Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por los demandados frente al auto de 4 de agosto de 2017, por medio del cual la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca negó conceder el de casación de la sentencia de 23 de mayo de 2017, proferida dentro del proceso ordinario de Rodrigo Antonio López Estrada contra Geovanny Alexis Suárez Castellanos y Nelly Marina Colina de Zocadagui.
Ahora bien, el artículo 338 ibídem agrega que si las expectativas del litigante vencido son netamente económicas el ataque procede si «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente» excede de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que no tiene incidencia en «sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil».
Por demás, en los pleitos meramente patrimoniales el artículo 339 ibídem consagra que cuando «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión», precepto que contiene una carga para aquel de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, simultáneamente con la interposición del embate o a más tardar antes de que le venza el lapso con tal fin, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le esté permitido decretar medios de convicción adicionales a los existentes, ya que el censor asume los efectos adversos de su desidia.
Sea lo primero hacer claridad que si bien desde que se formuló la alzada el memorialista dijo actuar en «calidad de apoderado de la parte demandada en el asunto de la referencia», en realidad solo detentaba tal calidad como vocero de Nelly Marina Colina de Zocadagui según el poder que anexó al escrito de interposición y sin que obre en las diligencias manifestación de Geovanny Alexis Suárez Castellanos en ese sentido, razón por la cual desde un comienzo se cerró para éste la vía excepcional que ahora intenta.
De todas maneras, aún de analizar la viabilidad de la opugnación para ambos demandados, lo cierto es que el argumento propuesto de que la naturaleza del pleito era eminentemente declarativa se cae de peso ya que contiene alcances patrimoniales, ya fuera que se viera desde la perspectiva de la nulidad absoluta pedida por el accionante o de la simulación declarada por los juzgadores, puesto que en cualquiera de los eventos la decisión favorable conlleva el cambio de la titularidad en el dominio de los bienes a que se refieren los instrumentos que resultan cuestionados, independientemente de que dicho resultado esté precedido de una declaración.
En ese sentido en AC2403-2018, en un caso que si bien se trató la nulidad de una liquidación notarial de herencia tiene implicaciones similares, se precisó que
[e]n el presente asunto, se recuerda, los demandantes pidieron declarar «la nulidad absoluta de la escritura pública número 2228 del 21 de octubre de 2013 de la Notaría Segunda de Neiva», mediante la cual se realizó la sucesión intestada del señor (…)y como consecuencia de ello solicitaron la cancelación de la inscripción de tal instrumento.
De acuerdo con lo anterior, es evidente que la finalidad de las declaraciones requeridas es la recuperación de los bienes que le fueron ilegítimamente adjudicados a la demandada, toda vez que al momento del deceso del señor (…), ésta ya no tenía vínculo alguno con el causante, que la habilitara para hacerse parte de la sucesión; estas solicitudes, que por demás fueron acogidas, tienen una innegable repercusión en la órbita jurídico-patrimonial de la perjudicada.
Ciertamente, aun cuando la sentencia, en principio, se entienda declarativa ello no quiere decir que tal condición apareje o se asemeje a la extrapatrimonialidad. Dicho de otro modo, el carácter declarativo de una providencia no excluye que tenga efectos esencialmente patrimoniales; además, la connotación declarativa pura de la pretensión no es una clasificación que trascienda para efectos de establecer la procedencia del recurso de casación, como si lo es que la decisión recurrida se hubiese gestado en el marco de una acción de un grupo o verse sobre el estado civil, como se indicó atrás.
Y en la esfera de la simulación, en AC2596-2018 se resaltó como fue atinado un proveído similar al que es materia de análisis ya que el demandante
(…) no cumplió con la carga de allegar un trabajo realizado por perito idóneo, en el que se estableciera sin duda que la afectación sufrida con las determinaciones desestimatorias era superior a los topes fijados por la ley adjetiva con tal propósito, eso aunado a que ni siquiera era posible extraer ese tópico de las probanzas existentes ya que los valores que se hicieron constar en la escritura discutida resultan irrisorios frente al quantum establecido.
Tales aspectos son tan ciertos que (…) guardó silencio sobre el particular para dirigir su descontento a que la naturaleza del pleito era eminentemente declarativa, razón por la cual era innecesario cuantificar un desmedro inexistente.
Sin embargo, tal reproche luce contradictorio con la esencia de la acción de simulación absoluta de un contrato de venta de bienes inmuebles en virtud del cual la prosperidad de las aspiraciones conlleva una mutación en el cambio de una realidad preexistente, toda vez que la titularidad del derecho de dominio sobre los bienes se altera, lo que excluye de entrada el alcance limitado que le quiere dar y trasciende a la esfera patrimonial de los intervinientes en el debate.
Ahora, es indiscutible que al plantear la censura no se allegó experticia con la cual se pretendiera cuantificar el detrimento sufrido por los perdedores, así como que la suma de $65’000.000 a que se refiere la operación de venta que se hizo constar en la escritura 393 de 2013, aún si se trajera a valor presente, resulta irrisoria frente al tope de $737’717.000 que regían para la época en que se desató la segunda instancia para acudir en casación, de ahí que cualquier tentativa para hacerlo bajo ese escenario resultaba frustránea y no era reprochable que se acudiera a esa probanza ante la desidia de los afectados.
Precisamente en AC4179-2017 donde se tocó un tema de nulidad absoluta de un contrato, como ahora insisten los inconformes que se estudie el tópico, se llegó a la misma conclusión ya que en
(…)el citado instrumento público se consignó como valor del acto, la cantidad de $228.000.000,oo, ratificada en la cláusula tercera, en donde expresamente se estipuló «[q]ue el precio de esta venta, es la suma de doscientos veintiocho millones de pesos moneda corriente (228.000.000)».
Dado que el Tribunal acudió a este elemento de juicio, porque el expediente no registraba ninguno otro y los recurrentes desaprovecharon la oportunidad para haber allegado uno, como se lo permitía el artículo 339 del Código General del Proceso, entonces no hay lugar a reprochar el proceder de dicho juzgador, cuando acudió al único elemento de juicio objetivo obrante en el proceso, esto es, a la cuantía actualizada del acto de enajenación, pues tal proceder, cuenta con respaldo legal, según lo antes expuesto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación propuesto contra la sentencia de 23 de mayo de 2017, proferida dentro del proceso ordinario de Rodrigo Antonio López Estrada contra Geovanny Alexis Suárez Castellanos y Nelly Marina Colina de Zocadagui.
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado