AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado Ponente
AC3617-2018
Radicación n.° 05001-31-03-011-2008-00083-01
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Se pronuncia la Corte sobre la admisión del recurso de casación interpuesto por los apoderados judiciales de Penca S.A. en liquidación, Juan Carlos Zuloaga Latorre, Obranegra S.A. y Mauricio Zuloaga Latorre, frente a la sentencia de 22 de mayo de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que en su contra instauró Javier Ignacio Arango Isaza, Olga Lucía Giraldo Restrepo y Santiago Arango Giraldo.
ANTECEDENTES
1. Los demandantes promovieron acción ordinaria para que se declarara que los convocados son civil, extracontractual y solidariamente responsables de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos con ocasión de la destrucción del inmueble de propiedad de Javier Ignacio, donde aquéllos residían.
Como secuela de tal declaración, pidieron condenarlos, en forma solidaria, a pagarles las siguientes sumas de dinero, así:
a) Para Javier Ignacio Arango Isaza: (i) por daño emergente $1.500’000.000, o el mayor valor que se probara, el cual contempla los siguientes gastos: obras de estabilización del terreno, gastos demolición casa, gastos reconstrucción casa y desvalorización de la propiedad; (ii) por perjuicios morales $20’000.000; y (iii) por daño a la vida de relación $20’000.000.
b) Para Olga Lucía Giraldo Restrepo: (i) por perjuicios morales $15’000.000; y (ii) por daño a la vida de relación $15’000.000.
c) Para Santiago Arango Giraldo: (i) por perjuicios morales $15’000.000; y (ii) Por daño a la vida de relación o alteración en las condiciones de existencia $15’000.000.
2. El trámite de la primera instancia concluyó con sentencia de 17 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado 22 Civil del Circuito de Medellín, en la que se acogieron parcialmente las súplicas de la demanda, así: se dispuso que los accionados pagaran al señor Arango Isaza, a título de daño emergente $254’382.032, como daño a la vida de relación $20’000.000 y por perjuicios morales $20’000.000; a favor de Olga Lucía Giraldo Restrepo y Santiago Arango Giraldo por perjuicios morales $15’000.000, para cada uno.
3. Ambas partes apelaron el fallo, el cual fue modificado por el Tribunal, en el suyo de 22 de mayo de 2018, donde se aumentó la codena al daño emergente, en la suma de $1.349’702.892, con la respectiva indexación, se negó el daño a la vida de relación de los actores, y se confirmó en lo demás la decisión de primer grado (folios 20 a 22, del cuaderno Tribunal, minuto 2:05:37 audio de la audiencia de sustentación y juzgamiento CD-ROM).
4. Los demandados formularon la casación el día 28 del mismo mes (folios 24 y 25 ídem).
5. Mediante proveído de 31 de mayo de 2018 se concedió el medio de defensa y se dispuso, a costa de los recurrentes la expedición de copias de todo el proceso para que el a-quo procediera al cumplimiento de la sentencia y el pago de los portes de ida y de regreso del expediente, advirtiendo que el incumplimiento de cualquiera de tales obligaciones generaría la deserción de la impugnación (folios 27 y 28 ibídem), sin que la primera carga fuera satisfecha.
6. Arribado el asunto a esta Corporación, los apoderados de la parte accionada pidieron les fuera concedido un nuevo término para cancelar las expensas para duplicar el expediente (folios 7 y 8, cuaderno Corte).
CONSIDERACIONES
1. La determinación que aquí se adopta se hará con sujeción al Código General del Proceso, por ser la norma vigente para el tiempo en el que se formuló el recurso de casación, esto es, el 28 de mayo de 2018 (folios 24 y 25, cuaderno Tribunal), en virtud del artículo 40 de la ley 153 de 1887, subrogado por el artículo 624 del Código General del Proceso, según el cual «…los recursos interpuestos… se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos…».
2. La casación se clasifica como un remedio extraordinario, en tanto su finalidad es la revisión de la providencia impugnada, de acuerdo con las causales expresamente señaladas en la legislación y argüidas por el actor, sin que sea dable que el juzgador se adentre a revisar de nuevo el caso o las actuaciones procesales, más allá de los ataques que en concreto se formulan1.
Para salvaguardar esta naturaleza, la regulación ha dispuesto unas condiciones objetivas para su concesión y admisión, so pena que la impugnación se torne inviable y la sentencia cuestionada adquiera carácter definitivo.
Una de ellas se refiere a la reproducción de las piezas procesales necesarias para la ejecución de la sentencia, en los casos en que ello sea posible2, con la finalidad de permitir que la providencia cuestionada sea cumplida mientras se decide el remedio extraordinario, en el entendido que el debate de instancia se cerró en el segundo grado y la situación material objeto de discusión se encuentra definida3.
Y es que la parte que ha obtenido un pronunciamiento a su favor, el cual está revestido de presunción de acierto y legalidad, no tiene que aguardar la solución de un mecanismo que, por sus particulares, carece de la aptitud para revisar la totalidad del plenario y, por el contrario, se circunscribirá a los yerros que son endilgados de acuerdo con las causales de procedencia.
Claro está, el artículo 341 ídem permite que la ejecución sea suspendida a petición del impugnante, para lo cual, al interponerse el recurso, deberá ofrecerse caución que ampare a su contraparte por los perjuicios que puedan derivarse de tal solicitud.
Si no hay ofrecimiento, o la garantía no se allega, deberá cumplirse lo decidido, previa reproducción de la sentencia y demás folios señalados por el ad quem a costa del censor, so pena que el medio de defensa esté llamado a fracasar. Esta Sala, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que en lo medular se aplica al presente caso, al revisar los efectos de la ausencia de constitución de caución o pago de copias, manifestó:
(…) salta de bulto que, ante el incumplimiento de las cargas procesales que incumbía a la parte recurrente, el recurso de casación llegó a la Corte en estado de deserción, razón por la cual no puede ser admitido a trámite y así deberá declararse con las consecuencias que son inherentes (AC, 22 nov. 2010, rad. 1996-13363-01).
3. Con base en las premisas expuestas y de cara al caso bajo análisis, se observa que el fallo impugnado es uno de aquellos que contiene mandatos ejecutables, sin que los interesados cubrieran las expensas necesarias para su ejecución, por lo que deberá tenerse por desierta la casación interpuesta.
En efecto, la sentencia de 22 de mayo de 2018, que modificó parcialmente la de 17 de noviembre de 2016 para, condenar en forma solidaria a los convocados a pagar por daño emergente a favor de Javier Ignacio Arango Isaza la suma de $1.349’702.8924, y en lo restante la confirmó, es una decisión susceptible de ser cumplida en el entretanto del remedio extraordinario, a través de las acciones pertinentes para ejecutar el pago de las condenas impuestas.
En un asunto análogo al de ahora, la Corte señaló:
…[E]n los casos «que la sentencia sea de índole total o parcialmente condenatoria, o cuando la sentencia «haya impuesto “deberes de prestación a otros sujetos” o creado “situaciones jurídicas concretas nuevas”» (autos de 26 de abril y 27 de septiembre de 1999), el impugnante tiene, desde el momento en que interpone el recurso, la carga pecuniaria de pagar en tiempo las copias necesarias para que se dé cumplimiento al respectivo fallo, o la posibilidad de pedir en el término que tenía para interponer el recurso, la suspensión del cumplimiento de la providencia mediante el pago de la caución que el Tribunal fije» (Auto de 12 de mayo de 2000, expediente No. 0242) (AC, 24 ene. 2005, rad. 1997-11734-01).
Los convocados, frente a esta situación y de forma previa a la admisión del remedio excepcional, han debido cumplir con el deber de cancelar los gastos derivados de la reproducción de las piezas requeridas para el cumplimiento del fallo, tal y como fuera ordenado por el sentenciador de última instancia en auto del pasado 31 de mayo, sin embargo, en el expediente no hay prueba alguna que acredite el acatamiento de tal disposición.
Tal omisión, acorde con prescrito en los artículos 341 y 342 del Código General del Proceso, apareja que el recurso arrimado a la Corte se tenga como desierto y, por tanto, deba declararse inadmisible, siendo procedente la devolución del expediente al Tribunal remitente.
4. Ahora bien, los opugnadores en esta sede deprecan rehabilitar nuevamente el término legal para solventar el pago de las expensas para la ejecución del fallo, a cuyo propósito pretenden excusar tal pedimento en que la parte resolutiva del proveído de 31 de mayo anterior no registró dicho débito procesal.
Al respecto, cumple precisar que el inciso 3° del artículo 341 del Código General del Proceso, prevé un término legal el cual es perentorio e improrrogable, conforme a lo establecido en el artículo 117 ídem, de manera que una vez se extinguió concluyó la oportunidad para que la parte recurrente satisficiera la carga y, en consecuencia, resulta imperativo declarar el efecto de tal desacato.
Y es que actuar de otra forma implicaría ir en contravención de una norma de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento, así como desconocería el debido proceso de la contraparte.
Aunado a lo anterior, recuérdese que si en la parte considerativa del auto que concedió el remedio extraordinario se mencionó la carga atribuida a los censores de pagar la reproducción del proceso para su cumplimiento por el a-quo, y se precisó que la inobservancia de esa disposición conllevaba la deserción del medio de defensa, tal entendimiento debe irradiar la parte resolutiva y tenerse como integrado a ésta. Por consiguiente, no es de recibo el argumento conforme al cual como este punto no fue registrado en la parte resolutiva del auto, esa omisión contribuyó en la inobservancia de la carga, pues como lo tiene sentado la Sala de tiempo atrás:
…[E]ntre las partes considerativa y resolutiva de una providencia judicial, existe una íntima conexión, pues la primera sirve de explicación y delimitación a la segunda, dado que allí encuentra sus fundamentos, al punto que no es posible desligarlas sin que pierdan sentido mutuamente.
Por eso, «las sentencias deben tenerse como un todo, en que la motivación y la resolución deben estar en consonancia» (CSJ, AC, 22 nov. 2011, rad. n° 2009-00069-01). «[L]as sentencias forman un todo indivisible, formado por sus motivaciones y sus decisiones» (SC, 2 feb. 1988, G.J. n° 2431, p. 20). (AC3917-2017, 20 jun. 2017, rad. 2009-01117-01).
5. Baste lo dicho en precedencia para inadmitir el recurso de casación promovido por la parte demandada, habida cuenta que el asunto arribó a esta sede en estado de deserción ante el desacato en el pago de las copias para ejecutar la sentencia ante el juzgador de primer grado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve:
Primero. Inadmitir el recurso de casación interpuesto por Penca S.A. en liquidación, Juan Carlos Zuloaga Latorre, Obranegra S.A. y Mauricio Zuloaga Latorre, contra la sentencia de fecha y procedencia indicada en este proveído.
Segundo. Por secretaría, previas las constancias del caso, remítase el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, Lexis-Nexis y Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 17ª ed., 2003, p. 579.
2 No es dable exigir el cumplimiento de las resoluciones cuando versen exclusivamente sobre el estado civil de las personas, sean meramente declarativas, o hayan sido recurridas por ambas partes (inciso 1° artículo 341 del Código General del Proceso).
3 Por ello Mario Capelletti asevera que la cosa juzgada se alcanza con la decisión de alzada, sin perjuicio de los recursos extraordinario. La Oralidad y las Pruebas en el proceso Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aíres, 1972, p. 382.
4 Suma que será indexada desde el 15 de junio de 2015, fecha en que se presentó la experticia y hasta el día en que se efectúe el pago.