AC3576-2018

Radicación n.° 13001-31-03-006-2012-00118-01



Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciocho (2018).



Se procede a resolver lo que corresponda sobre la admisión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 1º de junio de 2018, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso abreviado posesorio promovido por JUNE E.U. y MADALEX S.A.S. contra PAINTBALL 997 CLUB S.A.S., trámite en el que intervino Jorge Iván Giraldo Hoyos1 como litisconsorte necesario de esta última.


ANTECEDENTES


1.        Las demandantes invocaron la calidad de cesionarias de los derechos y las acciones judiciales que correspondieran a Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento, propietaria de los apartamentos 101 y 201 ubicados en el edificio Ignacio Jaime Benedetti González de la carrera 3 n.º 3-97 de Cartagena, a fin de solicitar la protección de la posesión que detentaban sobre dichos predios y, como consecuencia de ello, su restitución y el pago de los perjuicios causados con el despojo realizado por la demandada (folios 1 y 2 del cuaderno 1).


2.        La convocada se opuso a la prosperidad de la acción, de un lado, porque no entró de forma violenta y clandestina al apartamento 101, sino en virtud de un contrato de arrendamiento ajustado con Iván Giraldo Hoyos, como arrendador; y del otro, porque no viene ocupando el apartamento 201 (folios 70 a 72 ídem).


3.        El Juzgado 6º Civil del Circuito de Cartagena, después de agotar el trámite pertinente, acogió las súplicas del líbelo genitor, al encontrar acreditados los requisitos de la acción posesoria (folios 135 a 137 y 139 CD-ROM ibídem).


4.        La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 1º de junio de 2018, desató el remedio vertical y revocó la providencia de primer grado para, en su lugar, denegar los pedimentos de la demanda (folios 9 a 17 del cuaderno Tribunal).


5.        El apoderado de la parte actora interpuso recurso de casación, el cual fue concedido el 14 de junio del año en curso (folios 21 a 23 ídem).


CONSIDERACIONES


1.        La decisión que aquí se adopta se hará con sujeción al Código General del Proceso, por ser la norma vigente para el momento en el que se formuló la impugnación que ahora se estudia, esto es, el 7 de junio de 2018 (folio 18 ibídem), de acuerdo con el artículo 40 de la ley 153 de 1887.


2.        El recurso de casación tiene la condición de extraordinario, en tanto no pretende una revisión del asunto en litigio, sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, la unificación de la jurisprudencia, la protección de los derechos constitucionales, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano, y la reparación del agravio inferido a las partes por la sentencia recurrida, en los términos del artículo 333 del citado estatuto procesal.


Por esta naturaleza, la normatividad ha establecido requisitos rigurosos para su admisión, los cuales son de imperativa observancia, sin que su desconocimiento pueda ser consentido, salvo en los casos que la misma ley permite.


La decisión de admisión, en este contexto, entraña una cuidadosa labor de verificación, sin que la Corte pueda obviar el análisis de alguno de tales requisitos, so pretexto de que el juzgador de instancia emitió una decisión previa, en tanto debe constatarse que, al concederse el remedio extraordinario, no se haya desconocido el ordenamiento jurídico y, de haberlo hecho, deberá advertir la situación al fallador competente para que examine su decisión, devolviendo el expediente con la indicación de la concesión prematura de la impugnación (AC, 4 jul. 2013, rad. 2010-00109-01).


3.        En punto al interés para recurrir, el artículo 338 del Código General del Proceso dispone que podrá acudirse en casación cuando «…el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)…», lo cual deberá ser revisado por el Tribunal con base en los elementos de juicio obrantes en el expediente, sin perjuicio de que el actor anexe un dictamen pericial si lo considera conveniente.


Como novedad, el inciso final del artículo 342 ídem prescribe que «[l]a cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte...», estableciendo así una restricción a la actividad del máximo órgano de la jurisdicción civil.


Esta última regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporación admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectación a los intereses patrimoniales del actor, pues ello llevaría a vaciar de contenido y finalidad el acto de admisión, así como la exigencia de un quantum en la afectación que irrogó el proveído, que simplemente se verían soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisión equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectación del principio de la legalidad.


Nada obsta, por ejemplo, para que el juzgador desacierte al aplicar un mandato normativo y conceda el recurso por fuera de los cánones legales, evento en el que debe contarse con herramientas suficientes para corregir la situación, pues de mantenerla se generaría una flagrante desigualdad frente a los administrados que se vieron sometidos a otro estándar regulatorio, y significaría que el orden jurídico quede subordinado a la actuación de los jueces, situaciones ambas inadmisibles.


Para evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservación o efecto útil, según el cual debe privilegiarse la interpretación que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los artículos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ningún caso, podrá fijar o definir el valor de la resolución desfavorable para el actor, ya que ello quedó exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situación que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podrá solicitarles que examinen su propia decisión, indicando las razones que dan lugar a ello (Cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. 2011-00248-01).


4.        Realizadas las anteriores precisiones, la Corte observa que en el caso bajo estudio, al concederse el remedio extraordinario el Tribunal acogió sin más el avalúo catastral del apartamento 101 aportado por la parte recurrente con el medio de defensa, pasando desapercibido que tal certificado refiere al valor del derecho de dominio de ese inmueble, mas no al de la posesión, sobre la que versa el proceso donde se dictó la sentencia materia de casación, circunstancia que torna prematura su decisión.


En efecto, memórese lo prescrito por el citado artículo 338 ibídem, en el sentido que el interés para recurrir debe ser cuantificado conforme al «valor actual de la resolución desfavorable», aspecto este extrañado en la providencia, en la medida en que el Tribunal no expresó la razón por la que consideró que el precio catastral de uno de los inmuebles, respecto de los cuales se alegó el despojo, establecía el agravio, el cual se traduce en el valor de la posesión controvertida, lo que condujo a equiparar dos conceptos jurídicos que el ordenamiento legal ha diferenciado con claridad –el dominio y la posesión-.


Por consiguiente, el juzgador de última instancia procedió de manera apresurada en la concesión del mecanismo extraordinario, haciéndose necesario devolver el expediente para que revise nuevamente si existe interés para recurrir, de acuerdo con la información disponible en el expediente y tome la decisión que considere pertinente.


En un caso análogo al de ahora, esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse, donde dijo:


…[S]e echa de menos que el perito explicara por qué el valor del inmueble puede equipararse al de la posesión controvertida en el proceso, dado que nuestra regulación claramente diferencia el dominio y la detentación con ánimo de señor y dueño. Esta idea se refuerza si se considera que las pretensiones de la causa no cuestionaron la titularidad de la propiedad de los demandados, quienes conservaban todas las acciones pertinentes para reclamar su derecho real (AC7246-2016, 25 oct. 2016, rad. 2012-00116-01).


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:


       Primero. Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al conceder el recurso de casación dentro del proceso de la referencia.


       Segundo. Devolver la actuación a la oficina de origen, para que proceda como le compete.


Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado


1 Autos de 3 de enero de 2013 y 9 de marzo de 2015, dictados por el Juzgado 6º Civil del Circuito de Cartagena (folios 100, cuaderno 1 y 13 a 16, cuaderno 2).