LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
AC3594-2018
Radicación: 19001-31-03-006-2006-00137-01
Aprobado en Sala de veinticinco de abril de dos mil dieciocho
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Se decide sobre la admisión de la demanda de Albeiro Jiménez Zemanate, dirigida a sustentar el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de 8 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil-Familia, en el proceso incoado por el recurrente, frente a la Cooperativa de Motoristas del Cauca, COOMOTORISTAS.
1. ANTECEDENTES
1.1. El petitum. El demandante solicitó declarar que la entidad interpelada incumplió el contrato de vinculación de un automotor para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, suscrito entre ambas partes, con la consiguiente condena a pagar los perjuicios irrogados.
1.2. La causa petendi. Según se afirma, el 10 de febrero de 2003, corolario de un proceso disciplinario, la convocada excluyó al actor como uno de sus asociados.
La demandada, en consecuencia, solicitó al Ministerio de Transporte, la desvinculación del vehículo de propiedad del pretensor, aduciendo que éste no ostentaba la condición de asociado, pese a la supervivencia del contrato.
El petitorio fue negado, argumentándose que la pérdida de la calidad de asociado, no configuraba la desafiliación administrativa del automotor.
La empresa, entonces, optó por desmejorar las condiciones de vinculación, cambiando el plan de rodamiento e impidiendo a la vez su ejecución mediante la negativa a entregar planillas de despacho, no obstante, estar vigente la tarjeta de operación.
1.3. El escrito de réplica. La interpelada se opuso a las pretensiones, arguyendo que la exclusión del actor como asociado se tramitó con sujeción a la normatividad.
Negó el incumplimiento imputado, pues como se estipuló, el contrato celebrado había fenecido en forma automática y simultánea con la sanción de expulsión del afiliado demandante. Aclaró, sin embargo, que posterior a ese hecho, se permitió la circulación del vehículo acatando órdenes de la Superintendencia de Puertos y Transporte, fincada en la vigencia de la tarjeta de operación.
Por el contrario, atribuyó la desatención contractual al actor, al dejar de cancelar en oportunidad ciertas erogaciones a su cargo, realizar desplazamientos sin planillas de despacho ni pólizas de seguro, e inobservar el plan de rodamiento legalmente asignado.
1.4. La sentencia de primer grado. El 15 de febrero de 2015, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán, desestimó las pretensiones, al prosperar la excepción de mérito que la demandada nominó “inexistencia del contrato de vinculación por la pérdida de la calidad de asociado”.
1.5. El fallo de segundo grado. Para el Tribunal, ninguna discusión se cernía sobre la celebración del acuerdo de vinculación en comento, de donde todo se reducía a establecer si durante su ejecución se presentaron los incumplimientos alegados.
1.5.1. El imputado al extremo pasivo, en su entender, era inexistente, puesto que al no preverse la prórroga automática, conforme a la cláusula decima primera, literal g), la terminación del contrato había operado con la pérdida de la calidad de asociado del demandante.
Si bien, agrega, eran distintas las causales para ponerle término a la relación contractual, y las legales relacionadas con la desvinculación administrativa del automotor, mal podía autorizarse la circulación del rodante cuando no se reunía uno de los requisitos para el efecto, en concreto, tener el demandante la calidad de asociado.
1.5.2. El endilgado al pretensor, en cambio, si se estructuraba, puesto que no demostró el allanamiento a cumplir algunas de sus obligaciones convencionales, “como el pago oportuno de las primas de las pólizas de seguro”, amén de emprender el “rodamiento del vehículo sin la planilla de despacho expedida por la empresa”.
1.5.3. En ese orden, según el ad-quem, frente a un “mandato legal” (la exclusión del actor de su calidad de asociado), era desacertado sostener que la pasiva se encontraba obligada a “resarcir los daños por la falta de circulación del vehículo”; o que la parte activa, ante el anotado incumplimiento, estaba habilitada para exigir la ejecución del contrato con indemnización de perjuicios.
1.6. La demanda de casación. En los tres cargos formulados, se acusa la violación directa e indirecta de la ley sustancial y de incurrir en incongruencia.
1.6.1. Lo primero, porque siendo cierta la pérdida de la condición de asociado del demandante, así también el hecho se haya instituido como causal para la terminación automática del contrato de vinculación, aparecía claro, conforme al artículo 57 del Decreto 171 de 2001, parágrafo primero1, que ello, por sí, no impedía permitir el transporte de pasajeros, porque la única limitante impuesta para el efecto, la constituía la desvinculación administrativa del rodante por parte del Ministerio de Transporte.
1.6.2. La transgresión mediata, como consecuencia de la comisión de errores de hecho, porque pese a la comentada pérdida de la condición de asociado, de todos modos continuaban las obligaciones y derechos de las partes, hasta que ocurriera la desvinculación administrativa del automotor, de donde resultaba errado tener por probado un incumplimiento del demandante.
En lo relativo a las primas de las pólizas de seguro de responsabilidad tomadas por la convocada, por cuanto de presentarse su falta de pago, la situación quedaba solucionada con el cobro de las mismas, sin la afectación de la prestación del servicio público de transporte.
Con respecto al rodamiento del vehículo faltando la planilla de despacho, porque desde la réplica de la demanda fue aceptado que ello no tenía consecuencia alguna para la cooperativa transportadora, en tanto, los efectos nocivos debía asumirlos quien violaba la regulación.
1.6.3. El error de actividad, porque pese a dejarse probado el convenio en cuestión, en forma contradictoria se declaró fundada la excepción de “inexistencia del contrato de vinculación por pérdida de la calidad de asociado”, cuando no fue propuesta ni podía ser declarada de oficio.
1.7. Siendo ese, en lo esencial, el contenido de las acusaciones propuestas, se procede a examinar si reúnen los requisitos formales para impulsarlas a trámite, en caso positivo, relacionado con el error de procedimiento denunciado, si hay lugar a su selección negativa.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Para resolver lo tocante con la presente demanda, compete a la Corte seguir las directrices del Código General del Proceso, en vigor a partir el 1º de enero de 2016, plexo normativo que la gobierna, pues la sentencia y el recurso, tuvieron lugar después de dicha data, todo al tenor de los artículos 624 y 625-5, según los cuales “(…) los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”, así el proceso se haya originado en la época del Código de Procedimiento Civil.
2.2. El recurso de casación, en el ámbito legal, es de naturaleza dispositiva y exceptiva, pues obedece a causales expresamente previstas por el legislador y se estructura en hipótesis normativas precisas. De ahí que el escrito dirigido a sustentarlo debe sujetarse a requisitos preestablecidos positivamente, en cuanto atendiendo esa caracterización, para diferenciarlo de las instancias, constituye el marco dentro del cual la Corte debe discurrir su actividad.
Por esto, incumplidas tales exigencias, el artículo 346, numeral 1º del Código General del Proceso, acarrea la inadmisión del respectivo libelo, por la potísima razón de que ello impide y releva cualquier decisión de mérito. Al fin de cuentas, como tiene explicado esta Corporación en doctrina que mantiene vigencia, “(…) [l]os requisitos formales y de técnica en casación, en general, se entroncan con los que habilitan el examen de fondo de los cargos, porque si lo truncan, ello justifica, por obvias razones, que la demanda no sea recibida a trámite”2.
2.3. Superados los requisitos formales, surgen dos alternativas. La primera, como pauta general, admitir a trámite la demanda de casación; y la segunda, por vía de excepción, repeler su impulso en cuanto cupiere, acatando el procedimiento de selección negativa implicado en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, modificado por el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, mediante una providencia razonada y siguiendo las directrices propias del recurso extraordinario.
Esta última posibilidad, conforme a la exequibilidad condicionada del citado precepto3, a cuyo tenor la “Corte Suprema de Justicia debe motivar la no escogencia”, vale decir, “en el entendido de que la decisión de no selección adoptada (…) será motivada y tramitada conforme a las reglas y requisitos específicos que establezca la ley”.
Precisamente, el artículo 347 del Código General del Proceso, vino a regular la selección negativa, facultando a esta Corporación para inadmitir la demanda de casación, así “cumpla los requisitos formales”, entre otros casos, “[c]uando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión relevante del ordenamiento”.
En el evento de la inexistencia de los vicios procesales, la medida, desde luego, no conlleva desconocer el derecho a un debido proceso constitucional y legal. Frente al recurrente, por cuanto la decisión ab initio termina adoptándose una vez ha sido escuchado; y respecto de la parte opositora en el trámite del recurso de casación, porque ninguna consecuencia adversa le acarrea, de ahí que a las claras resulta superfluo oírla con antelación.
2.4. Frente a esas directrices, la acusación enarbolada alrededor del vicio de actividad, supuesta su idoneidad formal, debe inadmitirse, porque como pasa a verse, el error no se configura.
2.4.1. El principio de congruencia estatuido en los artículos 281 y 282 del Código General del Proceso, ciertamente, limita el campo de acción de la jurisdicción del Estado, en la proporción asignada a cada juez, a los hechos (causa petendi) y a los objetos jurídicos (petitum) propuestos por las partes en las oportunidades contempladas en ese mismo ordenamiento, y a las excepciones que aparezcan probadas, hayan sido o no formuladas, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, cuyo reconocimiento se supedita a su alegación en la contestación de la demanda, por la potísima razón de que solo miran el interés particular del excepcionante.
Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de las facultades extra o ultra petita, conferidas en asuntos de familia y en procesos agrarios, al igual que de la posibilidad de hacer actuar el principio inquisitivo cuando así lo autoriza expresamente el legislador, en general, al estar de por medio cuestiones de orden público, el bien común y los derechos constitucionales.
2.4.2. En el caso, si la excepción de mérito reconocida, independientemente de su nominación, inclusive, si fue o no postulada, de manera alguna alude a una de las gobernadas por el principio dispositivo, como es la prescripción, la compensación o la nulidad relativa, no cabe duda que el vicio de incongruencia denunciado no se estructura, lo cual por si amerita que la acusación sea seleccionada negativamente para su trámite.
No sobra señalar que si bien el juzgado de primer grado reconoció la excepción de inexistencia del acuerdo de voluntades blandido, el hecho de haberse confirmado el fallo apelado, no significa que se haya avalado todo lo allí considerado. Menos, cuando el Tribunal, para adoptar la decisión, dijo que en el caso “no admite objeción alguna, la prueba de la celebración del contrato de vinculación” y que otro era el tema asociado con su “terminación”.
2.5. Los cargos relacionados con la violación directa e indirecta de la ley sustancial, en cambio, no reúnen los requisitos formales.
2.5.1. El Tribunal, como se recuerda, edificó la decisión desestimatoria del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, ahora recurrente, en dos pilares fundamentales, cada uno con entidad suficiente para sostener, por sí, la decisión.
El primero, en que al operar la terminación automática del contrato de vinculación con la pérdida de la calidad de asociado del demandante, “mal podría accederse a la circulación a un vehículo” (sic.); y el segundo, en que dicho extremo, al desatender algunas obligaciones a su cargo, como el “pago de las primas de las pólizas de seguro” y proceder al “rodamiento del vehículo sin planilla de despacho expedida por la empresa”, esto lo “inhabilita[ba] para requerir judicialmente el cumplimiento y/o indemnización”.
2.5.2. Tratándose de la comisión de errores de hecho manifiestos, conforme al artículo 344, literal a), inciso 2º del Código General del Proceso, al recurrente le corresponde “singularizar con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae”, además, “demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia”.
La razón de ser de lo anterior estriba en que el recurso de casación no constituye una instancia adicional del proceso, pues al instituirse en un medio de impugnación extraordinario, se encuentra sujeto a causales específicas y se estructura en las precisas hipótesis normativas. Por esto, al tener por objeto preciso y directo la sentencia impugnada, la Corte, en el ámbito de los errores de hecho, no aprecia las cuestiones fácticas o probatorias controvertidas, sino que a partir de la presunción de legalidad y acierto que abriga al fallo impugnado, solo verifica si la fijación material u objetiva realizada por el juzgador de segundo grado, es o no equivocada, al margen de la posición subjetiva que tenga la parte recurrente sobre el particular, así lo haya sido de manera elaborada.
2.5.3. En el caso, entroncado con el incumplimiento que atribuyó el Tribunal al extremo actor, el cargo incumple los requisitos formales transcritos.
2.5.3.1. Con relación al no pago de las primas de seguro, porque la afirmación sobre que la problemática así planteada quedaba solucionada con el cobro que la sociedad transportadora, la interpelada, hiciera de las mismas, sin que ello afectara la prestación del servicio público de transporte, no pasa de ser una posición personal del recurrente, porque cual se anuncia, el tema se evoca únicamente para “no dejar ninguno de los argumentos expuestos por el ad-quem, como suporte de su fallo”.
Aun así, no se singularizó ningún medio de convicción de donde emanara esa conclusión, en particular, los que indicaran que la falta de pago de las primas de seguro, no constituía una talanquera para permitir la circulación del automotor, puesto que su cobro debía realizarlo la entidad transportadora, así haya fungido en calidad de tomadora.
2.5.3.2. Lo mismo debe decirse del incumplimiento contractual de poner en marcha el vehículo sin la planilla de despacho expedida por la empresa, porque al margen de que la demandada haya contestado que las consecuencias de “violar la regulación” debían ser asumidas por el pretensor; ello sería un reflejo de lo supuestamente pactado, pero no la demostración de lo así estipulado.
Si el Tribunal, por lo tanto, inventó la prueba de la obligación que al respecto dejó incumplida o la añadió, sin estarlo, en otros medios de convicción, al recurrente le correspondía singularizar los elementos de juicio que en ese sentido fueron mal apreciados. Empero, como no lo hizo, nada habría para estudiar de fondo.
2.5.4. En consecuencia, al no atacarse idóneamente la conclusión, según la cual la parte actora incumplió el controvertido contrato de vinculación, en lo que atañe al pago de las primas de seguro y en la puesta en circulación o funcionamiento del vehículo sin las planillas de despacho expedidas por la empresa, debe colegirse, al margen del juicio del Tribunal, que lo así decidido sigue amparado por la presunción de legalidad y acierto.
Ergo, si esas razones basilares son suficientes, por sí, para sostener el fallo impugnado, es claro que al no ser cuestionadas en casación idóneamente en lo formal, esto implica que la acusación, en su contexto, no sea “completa”, como lo exige el artículo 344, numeral 2º del Código General del Proceso, para cualquier estudio de fondo, así el cargo enarbolado por la vía directa reúna los requisitos legales para examinar su mérito.
La demanda de casación, desde luego, debe combatir, como tiene explicado la Corte en doctrina que mantiene vigencia, “(…) todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución”4, pues así se hubiere “(…) fustigado debidamente (…)” uno de sus razonamientos, “(…) el reproche antitécnico del otro argumento basilar, lo deja sin crítica alguna”5.
2.6. No se desconoce, los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el canon 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso, facultan a la Corte, al momento de fallar, para adoptar decisiones oficiosas cuando hay lugar a proteger los derechos constitucionales, defender el orden o el patrimonio público; o para seleccionar positivamente los fallos objeto de pronunciamiento si se hace necesario unificar o corregir la jurisprudencia, o ejercer un control de legalidad.
Sin embargo, en la hipótesis de llevarse el caso al estadio de dictar sentencia, en el ámbito constitucional o de convencionalidad6, el simple hecho de haber obtenido la parte recurrente en casación decisiones adversas, por sí, no impone adoptar correctivos, dado que para el efecto se requiere de la presencia de defectos superlativos.
2.6.1. En el caso, en el campo adjetivo, no se observa la presencia de ningún yerro, saneable o insaneable, porque como se constata, al interior de la actuación quedaron intactas para todos los sujetos en contienda, las garantías de defensa y contradicción, incluido el recurso de casación.
2.6.2. Desde la perspectiva de los hechos y de las pruebas, inclusive en lo estrictamente jurídico, tampoco se encuentra allanado el camino para la protección nomofiláctica de un derecho subjetivo.
En efecto, si en la cláusula once del contrato de vinculación, numeral 2, literal g), se estableció como causal para su terminación automática la “pérdida de la calidad de asociado”; en tanto, si el demandante se obligó a pagar el “valor de las primas de seguro” (cláusula tercera, numeral 10), así como a “mantener (...) vigente la planilla de viaje del vehículo”, pues no debía ser “conducido sin planilla de viaje” (cláusula quinta, literales c) y k); resulta claro que el incumplimiento al respecto imputado se muestra razonable.
2.6.3. En la óptica de la selección positiva de los fallos objeto de decisión, en la mira de unificar o corregir jurisprudencia, o ejercer control de legalidad, tampoco hay lugar a la actuación de la Corte, al no aparecer temas asociados con la aplicación o alcance de una norma sustantiva; menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente.
2.7. En ese orden de ideas, relevado el estudio de las acusaciones asociadas con la violación de la ley sustancial, sumada la inexistencia del vicio de incongruencia denunciado, no queda alternativa distinta que procederse como se previene en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.
NOTIFÍQUESE
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 El precepto establece que “[l]a empresa a la cual está vinculado el vehículo, tiene la obligación de permitir que continúe trabajando en la misma forma como lo venía haciendo hasta que se decida sobre la desvinculación”.
2 CSJ. Civil. Auto de 26 de abril de 2011, expediente 00354.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 15 de julio de 2008.
4 Auto 034 de 12 de marzo de 2008, expediente 00271, reiterando doctrina anterior.
5 Auto de 1º de septiembre de 2008, expediente 2004-00201.
6 Convención Americana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972.