LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Ponente


AC3589-2018

Radicación: 11001-31-10-013-2014-00512-01

Aprobado en Sala de cuatro de abril de dos mil dieciocho


Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto dos mil dieciocho (2018).


Se decide sobre la admisión de la demanda formulada por la parte pasiva, dirigida a sustentar el recurso de casación que interpuso, respecto de la sentencia de 19 de octubre de 2017, proferida en audiencia oral por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, en el proceso incoado por Elvia María Tobar Torres contra Nelly Vergara Ortiz e Isidro Pineda, herederos de Francisco Pineda Vergara, y demás sucesores indeterminados.

1. ANTECEDENTES


1.1. El petitum. La demandante solicitó declarar que entre ella y el citado causante, formaron una unión marital de hecho, con los efectos patrimoniales correspondientes.

1.2. La causa petendi. La convivencia permanente y singular, como marido y mujer, entre Francisco Pineda Vergara, fallecido el 16 de junio de 2013, y Elvia María Tobar Torres, se inició el 28 de febrero de 2004, y perduró hasta la muerte de aquel.

       

1.3. El fallo de primera instancia. El 21 de febrero de 2017, el Juzgado 32 de Familia de Bogotá, declaró la unión marital de hecho, pero desde el 11 de noviembre de 2006.


1.4. La sentencia de segundo grado. En sentir del Tribunal, todo se reducía a verificar si el a-quo acertó al conceder las pretensiones; en caso afirmativo, si la relación perduró hasta el deceso del compañero permanente, o si se extinguió ocho meses antes, como lo alegaron los apelantes.


1.4.1. La respuesta positiva a uno y otro interrogante, el ad-quem la encontró en los testimonios de Bertha Lucía Aldana y Luz Amparo Gómez Cano.


En los documentaos de registro al Sisben del grupo familiar, conformado por Francisco Pineda Vergara y Elvia María Tobar Torres, entre otros, acorde con las encuestas de 11 de noviembre de 2006 y de 2 de febrero de 2010, efectuadas con base en la hoja de vida y en el formulario de inscripción ante la Caja de Compensación familiar CAFAM, donde el ahora causante plasmó el hecho investigado.


En el indicio derivado del contrato de arrendamiento de 1º de marzo de 2007, suscrito entre la pretensora y Nelly Vergara, sobre la residencia de la pareja en el inmueble señalado, y de la certificación de 24 de junio de 2013, expedida por el Presidente de la Junta de Acción Comunal de Alpes Futuro, acerca de la convivencia marital de los mismos en ese lugar por más de nueve años.


1.4.2. Las declaraciones de descargo, dijo, no tenían la virtud de desvirtuar lo anterior.


A Mireya León Ortiz, nada le constaba, pues su trato con Francisco Pineda Vergara, era cada año; Ana Lucia Carvajal, narró hechos de 7 u 8 meses, cuando la actora vivió en su casa como arrendataria; y de Julio César Vergara,  su credibilidad quedó afectada, puesto que no obstante, compartir el mismo lugar, niega saber el tipo de relación, tampoco estaba al tanto de los demás, pero sí pudo dar detallada cuenta de algunas circunstancias.

1.4.3. Con relación a la hoja de vida, acota, no fue tachada de falsa, ni existía decisión judicial declarándola, de ahí que nada impedía tenerla ahora como prueba.


1.5. La demanda de casación. Contra lo antes resuelto, dos cargos fueron formulados por la parte demandada recurrente, ambos por haber violado el Tribunal en forma indirecta la ley sustantiva.


1.5.1. En el primero, frente a la “estimación equivocada” de la comentada hoja de vida, por cuanto contrastada con varios ejemplares resultaba palmaria su alteración o adulteración, convirtiéndola en “falsedad material e ideológica y en un fraude procesal”, de donde no podía tenerse en cuenta para emitir el fallo estimatorio.


1.5.2. En el segundo, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió.


De una parte, al conferir mérito demostrativo a los testimonios de Bertha Lucía Aldana y Luz Amparo Gómez, pese a no tenerlo, en cuanto no eran contestes, sino de oídas, dado que no entraron al lugar donde residía la pareja; y de otra, al apreciar indebidamente las declaraciones de Luz Mireya León, Lucia Carvajal y Julio César Vergara, quienes por el conocimiento directo del causante, excluyeron la unión marital reclamada.

1.6. Siendo ese, en lo esencial,  el contenido de los dos cargos propuestos, cabe examinar su idoneidad formal.


2. CONSIDERACIONES


2.1. Para resolver lo tocante con la presente demanda, compete a la Corte seguir las directrices del Código General del Proceso, en vigor a partir el 1º de enero de 2016, plexo normativo que la gobierna, pues la sentencia y el recurso, tuvieron lugar después de dicha data, todo al tenor de los artículos 624 y 625-5, según los cuales “(…) los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”, así el proceso se haya originado en la época del Código de Procedimiento Civil.

2.2. Con ese propósito, ante todo se precisa, que la sentencia impugnada se edificó sobre varios pilares probatorios; o lo que es lo mismo, el Tribunal no se fundamentó exclusivamente en la hoja de vida cuestionada, ni en los testimonios de cargo o de descargo, sino también en el formulario de inscripción ante la Caja de Compensación familiar CAFAM, donde el ahora causante plasmó la unión marital, fundamento igualmente del registro ante el Sisben, y en los indicios derivados de un contrato de arrendamiento y de la certificación del Presidente de la Junta de Acción Comunal de Alpes Futuro.


2.3. Frente a lo anterior, surge palmario que ninguno de los dos cargos, aislada o aunadamente, reúnen los requisitos formales para recibirlos a trámite, puesto que, inclusive en la hipótesis de haberse incurrido en los errores facti in iudicando denunciados, los mismos son intrascendentes, toda vez que la decisión seguirá soportada en la prueba documental e indiciaria no confutada.


2.3.1. En particular, al echarse de menos el requisito de completud, aludido en el artículo 344, numeral 2º del Código General del Proceso.


Exigencia, no de poca monta, en tanto, su razón de ser estriba en que como la sentencia impugnada arriba al recurso de casación amparada por la presunción de legalidad y de acierto, al recurrente le compete desvirtuar, respecto de todas las razones basilares, dicha doble presunción, al punto que de soslayar alguna de ellas, al margen del juicio del juzgador, seguirá constituyendo base firme.


Al fin de cuentas, como tiene explicado esta Corporación en doctrina que mantiene vigencia, “(…) [l]os requisitos formales y de técnica en casación, en general, se entroncan con los que habilitan el examen de fondo de los cargos, porque si lo truncan, ello justifica, por obvias razones, que la demanda no sea recibida a trámite”1.


2.3.2. En sede de casación, por lo tanto, ningún estudio de mérito habría que realizarse por la Corte acerca de la apreciación de cada uno de los testimonios singularizados, ni en punto de todo lo argüido alrededor de la hoja de vida, porque los demás soportes probatorios, que se entiende, no son equivocados, mantendrían la decisión.


2.4. Los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso, facultan a la Corte para proteger los derechos constitucionales, defender el orden o el patrimonio público, en cuyos casos, al momento de proferir sentencia, es dable una decisión oficiosa; o para seleccionar en forma positiva los fallos objeto de pronunciamiento cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad.


Sin embargo, en la hipótesis de llevarse el caso al estadio de dictar sentencia, en el ámbito constitucional o de convencionalidad2, el simple hecho de haber obtenido la parte demandada recurrente decisiones adversas, por sí, no impone adoptar correctivos, dado que para el efecto se requiere de la presencia de defectos superlativos.


2.4.1. En el campo adjetivo, no se observan yerros, porque como se constata, al interior de lo actuado quedaron intactas para todos los sujetos involucrados, las garantías de defensa y contradicción, y prueba de ello la constituye el hecho de no blandirse ninguna nulidad procesal.


2.4.2. Desde la perspectiva de los hechos y de las pruebas, y en lo estrictamente jurídico, tampoco se encuentra allanado el camino para la protección nomofiláctica de un derecho subjetivo, porque aunado a las pruebas que se dejaron fuera de combate, así los testimonios de Bertha Lucía Aldana y Luz Amparo Gómez, no hayan entrado al lugar donde residía la pareja, no obstante, aceptarse en el cargo que los deponentes manifestaron ver a la pareja vivir en la misma casa, pasar, entrar y salir juntos, en fin, no resultaba irrazonable arribar a la existencia del hecho investigado, menos cuando, como lo resaltó el Tribunal, uno de los puntos a establecer era si la relación había terminado “ocho meses antes como lo alegan los apelantes”.    


2.4.3. En la óptica de la selección positiva de los fallos objeto de decisión, en la mira de unificar o corregir jurisprudencia, o ejercer control de legalidad, tampoco hay lugar a la actuación de la Corte, al no aparecer temas asociados con la aplicación o alcance de una norma sustantiva; menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente.


2.5. Relevado cualquier estudio de fondo, no queda alternativa distinta que proceder acorde con lo previsto en el artículo 346 del Código General del Proceso.


3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.


NOTIFÍQUESE

       



AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

(Presidente de la Sala)





MARGARITA CABELLO BLANCO





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





LUIS ALONSO RICO PUERTA





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 CSJ. Civil. Auto de 26 de abril de 2011, expediente 00354.

2 Convención Americana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972.