AC3565-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02083-00
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintisiete Civil Municipal de Cali y su homólogo Tercero de Buenaventura (Valle del Cauca), con ocasión del conocimiento de la solicitud de «APREHENSIÓN Y ENTREGA DE BIEN» presentada por Finesa S.A. contra Carlos Estupiñan Tolosa.
Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales no tuvieron acogida.
En consecuencia ordenó devolver las diligencias a la autoridad judicial de origen, para que de ser el caso procediera suscitar conflicto de competencia; proceder que fue el desplegado por la autoridad de Cali, al determinar el envío del expediente a esta Corporación para dirimir la colisión.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.
En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.
Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.
Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio.
Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.
La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.
Por esa razón, en materia de competencia territorial, se fijan una o unas bases universales, generales que han de regular aquellas situaciones que no tengan regla especial.
Vista la redacción del artículo 28 ibidem, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado»; dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», misma que supone la advertencia de que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, lo que igualmente implica la anticipación de la existencia de las reglas especiales, algunas que la acompañan y otras que tienen la entidad de exceptuarla.
Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o privativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».
Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.
En el presente caso, lo primero que debe advertirse es que la petición de aprehensión y entrega de bien dado en garantía no supone el planteamiento de un proceso propiamente dicho, muestra clara de ello es que el Decreto 1835 de 2015, expresamente, prevé que esta gestión se «podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente… sin que medie proceso o trámite diferente al dispuesto en esta sección».
Lo anterior deja en evidencia que esta actuación obedece a una diligencia varia o requerimiento que le ha sido asignado en particular a los Jueces Civiles Municipales, tal cual se desprende del artículo 57 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con el canon 17 numeral 7 del Código General del Proceso.
De esta forma y en reiteración de lo sostenido en proveído AC8161-2017, 4 dic. 2017, rad. 2017-02663-00, procede reconocer el acierto de la postura esgrimida por la autoridad de Cali al plantear la presente colisión y sustentar la aptitud legal del funcionario de Buenaventura al amparo de la particular naturaleza del ruego jurisdiccional y relacionarla con el fuero de competencia especial previsto en el numeral 14 del artículo 28 del Código General del Proceso, a cuyo tenor: «Para la práctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, será competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso».
Así las cosas, a partir de la interpretación integral, sistémica y práctica de la pauta de atribución aludida, en relación con los propósitos concretos de la intervención judicial rogada, queda claro que es el juez de Buenaventura quien debe conocer del asunto; visión que además resulta acorde con la optimización de la gestión y la máxima realización de los principios de inmediación, celeridad y economía.
Sumado a lo anterior, no puede pasarse por alto que lo pretendido es el despliegue de la prerrogativa de persecución propia de la condición de acreedora prendaria, o afianzada con garantía mobiliaria, que busca hacer valer la sociedad interesada, de conformidad con lo previsto en los artículos 665 del Código Civil, 1200 y siguientes del Código de Comercio, todos en concordancia con los cánones 3, 22 y 61 de la Ley 1676 de 2013, entre otros.
Lo descrito, ineludiblemente, supone el ejercicio de «derechos reales», cuyo conocimiento está confiado de modo privativo al «juez del lugar donde estén ubicados los bienes» (num. 7, art. 28 C.G.P.), siendo este lineamiento criterio de respaldo a la postura expuesta.
Es la segunda de las autoridades en contienda la que debe conocer del asunto, sin perjuicio de que la contraparte en el momento procesal oportuno y mediante el mecanismo legalmente autorizado, pueda controvertir esa situación.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Tercero Civil Municipal de Buenaventura para conocer de la solicitud en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado Despacho e informar lo decidido a la otra judicatura involucrada en la colisión.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado