OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Carmen Ofelia Fabiola Madrid de Ruíz, frente a la sentencia de 18 de octubre de 2017, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso verbal que adelantó contra Ángela María Ruíz de Saldarriaga, Jairo Antonio Ruíz Madrid y Martha Elena de Fátima Ruíz Madrid.
En el presente evento no se demostraron maniobras dolosas de los contradictores, pues las operaciones cuestionadas fueron llevadas a cabo por la pareja mientras estaba vigente la sociedad conyugal, momento en el cual aquellos no tenían la calidad de herederos y obraron a lo sumo como mandatarios, existiendo otras vías idóneas para atacar esos procederes (fls. 12 y 13 cno. 6).
Se da una errónea interpretación al confundir el instante en que se forma la sociedad conyugal con el de exigibilidad de la adjudicación de la cuota de gananciales, siendo que dicha figura nace con el matrimonio conformándose un caudal común, cosa distinta es que para fines de administración de los bienes en cabeza de cada cónyuge hagan como si tuvieran patrimonio separado, pero quedando aplazados los derechos de otro a la etapa de liquidación.
Pensar que la norma que concede la libre disposición es ilimitada supone una contradicción jurídica «pues sería tanto como entender que el legislador instauró un régimen general de separación de bienes; o peor aún, que la ley fomenta el fraude y la desprotección del patrimonio familiar, cuando su sentido es evidentemente todo lo contrario».
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que
(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme indican los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.
De ahí que una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales» según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.
Adicionalmente, según indica el literal a) numeral 2 de dicho precepto, la discusión se ceñirá a «la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria», por lo que debe estructurarse en forma adecuada cómo se produjo la vulneración ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo regían o, a pesar de acertarse en la selección, terminar reconociéndoles implicaciones que no tienen.
Y es que el fracaso de la acción devino de que se pretendió derivar en forma autónoma efectos sancionatorios de instrumentos otorgados durante la vigencia de la sociedad conyugal, sin cuestionar su validez, de ahí que por eso se enfatizó en la providencia atacada que la improcedencia del reclamo no daba por descontada la existencia de otras formas de hacer valer los derechos que se entendían conculcados en desmedro de la comunidad de bienes, como se ve en la siguiente transcripción en extenso del audio de la audiencia:
(…) aquí la parte actora demandó a Ángela María, Jairo Antonio y Martha Elena para que se les condene a cancelar a favor de la masa de bienes de la sociedad conyugal Ruiz Madrid la sanción en razón de la sanción prevista del artículo 1824 en tanto se gestó una defraudación como lo señaló el apoderado recurrente a través de una serie de sociedades. Y qué como quedó reseñado los actos jurídicos fueron efectuados actuando los hoy demandados como mandatarios de los cónyuges en vigencia de la sociedad conyugal. Esa sanción del 1824 tiene unos destinatarios específicos como se mencionó en la respuesta a los reparos se exigen unos sujetos calificados. Si, acá los asimilamos digamos a unos destinatarios específicos pero igual quiénes son el cónyuge y los herederos y se requiere que alguno de estos a título de dolo ejerza la conducta o alguna de las conductas o ambas, ocultar o distraer un bien o bienes de la sociedad conyugal. Entonces esos presupuestos implica que sea el cónyuge o los herederos quienes hayan incurrido en esas conductas y que esa actitud sea de dolo, sea dolosa, ni siquiera culpa sino dolo. En el subexamine a los señores Ángela María Jairo Antonio se les endilga por parte de la demandante la responsabilidad directa de la conducta distracción de bienes de la sociedad que se dice se hizo de manera dolosa para defraudar la misma. Sin embargo, analizada en conjunto la prueba documental acopiada no se demuestra de ninguna manera que los aquí demandados hayan efectuado esa distracción de bienes sociales, pues lo que aquí está acreditado y para efectos de la decisión que se tomó como sentencia anticipada dichos actos fueron celebrados por ambos cónyuges en vigencia de la sociedad conyugal lo que de contera descarta la afectación a la cónyuge demandante pues ésta dispuso de la aportación de los bienes en cabeza suya para la constitución de una sociedad en comandita por acción y la que fue establecida a través de escritura pública, así como los negocios celebrados por la actora se efectuaron a través de mandataria y mediante instrumentos públicos que se encuentran amparados por la presunción de veracidad y legalidad al tenor de lo previsto en el artículo 257 del Código General del Proceso [se resalta]. Fíjese que en ese momento estos demandados no tenían la calidad de herederos, es que la calidad de heredero se tiene una vez se abre la sucesión inclusive habrá eventos en donde el llamado a recoger la herencia no la recoge porque incluso repudia, entonces no siempre automáticamente se tiene esa calidad de herederos y para las épocas en que se realizaron esos actos pues el cónyuge fallecido era una persona. Hago está precisión porque pues cuando uno muere deja de ser persona pero él para esas calendas era una persona que estaba vivo y si estaba vivo mal podríamos hablar de herederos porque la condición de heredero implica la apertura de la sucesión. Bueno, entonces, si se observan esos actos lo que se tiene es que quienes se dice actuaron ahí fueron los mismos cónyuges, quiénes aportaron las cuotas que les correspondían sobre los bienes ya reseñados por lo que no se puede aplicar la sanción en tanto ellos actuaron fue en ese momento como mandatarios. No tenían la calidad de herederos y entonces bajo ese presupuesto y bajo el entendido que se trata de una norma sancionatoria de aplicación restrictiva no la podríamos aplicar analógicamente. Ahora, la Sala también pone de presente otra cosa es que si se pretendía o se pretende controvertir dichos negocios jurídicos a las escrituras celebradas por los cónyuges o las manifestaciones de voluntad de los cónyuges y adolecían de vicio alguno, lo cual señala de manera insistente el peticionario en el libelo introductor, lo cierto es que esta no es la acción procedente para lograr dicho objetivo pues existen otras acciones idóneas para ello. Conforme ya se dijo a través de la escritura pública 7947 el 7 diciembre 2007 se constituyó la sociedad Ruiz Madrid en la que figuran los cónyuges Carlos Fidel Ruiz Piedrahita y Carmen Ofelia Madrid como socios comanditarios, así como los demandados en esa misma condición, por tanto los cónyuges, si era del caso, se encontraban legitimados incluso para impugnar las decisiones de la asamblea o juntas de socios que no se ajustaban a las prescripciones legales o a los estatutos, así como intentar las demás acciones judiciales con tal fin, las que se encuentran debidamente reguladas en la legislación mercantil (negrita adrede) y, en lo pertinente, también por remisión en las normas sustantivas civiles y en el mismo ordenamiento adjetivo civil. A título de referencia pueden mirarse por ejemplo el artículo 108 o 191 del Código de Comercio. Luego como ya sé explico, teniendo claros los presupuestos para la aplicación de la sanción que en esta causa se invoca o de la cual en esta causa se pide se aplique, nótese que como quiera que al haber participado la cónyuge quién en el subexamine se reputa como afectada en la configuración de negocios jurídicos que pusieron fuera de la sociedad conyugal los plurimencionados bienes en virtud de la libre disposición y administración que de éstos tienen los cónyuges en vigencia de dicha sociedad, tal situación le impide ahora demandar la aplicación del 1824, pues es claro que quién se encuentra legitimado para solicitar su aplicación es el cónyuge afectado con la disuasión ocultación de los bienes de la masa partible pero no por sí mismo o al menos a través de mandatarios. Y si esos mandatarios abusaron o hicieron otro tipo o incurrieron en otro tipo de actos pues de todas maneras la vía no es esta (min. 01:34:00 a 01:40:35).
Frente a ese completo razonamiento que analizó la forma como se configuraba la aplicación de la penalidad previo el cumplimiento de pautas normativas y jurisprudenciales reiteradas, para concluir que no se daban los supuestos en el caso a dirimir porque la accionante tuvo participación directa en las operaciones que le merecían reparo y los demandados no actuaron a nombre propio sino como mandatarios en las mismas, que por demás seguían amparadas por un halo de seguridad jurídica, la recurrente solo trae como sustento de su embate, a manera de argumentos propios sin serlo, la reproducción literal de apartes seleccionados en forma aleatoria de un salvamento de voto en CSJ SC3864-2015, eludiendo algún esfuerzo que constituya un hilo lógico acorde con la labor interpretativa del juzgador.
Quedó carente así de desarrollo el cuestionamiento que se anunció por la vía directa, con lo que se desaprovechó la oportunidad de enarbolar una propuesta seria y concienzuda que habilitara el estudio de la cuestión jurídica materia de la litis.
Incluso, si se tomara como base de la inconformidad las fracciones del texto del que se apropió indebidamente la censora, de todas formas serían insuficientes para entender cumplida la carga de una satisfactoria sustentación puesto que aquellas no pueden dejar de ser vistas dentro del escenario en el que se consignaron, esto es un pleito de simulación que fracasó por falta de legitimación por activa, lo que lo distancia de la situación factual expuesta donde las expectativas sancionatorias en virtud del artículo 1824 del Código Civil se plantearon sin mediar la pérdida de validez de las escrituras que a su entender la originaban, como si la omisión de ese paso fuera intrascendente.
En relación con la falta de desarrollo en la exposición de este medio de contradicción se pronunció la Sala en CSJ AC 26 oct. 2012, rad. 2003-00723-01, y se reiteró en CSJ AC4247-2015, aun en vigencia del Código de Procedimiento Civil pero que conserva relevancia por tratarse de un aspecto latente en el Código General del Proceso, para resaltar que
(…) el recurrente, en cada cargo, como mínimo, debe indicar la causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil en que se respalda y, consonantemente, sustentar la acusación, lo cual no puede hacer de cualquier manera y, mucho menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino con indicación puntual y explicación suficiente de las específicas trasgresiones de la ley -sustancial o procesal- en que incurrió el sentenciador al proferir el fallo cuestionado, y exponiendo los planteamientos que sirven al propósito de demostrar los yerros que se imputen, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, o limitarse a presentar la visión personal que el recurrente tenga de la plataforma fáctica del litigio, actitudes todas que harán inadmisible la acusación que en tales condiciones se formule.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Carmen Ofelia Fabiola Madrid de Ruíz para sustentar el recurso de casación en el proceso verbal que adelantó contra Ángela María Ruíz de Saldarriaga, Jairo Antonio Ruíz Madrid y Martha Elena de Fátima Ruíz Madrid
Segundo: Devolver por Secretaria el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA