LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Ponente


AC3590-2018

Radicación: 08001-31-03-007-2011-00071-01

Aprobado en Sala de treinta de mayo de dos mil dieciocho


Bogotá, D. C., veintisiete (27) agosto de dos mil dieciocho (2018).


Se decide sobre la admisión de la demanda presentada por Alba Luz Gómez Montes, cesionaria de derechos en la sucesión de Antonio Crescenzi D’Alessandro, dirigida a sustentar el recurso de casación que interpuso, respecto de la sentencia de 28 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso incoado por la sociedad Mejía Franco & Cía. Limitada, contra el referido causante, quien falleció en el transcurso del litigio.


1. ANTECEDENTES


1.1. El petitum. La demandante solicitó se ordene a su favor la restitución de un inmueble gravado con el derecho de usufructo y se condene el pago de los emolumentos de rigor a cargo del demandado usufructuario.


1.2. La causa petendi. El usufructo fue constituido por Franco & Cía. Limitada, en beneficio de Antonio Crescenzi D’Alessandro y Rosa Franco de Crescenci.


Se estipuló como término de duración del derecho, con relación a esta última, toda su vida, y respecto de aquel, igual término y tres años más, contados desde la muerte de la usufructuaria, si primero ocurría.


La señora Rosa Franco de Crescenci, falleció el 5 de octubre de 2007, razón por la cual el 6 de octubre de 2010, ha debido restituirse el predio involucrado por parte de Antonio Crescenzi D’Alessandro, pero no lo hizo.


1.3. El fallo de primer grado. El 6 de diciembre de 2016, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, accedió a las súplicas, incluyendo los cánones dejados de percibir por la actora, pues cumplido el término de duración del usufructo, tres años después de la muerte de la beneficiaria, se imponía su restitución por el sobreviviente, sin que, en los términos del artículo 832 del Código Civil, el derecho se pudiera trasmitir a algún heredero.


1.4. La apelación. Ambas partes introdujeron el recurso. La actora, protestando el valor de los frutos civiles. La pasiva, porque no se resolvió el fraude alegado alrededor del contrato ni el carácter de vitalicio del derecho; y porque fuera de ser arbitrario el canon fijado, se pasó por alto que las rentas eran 29 y no 72, pues el inmueble fue secuestrado a partir del 17 de marzo de 2015.


1.5. La sentencia de segunda instancia. Confirma, la decisión apelada. En lo pertinente, para el Tribunal:


El contrato de usufructo era válido, cual así lo había decidido en otrora la jurisdicción del Estado. Conforme a lo estipulado, el usufructuario sobreviviente solo podía disfrutar el derecho tres años más, desde el fallecimiento de su esposa, con la característica de ser “intransferible por testamento o abintestato”. La decisión sobre el canon de arrendamiento era razonable y en el proceso no existía prueba idónea de la medida cautelar sobre el inmueble.



1.6. La demanda de casación. En los dos cargos formulados contra lo antes decidido, la cesionaria recurrente denuncia la violación de la ley sustancial.


1.6.1. En el primero, por la vía directa, el artículo 832 del Código Civil, porque si el usufructo “(…) es intransmisible por testamento o abintestato (…)”, el Tribunal no podía imponer decisiones a Alba Lucía Gómez Montes, cesionaria en la sucesión de Antonio Crescenzi D’Alessandro, “(…) como la de caer en mora en la entrega del inmueble dado en usufructo (…) y hacerla responsable de obligaciones que ella no recibió”.


1.6.2. En el segundo, a causa de infringir el artículo 826 del Código Civil, a raíz de los errores de hecho en que incurrió el ad-quem al apreciar la escritura pública mediante la cual fue constituido el derecho real de usufructo.


De una parte, las estipulaciones que le imprimían el carácter de vitalicio. Luego, si el 12 de octubre de 2011, falleció Antonio Crescenzi D’Alessandro, la mora en la entrega del inmueble no podía surgir el 6 de octubre de 2010, esto es, tres años después del 5 de octubre de 2007, fecha del deceso de Rosa Franco de Crescenci.

Asimismo, las cláusulas que instituyeron nuevos usufructuarios, sobrevenida la muerte de los anteriores, respecto de los porcentajes de cada uno de ellos. En concreto, Norman y Dorian Mejía Franco hijos de Rosa Franco de Crescenci; los herederos de Antonio Crescenzi D’Alessandro, y ahora la cesionaria Alba Luz Gómez Montes.    


1.7. Siendo ese el contenido esencial de los cargos propuestos, se procede a examinar su idoneidad formal.


2. CONSIDERACIONES


2.1. Para resolver lo tocante con la presente demanda, compete a la Corte seguir las directrices del Código General del Proceso, en vigor a partir el 1º de enero de 2016, plexo normativo que la gobierna, dado que la sentencia y el recurso involucrado, tuvieron lugar después de dicha data, todo al tenor de los artículos 624 y 625-5, según los cuales “(…) los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”, así el asunto se haya iniciado en la época del Código de Procedimiento Civil.


2.2. La recensión efectuada pone de presente que ambas partes no apelaron “toda la sentencia” de primera instancia (artículo 328 del Código General del Proceso), pues en lo esencial, la inconformidad del extremo demandante se circunscribió únicamente al monto que fue fijado por concepto de frutos civiles.


En esa línea, la competencia funcional del Tribunal, en los términos de la norma antes citada, en lo que no fuere común la inconformidad de los contendientes, pues en esos aspectos no existiría limitación alguna, se encontraba reducida a los reparos que en forma precisa y concreta fueron formulados por el extremo demandado.


Contrastado el desacuerdo expresado en la apelación por la parte ahora recurrente en casación, se observa que allí nada se reclamó sobre los usufructos en favor de Norman y Dorian Mejía Franco, hijos de Rosa Franco de Crescenci, y de los herederos de Antonio Crescenzi D’Alessandro, como sí en esta ocasión en el cargo segundo.


En la demanda examinada, en ningún lado se explica, supuesto el error de hecho en la apreciación de las cláusulas del contrato de usufructo, cómo, pese a no controvertirse esa temática en la alzada, la Corte, en la hipótesis de situarse en sede de instancia, tendría que abordarla, ni se indican las razones por las cuales ello conduciría a negar la restitución del inmueble gravado con el derecho real en comento.


El cargo segundo, por tanto, en ese apartado, no es idóneo para recibirlo a trámite, puesto que, siendo una carga exclusiva del censor, se incumple el requisito de señalar la trascendencia del yerro en el sentido de la sentencia, exigido en el artículo 344, numeral 2º, literal a), inciso 3º del Código General del Proceso.


2.3. En el otro segmento del mismo cargo segundo, la recurrente se aplica a recabar el carácter vitalicio del usufructo, respecto de ambos usufructuarios, de ahí que en su entender ninguna mora podía surgir al cabo de tres años del fallecimiento de Rosa Franco de Crescenci, sino a partir del deceso de Antonio Crescenzi D’Alessandro.


La especie de error de hecho que la censora enarbola alrededor, atañe a la preterición de las cláusulas del contrato, al afirmar que el Tribunal “desconoce”, “no observó”, “como tampoco se observó”, lo así estipulado.


El Tribunal en el punto dejó sentado que si bien el usufructo se constituyó “para toda la vida de los usufructuarios”, sin embargo, se estipuló que “en caso de que falleciera primero la señora Rosa Franco de Crescenzi, el señor Antonio Crescenzi seguirá usufructuando la casa por los próximos tres años, luego revertirá a la sociedad”.


En el contraste, prima facie, se advierte la asimetría de la acusación, porque si el juzgador, frente a las cláusulas contractuales, se refirió al tema, la equivocación estaría en el alcance objetivo de las mismas y no en su omisión.


Lo fijado en precedencia, consecuentemente, deja descubierto que la recurrente, al confutar el particular, incumple el requisito de precisión, exigido en el artículo 344, numeral 2º, inciso 1º del Código General del Proceso, para la idoneidad formal de la demanda de casación. 


Si se interpreta con amplitud que en el sustrato el error denunciado es enfocado, pues al fin de cuentas el carácter de vitalicio del usufructo es lo que se reclama, esta Corporación tampoco encontraría allanado el camino para resolverlo de fondo, porque simplemente el yerro se enuncia, pero no se demuestra, como el numeral 2º, literal a), inciso 3º, lo demanda.


La recurrente, en efecto, se limitó a contraponer al Tribunal lo que en su entender debió fijarse al respecto probatoriamente, pero en ninguna parte enseña cómo esa conclusión era la única posible; o que la cláusula expresa de pervivencia del usufructo durante tres años más después del óbito de Rosa Franco de Crescenzi, en favor del otro usufructuario, ninguna eficacia tenía, por los motivos que fueren, todo lo cual es desconocido para la Corte.

2.4. En el cargo primero, la recurrente acusa la violación del artículo 832 del Código Civil, al ignorarse que el usufructo es “intrasmisible por testamento o abintestato”.


Para el Tribunal, empero, según lo hizo notar en forma expresa en la sentencia impugnada, ese derecho real es “intrasmisible por testamento o abintestato”.


2.4.1. Frente a lo anterior, la Corte echa de menos el requisito formal relacionado con la “exposición de los fundamentos de cada acusación” a que se refiere el artículo 344, numeral 2º inciso 1º del Código General del Proceso, instituido para “identificar si existen discrepancias entre el juzgador y la censura, en el sentido de contraponer, refutar”1.


En palabras de la Sala, acorde con el Diccionario de la Real Academia Española, en doctrina aplicable, en cuanto “(…) desde el punto de vista técnico, no podría hablarse de acusación por sustracción de materia, en la medida en que por tal acción, la de acusar, se entiende la exposición de los cargos contra el acusado o contra lo acusado”2.


Lo dicho, porque como se observa, al no existir desacuerdos entre el recurrente y el Tribunal sobre que la norma citada, en efecto, prevé que el usufructo es “intrasmisible por testamento o abintestato”, esto hace huera la acusación, precisamente, por ausencia de objeto.


2.4.2. No se desconoce, la crítica que enarbola la censura alrededor se asocia con las consecuencias jurídicas del usufructo cuando se cumple el término de su duración, en el sentido de que tales efectos son intrasmisibles.


No obstante, por ninguna parte del cargo se pone de presente que ello sea así, vale decir, que expirado el término de duración del usufructo, no hay lugar, por ejemplo, a restituir por quien corresponda el inmueble involucrado, ni se aducen las razones por las cuales esa precisa obligación es intrasmisible o inejecutable por nadie, a manera de una expropiación, como para adentrarse la Corte, en una interpretación benigna, a brindar una respuesta de fondo.


2.5. Los defectos formales advertidos de cada uno de los cargos, truncan la admisión de la demanda de casación, razón por la cual no queda alternativa que repeler su trámite, sin que, de otra parte, haya lugar a observar lo previsto en los artículos 16 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009), y 336, in fine, del Código General del Proceso, que consagran la casación oficiosa y la seleccionar positiva de ciertos fallos.


Lo primero, en defensa de los derechos constitucionales, el orden o el patrimonio público; y lo segundo, cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad.


2.5.1. Desde luego, el simple hecho de haber obtenido la parte demandada recurrente decisiones en contra, no impone, en el ámbito constitucional o de convencionalidad3, adoptar correctivos donde corresponda, dado que para el efecto se requiere de la presencia de defectos superlativos.

En el campo adjetivo, no se observan, toda vez que como se constata, al interior de la actuación dicha parte mantuvo en forma amplia intactas las garantías de defensa y contradicción; en tanto, en el caso de su quebrantamiento, al no haberse reclamado, los vicios procesales subsanables quedaron saneados.


En el terreno de los hechos y de las pruebas, y en el estrictamente jurídico, tampoco aparece allanado el camino para la protección nomofiláctica de un derecho subjetivo. De una parte, por cuanto la cláusula sobre la vigencia del usufructo por tres años más, en los términos contenidos, no fue inventada, como para seguir que ello truncó en forma manifiesta reconocer su carácter de vitalicio; y de otro, porque si una caso es el derecho y otra las restituciones cuando expira, resulta razonable concluir que la intrasmisibilidad se predica únicamente de lo primero.


2.5.2. En la óptica de la selección positiva, tampoco habría lugar a la actuación de la Corte, al no aparecer temas asociados con la aplicación o alcance de una norma sustantiva, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente.

2.5. Relevado cualquier estudio de fondo, es del caso aplicar el artículo 346 del Código General del Proceso.


3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.


NOTIFÍQUESE




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

(Presidente de la Sala)




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ






OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 CSJ. Civil. Auto de 13 de julio de 2017, expediente 00094.

2 CSJ. Civil. Auto 323 de 15 de diciembre de 2000, expediente 8690; reiterado en providencia de 4 de noviembre de 2015, expediente 2010-00116.

3 Convención Americana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972.