AC3887-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02562-00


Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles del Circuito, de Lérida y Segundo de Pereira, adscritos a los Distritos Judiciales de Ibagué y Pereira, respectivamente, para conocer la acción popular de UNER AUGUSTO BECERRA LARGO contra BANCOLOMBIA S.A.


  1. ANTECEDENTES


1. El actor popular denuncia que la referida entidad financiera, «no cuenta en el inmueble donde presta sus servicios con baño público para ciudadanos discapacitados en silla de ruedas», y aun cuando indica que el «AGRAVIO OCURRE A LO LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO», identifica como lugar específico de  vulneración la «Clle. 8 # 4-23 Ambalama –Tolima», y de domicilio de la accionada la «Cra. 8 No. 19-67 Pereira».


2. La reclamación se radicó ante los Juzgados Civiles del Circuito de Pereira, correspondiendo en reparto al Segundo de la aludida especialidad, quien, mediante auto del 8 de junio de 2018, la rechazó y la remitió a sus homólogos de Lérida -Tolima, por ser éste el lugar donde ocurre la presunta vulneración de los derechos colectivos (fl. 4, cdno, 1).


3. El Juez Civil del Circuito de destino provocó la colisión que se examina, destacando que su conocimiento corresponde al Juez de Pereira, por ser «esta ciudad el domicilio de la parte demandada» (fls. 10).


II. CONSIDERACIONES


1. Como la discusión planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.


2. Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, razón por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve tiene la carga de valorar la legislación vigente al momento de radicación, a fin de adoptar la determinación de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para conocerlo.


3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, tratándose de acciones populares «será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor (…)», estableciendo así un fuero concurrente a prevención.


De manera que, como lo ha señalado esta Sala,


«En términos de tal expresión legislativa, el promotor de la acción judicial tiene libertad para escoger ante cuál de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestación de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para él, pero también para el juez ante quien se la concreta» (AC3261-2018).


4. Dicho lo anterior, la Corte observa que si bien en el caso analizado el reclamante seleccionó el juez competente con fundamento en la vecindad de la entidad accionada indicada en la misma demanda; es decir, en la ciudad de Pereira, resulta que la información que reposa en la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, consultable sin restricción ninguna en la página www.superfinanciera.gov.co1, determina que el domicilio principal de BANCOLOMBIA S.A. es Medellín, de donde se deduce que la radicación realizada por aquél no se ajusta a la realidad, sin que la eventualidad de que la persona jurídica tenga alguna sucursal en Pereira sea suficiente para asignar a sus juzgadores el caso, en la medida que la infracción que se le atribuye no hace relación a ese lugar.


Al respecto, la Sala ha sostenido que:


«En ese orden, en el caso no se puede atender la opción ejercida por el actor en cuanto al municipio donde radicó su demanda, pero sí su escogencia en relación a que la competencia se radique en el domicilio del demandado, que se conoce corresponde a Medellín, por lo que se asignara la competencia a los funcionarios de dicha ciudad. En un pronunciamiento reciente esta Sala indicó, en tal sentido: “Como el promotor escogió el domicilio del accionado, éste necesariamente debe ser el de Popayán, conforme al certificado de existencia y representación y a la doctrina de esta Corte, por cuanto el de la agencia no es factor para determinar competencia en esta clase de asuntos”» (CSJ AC, 18 Feb 2016, Rad. 2016-00317-00, CSJ AC, 10 jul. 2018, rad. 2018-01882-00).


5. Cumple advertir que si bien es cierto la Corte en varias providencias se atuvo a la simple manifestación del actor popular sobre el domicilio de la accionada, la entrada en vigencia plena del Código General del Proceso, y particularmente de su artículo 85, posibilita verificar esa información cuando reposa «en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla»; todo en aras de «procurar la mayor economía procesal» como lo ordena el artículo 42-1 ibídem.


       6. Ahora bien, se anota que a pesar de que en el presente caso las autoridades judiciales de Medellín no hicieron parte en la colisión de atribuciones que aquí se resuelve, es necesario asignarles el asunto habida cuenta que las reglas sobre competencia son de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento.


En un asunto de similares contornos al de ahora la Sala dijo: «se torna necesario asignar el conocimiento del proceso (…) al competente, aun cuando los juzgadores mencionados no hubieren participado en el conflicto que es materia de este pronunciamiento, toda vez que las reglas relativas a la competencia privativa son de carácter vinculante» (CSJ, AC 11 ene 2013, rad. 2012-02561-00, reiterado en AC3267-2018).


7. De acuerdo con lo expresado, se establece que habiéndose atribuido la competencia por el domicilio del presunto trasgresor, el juez que debe conocer el asunto es el de Medellín, a quien se le enviará, por intermedio de la Oficina de Reparto.


III. DECISIÓN


Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE:


PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto suscitado, señalando que los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín son los competentes para conocer la acción popular de Uner Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A.


SEGUNDO.- REMITIR el expediente a la oficina de reparto que corresponde a esos Juzgados, a quienes se les asignó la competencia,  para que se continúe con el trámite del asunto.


TERCERO.- COMUNICAR esta decisión los Juzgados Civiles del Circuito, de Lérida y Segundo de Pereira, involucrados en el conflicto que se ha dirimido.


Notifíquese,




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado


1 https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61694