1. AC3745-2018
  2. Radicación n° 11001-02-03-000-2018-01164-00

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por el accionante frente al auto de 3 de abril de 2018, por medio del cual se negó el de casación de la sentencia de 7 de marzo de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dentro del proceso de pertenencia de José Diomedes Rodríguez Montenegro contra María Mercedes Pineda.

  1. ANTECEDENTES


  1. El promotor adelantó pleito de prescripción adquisitiva extraordinaria del inmueble urbano localizado en la calle 1A # 4-35/47 del municipio de Chocontá (Cundinamarca), del que figura como titular del derecho de dominio la demandada, por haberlo poseído desde mayo de 1996, esto es, durante más de 16 años (fls. 2 al 5 y 2 al 24 cno. 1).


  1. María Mercedes Pineda se opuso y excepcionó «ausencia de los presupuestos exigidos para prosperidad de la acción de pertenencia», «interrupción civil de la pertenencia», «temeridad y mala fe» y «falta de legitimación en la causa por activa» (fls. 30 al 32 cno. 1). Adicionalmente, reconvino para que se dispusiera la restitución del bien, con el reconocimiento de frutos (fls. 1 al 6 cno. 2).


  1. La sentencia de primer grado, proferida en audiencia de 15 de agosto de 2017, tuvo por establecidas las defensas de la contradictora y desestimó las del reconvenido, por lo que negó la usucapión y dispuso la entrega del predio a la propietaria inscrita, con el pago de frutos civiles por $31’442.327,65. Apeló en el acto José Diomedes Rodríguez Montenegro (fls. 201 al 209 cno. 1).


  1. El superior confirmó esas determinaciones, salvo el estimativo de frutos que fijó en $20’029.355 (fls. 25 al 35 cno. 3).


  1. Interpuso recurso de casación el vencido, que denegó el Magistrado Ponente en vista de que en un recibo de impuesto predial que obra en el expediente consta un avalúo catastral para 2016 de $325’902.000, valor que no excede del tope establecido para concederlo. Además, porque si bien está permitido allegar un dictamen que desvirtuara esa conclusión, el interesado lo aportó extemporáneamente y no puede ser atendido (fls. 61 y 62 cno. 3).
  2. El demandante en pertenencia formuló reposición para que se reconsiderara la negativa porque «de acuerdo con el dictamen pericial allegado a su despacho con fecha 12 de marzo de 2018, es claro que el peritaje reúne el porcentaje de cuantía para acudir en casación, y se orienta a demostrar la concurrencia de los requisitos legales para la concesión del respectivo medio de impugnación». En subsidio pidió que se expidieran copias para agotar recurso de queja (fls. 63 y 64 cno. 3).


  1. El ad quem mantuvo su posición porque el trabajo del perito avaluador debió presentarse dentro del plazo para opugnar y no por fuera del mismo como acá aconteció, sin que de las restantes pruebas se extrajera que el valor de la afectación superara la cuantía fijada por el Código General del Proceso. En consecuencia, ordenó compulsar las reproducciones necesarias para surtir el remedio accesorio invocado (fls. 17 al 19 cno. 1)


  1. Al llegar el diligenciamiento a la Corte se surtió el traslado de rigor y la contraparte solicitó mantener la determinación confutada (fl. 48).


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente», por lo que rige para todos los efectos la presente queja derivada del ataque en casación formulado el 12 de marzo de 2018, a pesar de tratarse de un pleito iniciado bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5 del artículo 625 del primer estatuto citado según el cual «los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».


  1. Como lo indica el artículo 333 del Código General del Proceso el recurso de casación está caracterizado por su naturaleza extraordinaria, de ahí que en el precepto que le sigue se establece en forma restrictiva que únicamente tiene cabida respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores, en segunda instancia, cuando se trate de toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicción ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil sólo recae en las de impugnación o reclamación y las de declaración de uniones maritales.


Ahora bien, el artículo 338 ibídem agrega que si las expectativas del litigante vencido son netamente económicas la censura procede si «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente» excede de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que no tiene incidencia en «sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil».


