AC3744-2018


Radicación n° 11001-02-03-000-2018-02286-00


       Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y Primero Civil del Circuito de Oralidad de Sogamoso.


ANTECEDENTES


       1. Ante el primer despacho, Interconexión Eléctrica         -ISA- S.A. E.S.P., vecina de Medellín, solicitó imponer una servidumbre de conducción de energía al predio «El Playón» situado en Sogamoso, de propiedad de Celestino Orduz Hurtado e hipotecado al Banco Agrario de Colombia S.A., informando que esta entidad tiene su domicilio en Sogamoso y atribuyendo la competencia de conformidad con los artículos 28 num.10 y 29 del Código General del Proceso en razón del «domicilio y la calidad de entidad pública de la parte demandante» (fls. 1 al 15, c.1).

       2. La autoridad escogida rechazó el libelo y lo remitió a sus pares de la precitada población, argumentando que cuando concurren los fueros real y personal contemplados en los numerales 7 y 10 del artículo 28, prima la especialidad de la primera regla, sin que deba tenerse en cuenta la norma que alude «a la prevalencia del factor subjetivo», pues «la competencia establecida en el artículo 29 ibídem es en razón al factor territorial…» (fls. 105, 106 y 113 ídem).


       3. El otro estrado judicial involucrado igualmente repelió el asunto y provocó la colisión que se zanja, destacando que al pliego genitor se anexó copia de una providencia de esta Sala que al desatar un conflicto situó el pleito en la vecindad de la demandante (AC3828-2017), teniendo en cuenta su calidad de «entidad pública» debidamente acreditada (fls. 2 y 3, c.12).



CONSIDERACIONES


1. Toda vez que la disputa sobre el habilitado para conocer el pleito incoado se trabó entre dos juzgados de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirla como superior funcional común de ambos, por conducto del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, pues así lo disponen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.


2. La Ley 1564 de 2012 fija las reglas para repartir las demandas civiles y de familia entre las distintas autoridades de estas especialidades, a partir de uno o de varios factores, tomando en consideración la clase o materia de lo debatido, su cuantía, la calidad de las partes, la naturaleza de la función o la existencia de conexidad o unicidad, según lo encuentra apropiado.


De manera general, el numeral 1º del artículo 28 atribuye los pleitos contenciosos al funcionario con asiento en el domicilio del demandado (fuero personal), salvo «disposición legal en contrario»,  excepción que precisamente aparece en los numerales 7º y 10º, que en su orden señalan, en lo pertinente a esta disputa, que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (…), servidumbres (…) será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes…» y que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».


Este último precepto es menester armonizarlo con el numeral 5º ídem, de acuerdo con el cual “En los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta”, sobre lo que la Sala ha expresado que “mal puede decirse que la pauta del numeral 10 descalifica la del 5, porque si bien aquélla contiene un fuero personal general finalmente se complementa con la otra que trata el tema de cuando es reconvenida una persona jurídica, carácter que ostenta aquí la entidad analizada” (AC2346-2018).


Ahora bien, el concepto «privativo» que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole.


Casos hay en los que frente a un mismo pleito se configuran las hipótesis de los numerales 7º y 10º, por cuanto la controversia versa sobre alguno de los temas previstos en aquél, y a la vez es parte una entidad de las enunciadas en éste, antinomia para cuya resolución es apropiado verificar la situación concreta con la vista puesta en que al «interpretar la ley procesal», al tenor del artículo 11 ídem,


(…) el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales.


3. A partir de tales enunciados, la Corte observa que en el sub lite la parte demandante reclama para sí el fuero que otorga el numeral 10 citado para las entidades públicas, y alrededor del mismo se trabó la discusión entre los involucrados, pero no se tuvo en cuenta que al asunto se está convocando al Banco Agrario de Colombia S.A. en calidad de titular del crédito hipotecario de que da cuenta la escritura 1698 del 31 de octubre de 2008 de la Notaría Primera de Sogamoso, sobre el que en AC2346-2018 la Corte señaló que


(…) califica como entidad pública porque de acuerdo con certificado expedido por la Superintendencia Financiera (consultado en la página web www.superfinanciera.gov.co), «es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la especie de las anónimas» y en el panorama descrito, dada la «competencia privativa» a que se hizo alusión, se sugeriría que los casos donde esté involucrada dicha entidad se excluye la aplicación de cualquier otra pauta.


Examinado el escrito introductor se advierte que señala a Sogamoso como domicilio del organismo financiero, afirmación que resulta de recibo a la luz de lo señalado previamente, en cuanto de conformidad con el certificado de existencia y representación legal obtenido en esta sede efectivamente cuenta con una sucursal en ese municipio, de tal suerte que, según lo expresado, el fallador de esa ciudad también sería competente para conocer el asunto de manera “privativa”.


En relación con este tema, en la providencia acabada de memorar se dijo que


De este modo, si se predica respecto del Banco Agrario un fuero territorial exclusivo, debe atenderse el camino establecido para cuando éste tenga diferentes domicilios, pues su radio de acción no se limita al asiento «principal» sino que se extiende a lo largo y ancho de la geografía del país en las distintas oficinas abiertas para atención al público, toda vez que su objeto social en los términos del artículo 234 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero «consiste en financiar, en forma principal pero no exclusiva, las actividades relacionadas con las actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales» en todo el territorio nacional a través de agencias y sucursales, como se puede advertir de su certificado de existencia y representación legal, esta última que detenta no solo el «Gerente Regional Bogotá», sino también el de las zonas «Sur», «Oriente», «Occidente», «Antioquia», «Santanderes», «Costa», «Cafetera», entre otros.

En la medida que de acuerdo con la situación fáctica y jurídica expuesta, cada uno de los extremos se encuentra conformado por un ente moral cuya naturaleza le confiere el privilegio que los jueces de su vecindad tramiten el asunto, es decir, ISA en Medellín y el Banco Agrario en Sogamoso, en este evento el fiel de la balanza se inclina porque además de esa circunstancia en esta última población también se encuentra ubicado el bien sobre el que versa la aspiración de imponer la servidumbre, lo que conforme al numeral 7º igualmente faculta al juez del lugar para rituar el asunto.


Conclusión que por lo demás brinda mejores posibilidades de arribar a una resolución de la controversia de fondo acorde a los derechos materiales de las partes, en cuanto establece una conexión directa de éstas y el juzgador con el objeto sobre el que recae la súplica, permitiendo la efectiva inmediación en la recolección de las pruebas y su debate e, incluso, la participación de los convocados dado que, sin duda, en la mayoría de los casos su conexión con el inmueble igualmente los vincula a la sede del respectivo juez. 


Por ello en CSJ AT3288-2018, al definir el conflicto surgido para rituar un pleito en el que Interconexión Eléctrica -ISA- S.A. E.S.P. ventilaba una pretensión similar a la presente, la Sala dijo que «[d]e esta manera se consigue mejor la finalidad de los litigios, cual es siempre investigar y acreditar la verdad con el menor costo y sin socavar las garantías de las partes, en especial las del convocado» .


Máxime que una salida en sentido contrario propicia la concentración de actuaciones en una sola sede, en desmedro de la administración de justicia, que allí donde la entidad pública tiene su vecindad y reclama la tutela jurisdiccional, normalmente las principales ciudades del país, se ve abocada a atender acciones masivas, en tanto que las autoridades y justiciables con asiento en donde realmente acontece la situación que origina el conflicto observan pasivamente y se limitan a acatar resoluciones originadas en lugares distantes.


En tal sentido, la Sala expresó en el mismo proveído que «el Estado Constitucional debe ofertar justicia facilitando al ciudadano afectado con la servidumbre el acceso a la misma y salvaguardándole sus prerrogativas a la defensa, sin trasladarlo a lugares ajenos al sitio donde ejerce el derecho de dominio sobre la cosa y lo humaniza con su trabajo».


4. En consecuencia, definirá la disputa, asignando el asunto al juez de Sogamoso y se comunicará lo definido al otro involucrado.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


       Primero:        Declarar que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Sogamoso es el competente para conocer de la disputa en referencia.


Segundo:        Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.


       Tercero: Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.



        Notifíquese,








OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado