AC3773-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02059-00
Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) y Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá con ocasión de la acción popular promovida por Augusto Becerra contra Banco Davivienda S.A.
Señaló como domicilio de aquella «Cra 7 No 26- 56 Pereira Rda» y como sitio de vulneración «Av la gran Colombia #5 este 39 Cúcuta. Nte Sder».
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir este asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
En materia de acción popular, de conformidad con el canon 16 de la Ley 472 de 1998, «Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda».
El citado precepto faculta al promotor de la acción judicial para elegir entre los denominados fueros real y personal, a fin de establecer, por el factor territorial, el Juez de conocimiento, esto es, se presenta concurrencia, y por ello, puede acudir a la autoridad del sitio de acaecimiento de los hechos generadores del agravio o ante la judicatura dispuesta en el domicilio del reclamado.
Cabe precisar que aquella liberalidad no es absoluta y por ende, no puede ser fruto de capricho, en tanto que los eventos de competencia a prevención, conllevan la carga de soportar jurídica y fácticamente la potestad de selección del juzgador.
El presente se corresponde con un evento de simultánea concurrencia a elección del actor popular, respecto de los referidos fueros personal y «sitio de vulneración», donde cabe inferir que la selección pertinente radicó en el primero de los foros, y por ende, la aptitud legal recae en el Juez Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, en tanto es la autoridad judicial habilitada en el lugar del domicilio principal de la sociedad reclamada.
En sustento de lo anterior, es menester simplemente descartar como aplicable el fuero atinente a la ubicación de la transgresión, por cuanto la misma se afirma originada en Cúcuta y la autoridad de esa urbe no fue la destinataria del escrito inicial, el cual, valga agregar, fue injustificadamente allegado al Juez Promiscuo del Circuito de la Virginia, no obstante haberse afirmado como domicilio de la demandada la ciudad de Pereira.
Acorde con ello, ni siquiera fue aducida la vinculación de la causa constitucional a alguna sucursal o agencia de la accionada en alguna de las localidades mencionadas, como para incluir en este análisis dicha circunstancia desde la óptica del numeral 5 del artículo 28 del C.G.P., en relación con la pauta 44 de la Ley 472 de 1998.
Luego, aun cuando en línea de principio siempre se ha reseñado el deber de respetar la selección del foro de competencia efectuada por el actor, lo cierto es que dicha prerrogativa de escogencia no implica que tal elección pueda ser caprichosa, dotada de cualquier contenido y desconocer los propios hechos de la causa de la pretensión o aspectos objetivos y de forzosa comprensión como el domicilio oficial de las personas jurídicas debidamente inscritas en los registros oficiales que deben revisarse en la apreciación preliminar del reclamo de jurisdicción.
En efecto, se recuerda que la determinación de la vecindad principal de la accionada es una materia que por la naturaleza jurídica de dicha entidad, no depende de la afirmación del actor, sino que está contemplada en normas de orden público, con prueba solemne legalmente prevista, que por demás no incumbe aportar exclusivamente al promotor.
Así las cosas, la autoridad que planteó la colisión omitió considerar con suficiencia la selección del fuero personal efectuada por el actor y relacionar dicha circunstancia con la prueba legal de la existencia y representación de la convocada, que entre otras cosas, da cuenta de que el domicilio principal que Davivienda S.A. está situado en Bogotá, urbe a la que consecuencialmente pertenece el funcionario dotado de la aptitud legal para atender la acción popular que aquí interesa.
Se asignará el proceso al segundo de los despachos en contienda, sin perjuicio de la posibilidad de contradicción que eventualmente le asista al extremo pasivo, mediante los mecanismos legalmente previstos.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá para conocer de la demanda en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido e informar lo decidido al otro estrado en contienda.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado