AC3622-2018

Radicación: 11001-02-03-000-2018-02198-00


Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Séptimo y Primero de Familia de Cartagena y Cali, respectivamente, para conocer del proceso relacionado con la custodia y cuidado personal de la menor Sara Sofía Hernández Erazo, incoado por Kevin David Hernández Méndez, contra Daniela Alexandra Erazo Zaraza.


1. ANECEDENTES


1.1. Petitum. El pretensor solicita se radique en su cabeza el cuidado y custodia personal de la citada menor, teniendo en cuenta que la demandada no la ejerce.


1.2. Causa petendi. Las partes son los padres de la mencionada niña, quien nació en 2015.


En virtud de un acuerdo conciliatorio ante Bienestar Familiar de Cartagena, la custodia y cuidado personal de la descendiente fue entregada a su progenitora, regulándose el régimen de visitas y demás con relación a su padre.

Ante los reclamos por el incumplimiento de lo establecido, la interpelada decidió de manera unilateral desarraigar la niña de su ciudad, impidiendo e imposibilitando así el régimen de visitas, precisamente, al enviarla al municipio de Cali, donde su abuela materna.


1.3. Fijación de la competencia. Se estableció por el lugar del “domicilio de las partes”.


1.4. Decisión del destinatario de la demanda. El Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, en proveído de 7 de marzo de 2018, repelió su trámite, aduciendo que, en los términos del artículo 28, numeral 2º del Código General del Proceso, la competencia territorial no se encontraba fijada por el domicilio de los padres, sino por el de la menor.


1.5. El conflicto planteado. El Juzgado Primero de Familia de Cali, mediante auto de 5 de junio de 2018, no avocó el conocimiento del asunto, al considerar que como la niña involucrada no era la actora ni la convocada, el fuero especial señalado en la referida disposición no aplicaba.


1.6. Lo discurrido explica la razón por la cual se encuentran las diligencias en esta Corporación.


2. CONSDIERACIONES


2.1. La Corte es la llamada a zanjar el conflicto, por cuanto las autoridades judiciales enfrentadas pertenecen a distintos distritos judiciales, según lo establece los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009.


2.2. Es incontrastable, el artículo 28, numeral 2º, inciso 2º del Código General del Procesos, radica la competencia para conocer de los procesos de “cuidado personal y regulación de visitas”, entre otros, en el lugar del domicilio del menor, cuando éste es demandante o demandado, lo cual significa que si no lo es, su determinación debe seguir  las reglas generales.


2.3. En el caso, sin necesidad de distinguir si la menor es o no parte en el proceso, surge claro, conforme a lo afirmado en el libelo genitor, lo cual se presume como cierto mientras no sea desvirtuado en las oportunidades procesales correspondientes, que sus progenitores se encuentran domiciliados en la ciudad de Cartagena.


Por lo mismo, en los términos del artículo 88 del Código Civil, debe seguirse que la menor igualmente mantiene su domicilio en dicha ciudad, en aplicación de la presunción legal según la cual el hijo sujeto a patria potestad, sigue el domicilio de sus padres.


2.4. Frente a lo anterior, no cabe duda, mientras no se demuestre lo contrario, las autoridades judiciales llamadas a conocer del proceso son las destinatarias iniciales de la demanda, por cuanto no aparece que la presunción de domicilio de la menor se haya mutado debidamente, en particular, con el de su abuela materna.

De un lado, al no encontrarse que su cuidado y tenencia personal legalmente se le haya confiado; y de otro, porque como se narra en el escrito introductor, con independencia de que ello sea cierto, el traslado de la niña a la ciudad de Cali, fue a espaldas de su padre y de manera unilateral por su madre, a efectos de impedir las visitas, todo a raíz de habérsele reclamado su cumplimiento.


2.4. Desde luego, a los padres de los menores les corresponde, en línea de principio, los poderes de vigilancia y cuidado de sus hijos (artículos 253 y 262 del Código Civil, y 23 del Código de la Infancia y la Adolescencia).


En correlación, los niños, las niñas y los adolescentes, tienen derecho a exigir de sus padres que asuman en forma directa, permanente y solidaria su custodia, en dirección de su desarrollo integral, así esa misma obligación se extienda a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social e institucional, inclusive a sus representantes legales.


Mientras judicialmente no se imponga lo contrario, por tanto, no es dable variar de hecho las circunstancias que posibilitan lo antes dicho y menos, llegado el caso, para hacer más gravosa su cumplimiento, inclusive su exigencia compulsiva, por parte de uno cualquiera de los progenitores, porque ello sin ningún género de dudas revierte en el interés superior de los menores.    


2.5. Así las cosas, al no aparecer que la menor en cuestión haya sido desarraigada debidamente del lado de sus padres, quienes conservan un mismo domicilio, debe seguirse que hizo bien la autoridad judicial de familia de Cali, no avocar el conocimiento del informativo.


3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena es el competente para seguir conociendo del proceso de que se trata, a donde se ordena remitirlo, comunicando lo así decidido al otro despacho judicial involucrado.


NOTIFÍQUESE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador