OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente


  1. AC3599-2018
  2. Radicación n° 11001-31-03-019-2015-00704-01
  3. (Aprobado en sesión de nueve de mayo de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Claudio Numa Tobar Castelblanco, frente a la sentencia de 25 de octubre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de pertenencia que adelantó contra Azucena Tovar Castelblanco, Cecilia Tovar de Fressineau, Judith Tovar Castelblanco, Carlos Tovar Castelblanco, Juan Camilo Hernández Benavides, Hildebrando Sanabria Martin y personas indeterminadas.

  1. ANTECEDENTES


  1. El accionante pidió que se declarara en su favor la prescripción adquisitiva del inmueble localizado en la calle 77 # 19-65/71 de Bogotá, identificado con folio 50C-335681 del cual se encuentra en posesión quieta, pública, pacífica y tranquila desde febrero de 2000 (fls. 1 al 19 cno. 1).


  1. Carlos Tovar Castelblanco, una vez enterado de la existencia del pleito, excepcionó «carencia de derecho por legitimación en la causa tanto por activa como pasiva» (fls. 214 al 216).


Los demás convocados guardaron silencio y la curadora ad litem designada a las personas indeterminadas se atuvo a lo probado (fls. 203 y 204).


  1. El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia negando las pretensiones porque el señorío del promotor empezó a correr después del fallecimiento de su padre Jorge Miguel Tovar el 20 de marzo de 2015 y fue interrumpido en diligencia de entrega del bien llevada a cabo el 12 de mayo de 2016 (fls. 523 y 524 cno. 1).


  1. El superior, al desatar la apelación del gestor, confirmó esa determinación porque de las pruebas se concluye que el demandante no demostró la calidad de poseedor del inmueble ni tampoco el tiempo exigido por la ley.


Las declaraciones de parte y los testimonios arrojan que Claudio siempre tuvo como dueño a su padre Miguel Tovar y aquel mismo expresó el conocimiento de que sus hermanos Azucena, Judith, Cecilia y Carlos eran los dueños. Si bien dijo que el progenitor les hizo a estos una escritura de confianza no allegó probanza que la enervara e incluso ejercieron actos tendientes a obtener la tenencia del bien que desvirtúan una posesión quieta y pacífica.


La falta de contestación de Hildebrando Sanabria y Juan Camilo Hernández no implica que se legitime el señorío ni que eximiera al usucapiente de demostrar los supuestos fácticos en que cimentó sus aspiraciones. Además, esos demandados recurrieron el admisorio y allí manifestaron oponerse, en lo que insistieron hasta el fin. Incluso si se tuvieran por confesos, tal consecuencia estaría infirmada por los demás elementos demostrativos, particularmente la confesión de Claudio Numa. Por demás Sanabria y Hernández fueron enfáticos en que el negocio lo hicieron con Azucena Tovar, quien les enseñó el predio y les firmó la escritura.


En resumen, no se acreditó una efectiva posesión exclusiva y excluyente del apelante. Por demás y en respuesta a los otros reparos de la alzada se precisa que el objeto del proceso no fue determinar el dominio del establecimiento de comercio Club Gallístico San Miguel ni verificar la legalidad de los títulos de la contraparte, menos cuestionar el trámite y las decisiones en un proceso de entrega del tradente al adquirente, por lo que al respecto ningún pronunciamiento amerita (fls. 9 al 11 cno. 3).


  1. Claudio Numa Tobar Castelblanco interpuso recurso de casación, que le fue concedido (fls. 13 al 16 cno. 3).


  1. La Corte admitió la impugnación y el interesado la sustentó en tiempo formulando un cargo por la causal primera del artículo 336 del Código General del Proceso acusando la violación directa de los artículos 97 ejusdem, 6° de la Ley 791 de 2002; 1852 del Código Civil; 897 y 906 del Código de Comercio.


El primer precepto, según el cual ante la falta de contestación deben tenerse por ciertos los hechos susceptibles de confesión, fue indebidamente aplicado porque está demostrado que no todos los demandados se pronunciaron sobre el libelo y el escrito de Carlos Tovar fue deficiente, tan es así que le negaron las excepciones previas que propuso. Fuera de eso, todos los recursos del apoderado de Hildebrando y Juan Camilo los despacharon adversamente.


El artículo 6° de la Ley 791 de 2002 se desfiguró por la «apreciación errónea, por error de hecho, de los testimonios rendidos que comprobaron el estatus de poseedor del inmueble, que por más de diez años ejerció el actor».


Por su parte los artículos 1852 del Código Civil y 906 del Código de Comercio establecen la nulidad de las escrituras entre el padre y el hijo de familia, así como la prohibición de las mismas, por lo que la escritura 1547 que se hizo entre «los padres vendedores Jorge Miguel Tovar Álvarez y Judith Castelblanco de Tovar, fungiendo como supuestos compradores los(as) hijos(as) Azucena Tovar Castelblanco, Carlos Tovar Castelblanco, Judith Tovar Castelblanco y Cecilia Tovar de Fressineau» estaba viciada y era ineficaz de pleno derecho a la luz del artículo 897 id.


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente», por lo que rige para todos los efectos la presente impugnación planteada el 1 de noviembre de 2017, a pesar de corresponder a un pleito iniciado bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5 del artículo 625 del primer estatuto citado según el cual «los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».


  1. La naturaleza extraordinaria de éste medio de contradicción exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso el escrito de sustentación deberá contener la «formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa», respetando las reglas propias de cada causal.


Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que


(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.


Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme indican los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.


De ahí que una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales» según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.


  1. Si se acude al primer numeral del artículo 336 del Código General del Proceso, relacionado con la violación directa de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso sí que sea basilar de la determinación y no una relación aleatoria con el propósito de atinar a alguno con la categoría exigida, como se desprende del parágrafo primero del artículo 344 id.


Adicionalmente, según indica el literal a) numeral 2 de dicho precepto, la discusión se ceñirá a «la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria», por lo que debe estructurarse en forma adecuada cómo se produjo la vulneración ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo regían o, a pesar de acertarse en la selección, terminar reconociéndoles implicaciones que no tienen.


  1. En esta oportunidad el ataque que se anuncia por vía directa presenta múltiples deficiencias que imposibilitan su estudio, puesto que en forma fraccionada y descoordinada se anuncian indebidamente aplicados varios cánones, sin que la mayoría tenga la categoría exigida, ya sea porque uno no es sustancial, otros son completamente ajenos a la materia y el restante se involucra con aspectos de valoración demostrativa.


Es así como el artículo 97 del Código General del Proceso, sobre la trascendencia del silencio de la contraparte frente al libelo, es eminentemente adjetivo sin que allí se constituyan, modifiquen o extingan derechos, siendo que tal omisión genera consecuencias procesales al derivar en meras presunciones desvirtuables con los restantes medios de convicción.


Incluso la redacción del primer inciso, que es sobre el cual centra su interés el recurrente, corresponde con el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación 44 del artículo 1° del decreto 2282 de 1989, respecto del cual se indicó en AC 26 ene. 2012, rad. 2005-0008-01 que


(…) los artículos 95, 187, 195, 197, 217 y 218 del Código de Procedimiento Civil, citados como violados, no tienen la connotación de ser normas de derecho sustancial, pues amén de que no atribuyen ningún derecho subjetivo, son simplemente de estirpe procesal y probatorio, en cuanto se limitan a señalar las consecuencias de la falta de contestación de la demanda, a establecer las reglas de valoración de las pruebas, a consagrar los requisitos de la confesión y su validez a través de apoderado, así como a establecer la tacha de sospecha de los testigos y las oportunidades para proponerla (se resalta).


De ahí que según se dijo en CSJ AC 10 ago. 2011, rad. 2003-03026,


[c]omo lo tiene por sentado la jurisprudencia, “una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripción enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas” (G.J. CLI, pág.254) y por ende carecen de tal connotación “los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria” (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01).


Los artículos 1852 del Código Civil y 906 del Código de Comercio son completamente ajenos al debate, puesto que ambos se refieren a las ventas entre padres e hijos de familia, sin trascendencia en el tema de la usucapión ya que tanto la titularidad del derecho de dominio como su precedencia, para efecto de establecer contra quiénes se dirigía la acción, se mantuvo indubitado.


Además, independientemente de su esencia, no pueden verse aislados de los artículos 288 del Código Civil que define como «hijos de familia» a los no emancipados y el 314 ibídem, con la modificación del artículo 9° del Decreto 772 de 1975, en virtud del cual una de las causas de «emancipación legal» se da por haber cumplido el hijo la mayoría de edad, razón por la cual cualquier alcance que se les quisiera dar no se reflejaría en la escritura 1547 de 1992 de la Notaría Cuarta de Bogotá, ya que según su tenor literal tanto vendedores como compradores eran mayores de edad al otorgamiento.


El artículo 897 del estatuto mercantil que toca el tema de la ineficacia de pleno derecho cuando en dicha compilación se diga que «un acto no produce efectos», se enuncia de manera aislada en una discusión netamente civil de pertenencia y con fines de revaluar el contenido de un instrumento público incuestionado, por lo que su cita aparece descontextualizada. Con mayor razón si lo que se pretendió fue enfatizarla con los dos preceptos antes descontados.


En cuanto al artículo 6 de la Ley 791 de 2002, que modificó el artículo 2532 del Código Civil para fijar en 10 años el lapso de prescripción adquisitiva extraordinaria, lejos quedó de demostrar en qué consistió la indebida aplicación, ya que el desarrollo del embate se centra es en un disentimiento de la forma como fueron sopesados los testimonios y su declaración de parte, desnaturalizando así los fines de la vía anunciada, para inmiscuirse en el campo de la senda indirecta por error de hecho que incluso alcanza a referir someramente el opugnador.


Por si fuera poco, se guardó silencio sobre alguna afrenta al artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 210 artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, que para la época en que fue provocada la contienda consagraba el derecho de pedir la declaración de pertenencia y cuya enunciación se hacía obligatoria en eventos de fracaso de la misma, para habilitar el estudio de cualquier discusión por infracción de normas materiales, ya que su omisión implica la aceptación de que operó a cabalidad dicho precepto y, en consecuencia, no se daban los supuestos para acogerla, como se indicó en CSJ SC 7 jul. 1995, rad. 4433, ya que tratándose de


(…) procesos de declaración de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, cuando la pretensión del poseedor prescribiente es desestimada, forzoso resulta para este último, en sede de casación, por lo menos señalar como infringido, por falta de aplicación, el art. 413 del C. de P.C -407 según la nueva numeración introducida por el Dcr. 2282 de 1989- en tanto este precepto, desde la derogatoria en el año de 1971 de las leyes 120 de 1928 y 51 de 1943, es el que reconoce el derecho que a aquella pretensión puede brindarle justificación legal; si no lo hace, de acuerdo con reiterada doctrina de esta corporación (cfr, G. J, ts. CXLII, pag. 213,  CLXXII, pag.182, y Cas. Civ. de 7 de julio de 1991 sin publicar), la censura que de semejante omisión adolece es inoperante y ello es suficiente para desecharla pues implica, por obra de las rigurosas exigencias técnicas que son características del recurso de casación por violación de la ley, que no obstante su inconformidad con la decisión desestimatoria de la pretensión por él formulada, el impugnante no tiene reparo que hacer ante la evidente inaplicación de la disposición mencionada (CSJ SC 7 jul. 1995, rad. 4433).


De todas maneras, aún de querer ser laxos con las deficiencias señaladas, todo el esfuerzo argumentativo del inconforme resulta incompleto por que no está dirigido a socavar el principal hecho que condujo a la negativa de las pretensiones en ambas instancias, como es el que Claudio Numa Tovar Castelblanco reconoció a Jorge Miguel Tovar como legítimo dueño del inmueble base de reclamo hasta su fallecimiento el 20 de marzo de 2015, limitándose el esfuerzo a tratar de extraer de su dicho y el de los deponentes a favor que ejerció posesión por más de 10 años, pero sin desvirtuar que lo hacía no para sí sino en representación de su padre, frente a lo cual como se recordó en CSJ AC1555-2017 «si el reparo no combate todos los soportes del fallo criticado está llamado al fracaso».


  1. En consecuencia, al no ceñirse el ataque a las formalidades de rigor, resulta inviable su aceptación.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Claudio Numa Tobar Castelblanco, para sustentar el recurso de casación en el proceso de pertenencia que promovió contra Azucena Tovar Castelblanco, Cecilia Tovar de Fressineau, Judith Tovar Castelblanco, Carlos Tovar Castelblanco, Juan Camilo Hernández Benavides, Hildebrando Sanabria Martin y personas indeterminadas.



Segundo: Devolver por Secretaria el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE






LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA