CONSIDERACIONES
1. Sabido es que por la naturaleza de la función judicial quienes la desempeñen lo deben hacer con absoluta imparcialidad e independencia, características que, sin embargo, pueden verse comprometidas por diversas razones; por ello el legislador, en procura de hacer efectivos dichos postulados, ha establecido unas especificas causales que, de presentarse, obligan al funcionario a retirarse del conocimiento de determinado asunto, o someterse a la recusación de la parte que resulte afectada.
Empero, las referidas causales, a más de ser taxativas, tienen una interpretación y alcance restringido, de suerte que no pueden aducirse por el funcionario o recusante motivos distintos a los allí contemplados, «todo en pos de evitar que el juzgador deje de conocer un asunto por hechos que realmente no comprometen su independencia, o de rehusar la descalificación que vanamente quiera formular una parte contra el juez o magistrado» (CSJ autos de 19 de nov. de 1975, G.J. No 2392, Pág. 290 y 26 de mayo de 1992, G.J., No 2455, Págs.474).
2. Respecto de la garantía de imparcialidad e independencia que debe regir las actuaciones de los funcionarios encargados de administrar justicia la Corte Constitucional de forma amplia ha señalado:
«La independencia y la imparcialidad judicial, como objetivos superiores, deben ser valoradas desde la óptica de los órganos del poder público –incluyendo la propia administración de justicia–, de los grupos privados y, fundamentalmente, de quienes integran la litis, pues solo así se logra garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública (art. 209 C.P.).
La Corte ha explicado claramente la diferencia entre los atributos de independencia e imparcialidad en los siguientes términos: “[la] independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, […] a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales”. Sobre la imparcialidad, ha señalado que esta “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial”.
Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la noción de imparcialidad, una doble dimensión: (i) subjetiva, esto es, relacionada con “la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto”; y (ii) una dimensión objetiva, “esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, “de modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto’”. No se pone con ella en duda la “rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucción” sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucción del proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectación de ánimo, por lo cual no es garantista para el inculpado que sea éste mismo quien lo juzgue…”» (Cort. Const. C-496 de 14 de sept. de 2016).
Para tales propósitos se han previsto algunos eventos que desde un plano eminentemente objetivo evidencian la existencia de un impedimento del funcionario para garantizar aquellos postulados, como también están contemplados otros que, aun cuando no son perceptibles, afectan el ánimo de aquel con igual efecto.
3. Justamente, dentro de estas últimas se encuentra la prevista el numeral noveno del artículo 141 del Código General del Proceso, referida a la existencia de «enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado», en donde en el primer supuesto por ser asunto del fuero interno que entraña verdaderos sentimientos de animadversión, solo requiere la mera afirmación del funcionario; en tanto que la “amistad íntima”, ante la esencia mismo del ser humano como ente social y, en ese orden, en constante contacto con otros individuos en distintos ámbitos de la vida se torna más compleja.
Esto por cuanto se ha indicado que la amistad íntima «alude a un vínculo entre personas que, además de dispensarse trato y confianza recíprocos, comparten sentimientos y pensamientos que hacen parte del fuero interno de los relacionados (CSJ SP30595-2008 de 8 de oct. de 2008), esto es, que la relación lleve inmersa la presencia de sentimientos y correspondencia de afinidades, hermandad espiritual que trasluce plenitud de confianza, por lo que esta Corte ha indicado que «excluye, entonces, de esa causal, la amistad común o corriente, o sea aquella que, según la define el diccionario de la Real Academia Española, es "afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco, 'que nace y se fortalece con el trato". Ciertamente, en el plano psicológico de una persona de moralidad normal, investida de la misión de administrar justicia, la mera amistad de esta especie entre ella y alguno de los litigantes no podría ser, ni la ley entiende que lo sea, fuerza capaz de torcer su criterio y quebrantar su conciencia, para proferir una decisión parcial, vale decir contraria a derecho» (CSJ AC mayo 12 de 1969).
Es por ello, que cuando se aduzca la existencia de una amistad íntima estará llamado el funcionario que se declara impedido a exponer con exactitud las razones que motivan la manifestación, para que a partir de estas se pueda valorar con objetividad la existencia o no del motivo impeditivo, por cuanto en los casos en que se «pretende probar es la existencia de un interés moral, debe acreditarse con absoluta claridad la afectación de su fuero interno, o en otras palabras, de su capacidad subjetiva para deliberar y fallar.»1
4. Acorde con los mentados postulados, atendiendo que el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, pone de presente en su manifestación de impedimento, que el apoderado judicial de la recurrente fue su Decano y compañero de docencia en la Universidad de Medellín, pero precisa, que «aunque la certera apreciación de los hechos impide calificar de intima, esto es, en sumo cercana la aludida relación, la cual más precisamente se contrae a la de compañeros en el ámbito académico, en el mentado claustro universitario, estimo necesario despejar cualquier apariencia de predilección que pudiera inferir un observador razonable, con el objeto de favorecer la plena vigencia de las garantías de los justiciables».
Del contenido de estas afirmaciones se puede inferir que la amistad que puede unir al Magistrado con el apoderado de la parte recurrente realmente corresponde a una amistad común u ordinaria, en razón de la coincidencia que en el estamento educativo estos tuvieron, la cual dice se «contrae a la de compañeros»; vínculo este, que por su propia naturaleza no lleva per se inmersa la presencia de sentimientos de afecto, solidaridad y cercanías tan fuertes capaces de afectar la imparcialidad del funcionario en el ejercicio de su labor institucional.
5. Consecuente con lo indicado, como quiera que los supuestos fácticos que soportan la manifestación de impedimento no se hallan inmersos dentro del supuesto que consagra la norma en cita para habilitar la separación del Magistrado del asunto puesto a consideración de la Corte, es de ley no aceptar el impedimento manifestado por el funcionario.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero. No aceptar la manifestación de impedimento formulada por el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta, por las razones indicadas en precedencia.
Notifíquese
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada
1 Corte Const. Auto 080A de 1° de junio de 2004, exp. D-5094.