AC3596-2018


Radicación nº. 11001-02-03-000-2018-02223-00


        Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogotá y Promiscuo Municipal de Tocancipá, para conocer del proceso ejecutivo de Doris Emilce Montaño Beltrán contra Técnicos en Combustión y Tratamientos de Aguas S.A.S.


ANTECEDENTES


  1. Ante el primer despacho, la accionante pretende que el demandado pague la suma de $16.099.094, junto con la sanción contemplada en el artículo 731 del Código de Comercio y los intereses moratorios generados desde su exigibilidad.


  1. Ese estrado rechazó el pleito y lo remitió al Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá, sustentado en que el domicilio del deudor es la última urbe, «según consta en el certificado de Existencia y Representación Legal».



  1. El receptor la repelió y suscitó el conflicto que aquí se resuelve, en suma, porque Tocancipá es el sitio en que el demandado se puede hallar para efectos de ser enterado de la existencia del proceso, pero «Bogotá, es el lugar donde tiene el domicilio la sociedad».


CONSIDERACIONES


  1. Comoquiera que la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trabó entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corporación dirimirlo como superior funcional de aquellos, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo instituyen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009.


  1. El ordenamiento adjetivo establece pautas para el reparto de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, ya sea a partir de uno o de varios factores, en consideración a su clase o materia, la cuantía del proceso, la calidad de las partes, la naturaleza de la función o la existencia de conexidad o unicidad, según sea del caso.


Como criterio general el primer numeral del artículo 20 ibídem asigna la competencia al funcionario del domicilio del convocado (fuero personal), excepto si hay «disposición legal en contrario». Ahora bien, para los «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos», existe uno concurrente con el anterior que brinda la posibilidad de acudir ante la agencia judicial ubicada en la población donde debía cumplirse el vínculo (núm. 3º, art. 28 ut supra).


De modo que le corresponde al promotor, en aquellos eventos en los que persiga el recaudo de capital insoluto contenido en documentos que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles, definir a su arbitrio si acude ante el estrado judicial de la circunscripción territorial en que habiten con ánimo de permanencia los llamados a juicio, o, en su lugar, en el territorio donde debía extinguirse la prestación.


  1. En este caso, revisado el líbelo se constata que Doris Emilce Montaño se propone satisfacer dos cheques a cargo de Técnicos en Combustión y Aguas S.A.S. Para ello, acudió al «Juez Civil Municipal de Bogotá», luego de delimitar la «competencia» por «la vecindad del demandante; y el lugar de cumplimiento de las obligaciones».


Ahora bien, la promotora consignó en el poder, y posteriormente su abogado en el libelo inicial, que el domicilio del ente moral era la ciudad de Bogotá, afirmación que se corrobora con el Certificado de Existencia y Representación Legal emanado de la Cámara de Comercio de Bogotá; por manera que en esta especie el fenómeno procesal estudiado no genera problemáticas al confluir en la misma municipalidad los fueros antedichos. Con ese panorama, la dificultad surgió en la diferenciación existente entre «domicilio» y «lugar de notificación».


Sobre el último tópico, la Corte en CSJ AC3246-2018 reiteró que


(…) [n]o es factible confundir el domicilio, entendiéndose por tal, en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, ‘pues este solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran’ (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer ‘que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transeúnte), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal razón, pueda decirse que ésta debió formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que éste sufrió alteración alguna’» (CSJ AC 20 de noviembre de 2000, rad. 0057, reiterado en AC3888-2017, AC2254-2018 y AC2951-2018).


Desde esta perspectiva, se equivocó el Juzgado Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogotá en rehusarse a conocer del cobro, amparado en que la «dirección de notificación judicial» de la ejecutada es el «kilómetro 1.5 vía Tocancipá, Vereda Canavita – Parque Industrial» y que por lo tanto esa localidad es su «domicilio», habida cuenta que esa población es en la que más fácilmente se le puede ubicar con el propósito de enterarla de la existencia de procesos judiciales en su contra, sin que implique por ese hecho que allí se encuentre con el ánimo de permanencia o sea la sede de sus negocios.


  1. Por las razones dadas en precedencia procede remitir las actuaciones al Juzgado que acaba de nombrarse, a quien le corresponde continuar con la acción emprendida. 


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar que el Juzgado Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogotá es el competente para asumir el conocimiento de la causa de la referencia.


Segundo:        Remitir la actuación al citado despacho y comunicar lo decidido al otro estrado involucrado en esta actuación.


Tercero: Librar, por Secretaría, los oficios correspondientes.


NOTIFÍQUESE





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado