Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por el accionante frente al auto de 3 de abril de 2018, por medio del cual se negó el de casación de la sentencia de 7 de marzo de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dentro del proceso de pertenencia de José Diomedes Rodríguez Montenegro contra María Mercedes Pineda.
Ahora bien, el artículo 338 ibídem agrega que si las expectativas del litigante vencido son netamente económicas la censura procede si «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente» excede de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que no tiene incidencia en «sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil».
Por demás, en los pleitos meramente patrimoniales el artículo 339 ibídem consagra que cuando «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión», precepto que contiene una carga para aquel de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, simultáneamente con la interposición del embate o a más tardar antes de que le venza el lapso con tal fin, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le esté permitido decretar medios de convicción adicionales a los existentes, ya que el censor asume los efectos adversos de su desidia.
Precisamente al revisar el expediente obra informe de perito en el cual tasó en $204’698.131 el «valor total del inmueble sin depreciación» para el 27 de julio de 2016 (fl. 156 cno. 1), suma inferior incluso al avalúo catastral que por la misma época tuvo en cuenta el ad quem y que ni siquiera con la adición de los frutos reconocidos a la reivindicante por $20’029.355, logra traspasar la barrera de los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes indicados en la ley adjetiva para dar curso a la vía intentada. Y a pesar de que el detrimento debe ser precisado para la fecha del fallo que se cuestiona, no existía manera de actualizar dicho estimativo, ni alguna forma de constatar su conservación o variación.
En cuanto a la apreciación de la experticia que con memorial del 21 de marzo del año en curso hizo llegar el gestor porque «es requerido para demostrar la competencia del mismo para ir a Casación», también fue atinada la conclusión del fallador en el sentido de que no podía tenerla en cuenta, pues, en contra de lo afirmado por el recurrente en el sentido de que su arribo a las diligencias fue oportuna, la extemporaneidad de tal proceder es evidente ya que la sentencia de segunda instancia se profirió el 7 de marzo de 2018 y fue notificada por estado al día siguiente, por lo que tal posibilidad le precluyó el 15 de esas mismas calendas.
La demora en cumplir un deber que redundaría en beneficio de las expectativas del perdedor, constituye un incumplimiento de las normas adjetivas que asignan a las partes cargas procesales, las que son de obligatorio cumplimiento de conformidad con el artículo 13 del Código General del Proceso.
No puede olvidarse que a pesar de constituir los recursos garantías del debido proceso, cuentan con una regulación que los circunscribe por su clasificación a ciertas actuaciones, con precisos patrones de oportunidad y, en el caso de los extraordinarios, requisitos puntuales en su formulación, que no pueden ser obviados o desconocidos por los litigantes.
La Sala sobre el particular en AC 21 mar. 2013, rad. 2012-00973, en vigencia del Código de Procedimiento Civil pero con relevancia en la actualidad por atender a principios generales que se mantuvieron inalterables, precisó que
[a] pesar de que los recursos se encuentran instituidos como garantías procesales, para evitar la perennidad de los yerros en que pueda incurrir el funcionario judicial, no son ajenos a la regulación que de ellos se hace en las normas adjetivas. Es así como obedecen a patrones de restricción, oportunidad, demostración y cumplimiento de las cargas procesales que les son implícitas, como el pago de expensas y portes, en los casos que lo requieran.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación del accionante contra la sentencia de 7 de marzo de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dentro del proceso de pertenencia de José Diomedes Rodríguez Montenegro contra María Mercedes Pineda.
Segundo: Condenar en costas a José Diomedes Rodríguez Montenegro y en favor de María Mercedes Pineda, con la precisión de que se fijan $750.000 como agencias en derecho.
Tercero: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado