LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Ponente


AC3593-2018

Radicación: 05001-31-03-009-2014-00492-01

Aprobado en Sala de dos de mayo de dos mil dieciocho


Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Se decide sobre la admisión de la demanda de Myriam López Rojas, dirigida a sustentar el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de 30 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso incoado por la recurrente y José Alfonso Osorio Salazar, frente a la Compañía Comercial e Industrial La Sabana Avesco S.A.S.


1. ANTECEDENTES


1.1. El petitum. Se contrae a declarar que el contrato de distribución celebrado entre las partes, tipifica uno de agencia comercial. Como consecuencia, que se condene a la convocada a pagar a favor de la parte demandante el valor de la cesantía comercial, así como los perjuicios causados al haberlo terminado unilateralmente.

1.2. La causa petendi. Según se informa, la relación comercial tuvo como objeto la promoción, comercialización y venta exclusiva de los productos alimenticios de las marcas de la demandada, en la zona nororiental de Medellín, a través de la empresa “Distri Dlunch”, establecida para el efecto por los demandantes, obteniéndose como margen de utilidad en promedio el 25%.


De manera inmotivada, la interpelada decidió dar por extinta la relación comercial que venía desarrollándose desde 2001, mediante carta notificada el 23 de diciembre de 2013, donde se decía que producía efectos a partir del 21 de enero de 2014, es decir, con menos de los treinta días de anticipación pactados en el contrato.  


1.3. El escrito de réplica. La convocada se opuso a las pretensiones, argumentando que entre los contendientes lo que se ajustó fue un contrato de “distribución no exclusiva” para la reventa de sus productos alimenticios, dentro de una zona prefijada, y no de agencia comercial.


Sostiene que la terminación unilateral de la relación comercial se sujetó a lo convenido, en tanto, dentro de los treinta días siguientes a la entrega de la carta de 21 de diciembre de 2013, se continuaron los suministros.


1.4. La sentencia de primer grado. El 25 de mayo de 2017, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, desestimó las pretensiones, en lo pertinente, al encontrar que el demandante José Alonso Osorio Salazar, carecía de legitimación en la causa, así como al echar de menos la agencia comercial solicitada y verificar la debida terminación del contrato de distribución.


1.5. El fallo de segundo grado. El Tribunal, al resolver el recurso de apelación que interpuso Myriam López Rojas, únicamente, consideró determinar de antemano, conforme a las razones de inconformidad planteadas, la naturaleza de la agencia comercial.


En esa dirección, el juzgador señaló que no había agencia comercial cuando: (i) el contrato se celebraba sin la intención de realizar una gestión y promover un negocio mercantil ajeno, (ii) no existía ninguna clase de remuneración, (iii) el agente dejaba de ser independiente y (iv) los riesgos de la operación los asumía él.

Así las cosas, dijo, a la pretensora apelante no le asistía la razón, puesto que “sin la remuneración” del agente y “sin la asunción de riesgos” por parte del agenciado, el “contrato es menos uno de agencia comercial”.

Contrastadas las pruebas, en efecto, se constató que la actora “fue quien asumió para sí los riesgos de la actividad económica ejecutada” y que la convocada “nunca efectuó ninguna retribución (…) a favor de la demandante”.


El contrato, por tanto, era de distribución y no de agencia, porque los nombres de proveedor y distribuidor, insertos en el contrato, en cuanto el primero se obligaba a suministrar al segundo, quien compraba y vendía por su cuenta y riesgo, así lo ponían de presente. Si fuera poco, no se estipuló “dinero o (…) ventaja económica a título de contraprestación, remuneración o pago del servicio prestado”.

Agrega que esas directrices contractuales fueron confesadas por la apelante en el interrogatorio, al punto de señalar que cuando se terminó la relación comercial, nunca devolvió bienes a la interpelada. Si bien la retribución podía ser distinta a una comisión, en el proceso “no se dijo” ni “quedó probado, cuál era la forma atípica o especial de remuneración” de la demandada a la convocante.


Los testigos Diego Cortés Arango, Nubia Padilla y Joaquín José Botero, no solo “confirmaron las condiciones contractuales que han sido relatadas”, sino señalaron que la señora Myriam López Rojas, “obtenía su utilidad por el precio marginal entre el costo de los productos y el precio final en el que los revendía”.


1.6. La demanda de casación. En los dos cargos propuestos, la recurrente acusa al ad-quem de haber violado la normatividad que relaciona.


1.6.1. En el primero, a raíz de los errores de hecho en que incurrió, al omitir la abundante prueba documental, confirmada con la testimonial, medios con los cuales se demostraba que la “sentencia se equivocó cuando estimó que el distribuidor asumía todos los riesgos de la gestión y en que el empresario no retribuía a su distribuidor”.

1.6.2. En el segundo, rectamente, en el parecer de la censura:


1.6.2.1. Porque la manera de remunerar era accesoria, en cuanto podía ser indistinta: dinero, especie, regalías, porcentajes de negocios brutos o de utilidades, en fin.


Si el juzgador, en consecuencia, hubiese visto las cartas entregando bonos (folios 227-230), el pago de una bonificación por cumplimiento (folio 232) y el presupuesto de ventas de 2014, donde por materializarlo se promete el 2% (folio 246), habría encontrado probada la retribución.


1.6.2.2. Porque la asunción de los riesgos de la operación, no es absoluta, dado que el distribuidor también debe asumir los propios, circunstancia que, por sí, no desnaturaliza la relación comercial reclamada.


Ergo, los “gastos de la agencia no son de la esencia de la misma”, dado que la normatividad no solo permite pactar que el agente o el agenciado asuman los gastos del negocio, sino cualquier modalidad de remuneración, “siendo la acordada aquí la utilidad en la reventa y una bonificación adicional por el cumplimiento mensual de metas”.


1.6.2.3. Porque si bien en la agencia se predica un mandato, lo es sin representación, de ahí que es un requisito insustancial, teniendo en cuenta que lo importante es la promoción de un negocio ajeno, cual se logró a través de los años, al punto que a la terminación del contrato, la marca y clientela del agenciado sigue vigente, mientras la empresa del distribuidor extinguida ante la imposibilidad de desarrollar su objeto social.


1.6.2.4. Porque aun cuando la “demandante adquirió los productos que iba a vender”, estaba supeditada a las instrucciones y autorizaciones de la interpelada.


1.7. Siendo ese, en lo esencial, el contenido de las acusaciones propuestas, se procede a examinar si reúnen los requisitos formales para impulsarlas a trámite.


2. CONSIDERACIONES


2.1. Para resolver lo tocante con la presente demanda, compete a la Corte seguir las directrices del Código General del Proceso, en vigor a partir el 1º de enero de 2016, plexo normativo que la gobierna, pues la sentencia y el recurso, tuvieron lugar después de dicha data, todo al tenor de los artículos 624 y 625-5, según los cuales “(…) los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”, así el proceso se haya originado en la época del Código de Procedimiento Civil.


2.2. Como el recurso de casación es de naturaleza dispositiva y exceptiva, pues obedece a causales previstas por el legislador y se estructura en hipótesis normativas precisas, el escrito dirigido a sustentarlo debe sujetarse a requisitos preestablecidos positivamente, en cuanto atendiendo esa caracterización, constituye el marco dentro del cual la Corte debe discurrir su actividad.


2.2.1. Entre otros, el artículo 344, numeral 2º del Código General del Proceso, impone al recurrente la carga de formular los cargos por separado y exponer sus fundamentos en “forma clara, precisa y completa”, requisitos los cuales, en general, responden a la inteligibilidad de la acusación, a la exactitud de la misma y a su plenitud.


2.2.1.1. La claridad, en cuanto deben hacerse comprensivas las acusaciones, en tanto, no lo serían, por ejemplo, cuando se entremezclan o mixturan causales, porque salvo que sea posible una interpretación objetiva, al confundirse o refundirse, esto llevaría a hacerlas inentendibles. Por esto, al recurrente le corresponde señalar, al decir de la Sala en doctrina que mantiene vigencia, la “(…) vía y la clase de yerro que se atribuye al ad quem y no abandonarse en su desarrollo el camino escogido”1, toda vez que si lo discurrido “(…) no cuadra ni con una ni con otra causal, en la medida en que tiene cosas de allá y de acá, su admisión es improcedente (…)”2.


Por esto, tratándose de violación directa de la ley sustancial, el cuestionamiento tiene que circunscribirse a la parte estrictamente jurídica, “sin comprender ni extenderse a la materia probatoria” (numeral 2º, literal a), ibídem), pues la causal parte de que la censura acepta el cuadro fáctico y probatorio sentado por el Tribunal, sólo que se equivocó en el respectivo ejercicio de subsunción normativa.


En ese caso, como se tiene explicado, la Corte “trabaja con los textos legales sustantivos únicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos están probados o no están probados, parte de la base de una u otra cosa, y sólo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos”3.


2.2.1.2. Las exigencias relativas a una confutación “precisa y completa”, se asocian con la presunción de legalidad y acierto que abriga la sentencia impugnada, precisamente, la mira del recurso de casación, como thema decissum, y no con el proceso, como thema decidendum.


Aluden, entre otras cosas, a la identificación de las razones nodales de la decisión y a la exposición de los argumentos dirigidos a socavarlas, porque así se facilita verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocada la apreciación jurídica o probatoria del juzgador, en caso positivo, si la acusación es enfocada o envolvente.


De ahí, en los eventos en que se abordan temas ajenos a los motivos fundantes o basilares de la decisión, o si siéndolos no los comprende todos, no habría lugar a ningún estudio de mérito, considerando que al soslayarse o dejarse en pie algunos de ellos, éstos, por sí, al margen del juicio del Tribunal, le continuarían prestando base firme, al seguir cobijados por la comentada presunción de legalidad y acierto, de donde la falta de precisión o suficiencia de la acusación, impediría avanzar la marcha.


2.2.2. En punto de la comisión de errores de hecho, el artículo 344, literal a), inciso 2º del Código General del Proceso, exige al recurrente “singularizar con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae”; además, “demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia”.


La razón de ser de lo anterior estriba en que el recurso de casación no constituye una instancia adicional del proceso, sino que, como ya se indicó, partiendo de la citada presunción de legalidad y acierto con la que arriba la sentencia cuestionada a ese medio de impugnación extraordinario, -su blanco de ataque-; la Corte no aprecia las cuestiones fácticas o probatorias controvertidas, sino que únicamente verifica si la fijación material u objetiva realizada por el juzgador de segundo grado, es o no equivocada.


Por esto, no es técnico, al decir de esta Corte en doctrina que mantiene vigencia, «‘hacer referencia genérica e indeterminada al conjunto de unas pruebas, o a todas ellas’, porque ‘siendo improcedente acusar la sentencia a través del planteamiento global del problema probatorio, es deber inexcusable del recurrente singularizar cada uno de los medios que se pretenden no considerados o erróneamente apreciados por el sentenciador’»4.


La demostración de los errores de hecho y la indicación de su trascendencia, desde luego, una vez singularizados los medios, bien supuestos, ora omitidos, ya tergiversados, implica desarrollar un discurrir donde se hagan patentes material y objetivamente los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificación concluyente de lo contrario y absurdo, al punto de hacer rodar al piso la resolución combatida en una relación necesaria de causa a efecto.


2.2.3. De manera que incumplidos tales requisitos, a esta Corporación no le queda camino distinto, en aplicación del artículo 346, numeral 1º del Código General del Proceso, que inadmitir el respectivo libelo casacional, por la potísima razón de que todo ello impide y releva cualquier estudio o decisión de mérito.

2.3. Frente a las anteriores directrices, en el caso, ninguno de los dos cargos formulados reúne los requisitos formales para recibirlos a trámite.


2.3.1. El primero, asociado con la comisión de errores de hecho, porque la recurrente no identificó las pruebas involucradas, en concreto, las que darían lugar a fijar, de un lado, que el empresario agenciado asumía los riesgos de la intermediación; y de otro, que el agente distribuidor por la gestión que realizaba percibía una retribución.


La mención que hizo al respecto, en efecto, fue genérica, como que el Tribunal “no vio la prueba”, por demás “abundante”, pues no leyó la “documentación aportada con la demanda”, confirmada con los “testigos”; empero, sin identificar en “concreto”, cual lo exige la ley, los documentos o testimonios a los cuales se refiere.


  2.3.2. El segundo, porque al margen de lo argumentado acerca de las características de los riesgos implicados en la intermediación, así como de la remuneración, resulta confuso y desenfocado.


2.3.2.1. Si para el Tribunal “(…) se pudo determinar que la demandada nunca efectuó ninguna retribución (…) a favor de la demandante (…)”, esto, dada la vía escogida para denunciar la violación de la ley sustancial, la directa, se supone que debe ser aceptado por la recurrente. No obstante, en contra del requisito de claridad, al desarrollar el particular, desvía el camino advertido, al decir que el juzgador “omitió ver” la “documentación” que lo habría llevado a dejar acreditado que “si hubo retribución”.


Ahora, interpretando ese preciso apartado por la senda del error de hecho probatorio, el discurrir es asimétrico, porque el problema no es si la demandante podía recibir una remuneración distinta a una comisión y si la hubo, sino si en contra de lo concluido por el juzgador, en efecto “se dijo” y “quedó probado”, “cuál era la forma atípica o especial de remuneración o contribución”, como paso obligado para analizar si los pagos alegados respondían, con relación a la agencia comercial, a esa forma atípica o especial de retribución que se haya afirmado y probado.


Con mayor razón, cuando para el Tribunal era “cierto” que la contraprestación podía provenir de una “forma distinta a la simple comisión”. Luego, si en el caso, la entrega de bonos, el pago de bonificaciones o porcentajes y demás por el cumplimiento de metas o ejecución de presupuestos, correspondían a una agencia comercial, así debió demostrarse, pues tales erogaciones no son ajenas a otras formas de distribución de producto o servicios, como en la modalidad de la adquisición para la reventa.

2.3.2.2. En lo demás, porque si para el ad-quem se trataba de un “auténtico contrato de distribución”, cual se observaba de los nombres jurídicos empleados (proveedor y distribuidor) y se desprendía de la naturaleza misma de las prestaciones estipuladas por las partes, pues en general el distribuidor se obligó a “comprar, distribuir y vender por su cuenta y riesgo”, sin “representar al proveedor” ni recibir de éste, como lo confesó la demandante, “pago de comisión o retribución alguna”, eso es lo que ha debido confutarse.


En concreto, considerando la vía escogida para denunciar la violación de la ley sustancial, que todo ello, lo cual se entiende recibido sin polémica por la recurrente, se subsumía en las hipótesis normativas que regulan la agencia comercial. Más exactamente, indicarse cómo, pese a aceptarse en el cargo que era “cierto” que la demandante adquirió los productos que iba a vender, “pero en la cantidad que le fijaba el empresario para revenderlo en la zona por él fijada y bajo sus condiciones”, lo dicho no constituía un “auténtico contrato de distribución”, menos cuando la remuneración acordada consistía en una “utilidad en la reventa y [en] una bonificación adicional por el cumplimiento mensual de metas” (subraya la Corte).


La censura, por el contrario, simplemente afirma que los riesgos de la operación no es absoluta, pues el distribuidor también debe asumir los propios; y que si bien en la agencia se predica un mandato, es sin representación. En el contraste, salta a la vista el desenfoque técnico.

       

2.4. No se desconoce, los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el canon 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso, facultan a la Corte, al momento de fallar, para  adoptar decisiones oficiosas cuando hay lugar a proteger los derechos constitucionales, defender el orden o el patrimonio público; o para seleccionar positivamente los fallos objeto de pronunciamiento si se hace necesario a unificar o corregir la jurisprudencia, o ejercer un control de legalidad.


Sin embargo, en la hipótesis de llevarse el caso al estadio de dictar sentencia, en el ámbito constitucional o de convencionalidad5, el simple hecho de haber obtenido la parte recurrente en casación decisiones adversas, por sí, no impone adoptar correctivos, dado que para el efecto se requiere de la presencia de defectos superlativos.


2.4.1. En el caso, en el campo adjetivo, no se observa la presencia de ningún yerro, saneable o insaneable, porque como se constata, al interior de la actuación quedaron intactas para todos los sujetos en contienda, las garantías de defensa y contradicción, incluido el recurso de casación.


2.4.2. Desde la perspectiva de los hechos y de las pruebas, inclusive en lo estrictamente jurídico, tampoco se encuentra allanado el camino para la protección nomofiláctica de un derecho subjetivo, porque si la misma parte recurrente alude a la compra de los productos de la demanda para proceder a revenderlos, obteniendo como utilidad la diferencia entre una y otra operación, incluyendo una bonificación adicional, la decisión de excluir la existencia de la agencia comercial, se muestra razonable.  


2.4.3. En la óptica de la selección positiva de los fallos objeto de decisión, en la mira de unificar o corregir jurisprudencia, o ejercer control de legalidad, tampoco hay lugar a la actuación de la Corte, al no aparecer temas asociados con la aplicación o alcance de una norma sustantiva; menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente.


2.5. En ese orden de ideas, ante la ineptitud formal de la demanda de casación, no queda alternativa distinta que procederse como se previene en el artículo 346 del Código General del Proceso.


3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.


NOTIFÍQUESE

       



AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

(Presidente de la Sala)




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





LUIS ALONSO RICO PUERTA





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 CSJ. Civil. Auto de 19 de febrero de 2010, expediente 03455.

2 CSJ. Civil. Auto de 19 de enero de 2010, expediente 00017.

3 CSJ. Civil. Sentencia 040 de 25 de abril de 2000, expediente 5212, reiterando doctrina anterior.

4 CSJ. Civil. Auto de 31 de octubre de 2011, expediente 00168, reiterando jurisprudencia anterior.

5 Convención Americana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972.