Por demás, en los pleitos meramente patrimoniales el artículo 339 ibídem consagra que cuando «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión», precepto que contiene una carga para aquel de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, simultáneamente con la interposición del embate o a más tardar antes de que le venza el lapso con tal fin, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le esté permitido decretar medios de convicción adicionales a los existentes, ya que el censor asume los efectos adversos de su desidia.


  1. En esta oportunidad acertó el Tribunal al negarse a conceder el mecanismo de contradicción excepcional propuesto, toda vez que a pesar de que fue oportuna la formulación del planteamiento por los apoderados principal y sustituto del inconforme, ambos escritos no contaban con algún respaldo sobre el valor actual comercial del inmueble en disputa. Quedó así a merced del fallador comprobar si las probanzas debidamente incorporadas al plenario arrojaban algún dato cuantitativo que habilitaran ese paso, en virtud de las exigencias de ley.


Precisamente al revisar el expediente obra informe de perito en el cual tasó en $204’698.131 el «valor total del inmueble sin depreciación» para el 27 de julio de 2016 (fl. 156 cno. 1), suma inferior incluso al avalúo catastral que por la misma época tuvo en cuenta el ad quem y que ni siquiera con la adición de los frutos reconocidos a la reivindicante por $20’029.355, logra traspasar la barrera de los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes indicados en la ley adjetiva para dar curso a la vía intentada. Y a pesar de que el detrimento debe ser precisado para la fecha del fallo que se cuestiona, no existía manera de actualizar dicho estimativo, ni alguna forma de constatar su conservación o variación.


En cuanto a la apreciación de la experticia que con memorial del 21 de marzo del año en curso hizo llegar el gestor porque «es requerido para demostrar la competencia del mismo para ir a Casación», también fue atinada la conclusión del fallador en el sentido de que no podía tenerla en cuenta, pues, en contra de lo afirmado por el recurrente en el sentido de que su arribo a las diligencias fue oportuna, la extemporaneidad de tal proceder es evidente ya que la sentencia de segunda instancia se profirió el 7 de marzo de 2018 y fue notificada por estado al día siguiente, por lo que tal posibilidad le precluyó el 15 de esas mismas calendas.


La demora en cumplir un deber que redundaría en beneficio de las expectativas del perdedor, constituye un incumplimiento de las normas adjetivas que asignan a las partes cargas procesales, las que son de obligatorio cumplimiento de conformidad con el artículo 13 del Código General del Proceso.


No puede olvidarse que a pesar de constituir los recursos garantías del debido proceso, cuentan con una regulación que los circunscribe por su clasificación a ciertas actuaciones, con precisos patrones de oportunidad y, en el caso de los extraordinarios, requisitos puntuales en su formulación, que no pueden ser obviados o desconocidos por los litigantes.


La Sala sobre el particular en AC 21 mar. 2013, rad. 2012-00973, en vigencia del Código de Procedimiento Civil pero con relevancia en la actualidad por atender a principios generales que se mantuvieron inalterables, precisó que


[a] pesar de que los recursos se encuentran instituidos como garantías procesales, para evitar la perennidad de los yerros en que pueda incurrir el funcionario judicial, no son ajenos a la regulación que de ellos se hace en las normas adjetivas. Es así como obedecen a patrones de restricción, oportunidad, demostración y cumplimiento de las cargas procesales que les son implícitas, como el pago de expensas y portes, en los casos que lo requieran.


  1. Consecuentemente, resultaba inviable el ataque propuesto en ausencia de los supuestos de rigor para concederlo, como acertadamente lo previó el sentenciador de segundo grado y ahora se reconoce.


  1. Se impondrán costas al opugnador como lo dispone el artículo 365 del Código General del Proceso y toda vez que la contradictora se manifestó en este trámite, las que se liquidaran por el a quo en los términos del artículo 366 ibídem.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación del accionante contra la sentencia de 7 de marzo de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dentro del proceso de pertenencia de José Diomedes Rodríguez Montenegro contra María Mercedes Pineda.


Segundo: Condenar en costas a José Diomedes Rodríguez Montenegro y en favor de María Mercedes Pineda, con la precisión de que se fijan $750.000 como agencias en derecho.


Tercero: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.


Notifíquese



OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado