AC3618-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02356-00


Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Decídese el conflicto de competencia que se suscitó entre los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) y Quince Civil del Circuito de Bogotá, en el trámite de la demanda ejecutiva singular de mayor cuantía promovida por Golfogas S.A. E.S.P. contra Chilco Distribuidora de Gas y Energía S.A.S. E.S.P.


ANTECEDENTES


1. Ante el primero de los despachos judiciales citados, la promotora instauró demanda ejecutiva con el fin de obtener el pago de la suma de $112.170.894 «contenido en las facturas de venta n.º 50094, 50101, 50102, 50105, 50106, 50107, 50113, 50112, 50114, 50115, 50116 y 50117, correspondientes a los cánones...desde el mes de diciembre de 2016…hasta noviembre de 2017, respectivamente, en virtud del contrato de arrendamiento, el otro sí n.º 1 y n.º 2» base de acción, junto con los intereses moratorios de los mencionados por un valor de $17.755.000 a partir «de diciembre de 2016…a noviembre de 2017» (folios 18 a 29 y 44 a 45, cuaderno 1).


En el libelo la ejecutante invocó el conocimiento del trámite, por la «cuantía y el [lugar de] cumplimiento de la...obligación [en] la ciudad de Tolú» (folio 49, ejusdem).


2. El estrado judicial de Sincelejo a quien se repartió la demanda, la rechazó por falta de competencia territorial porque los títulos valores que se adjuntaron al libelo introductorio no especificaron el lugar de cumplimiento de la obligación, además el contrato de arrendamiento «que dio origen a las obligaciones ejecutadas» estipuló el domicilio contractual en Bogotá y estableció el pago de las rentas por consignación en cuenta bancaria. En ese orden de ideas, conforme con el numeral 3º, artículo 28 del Código General del Proceso, remitió el libelo introductorio a su homólogo de la capital del país (folios 54 y vuelto, ibídem).


3. El juzgado receptor del expediente, declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, tras estimar que el funcionario de origen no debió apartarse del asunto, porque el cumplimiento del pago «en cualquier lugar» por virtud del sistema de consignación pactado en «otro sí n.º 2», habilitó a la promotora para instaurar la acción ejecutiva ante el juez de Sincelejo, comoquiera que el contrato es ley para las partes (folios 68 y 69, ídem).




CONSIDERACIONES


1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.


2. El numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisión de que si éste tiene varios domicilios, o son varios los demandados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elección del demandante; además de otras pautas para casos en que el demandado no tiene domicilio o residencia en el país.


Al respecto la Sala ha manifestado que:


… como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00).


A su vez, el numeral 3° del citado precepto dispone que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».


Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jurídico o de títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad de la actora de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui).


Por eso ha doctrinado la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de «alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor» (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00).


La concurrencia de fueros a partir del numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso implica que, el demandante tiene la opción de accionar en el domicilio de cualquiera de los convocados (art. 28, num. 1º y 3º ídem), o en el lugar de cumplimiento total o parcial de las obligaciones (precepto 28, num. 3º, ibídem).


En conclusión, ha reiterado la Sala que como el demandante tiene la facultad de escoger entre los distintos fueros del factor territorial, «suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes» (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00).


3. Desde esa óptica, carece de razón el Juzgado de Sincelejo involucrado, como cabecera del Circuito de Tolú1, para rehusar el conocimiento en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, por cuanto la demanda en este caso se presentó para cobrar el importe de las rentas, para cuyo efecto, el acreedor seleccionó al juzgador de la capital sucreña (folio 49, cuaderno 1), territorialidad que coincide con el lugar del cumplimiento de otras obligaciones emanadas del arrendamiento2, del cual se originaron las deudas ejecutadas.


En este orden de ideas, conforme con los numerales 1° y 3° del canon 28 del Código General del Proceso, el juez competente para asumir el trámite del asunto de la referencia, es del Circuito de Sincelejo (Sucre), elección que estaba al alcance legal de la promotora, en virtud de ese precepto.


Reitérese que la facultad de escogencia del demandante, cuando hay concurrencia de fueros dentro del factor territorial de competencia, vincula al juez elegido para tramitar la demanda correspondiente.


       4. En consecuencia, se remitirá el presente caso al juzgado en mención para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.


Lo anterior sin desmedro de la facultad que le asiste a la parte demandada para controvertir ese punto, en oportunidad y por el mecanismo legal correspondiente.


DECISIÓN


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre), al que se le enviará de inmediato el expediente.


Comuníquese esta decisión al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar.


       Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado


1 Información obtenida de la página web: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/64622/MAPA+JUDICIAL%282%29.pdf/cab3506e-a815-4fac-bb08-288b7ad54d69

2 Como es el caso de aquellas relativas al uso y goce permitido al arrendatario, restitución del predio, mejoras locativas, entre otras, –cláusula 7.2- (folio 8, cuaderno 1).