CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


AC3872-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02470-00


Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados de Familia, Cuarto de Oralidad de Cali y Cuarto de Bogotá, pertenecientes a los distritos judiciales de sus respectivas ciudades, para conocer de la demanda ejecutiva de alimentos de Paola Andrea Ramírez Bolaños, en representación de sus menores hijos Juan José y Martina Gutiérrez Ramírez, contra Edgar Gutiérrez Garzón.



I. ANTECEDENTES


1. En escrito que correspondió al Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali, la actora reclamó el pago de las mesadas fijadas a favor de sus descendientes, en un juicio de divorcio de matrimonio civil adelantado en la segunda de las mencionadas sedes judiciales. Atribuyó la competencia “por la naturaleza de la acción y el domicilio de los menores”, e informó que la residencia de éstos está en la capital del Valle del Cauca (fls. 14 y 15, cdno. 1).


2. Previa inadmisión para que se aportara el proveído con que “fue aprobado el preacuerdo de los ex – cónyuges”, ese Despacho observó que en el mismo se fijaron los alimentos a favor de los niños, por lo cual rechazó el asunto por falta de competencia, aduciendo que esta recae en el funcionario que estableció la prestación reclamada, conforme el artículo 306 del Código General del Proceso (fl. 397, ibídem).


3. El juzgador a quien se enviaron las diligencias, Cuarto de Familia de Bogotá, rehusó la atribución que se le hizo y planteó la colisión que se examina, manifestando que el remitente omitió en sus consideraciones el contenido del inciso segundo del numeral 2° del artículo 28 de esa obra, del que se extrae que la «competencia por el factor territorial en los procesos ejecutivos de alimentos en que se encuentre vinculado un menor, está asignada de manera privativa al juez del domicilio y/o residencia de éste» (fls. 402 y 403).


II. CONSIDERACIONES


1. Como la discusión planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 de la Ley 1564 de 2012 y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.


2. Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de valorar las disposiciones que para el efecto consagra el Código General del Proceso, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, las cuales han de orientar su resolución, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.


3. Tratándose del territorial, la regla general es la del numeral 1° del artículo 28 del precitado compendio, que atribuye la competencia al juez del domicilio del demandado, “salvo disposición legal en contrario”, excepción que pronto aparece, cuando el segundo inciso del siguiente numeral establece que “[e]n los procesos de alimentos…, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel”.


De lo anterior se deduce que la competencia por el factor territorial en los procesos de alimentos en que un menor sea parte, corresponde de manera privativa al juez de su “domicilio”, pues, como ha dicho la Sala, “La atribución de competencia por el factor territorial en los procesos ejecutivos de alimentos en la que se encuentre vinculado un menor, está asignada de manera privativa al juez del domicilio y/o residencia de éste, sin que pueda regularse por la pauta ordinaria” (AC3745-2017).


La regulación especial que fija la competencia en el juzgador del domicilio de los niños, se justifica en el interés del legislador de facilitar la comparecencia de los pequeños a pleitos de naturaleza tan esencial como son los que tienen que ver con su sostenimiento y manutención, y es, en ese orden de ideas, que la jurisprudencia ha destacado que “…el propósito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posición brindándoles la prerrogativa, precisamente por su condición, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia (CSJ, AC, 18 dic. 2007, rad. 01529-00, reiterado AC543, 11 feb. 2014, exp. 2013-01719-00).


4. Puestas así las cosas, la Corte observa que al presente caso no era aplicable la regla según la cual el proceso de ejecución de alimentos debía tramitarse ante el mismo juez que los fijó, habida cuenta que, según lo manifestó la parte actora, el cobro se hace a favor de dos menores de tres y siete años de edad (fls. 16 y 17, cdno. 1), quienes viven en Cali con su progenitora, domiciliada allá, ciudad diferente a aquella en la que se adelantó el juicio de divorcio donde se concretó y avaló la cuota de manutención que de común acuerdo habían fijado los ahora ex-cónyuges.


Es decir, que siguiendo las directrices del inciso 2° numeral 2 del artículo 28 del C. G. de P., en cuanto privativamente atribuye la facultad de conocer los litigios al juez de la vecindad de los menores, el caso corresponde al funcionario de la capital del Valle.


5. Así las cosas, el juzgador de Cali se equivocó cuando remitió el caso al juzgador que previamente había conocido el trámite del divorcio de los progenitores de los niños, porque ante una regla privativa de competencia establecida para proteger el interés superior de ellos, no era de recibo aplicar otra como la del artículo 306 del Código General del Proceso. En este sentido se encuentra precedentes en la Corte, por todos: AC3745-2017 y AC953-2018.


6. Con apoyo en lo antes dicho, se ordenará remitir el expediente al despacho primigenio para que asuma el conocimiento y continúe el ritual que legalmente le corresponde.


III. DECISIÓN


Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, en razón de lo cual señala que al Cuarto de Oralidad de Cali le corresponde conocer el juicio ejecutivo de alimentos de Paola Andrea Ramírez Bolaños en representación de sus menores hijos Juan José y Martina Gutiérrez Ramírez, contra Edgar Gutiérrez Garzón.


En consecuencia, devuélvase el expediente a dicha oficina para lo de su competencia e infórmese de tal situación, mediante oficio, al otro Despacho judicial involucrado.


Notifíquese,




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado