AC3885-2018


Radicación n° 11001 02 03 000 2018-02004-00


Bogotá D. C., doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)



El Honorable Magistrado Luís Armando Tolosa Villabona manifiesta su impedimento para conocer del recurso extraordinario de revisión formulado por el Sindicato de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios y Sanatorios Sintrahosclisas contra la sentencia de fecha 14 de julio de 2016, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ejecutivo que contra el recurrente promovió María Fanny Mayordomo de Gutiérrez, para lo cual se estima pertinente reseñar los siguientes,


ANTECEDENTES


  1. María Fanny Mayordomo de Gutiérrez promovió juicio ejecutivo contra el Sindicato de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios y Sanatorios Sintrahosclisas, para el cobro de un pagaré por valor de $250.000.000,00.


2. La demanda correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, quien luego de agotar el trámite que le es propio profirió sentencia el 20 de octubre de 2015, acogiendo la excepción de tacha de falsedad material, poniendo fin a la ejecución e imponiendo sanción a la demandante equivalente el 20% del importe del título por la prosperidad de la tacha propuesta


3. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra lo así decidido, el cual halló eco ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien en sentencia de 14 de julio de 2016, desestimó las excepciones, ordenó seguir adelante la ejecución, impuso sanción a favor del demandante por la no prosperidad de la tacha de falsedad, y adoptó las restantes determinaciones que decisión en tal sentido implican. (fl. 515).


4. Insatisfecho con la determinación del ad quem el Sindicato de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios y Sanatorios Sintrahosclisas interpuso acción de tutela contra la citada Corporación, la cual correspondió a la Sala Civil Familia Agraria de la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la valoración probatoria que hiciera el tribunal que lo llevó a desestimar la tacha de falsedad propuesta, al considerar que las pruebas demostraban que la representante legal no fue la signataria del título valor soporte de la ejecución, siendo denegado el amparo con sentencia de tutela (STC12104-20161) del 31 de agosto de 2016.


5. Tiempo después, el Sindicato ejecutado promueve una nueva acción de amparo, aduciendo en esta última oportunidad la trasgresión de sus derechos, pues no se tuvo en cuenta que existía falta de legitimación por pasiva «toda vez que quien suscribió el documento no lo hizo en representación del sindicado sino en nombre propio»2, así como la presunta indebida notificación del hospital demandado, y además, que «era evidente la existencia de la colusión de la anterior representante».


Dicha acción de amparo desestimó las reclamaciones del accionante al considerar que la falta de legitimidad debió alegarla oportunamente pero nada dijo al respecto, y en relación con los otros dos reclamos se le indicó que tenía a su disposición medios ordinarios, bien al interior del proceso (nulidad) ora a través del recurso extraordinario de revisión (colusión), empero, estimó que el tribunal no había atendido el precedente referente a que la sanción pecuniaria derivada de la tacha de falsedad no es objetiva, puesto que no se indicaron los motivos precisos que en este particular caso justificaran su imposición, motivo por el cual, con ponencia del doctor Luis Armando Tolosa Villabona se concedió el amparo «únicamente frente a la sanción del artículo 292 del Código de Procedimiento Civil» (fls. 30-38).


6. El 13 de julio de la calenda que avanza se radicó ante la secretaria de esta Corporación recurso de revisión contra la mencionada sentencia de segunda instancia, siendo asignada por reparto al despacho presidido por el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, quien con soporte en la causal segunda del artículo 141 del Código General del Proceso manifiesta su impedimento para conocer del mismo.


7. Para resolver la manifestación de impedimento planteada es preciso hacer las siguientes,


CONSIDERACIONES


1. En procura de garantizar los principios de independencia, e imparcialidad que debe reinar en las actuaciones judiciales en materia civil, el legislador ha dispuesto en el artículo 141 del Código General del Proceso unas causales que, de presentarse, obligan al funcionario a retirarse del conocimiento de determinado asunto, o someterse a la recusación de la parte que resulte afectada.


Empero, las referidas causales, a más de ser taxativas, tienen una interpretación y alcance restringido, de suerte que no pueden aducirse por el funcionario o recusante motivos distintos a los allí contemplados, «todo en pos de evitar que el juzgador deje de conocer un asunto por hechos que realmente no comprometen su independencia, o de rehusar la descalificación que vanamente quiera formular una parte contra el juez o magistrado» (CSJ autos de 19 de nov. de 1975, G.J. No 2392, Pág. 290 y 26 de mayo de 1992, G.J., No 2455, Págs.474).


2. Dentro de las causales contenidas en el citado artículo 141 del Código General del Proceso está la prevista en el numeral 2°, que alude a «[H]aber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente».


En relación con la causal en cita, es claro que para su configuración el legislador establece la concurrencia de dos (2) supuestos: el primero, que se hubiera realizado cualquier actuación que lleva implícita la exclusión de cualquier valoración subjetiva de las actuaciones realizadas por el juez o magistrado que se declara impedido, de manera que impera un criterio eminentemente objetivo; el segundo, que la actuación debe hacerse en instancia anterior es referido al grado jurisdiccional establecido por la ley para el conocimiento y decisión de los juicios.


Respecto de esto último es  necesario tener presente, en relación con las instancias, que en nuestro país por imperativo constitucional por regla general «toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley» (31 C.P.), lo que constituye el principio de la doble instancia, el cual es desarrollado en el Código General del Proceso en su artículo 9°, según el cual «los procesos tendrán dos instancias a menos que la ley establezca una sola».


De acuerdo con lo anterior, la causal de impedimento se abrirá paso en la medida que el funcionario realice cualquier actuación en instancia anterior, lo que no se predica de los recursos extraordinarios, sin desconocer que de manera excepcional esta Corporación ha considerado que «aunque en principio ella procede en relación con actuaciones en las instancias del proceso, lo cual no comprende los recursos extraordinarios de casación y revisión, por excepción es posible la configuración de tal causal respecto de éstos cuando existe conexidad o coincidencia entre los motivos en ellos invocados y examinados, pues ello permite alcanzar los fines de las referidas instituciones de los impedimentos y las recusaciones. (CSJ AC de 6 de jul. de 2010, exp. (2009-00974).


Postura que procura garantizar la imparcialidad del funcionario cuando quiera que ha emitido un pronunciamiento en el que aborda los cuestionamientos planteados por el interesado, es así como más recientemente sostuvo: 


«Sobre el particular la Corte señaló que “si con anterioridad el funcionario judicial, en instancia o en el trámite de un recurso extraordinario, ha conceptuado explícitamente o efectuado un pronunciamiento sobre cuestiones que también se involucran en el recurso de revisión, es natural que, dada su condición humana, se sienta inclinado por defender las tesis que sobre el particular expuso en esa ocasión. En este evento, como es apenas de verse, su neutralidad estaría en duda, lo cual por sí dejaría en entredicho el derecho de los justiciables a que sus diferencias se compongan de manera imparcial, objetiva y autónoma. (…) Por esto, si existe algún motivo que pueda contaminar la imparcialidad debida o que conlleve al recelo o desconfianza del usuario del servicio judicial, en la hipótesis de que el magistrado, llamado a conocer del recurso de revisión, haya comprometido en otra actuación judicial que no pueda calificársele como ‘instancia anterior’, su criterio o decisión sobre asuntos que tengan relación con el anotado recurso, es claro que para garantizar la vigencia de los supraindicados valores, el impedimento excepcionalmente resultaría viable. (…) En esa dirección, la Sala recientemente sostuvo que ‘ocasiones habrá, dadas las especiales circunstancias que se presentan al desatar el recurso de revisión frente a una determinada sentencia de casación, que pueda aceptarse la exteriorización de impedimento para asumir el conocimiento de aquel por parte de los Honorables Magistrados que hayan participado en el proferimiento del fallo así impugnado” (autos de 27 de octubre de 2006, 6 de julio de 2010 y 29 de noviembre de 2011, expedientes 2003-00159, 2009-00974 y 2009-02135» (CSJ AC de 5 de marzo de 2013, rad. 1100102030002012-02952-00).


3. En ese orden, atendiendo lo reseñado en precedencia, se advierte que no se estructura la causal de impedimento en cita que imponga el apartamiento del caso del Magistrado al que se le asignó por reparto, en la medida que el juicio ejecutivo en el que se profirió la sentencia que es objeto del presente recurso de revisión, por su naturaleza se ventiló en las instancias de ley, (primera y segunda) ante los jueces Civiles del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial, sin que la Sala Civil de la Corte tuviera conocimiento alguno sobre el fondo del asunto.


Y es que las acciones de tutela que ha promovido el recurrente contra las autoridades de instancia, al considerar que aquellas decisiones vulneraban sus derechos fundamentales, pese a que, ciertamente, fue resuelta por todos los integrantes de la Sala, es un asunto autónomo e independiente que no califica como instancia anterior que comprometa la imparcialidad que haga forzoso separarse del conocimiento del recurso de revisión que ahora es objeto de trámite.


Es más, revisadas las decisiones de amparo se advierte que en la primera el cuestionamiento refirió a la valoración probatoria que hiciera el tribunal ad quem; y en la segunda, se adujo una falta de legitimación en causa por pasiva, de la cual se le advirtió debió alegarse en las instancias y, además, una presunta indebida notificación y colusión, remarcándole frente a esto al accionante la existencia de las vías ordinarias a las cuales podía acudir para plantear tales reparos, sin que se asumiera un estudio de fondo de aquellos, que permitieran predicar el compromiso del funcionario con determinado criterio.


Precisamente, el recurso extraordinario de revisión que ahora se estudia se incoó con soporte en las causales sexta y séptima del artículo 355 del Código General del Proceso, referentes a «[H]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente» y «[E]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad», con el propósito de que se examine la existencia o no de la indebida notificación y colusión aducida por el recurrente, haciendo uso del medio ordinario de defensa que considera idóneo para realizar el debate sobre tales tópicos, sin que se advierta la conexidad o coincidencia entre aquellas acciones constitucionales y la presente reclamación y, mucho menos, que con ocasión a las precedentes pudiera estimarse comprometida la imparcialidad del Magistrado para desatar de fondo el recurso interpuesto, amen que lo definido en aquellas no genera dependencia a lo que habrá de resolverse en el recurso de revisión, que a no dudar se subsumen en supuestos que no han sido objeto de valoración y menos de decisión por esta Corte.


4. Si esto es así, no emerge la posible dependencia entre lo actuado en la acción de tutela y el presente trámite que pueda considerarse motivo suficiente para presumir la eventual alteración del ánimo del funcionario que afecte los postulados de independencia e imparcial que habiliten de manera excepcional considerar configurada la causal de impedimento que prevé el numeral 2° del artículo 141 del Código General del Proceso y por esa vía separar al Honorable Magistrado del conocimiento de este asunto.


5. Consecuente con lo anterior es de ley no aceptar la manifestación de impedimento formulada.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: No aceptar la manifestación de impedimento planteada por el señor Magistrado doctor Luis Armando Tolosa Villabona, por las razones indicadas en precedencia.

       

Segundo: Vuelva la actuación al despacho del magistrado ponente para lo de su cargo.


Notifíquese



MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada



1 Según archivos de la Corporación.

2 Según se narra en los antecedentes del fallo de tutela que obra a folios 30-38 del cuaderno de la Corte.