OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente


  1. AC3600-2018
  2. Radicación n° 76001-31-03-012-2009-00316-01
  3. (Aprobado en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por María Patricia Aguilar Rodríguez, para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 17 de junio de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario de la opugnadora y Asesorías Administrativas y Jurídicas del Valle Ltda. contra Ruby Esther De La Torre Mejía y Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S.

  1. ANTECEDENTES


  1. La recurrente, actuando en nombre propio y en representación de Asesorías Administrativas y Jurídicas del Valle Ltda., pidió que se declararan solidariamente responsables a las demandadas en la indemnización de perjuicios derivados de la terminación unilateral de un contrato de prestación de servicios.


Relató en sustento de sus aspiraciones que el 16 mar. 1998, en nombre de la empresa que dirige, convino con Servicio Occidental de Salud S.O.S. E.P.S. el recaudo de la cartera morosa por el no pago de aportes de afiliados al sistema de seguridad social, labor que desarrolló por casi 10 años hasta que la contratante le puso fin de mala fe y sin razón, ocasionándole daños materiales y desprestigio de la imagen comercial que deben ser reparados (fls. 68 al 77, cno. 1).


  1. Ruby Esther De La Torre Mejía y Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. por separado se opusieron y formularon defensas (fls. 112 al 120 y 137 al 147, cno. 1).


  1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongestión de Cali, en fallo de 31 oct. 2014, declaró prósperas las excepciones de «inexistencia de nexo de causalidad, del perjuicio, inexistencia de mala fe o conducta engañosa, improcedencia de las pretensiones, cumplimiento contractual, tasación excesiva de perjuicios, inexistencia de mala fe y falta de legitimación en la causa por activa» y negó las pretensiones, por lo que los accionantes apelaron (fls. 292 al 313, cno. 1).


  1. Esa determinación la confirmó el superior el 17 jun. 2015 por razones diferentes a las del a quo.


De entrada advirtió que según los fundamentos fácticos la controversia es únicamente entre las personas jurídicas involucradas, puesto que las naturales actuaban en representación de ambas. Además, que a pesar del relato basarse en la aceptación bajo engaño de terminar el acuerdo, lo que es constitutivo de dolo, ninguna reclamación se hizo en ese sentido quedando relevado de pronunciarse sobre el particular. Así mismo, que no es posible alegar en la apelación que el consentimiento fue viciado por error inducido ya que ese no fue el sentido anunciado en el libelo.


Quedaba entonces por verificar si la ruptura anticipada del nexo que comenzó el 16 de marzo de 1999 y se prorrogó al 16 de marzo de 2008 fue provocada con un mal propósito, lo que no se desprende de las pruebas recaudadas, ya que si bien obran correos electrónicos, copia de un nuevo convenio a suscribir y la declaración del ex jefe de cartera de la EPS de que a la promotora se le dijo que debía dársele fin al pacto vigente antes de llegar a uno posterior, esa situación es normal en el mundo de los negocios, sin que se establezca un fin indebido o que por eso se hiciera obligatoria la firma del nuevo contrato afectando la autonomía negocial.


Y es que si la gestora recibió la comunicación de 5 de septiembre de 2007 en el sentido de que la SOS asumiría directamente el recaudo y «no se hará efectiva la celebración del contrato» con eso quedaba advertida de la terminación del vigente y que no se suscribiría otro, de ahí que la aceptación de lo primero fue a sabiendas de lo segundo, máxime si entre las actividades de la accionante están las de asesoría jurídica por lo que de no estar conforme así lo debió expresar. Aun cuando el finiquito en un comienzo fue unilateral se tornó luego en bilateral al asentirlo la promotora, como lo admite, sin que se configurara el incumplimiento dicho.


Por demás, siendo posible pedir el resarcimiento de los perjuicios producidos con un rompimiento de consuno, como son el no pago de comisiones o los gastos justos por la ejecución del mandato, los perseguidos en este caso no emanan directamente del vínculo culminado, por lo que carecen de nexo casual y ni siquiera fueron demostrados.


Como no se reúnen dos de los presupuestos de la acción, como son la prueba del hecho dañoso y el nexo causal con los perjuicios pretendidos, se impone la confirmación del fallo atacado (fls. 85 al 101 cno. 4).


  1. Ambos demandantes recurrieron en casación, pero sólo se concedió a María Patricia Aguilar Rodríguez (fls. 103 y 151 al 153 cno. 4).


  1. La Corte admitió la impugnación y la interesada en tiempo la sustentó (fls. 10 y 14 al 26).


En el libelo se formula un solo cargo por la causal primera del artículo 368 inciso 2° del estatuto procesal civil, denunciando la violación indirecta de los artículos 1502 inciso 2, 1508, 1510, 1515, 1516 y subsidiariamente el 2344 del Código Civil; 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil y el 29 de la Constitución Política, como consecuencia de errores de hecho en la valoración probatoria.


Lo desarrolla señalando que se omitió el análisis de aspectos probatorios como los que se extraían de los correos electrónicos; la experticia de la Sijin; el contrato borrador; el interrogatorio absuelto por la opositora; la diligencia sorpresa en las instalaciones de la empresa accionante el 5 de septiembre de 2007; los testimonios de ambas partes; la solicitud de auditorias; la falta de denuncias y reclamos por irregularidades; así como el dictamen de la perito contable. De todos ellos se deduce la larga cadena de actos tendientes a engañarla y confundirla, para asaltarla en su buena fe y destruir su empresa.


En cuanto a la invocación subsidiaria del artículo 2344 del Código Civil expone que si las anteriores falencias no están dadas a cambiar el resultado se podría aplicar la concurrencia de culpas que allí se contempla, puesto que ambas partes fueron responsables en la consumación del daño, por lo que podría «acogerse una sentencia sustitutiva del 50% de las resultas periciales y/o extrapatrimoniales».


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente».


Sin embargo, en virtud del tránsito de legislación y el numeral 5 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012,


(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.


Por tal razón, en esta oportunidad se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil por ser las aplicables al momento en que se formuló el recurso de casación (30 jun. 2015) y que conservan vigencia hasta que culmine.


  1. La rigurosidad de esta senda extraordinaria exige del censor el cumplimiento de una carga expositiva y argumentativa que no deje dudas sobre cuál es la causal esgrimida, sus alcances y repercusiones, puesto que no es labor de la Corte interpretar las imprecisiones o vacíos de planteamientos incompletos, ni desentrañar el querer de narraciones confusas o deshilvanadas, como se resaltó en CSJ AC 1933-2015 donde se dijo que


El numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil consagra que el escrito por medio del cual se provoca esta vía extraordinaria debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa”, derivándose para el censor la obligación de respetar las reglas de técnica que faciliten la comprensión de los puntos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. Precisamente esa característica dispositiva impide que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente y a iniciativa propia por la Corporación.


De ahí que cuando se acude al primer motivo de los que contempla el artículo 368 del estatuto procesal civil, con la modificación del numeral 183 artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, es imprescindible señalar «las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas», pues, a partir de allí se estructura la incursión de una equivocación por vicios in iudicando, eso sí, sin que solo se trate de citar preceptos aleatoriamente a fin de atinar con que logren esa categoría de «sustancial», porque al menos uno debe estar íntimamente vinculado con el fondo del asunto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 51 del Decreto 2651 de 1992.


Cumplido lo anterior debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta última en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursión en errores de hecho ora de derecho, y en qué consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen.


Así se dijo en CSJ AC8738-2016, según el cual


(…) no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió (…) En tal sentido, si la acusación se encamina por la vía indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deberá indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de los elementos materiales, es decir, si la equivocación fue de hecho o de derecho, y la incidencia del supuesto desatino en la decisión cuestionada.


  1. Si bien en la única acusación de la demanda se relacionaron varias normas como infringidas, agregando que fue el producto de una indebida valoración probatoria, lo cierto es que algunas no tienen estirpe sustancial y las que sí la detentan no están relacionadas con el litigio o al menos en la forma como fue planteado, como pasa a verse:


a).        El artículo 1502 del Código Civil que contiene los requisitos del negocio jurídico es enunciativo y en ninguno de sus incisos se regula «una situación de hecho de la cual se siga una consecuencia jurídica, que es precisamente la característica fundamental de una norma sustancial» (CSJ AC6693-2016), lo que igualmente se pregona del 1508 id en el que sólo se discriminan los vicios del consentimiento. Tal como se dijo en SC 25 nov. 2004, rad. 7246 «los artículos 1502, 1508 (…), por cuya supuesta infracción se duele la censura, si es que hacen parte del Código Civil, porque nada precisa su denuncia, no son normas de la condición requerida por la ley».


El artículo 1516 es descriptivo sobre la necesidad de expresa contemplación para presumir el dolo, por lo que como se analizó en CSJ AC3495-2014 «no atribuye derechos subjetivos, ni gobierna una situación jurídica, sino que se contrae a regular que ese vicio del consentimiento, por regla general, requiere ser demostrado, salvo en los casos excepcionales en los que la ley lo presume, por lo que sin duda, se trata de una norma de derecho probatorio».


Los artículos 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil que se refieren a la carga de la prueba y la apreciación conjunta de los medios de convicción recaudados, tienen trascendencia netamente demostrativa, ya que como se previno entre otros en AC4142-2014 «[s]e ha indicado que: “los artículos 174, 175, 177, 179, 180, 183, 187, 236, 238, 243 [y] 267 del Código de Procedimiento Civil, no son sustanciales, toda vez que, como se desprende de su simple lectura, corresponden a normas de disciplina probatoria”. (CSJ AC 17 sep. 2013, rad. 2007-00378-01)»


Respecto de los inconvenientes advertidos en CSJ AC 10 ago. 2011, rad. 2003-03026, se recordó que


Como lo tiene por sentado la jurisprudencia, “una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripción enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas” (G.J. CLI, pág.254) y por ende carecen de tal connotación “los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria” (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01).


b).        Frente al artículo 29 de la Constitución Política, que establece el debido proceso como derecho fundamental, se refiere a un principio general de orden superior y no a una figura jurídica concreta, que se desarrolla en las diferentes especialidades de la jurisdicción por temas y es el articulado para cada caso en particular el que merece ser referido.


En esos términos se advirtió en AC5435-2017 ya que


Los preceptos constitucionales, como el 29 nombrado, no son idóneos para apalancar, por sí solos, el motivo inicial de casación, toda vez que por su naturaleza o estructura abierta, deben ser desarrollados por la ley, siendo esta la que regula situaciones jurídicas concretas y, por ende, es la que, en línea de principio, resulta susceptible de ser reprochada en este escenario.


c).        En cuanto a los artículos 1510 y 1515 del Código Civil que hablan del error de hecho que vicia el consentimiento afectando la validez del acto que se ejecuta y los requisitos del dolo, el Tribunal estimó que


(…) no obstante que en resumidas cuentas la demanda se basa en que se aceptó la terminación unilateral producto de un engaño, sobra decir que ello constituye, prima facie, un vicio del consentimiento, en este caso, por dolo, el que de configurarse constituye nulidad relativa del acto o contrato. Sin embargo, ninguna pretensión se erigió en tal sentido, sino que solo se erigieron las de naturaleza indemnizatoria, apoyadas en el contrato, de allí que la Sala quede relevada de verter análisis alguno sobre ese tópico (…) Ahora, en sede de apelación la parte actora menciona -y ello en esta instancia ya no es posible— que su consentimiento fue viciado por error inducido, y con tal propósito hace alusión al artículo 1510 del Código Civil, empero dígase desde ya que tal especie de vicio del consentimiento, de cara la base fáctica de esta demanda, no tiene cabida dado que ni a fuerza de interpretarla podría sostenerse que se ha planteado un error de hecho sobre la especie del acto o el objeto, que es a lo que apunta el vicio esgrimido.


Si no se tuvieron en cuenta los preceptos ya que no encajaban dentro del delineamiento factual de la litis, de haberse dado una equivocación del fallador en ese sentido lo idóneo para desvirtuarlo era evidenciar un «error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda», frente a lo que fue omisa la impugnante al limitarse a enunciar las normas sin indicar cómo se materializó la infracción y aduciendo debilidades al sopesar unas pruebas que no se relacionan con ese aspecto, con lo que acogió la lectura dada al libelo.


d).        La cita subsidiaria del artículo 2344 del Código Civil es intrascendente porque corresponde al régimen de la responsabilidad extracontractual, siendo que el debate giro en torno de los perjuicios derivados de un vínculo preexistente entre las partes y su terminación abrupta.


  1. Fuera de las debilidades precedentes el embate es incompleto porque no se afronta el único factor principal por el cual la opugnadora resultó vencida en la contienda como fue la falta de legitimación para accionar.


De manera liminar el ad quem encontró que


Respecto de la legitimación en la causa, cabe anotar que este elemento sustancial en el presente caso no se encuentra satisfecho respecto de las señora María Patricia Aguilar Rodríguez, demandante, y la demanda Ruby Esther de la Torre, tal como pasa a explicarse (…) Según se desprende de los fundamentos tácticos de esta demanda, el origen de esta controversia radica en la terminación de un contrato de prestación de servicios entre la sociedad Asesorías Administrativas y Jurídicas del Valle Ltda y la EPS SOS, y los daños supuestamente causados por tal acto jurídico. Si ello es así, únicamente están atados por aquella controversia tanto por activa como por pasiva, aquellas sociedades y no así María Patricia Aguilar Rodríguez y Ruby Esther de la Torre, quienes respectivamente actuaron en representación de una y otra sociedad, dentro de los límites y competencias de sus respectivos cargos -resalta la Sala- (fl. 95 cno. 4).


Puesta así las cosas, era forzoso para la persona natural que actuaba en nombre propio derrumbar las barreras que la dejaban por fuera de la reclamación contractual y, acto seguido, discutir las debilidades probatorias que impidieron dar por demostrados el incumplimiento y el nexo causal como supuestos de responsabilidad resarcitoria.


En vista de que la acusación es muda sobre el particular, quiere decir que queda enhiesta esa premisa y cerrado el camino para exponer unas equivocaciones que a lo sumo repercutirían en beneficio de una sociedad de la que si bien es representante la censora, no le fue concedido el recurso razón que le impide reclamar en su nombre en sede de casación.


Vale memorar lo dicho por la Corporación en AC 19 dic. 2012, rad. 2001-00038-01 y recordó en AC2195-2016 en el sentido de que la


(…) cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas o fácticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario.


  1. Al no ceñirse el ataque a las formalidades que deben cumplir, no es viable su aceptación.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia por María Patricia Aguilar Rodríguez.


Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA