AC3610-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02270-00


Bogotá D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Respecto de la demanda con que Henry Bohórquez Arias pretende sustentar el recurso de revisión contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio (Meta), dentro del proceso de restitución y formalización de tierras, obsérvase que no se aviene a los requisitos formales consagrados por el legislador y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte, en particular respecto de las siguientes exigencias:


1.        La demanda no está dirigida contra las personas que concurrieron a la litis, «para que con ellas se siga el procedimiento de revisión» (num. 2, art. 357 del Código General del Proceso).


2.        Tampoco aparece con precisión, la designación del proceso en que se emitió el fallo disentido, con indicación de su fecha en que quedó ejecutoriado y el despacho judicial en que se halla el expediente (num. 3, art. 357 idem).


3.        De acuerdo con el anterior precepto, en concordancia con el canon 82 del mismo estatuto procesal, falta:


3.1.        El nombre, domicilio y número de identificación de todas las personas, así como de sus representantes legales, que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia (numeral 2, artículo 82 ibidem).


Tampoco se suministraron los datos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que tiene como funciones y facultades intervenir en esos trámites, a los que debe ser citada cuando no los promueve, de acuerdo con los artículos 76, 82, 871 y 105-52 de la ley 1448 de 2011.


Omisión que también se observó respecto de los otros intervinientes en el proceso de restitución cuestionado.


Es pertinente recordar que no debe confundirse el domicilio de las personas, con el lugar donde eventualmente pueden recibir notificaciones, porque como tiene dicho la reiterada jurisprudencia de la Corte, el primero consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, en tanto que el otro es el sitio concreto donde las partes respectivas pueden ser ubicadas para ser enteradas de las decisiones judiciales que lo requieran (entre muchos, autos de 3 de mayo de 2011, Rad. 2011-00518-00; AC4018-2016 de 28 de junio de 2016 y AC4669-2016 de 25 de julio de 2016).


3.2.        Copias de la demanda con anexos suficientes para traslados y los ejemplares necesarios del libelo introductorio en mensaje de datos o en medio electrónico en los términos del artículo 89, inciso 2º del Código General del Proceso.


3.3.        Los correos electrónicos de las personas que conforman las partes (art. 82-10 del CGP).


3.4.        El respectivo poder para el recurso, debidamente otorgado bajo los parámetros de los artículos 74 y siguientes de la misma obra normativa, por cuya razón se procederá al reconocimiento de personería adjetiva una vez sea subsanada la falencia.


4.        Hay carencia en relación con el requisito formal de las causales de revisión invocadas, por falta de precisión en los hechos en que pretenden sustentar, visto que se efectuó una narración general de «hechos», sin especificar con claridad los fundamentos fácticos que puedan en realidad edificar cada una, como dispone el artículo 354, numeral 4º, del Código General del Proceso, que consagra como requisito la expresión de la respectiva fuente de revisión «…y los hechos concretos que le sirven de fundamento», formalidad propia del carácter extraordinario y dispositivo del recurso.


Cabe memorar que la refutación por este sendero procesal, debe tener el sustento fáctico que sea relacionado con la causal esgrimida y que pueda tener aptitud para edificarla, formalidad que no luce acatada aquí, como se anota enseguida.


4.1.        Fueron invocadas las causales segunda, sexta y séptima del artículo 355 del Código General del Proceso (folio 93), pero hay confusión en cuanto a los hechos concretos que sirven de fundamento.


4.2.        Respecto a la causal segunda invocada que se materializa por «[h]aberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida», el recurrente se limitó a indicar que «existe sentencia anexa, de la cual deberá hacerse un estudio concienzudo para verificar que tan cierto, es el dicho del señor Olmedo donde aparentemente jamás vivió en la hacienda La Castellana, pues el mismo tiene un dicho sobre el inmueble también ubicado en la vereda La Isla, del municipio del Dorado, denominada “la cabaña”…» (folio 92 vuelto).

Como se aprecia es confusa y contradictoria la redacción de ese reparo, comoquiera que entre el enunciado y su contenido no existe concordancia y lleva a la nebulosa del desacierto para colegir si el alegato atañe a la causal primera o segunda de revisión, contempladas en el art. 355 del C.G.P.


Al margen de la anterior apreciación que a propósito debe ser enmendada en lo pertinente, descuella por su ausencia una argumentación con aptitud para concretar los hechos de la causal, que muestre palmario cuáles son los soportes documentales o testificales, qué parte de sus contenidos son o fueron censurados en proceso penal debidamente acreditado en cuanto a su existencia y estado en el que se encuentra, cómo fue la crítica sustancial suscitada en ese escenario y de qué manera esas circunstancias formaron un nexo causal determinante y exclusivo frente a una sentencia que se pudiere tildar de nociva para el recurrente.


4.3.        En cuanto a la causal sexta, que acontece cuando hubiese «existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente», también falta concreción de los fundamentos de hecho acorde con esa forma de impugnación por esta vía.


Sobre el punto, la parte recurrente adujo en esencia que «[e]s de conocimiento p[ú]blico que el juez que profirió el fallo…y funcionarios de este juzgado, fueron capturados por la justicia ordinari[a] por al parecer actos delictivos sobre los procesos, uno de estos funcionarios aceptaron cargos y otros siguen vinculados a la investigación penal» (folio 92 vuelto).


Sin embargo, tal descripción no muestra el sustento necesario para fundar la causal sexta de revisión, esto es, la colusión o maniobra fraudulenta «de las partes del proceso», como prevé la norma, porque de ninguna forma busca dejar al descubierto «...en qué consiste, dónde, cómo o de qué forma pudo haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes...», en la medida en que no se explicita un pacto ilícito o engañoso que se hubiese fraguado para inducir en error al juez (Resaltado es del texto original. Auto de 13 de marzo de 2014, AC1206-2014, Rad. n° 11001-02-03-000-2013-02661-00).


El sustrato fáctico invocado, en realidad, se orienta a mostrar comportamientos de los funcionarios del estrado judicial de tierras que han sido conocidos por la autoridad competente, cuando lo que se debe hacer por el recurrente es ofrecer razonamientos compatibles con los presupuestos normativos de esta causal. Adicionalmente, el recurrente descartó encarar la conducta de las partes en la actuación y su incidencia en la determinación de la sentencia, aspectos estos, que no rayan con una argumentación que permita deducir una posible colusión o conducta fraudulenta de las partes para inducir en error a la justicia.


4.4.        Para efecto de la causal séptima que se configura por «estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada», el inconforme básicamente se quejó porque en el trámite de restitución de tierras no fue notificado de forma personal y lo fue mediante curadora ad litem previo emplazamiento, denuncia que la auxiliar de la justicia no «hi[zo] defensa de sus intereses» (folios 81 a 91).


De igual manera, fulgura ausente un argumento con aptitud para enseñar la deficiencia in procedendo y de paso concretar los hechos de la presente causal que concilie jurídicamente a voces de los postulados del recurso de revisión, los siguientes contenidos: (i) el trámite de emplazamiento surtido ante el juzgado querellado, conforme a la ley 1448 de 2011 que culminó con la designación de Esperanza Cortázar Gutiérrez como curadora ad litem del recurrente; (ii) la «indebida representación o falta de notificación o emplazamiento» de que trata el num. 7º del art. 355 CGP., (iii) la calidad de la gestión desplegada por el auxiliar de la justicia en cumplimiento de su cargo; y (iv) la intervención de Bohórquez Arias en el trámite ante el Juzgado de Tierras en «junio 30 de 2017», con petición de oposición respaldada de medios suasorios, sin alegar el defecto procesal que ahora enrostra por esta vía de revisión (folio 90).


4.5.        Aún más, tampoco resulta claro si desde el pórtico de la exposición de las causales en concreto (folios 92 y 93 vuelto), el inconforme exhortó la causal prevista en el numeral 1º del artículo 355 del Código General del Proceso que se estructura por «[h]aberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».


Sencillamente ha de indicarse que en modo alguno se expuso el argumento razonado que la concretara, no obstante si se diera largas a entender (y así debe precisarlo el recurrente), que exhortó hacia tal, no debe perder de vista que la Corte ha sentado que el reparo debe revelar cuáles son esos instrumentos anteriores pero hallados con posterioridad, junto con los hechos aducidos para edificar el motivo de revisión solicitado, para cuya estructuración es razonable exigencia que se trate de:


«a) documentos preexistentes a la demanda genitora del proceso cuya sentencia se pide revisar o que existan por lo menos desde el vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar pruebas;  b) documentos trascendentales, es decir, que habrían variado la decisión contenida en la sentencia impugnada en revisión;  c) imposibilidad de aducirlos tempestivamente por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, explicando, como es obvio en qué consistió la causa extraña que impidió el aporte» (CSJ SC, 17 mar. 2014, rad. 2013-02413, entre varios pronunciamientos. Resaltado del texto original).

De este modo, una exposición de hechos concretos que no existe en la postulación del recurso, en caso de presentarse, debe abordar la cabal y apta valoración respecto de los elementos axiales relativos a la preexistencia, transcendencia e imposibilidad de aducción oportuna de documentos expeditos como se deja expuesto.


       5.        Por lo anterior, hasta el momento no puede verse que los hechos tengan idoneidad para estructurar las causales de revisión invocadas, y así resulta inviable abrir esta vía extraordinaria de impugnación


6.        De ahí que, además de los otros aspectos formales, sea menester inadmitir la demanda de revisión por falta de planteamiento de unos hechos concretos y separados para cada una de las causales de revisión que se pretende esgrimir, y que potencialmente puedan estructurarlas.


7.        Se arrimarán las copias del escrito con que se pretenda dar cumplimiento a las exigencias legales y de sus correspondientes anexos, para efectos de los traslados respectivos y reproducción de aquel para el archivo de la Corte (arts. 357 y 89 del C.G.P).


Por manera que se inadmitirá el escrito introductorio para que se cumplan los anteriores requerimientos.


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:


1.        Inadmitir la demanda de revisión, a fin de que sean subsanados los defectos anteriormente anotados.


2.        Conceder a la parte interesada el término legal de cinco (5) días para eso, so pena de rechazo.


Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado Ponente


1 Art. 87. Traslado de la solicitud. El traslado de la solicitud se surtirá a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria donde esté comprendido el predio sobre el cual se solicite la restitución y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención (inciso 1). 

2 Art.105, num. 5. Tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitución de predios de los despojados o de formalización de predios abandonados en nombre de los titulares de la acción, en los casos previstos en esta ley.