AC3843-2018


Radicación n° 11001-02-03-000-2018-02391-00


       Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Yarumal y Veintidós Civil Municipal de Oralidad Medellín.

ANTECEDENTES


       1.- Ante el primer Despacho, Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. formuló frente a Alma Lucía, Elkin Homohono, Elsa María, José Nicolás, Luis Fernando, Luz Piedad de Las M. y Nelson Severiano Arango Restrepo, Ricardo Antonio Chavarría Peláez y María del Carmen Medina Arroyave, «demanda de imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica sobre los predios rurales ‘Lote El Paisaje y ‘Lote El Palmar’, ubicados en jurisdicción del municipio de Yarumal, identificados con matrículas inmobiliarias No. 037-20311 y 037-20312» de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa localidad.


       En el aparte de competencia, dijo que la determinaba por la ubicación de los bienes.


       2.- El funcionario rechazó el libelo arguyendo con sustento en el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, en armonía con el 29 ibídem, que lo debía tramitar el juez del lugar del domicilio de la demandante y, como éste se situaba en Medellín lo remitió al reparto de los Juzgados Civiles Municipales de esa urbe.


       3.- Asignada la controversia al Juzgado Veintidós Civil Municipal la repelió, pues sostuvo que la competencia se determinaba por el numeral 7 ejusdem. Por consiguiente, suscitó el conflicto negativo de competencia, a fin que esta Corporación dirimiera la diferencia de criterios.


CONSIDERACIONES


1.- La presente colisión involucra a juzgados de diferente distrito judicial, motivo por el cual incumbe a la Corte desatarla como superior funcional común de los mismos, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como preceptúan los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la 1285 de 2009.


2.- Para determinar la competencia de las autoridades judiciales el legislador ha establecido varios factores, el territorial, el objetivo, el subjetivo y el funcional.

El primero de ellos está consagrado en el artículo 28 del Código General del Proceso, y la distribuye dependiendo del lugar en donde deba promoverse el litigio, de suerte, que no queda al antojo del convocante instaurarlo en cualquier parte de la geografía nacional, sino, que debe hacerlo ceñido a los parámetros allí consignados.


A tales efectos, se hace uso de los llamados «fueros» o «foros». Así, como regla general, en los procesos contenciosos se acude al «personal» y, por ende será competente el juez del lugar donde el demandado esté domiciliado, o en su defecto, donde ubique su residencia. A su lado, hay otros especiales, como el que la doctrina ha nombrado «forum rei sitae» o «real», que apunta al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicación de los bienes materia de la disputa, y el del numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso que mira a la calidad de una de las partes, por lo que la fija en consideración a su domicilio.


Varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que se traduce en pluralidad de jueces para aprehenderlo. Y es cuando la ley usa expresiones como «a elección del demandante», «a prevención» o «es también competente»; otorgándole a quien acude a la administración de justicia la posibilidad de elegir el fallador encargado de adelantar su caso.


Sin embargo, hay ocasiones en que se anula esa discrecionalidad, y es cuando se hace uso de locuciones como «la competencia corresponde en forma privativa», «será competente, de modo privativo», «conocerá en forma privativa». Lo que significa que el servidor a quien en tales condiciones se le atribuye «competencia» es el único encargado de dirimir los debates sometidos a su juicio, con exclusión de cualquier otro.


Sobre el particular en CSJ AC8242-2017 se dijo que


[e]n este orden, la previsión de un fuero privativo es manifestación reforzada del carácter imperativo, indisponible, improrrogable e inmodificable, de las normas sobre competencia judicial, que anula la facultad de selección del demandante, así como su desatención por parte del Juez.


Entre los supuestos de «competencia privativa», y para los fines de este debate, se destaca el numeral 7 del artículo 28 ejusdem que dispone que


[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distinta circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante (destaca la Corte).


En el mismo sentido, se encuentra el numeral 10 de la misma norma, según el cual


[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas.


A fin de que actúen cada uno de esos preceptos es necesario que se cumplan las hipótesis allí descritas. Así, para que se aplique el numeral 7° debe tratarse de los asuntos allí detallados. En torno al 10, en AC2593-2018 la Sala explicó que


[a]hora, para que operen los parámetros apuntados, y exista esa primacía o exclusividad, es primordial tener certeza de la condición del ente convocado, es decir, debe ser «una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública», de lo contrario, habrá que acudirse a los «foros» generales.


En ese sentido, se destaca, que el artículo 286 de la Constitución Política indica que «son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá otorgarles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley».


Por su parte, el artículo 68 de la Ley 489 de 1998 enseña que son «entidades descentralizadas» del orden nacional


(…) los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio (se enfatiza).


En cuanto al concepto de «entidad púbica», si bien no existe en la legislación una definición, se puede hacer uso del parágrafo del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto advierte que


[p]ara los efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50% (resalta la Corporación).

       

       3.- En el sub lite, confluyen dos eventos si en cuenta se tiene que la actora es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de propietario único y del orden municipal (Acuerdo No. 69 de 1997 del Concejo de Medellín); amén que se acude a la jurisdicción para imponer servidumbre en dos fundos de dominio de los convocados.


       Ahora, la colisión se origina porque en el sub lite, la circunscripción judicial a la que apuntan cada uno de esos «foros» es diferente. Véase que según el artículo segundo del Acuerdo No. 5 de 1987 del Concejo Municipal de Medellín (folio. 69, cuaderno principal), su «domicilio principal» corresponde a la ciudad de Medellín, sin que se evidencie la existencia «sucursales» o «agencias» y, los predios cuya limitación se pretende se encuentran localizados en Yarumal.


Luego, ambas pautas, de «forma privativa», están llamadas a regir el sub examine; pero una le asigna la competencia al «juez del domicilio de la respectiva entidad», y la otra al «juez del lugar donde están ubicados los bienes». Por lo tanto, a efectos de definir el servidor judicial llamado a solucionarlo habrá de otorgársele primacía a una sobre la otra, es decir, tendrá que escogerse entre el «foro real» o el «personal» de la entidad.


Esta Corte, ha remediado el dilema con el inciso primero del artículo 29 del Código General del Proceso, conforme al cual «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes», estableciendo que en todos los trámites en donde participe un organismo de ese linaje habrá de preferirse su «fuero personal». Al respecto, en AC2256-2018, entre otros, aseveró que


[d]e ahí que, tratándose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicación del bien; y, donde una entidad pública sea parte, el fuero privativo será el del domicilio de ésta, debido a que, la ley determina que es el fuero personal el que prevalece.


       Sin embargo, no hay que perder de vista que a la hora de esclarecer el alcance de todas estas directrices le corresponde al intérprete, en los términos del artículo 26 del Código Civil, fijar su verdadero sentido, atendiendo entre otros aspectos, a su finalidad y contexto, más aún cuando están destinadas a reglar el acceso a la jurisdicción.


       Bajo esta perspectiva, memórese que la diversidad de «foros» señalados en el artículo 28 del Código General del Proceso tiene una razón de ser, de modo que la asignación de la competencia por uno y otro, como lo advierte Chiovenda, obedece al principio de «libertad e igualdad» de quienes participan en un proceso, conforme al cual la ley reparte «entre el actor y el demandado con equitativa proporción sus garantías». Por eso, con el fin aplicarlos es necesario atender las razones que los justifican, no de otra manera podrá acatarse el principio que irradia a todo el estatuto procesal, esto es, que «toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable» (artículo 6).


       Al respecto dicho tratadista enseña que 


[a]un cuando la mayor parte de los fueros o foros se derivan del pasado, la distribución moderna de la competencia territorial se realiza conforme a un concepto enteramente distinto al antiguo. El fuero general de todos los ciudadanos no se funda en su sumisión a un juez determinado que tenga derecho a ejercer sobre él el poder jurisdiccional y esté, por lo mismo interesado en hacer valer este derecho contra jueces rivales que lo usurpasen. Además, suprimidas todas las jurisdicciones privilegiadas o extraordinarias, el actor sabe directamente por la ley cuál es el tribunal ante el cual debe citar al demandado. Y la ley cuando fija la competencia no trata de inspirarse en otro concepto sino en el que informa todo nuestro derecho público: la libertad e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Al aplicar este principio, la ley encuéntrase en la necesidad de repartir entre el actor y el demandado con equitativa proporción sus garantías. Por esto, de un lado tiene en cuenta el interés del demandado de ser molestado lo menos posible en su vida y en sus negocios, disponiendo que sea citado ante el juez menos oneroso para él. Del mismo modo todos pagan sus deudas de ciudadano (servicio militar, impuestos, voto político, etc), en el lugar donde habitan actualmente. De otro lado, la ley tiene en consideración la libertad de acción del actor cuando le da la elección entre varios foros, p. ej. le permite citar al demandado en el lugar del domicilio o de la residencia. Otras veces la ley exige un fuero especial porque le parece más útil al interés de ambas partes o al juez mismo, como en el caso de acción real sobre bienes inmuebles; y a veces en cambio favorece al actor, según las circunstancias de las pretensiones que éste propone en juicio, de este modo la ley evita la apariencia de parcialidad hacia el demandado y al mismo tiempo consigue que los asuntos sean mejor distribuidos en los diferentes Tribunales del territorio del Estado1.


En ese sentido, la «prevalencia» contemplada en el artículo 29 mencionado lo que establece es un beneficio a favor de uno de los litigantes, de suerte, que ante cualquier otra circunstancia que pueda definir la competencia se privilegia su status.


Es el caso del numeral 10 ibídem, que sólo habilita al «juez del domicilio de la entidad pública» para conocer de las contiendas en las que éstas intervengan. Ello, para facilitarle el ejercicio del derecho de acción o contradicción,  dependiendo de si es convocante o convocada, de tal suerte que lo pueda desplegar de forma adecuada, sin necesidad de desplazarse a un lugar distinto al asiento de sus negocios. No es otra la aspiración del legislador cuando en estos eventos defiere la «competencia» al «fuero personal», sino que tales «entes» comparezcan al «proceso» en circunstancias menos gravosas.


Así se desprende de la variación que sufrió el numeral 18 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, dado que desde la redacción que preveía que «de los procesos contenciosos en que sea parte un departamento, una intendencia, una comisaría, un municipio, un establecimiento público, una empresa industrial o comercial del Estado o de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de economía mixta, conocerá el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada» (se enfatiza), se pasó a la de que «en los procesos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad» (se enfatiza).


Si esto es así, lo que apareja un «beneficio» para la «entidad», nada impide que decline de él, direccionando el libelo al juez del sitio en donde se encuentran los bienes objeto de sus exigencias, quien en principio estaría facultado para aprehenderlas en virtud del «foro real», máxime si hay motivos para considerar que el traslado del asunto a un lugar distinto a ése, deviene en perjuicio de sus intereses.


En esos términos el canon 15 del Código Civil previene que «podrán renunciarse los derechos conferidos por la leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia», como aquí, pues se insiste, la «competencia» asignada al «juez del domicilio de la entidad» está instituida en su provecho.


Tal precepto que opera con todo su rigor en el sub júdice, pues al tenor del artículo 3 del referido Acuerdo Municipal No. 69 de 1997, “los actos y contratos de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. se regirán por las reglas del derecho privado, salvo las excepciones consagradas expresamente en la Constitución Política, la ley y demás disposiciones reglamentarias” (folio 68, cuaderno principal).


De otro lado, las razones de conveniencia para tal desprendimiento tienen que ver con la cercanía de las partes y el juez al lugar donde se sitúan las fincas materia de servidumbre, lo que sin duda les facilitará a ellas el «derecho de defensa», y al operador judicial la adopción de las respectivas decisiones, pues estarán próximos a la cosa litigada.


De tal manera que en esta ocasión, Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. abandonó esa ventaja al radicar el pliego ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Yarumal, pues adujo que lo hacía «teniendo en cuenta la ubicación del bien». Amén que requirió que de acuerdo al artículo 28 de la Ley 56 de 1981 se realizara la inspección judicial «dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación de la demanda», a fin de «autorizar la ejecución de las obras que sean necesarias para el goce efectivo de la servidumbre»; plazo que no se cumplirá si quien la practica es un «juez» distante al lugar donde se localizan las heredades sobre las que recae la «servidumbre».


       De este modo, si la aludida entidad, a sabiendas del foro perfilado para su «defensa», abdicó de él al dirigir su demanda al «Juez Primero Promiscuo Municipal de Yarumal», mal podría anteponerse a ese querer la primacía detallada en el artículo 29 del Código General del Proceso, pues si de cara a sus intereses le parece mejor que sea aquel juzgador el que conozca de sus pedimentos, dada su proximidad al inmueble objeto de controversia, no hay motivos para atarlo a otro que por su lejanía carecerá de inmediación en relación con los hechos que la soportan. Lo contrario, sería tanto como obligar a la empresa a que haga uso de una concesión que le resulta infructuosa.


       Además, tal proceder lejos de ser arbitrario o caprichoso, encuentra respaldo en argumentos que vistos desde los fines de las normas sobre competencia, los satisfacen, en tanto acerca la sede del pleito al lugar en donde se ubica su objeto, lo que a su turno permite la realización eficaz de los actos procesales que allí deben surtirse. Así, el juez que adelanta el caso será quien practique la referida diligencia, y no uno distinto a la zona donde se encuentran los bienes. También se recaudarán con mayor facilidad las pruebas necesarias para la compensación a que tienen «derecho» los propietarios de las heredades afectadas.

       

       Frente al tópico en AC3337-2018 la Corporación en un juicio de similares contornos puntualizó que


[a]sí, el juez que adelanta el caso será quien practique la inspección judicial que demanda el artículo 28 de la ley 56 de 1981, y no uno distinto a la región donde se halla el bien, hecho que en esta polémica cobra aún más relevancia, si ya el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara la efectuó. También se realizarán las pruebas necesarias para dictaminar la reparación a que tiene «derecho» el titular del dominio afectado, quien a su vez comparecerá a la lid con el menor costo y lesión posible (…).


       4.- Por consiguiente, se dispondrá el retorno de las diligencias al servidor que las recibió en un comienzo, a fin de que continúe el adelantamiento de esta contienda.

DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Yarumal es el competente para conocer del trámite en referencia.


Segundo: Remitir la actuación al citado despacho y comunicar lo decidido al Juzgado Veintidós Civil Municipal de Oralidad de Medellín.


Tercero: Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.


NOTIFÍQUESE





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado


1Chiovenda Giusseppe, Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Págs. 660 y 661.