AC3775-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00335-00


Bogotá D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Procede la Corte a decidir el recurso de queja formulado contra el auto que denegó el de casación, interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil Familia, pronunciada el 17 de octubre de 2017 y con la cual puso fin a la segunda instancia del proceso de Jaime Castañeda Quimbayo y Ducardo Castañeda Quimbayo, recurrentes en queja, frente a Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa.


ANTECEDENTES


A.        En la demanda generatriz de este proceso pretende la parte actora que se declare responsable a la demandada por el incumplimiento del contrato de seguros que con ella tomó para amparar el vehículo de placas WTN 303. En consecuencia, pide que se la condene a pagar:


1)        $32,080,000 por la pérdida total por hurto, “cifra que deberá ser indexada y actualizada más los intereses comerciales de dicha cifra a la tasa máxima de interés moratorio más lo que se llega causar a lo largo de este proceso (f. 18, c. de copias para la queja).


2)         $52,302,661.10, correspondiente al daño emergente ocasionado a los demandantes “más lo que se llegue a causar lo largo de este proceso” (ibídem).


3)        $104,520,000 correspondiente al perjuicio ocasionado a los actores “más lo que se llegue a causar a lo largo de este proceso” (ib.)


B.        El juzgado de primera instancia accedió a la primera pretensión y por tanto condenó a la demandada al pago de $40.100.000,oo como consecuencia de la pérdida total del vehículo aludido, menos el descuento del deducible pactado del 20% más los intereses de mora señalados en el artículo 1080 del Código de Comercio sobre la cifra anteriormente estipulada. Denegó la condena al lucro cesante por estar expresamente excluido para todos los amparos de la póliza.


C.        Ambas partes apelaron la sentencia. La demandada por cuanto de conformidad con los hechos narrados no se presentó hurto sino estafa, y este delito no se encontraba cubierto; y la parte actora en la medida en que lo que pidió no fue el lucro cesante sino los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de seguros, según lo establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio que establece que en lugar de los intereses el asegurado o beneficiario tiene derecho a demandar los perjuicios causados por la mora del asegurador.


D.        Para desatar la alzada, el Tribunal consideró que, en efecto, el delito de estafa no estaba amparado en la póliza y de los hechos narrados fluía que este ilícito fue el que se cometió y no el de hurto. Negó en consecuencia las pretensiones de la demanda y condenó en costas de primera instancia al demandante. Agregó que por sustracción de materia no estudiaba los fundamentos de la apelación adhesiva de la parte actora.


E.        Mediante providencia del 14 de noviembre de 2017 el magistrado sustanciador denegó el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia mencionada, pues entendió que la cuantía del agravio que la misma le habría de producir a aquel no alcanzaba el mínimo establecido en la ley en vista de que, conforme a jurisprudencia de esta corporación-que reprodujo-, no es la cuantía del valor de los perjuicios señalados por el demandante en el libelo gestor el que debe tenerse en cuenta sino el agravio producido por la sentencia recurrida.


En efecto, como en el pasaje jurisprudencial, que transcribió, se dice que “cuando el fallo fue favorable al actor y el de segunda instancia lo revoca, ha sido criterio constante de la Sala que el interés para recurrir en casación se circunscribe al beneficio ganado en primera instancia que es revocado por el Tribunal”, entonces la cuantía del agravio se retrotrae a los $40.100.000,oo menos el deducible del 20% más los intereses de mora que el actor había obtenido en la primera instancia y que le fue revocado en la segunda, cuantía que evidentemente no alcanza el mínimo de $737.717.000,oo exigido en la ley.


Tramitado el recurso de queja ante esta Corporación, la magistrada sustanciadora encontró que ciertas piezas procesales adicionales a las ya aportadas, eran necesarias para la cabal comprensión del asunto, las que pedidas y allegadas por el Tribunal, permiten adoptar la decisión, previas las siguientes.


CONSIDERACIONES


1.        El agravio o perjuicio que la sentencia causa a la parte recurrente es lo que se ha denominado “interés” para recurrir en casación, el cual se ha de determinar, cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, mediante una comparación entre lo pretendido y lo concedido en la decisión objeto de impugnación extraordinaria y para la fecha de esta. Es el criterio que el legislador, así como el de 1970,  utiliza en el artículo 338 del Código General del Proceso cuando señala que el interés para recurrir en casación se fija por el valor “actual” de la pretensión desfavorable al recurrente, y que sitúa en una suma superior a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.


En la providencia a que alude el Tribunal, proferida el 5 de septiembre de 2013 ( rad. 11001-02-03-000-2013-00288-00), se señala, en efecto, que “cuando el fallo fue favorable al actor, y el de segunda instancia lo revoca, ha sido criterio constante de la Sala que el interés para recurrir en casación se circunscribe al «beneficio ganado en primera instancia que es revocado por el Tribunal, puesto que es lo que efectivamente pierde con la decisión de segundo grado» (auto del 30 de junio de 2006, exp. 2002-00467).


Y es verdad que tal directriz ha sido reproducida en otras providencias (AC del 14 de marzo de 2013, rad. 11001-02-03-000-2013-00021-00; AC del 11 de abril de 2013, rad. 11001-02-03-000-2012-02892-00; AC6011-2015 del 14 de octubre de 2015, rad. nº. 11001-02-03-000-2015-01045-00;  AC1698-2015 del 27 de marzo de 2015, rad. nº. 11001-02-03-000-2015-00496-00; AC5422-2015 del 21 de septiembre de 2015, rad.n°. 11001 02 03 000 2015 00759 00;  AC2054-2016 del 11 de abril de 2016, rad. n°. 11001-02-03-000-2016-00439-00; AC4496-2017 del 14 de julio de 2017, rad. n° 11001-02-03-000-2017-00922-00; AC4565-2017 del 19 de julio de 2017, rad n° 11001-02-03-000-2017-01350-00; AC617-2017 del 8 de febrero de 2017, rad n° 08001-31-03-014-2007-00251-01; AC6423-2017 del 29 de septiembre de 2017, rad n° 68679-31-03-001-2013-00137-01; AC617-2017 del 8 de febrero de 2017, rad n° 08001-31-03-014-2007-00251-01).


Pero a tal aserto, por causa de una inexacta reproducción del antecedente jurisprudencial que sirvió de fuente, le falta una precisión fundamental y es la de que el perdidoso en la segunda instancia, y que le fue parcialmente favorable la primera, no haya hecho uso del recurso de apelación. Porque ello significa entonces que se allanó a la condena que en su favor produjo el a quo, fijándose el monto del interés en la suma que a su favor quedó establecida en la sentencia de primera instancia. Ese primigenio precedente, que data del 26 de agosto de 2009, es del siguiente tenor:


Reza el artículo 366 del C. de P. C. -modificado por el artículo 1º de la Ley 592 de 2000-, que “el recurso de casación procede… cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales…”. Tal hito, que determina si el recurrente tiene interés para valerse de este medio extraordinario de impugnación en los eventos que lo exige la ley, se calcula teniendo en cuenta el perjuicio actual y cierto que efectivamente le causa la sentencia del Tribunal.

Claro, ha de señalarse que en los casos en los cuales la sentencia de primer grado favorece parcialmente al demandante y éste no ejerce la apelación, el interés para recurrir en casación se reduce al beneficio ganado en primera instancia que es revocado por el Tribunal, puesto que es lo que efectivamente pierde con la decisión de segundo grado. (rad. n°. 11001-02-03-000-2008-02106-00, subrayas y resaltado no son del original).


Con la anterior aclaración resulta axiomático concluir que anduvo errado el Tribunal cuando consideró que la cuantía del agravio que la sentencia de segunda instancia produjo al impugnante en casación se reducía a lo que en esa segunda instancia había perdido frente a lo que ganó en la primera, esto es, $40.100.000,oo menos el deducible del 20% más los intereses de mora sobre ese guarismo. Porque no tuvo en cuenta que el demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en lo que fue desfavorable a sus intereses, esto es, las perseguidas y denegadas condenas al daño emergente y perjuicios, lo que obliga entonces a determinar esa cuantía, con base en los elementos de juicio que obran en el proceso, el cual da cuenta de probanzas que se dirigen a respaldar el monto de sus pretensiones y la estimación razonada de la cuantía de las mismas. Asimismo, con ocasión de la interposición del recurso de casación, hizo el interesado una liquidación en la cual se indica:


A) Valor actualizado de la suma asegurada: $42.427.435,oo.


B) Intereses moratorios que esa suma produjo: $60.904.886,oo.


Estos dos rubros fueron los que reconoció la sentencia de primera instancia.


C)        Daño emergente, que desde la demanda se concretan en los honorarios del abogado en la etapa de investigación y causa penal y en la etapa prejudicial civil por valor de $6.000.000,oo, más cuota litis pactada equivalente al 30% del valor asegurado indexado con los intereses causados, que tasa en $191.978.196,oo


D)        Perjuicios equivalentes al promedio diario de ingreso que reportaba el vehículo asegurado ($195.000,oo) por los días transcurridos entre el seis de mayo de 2010 al 17 de octubre de 2017: $530.595.000,oo.


Pues bien, dando por sentada que están correctas las liquidaciones presentadas por el interesado, parte la Corte de allí para establecer la procedencia de la concesión del recurso extraordinario, analizando cada uno de los rubros así:


En lo que hace a los dos primeros, visto está que esto fue lo que la sentencia de primera instancia reconoció al recurrente y el Tribunal revocó.


En la pretensión tercera reclamó el actor a título de daño emergente la suma de $52.302.661,oo que corresponden, según su decir, a los honorarios del abogado en la atención de la etapa de investigación y en la causa penal así como la etapa prejudicial ($6 millones), en la cuota litis pactada del 30% ($46.302.661,oo) así como las costas del proceso penal. Ya para la sentencia de segunda instancia actualiza estos valores a $191.978.196.

Y es en ésta en donde encuentra la Corte que fracasa la liquidación del impugnante, porque si se tiene en cuenta que el norte para determinar el monto del agravio lo establece la sentencia impugnada, y si ésta fue denegatoria de las pretensiones, mal podía ella haber causado la obligación de pagar una suma de honorarios pactada en el “30% de los valores que se reconozcan” (cfr. contrato de prestación de servicios visible en folio 71), pues no se reconoció ninguno.


Por lo que si del monto que dice el recurrente que tiene su pretensión, esto es, $872.005.518,27, se descuenta la inexistente obligación de pagar los honorarios al abogado (cuota litis) ya que no lo generó la sentencia impugnada ($191.928.196.52), resulta la cantidad de $680.077.321,75, cantidad que es inferior al monto mínimo exigido en la ley, que es más de 1000 salarios mínimos de la época ($737.717.000,oo)


Lo anterior es suficiente para arribar a la conclusión de que estuvo bien denegado el recurso de casación


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil,


RESUELVE:


PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casación formulado por el quejoso contra la sentencia identificada en el epígrafe de esta providencia.


SEGUNDO. Sin costas por no aparecer causadas.


Notifíquese.


               

MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada