AC3682-2018
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Resuélvese lo que corresponda sobre la admisión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 26 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, dentro del proceso promovido por Jaime Augusto Rueda Ángel, María Nelsy Cala Sanmiguel, Alfredo Rueda Salguero, Jardines del Señor Ltda. y Rueda y Salguero S. en C., contra Jaime Ordoñez Villalobos, Chessman Ordoñez Castellanos y Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda., con demanda de reconvención.
ANTECEDENTES
1. Los demandantes solicitaron la resolución del contrato de promesa celebrado con los accionados el 16 de agosto de 2013, porque éstos no revelaron la investigación que adelantaba la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Lavado de Activos contra uno de ellos, ni comparecieron a la notaría con el fin de legalizar la tradición de 125 cuotas de interés social de la sociedad Jardines del Señor Ltda. En adición, pidieron se condenara al pago de la cláusula penal y se ordenara la pérdida de las arras (folios 53 a 64 del cuaderno 1).
2. Los demandados se opusieron a las pretensiones, propusieron las defensas que intitularon «ausencia de responsabilidad civil, inexistencia de nexo causal, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa, contrato no cumplido por el demandante» y la genérica (folios 282 a 320 del cuaderno 2).
También formularon demanda de mutua petición en la que suplicaron la resolución del contrato preparatorio por el incumplimiento de los actores, en tanto no entregaron el objeto prometido en venta, ni satisficieron las obligaciones propias de la transferencia de las cuotas, con la consecuente orden de pago de la cláusula penal y devolución doblada de las arras (folios 186 a 219 del cuaderno 4).
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot, después de agotar el trámite pertinente, denegó la totalidad de las pretensiones de la demanda principal y acogió las de la reconvención, con la orden de devolución de las arras y el pago de la cláusula penal (folios 132 a 136 del cuaderno 5 y CD anexo).
4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, el 26 de junio de 2018, desató el remedio vertical y revocó la providencia de primer grado para, en su lugar, declarar de oficio la nulidad del contrato. Mandó devolver a los demandados la suma de $123’847.572, por concepto del pago parcial del precio, indexada e intereses civiles (folios 10 a 22 del cuaderno 6).
5. El apoderado de los accionados interpuso recurso de casación, el cual fue concedido el 12 de julio del año en curso (folios 28 y 29 ibídem).
CONSIDERACIONES
1. La decisión que aquí se adopta se hará con sujeción al Código General del Proceso, por ser la norma vigente para el momento en el que se formuló la impugnación que ahora se estudia, esto es, el 4 de julio de 2018 (folios 24 a 26 ídem), de acuerdo con el artículo 40 de la ley 153 de 1887.
2. El recurso de casación tiene la condición de extraordinario, en tanto no pretende una revisión del asunto en litigio, sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, la unificación de la jurisprudencia, la protección de los derechos constitucionales, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano, y la reparación del agravio inferido a las partes por la sentencia recurrida, en los términos del artículo 333 del citado estatuto procesal.
Por esta naturaleza, la normatividad ha establecido requisitos rigurosos para su admisión, los cuales son de imperativa observancia, sin que su desconocimiento pueda ser consentido, salvo en los casos que la misma ley permite.
La decisión de admisión, en este contexto, entraña una cuidadosa labor de verificación, sin que la Corte pueda obviar el análisis de alguno de tales requisitos, so pretexto de que el juzgador de instancia emitió una decisión previa, en tanto debe constatarse que, al concederse el remedio extraordinario, no se haya desconocido el ordenamiento jurídico y, de haberlo hecho, deberá advertir la situación al fallador competente para que examine su decisión, devolviendo el expediente con la indicación de la concesión prematura de la impugnación (AC, 4 jul. 2013, rad. 2010-00109-01).
3. En punto al interés para recurrir, el artículo 338 del Código General del Proceso dispone que podrá acudirse en casación cuando «…el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)…», lo cual deberá ser revisado por el Tribunal con base en los elementos de juicio obrantes en el expediente, sin perjuicio de que el actor anexe un dictamen pericial si lo considera conveniente.
Como novedad, el inciso final del artículo 342 ídem prescribe que «[l]a cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte…», estableciendo así una restricción a la actividad del máximo órgano de la jurisdicción civil.
Esta última regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporación admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectación a los intereses patrimoniales del actor, pues ello llevaría a vaciar de contenido y finalidad el acto de admisión, así como la exigencia de un quantum en la afectación que irrogó el proveído, que simplemente se verían soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisión equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectación del principio de la legalidad.
Para evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservación o efecto útil, según el cual debe privilegiarse la interpretación que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los artículos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ningún caso, podrá fijar o definir el valor de la resolución desfavorable para el actor, ya que ello quedó exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situación que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podrá solicitarles que examinen su propia decisión, indicando las razones que dan lugar a ello (Cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. 2011-00248-01).
4. La Corte observa, en el caso bajo estudio, que al concederse el remedio extraordinario el Tribunal tasó el perjuicio irrogado a los recurrentes con la sentencia de segundo grado con base en las pretensiones de la demanda, sin tener en cuenta que la decisión de primer grado había sido favorable a ellos y éstos no enarbolaron recurso alguno contra la misma, por lo que mostraron conformidad con las condenas impuestas, racero que debió constituir el eje del cálculo para fijar el interés para acceder a la casación.
Y es que el a-quo, en el fallo de 24 de octubre de 2017, asintió en las súplicas propuestas en la contrademanda, en razón de lo cual condenó a Jaime Rueda Ángel, Alfredo Rueda Salguero, María Nelsy Cala y Jardines del Señor Ltda., a pagar a favor de Jaime Ordoñez Villalobos, Chessman Ordoñez Castellanos y Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda. las siguientes sumas:
$100’ que recibieron como arras confirmatorias del negocio jurídico resuelto, con los intereses de plazo a la tasa legal certificada por la Superintendencia [F]inanciera, desde cuando recibió dicho pago, esto es desde el 16 de agosto de 2013, hasta la ejecutoria de la presente sentencia, y los moratorios que se causen desde dicha ejecutoria hasta la devolución real y material de dicha suma…
[L]os perjuicios causados… según la cláusula penal acordada entre las partes del contrato, en la suma de $720’, con los intereses moratorios que certifique la Superintendencia Financiera, y que llegaren a causarse, desde que se hace exigible su pago (folio 136 del cuaderno 5).
Frente a la anterior decisión los accionados no promovieron recurso alguno, sino que, por el contrario, al descorrer la apelación de su contraparte, manifestaron de forma diamantina su «total conformidad con el fallo de primera instancia» (minuto 09:29:33 a 09:29:36 audiencia sustentación y fallo) y solicitaron «se mantenga el fallo proferido en primera instancia el 1° de octubre de 2017 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot» (minuto 09:41:27 a 09:41:35 ídem).
Por tanto, el demérito patrimonial de los accionados debe cuantificarse con base en las condenas favorables a sus intereses impuestas en el proveído de primera instancia, que posteriormente fueron negadas o modificadas en segundo grado.
Tal es la doctrina jurisprudencial vigente sobre la materia:
[E]l referente para calcular el valor actual de la resolución desfavorable no puede ser el monto de las pretensiones del escrito inicial, en tanto que el criterio pertinente es el monto contemporáneo de las condenas concedidas en la sentencia de primera instancia, que fueron aceptadas por la parte demandante al no apelar, y posteriormente se revocaron en el fallo del Tribunal, pues en un contexto de esa clase, el agravio se limita a la desestimación de lo concedido por el a quo y que en su momento generó conformidad en el sujeto favorecido.
Al respecto, esta Corporación ha indicado que «cuando el fallo fue favorable al actor, y el de segunda instancia lo revoca, es criterio constante de la Sala que el interés para recurrir en casación se circunscribe al “beneficio ganado en primera instancia que es revocado por el Tribunal, puesto que es lo que efectivamente pierde con la decisión de segundo grado” (AC 6 ago. 2009, exp. 2008-02106-00)…» (AC1614, 15 mar. 2017, rad. 2016-03516-00).
El juzgador de segunda instancia, entonces, procedió de manera apresurada en la concesión del mecanismo extraordinario, haciéndose necesario que evalúe si realmente existe interés para recurrir por parte de los impugnantes, y tome la decisión que considere pertinente.
5. Aunado a lo anterior, conviene recordar lo dispuesto en el artículo 341 del Código General del Proceso, por cuanto su aplicación también fue pretermitida en el sub lite, a saber:
La concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, salvo cuando verse exclusivamente sobre el estado civil, o se trate de sentencia meramente declarativa, o cuando haya sido recurrida por ambas partes… En caso de providencias que contienen mandatos ejecutables o que deban cumplirse, el magistrado sustanciador, en el auto que conceda el recurso, expresamente reconocerá tal carácter y ordenará la expedición de las copias necesarias para su cumplimiento. El recurrente deberá suministrar las expensas respectivas dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso… (negrilla fuera de texto).
Por consiguiente, es deber del ad-quem, al conceder el recurso, advertir sobre la existencia de resoluciones que son susceptibles de ser cumplidas y ordene la expedición de las copias, sin que la misma pueda trasladarse al impugnante, porque su deber se encuentra condicionado a un pronunciamiento expreso sobre la materia.
En atención a que el auto de 12 de julio de los corrientes omitió analizar este aspecto, es menester que, al retornar el expediente al conocimiento Tribunal, éste aplique el mandado a que se ha hecho referencia en lo que sea procedente.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:
Primero. Declarar prematuro el pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, al conceder el recurso de casación dentro del proceso de la referencia.
Segundo. Devolver la actuación a la oficina de origen, para que proceda como le compete.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado