la respectiva providencia, acatando lo prescrito por el canon 335 del C. de P. C., hoy artículo 306 del Código General del Proceso (CSJ AC5905-2016)». (AC7937-2016, 22 nov., rad. 2016-02629-00).


De esta manera y más allá de la equivoca alusión que efectuara el despacho de Bogotá al parágrafo 2º del artículo 390 del Código General del Proceso1, le asiste razón en punto de la competencia privativa por conexidad que radica en el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá, lo cual no desvirtúa en lo absoluto el carácter autónomo del procedimiento de cobro coactivo, que fuera el planteamiento al que acudió esta última judicatura para sustentar la postura favorable al foro personal que hoy se desestima.


5.        Conclusión.


Atendiendo el fuero privativo que se impone en este caso, debe inferirse que es la segunda de las autoridades en contienda la que debe conocer del asunto.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR competente al Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá para conocer de la demanda en referencia.


SEGUNDO.        REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido al otro estrado en contienda.




Notifíquese y Cúmplase,






LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado



1 Norma que refiere a peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos.