AC3906-2018
Radicación n° 11001-02-03-000-2012-01848-00
Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Se resuelve la objeción de la apoderada de la demandada Claudia Silvana Vernier Waldraf a la liquidación de costas practicada por la Secretaría de la Sala dentro del asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. La Sala desató la impugnación extraordinaria de la referencia, mediante la sentencia de 25 de junio de 2018. En ella resolvió:
PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la caducidad, dentro del recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Fernanda, Claudia Catalina y Carlos Roberto Waldraff Escobar frente la sentencia de 11 de agosto de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ejecutivo de Eduardo Giuseppe Francisco Vernier Waldraff y Claudia Silvana Vernier Waldraff a favor de la sucesión de Carmen Helena Waldraff de Vernier frente a los recurrentes como herederos determinados de Francisco de Sales Waldraff Romero, sus herederos indeterminados y Jorge Leonardo Waldraff Romero. SEGUNDO: Condenar en costas y perjuicios a la parte recurrente (fls. 440 al 441).
2. El 17 de agosto pasado, la Secretaría practicó la liquidación de costas, incluyendo como agencias en derecho la suma previamente fijada: tres millones de pesos ($3.000.000), folios 255 y 257 del c. de la Corte.
3. La mencionada demandada formuló objeción contra dicho ejercicio, en lo que respecta a las agencias en derecho, por considerar: (i) que el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura PSAA16-10554 de 10 de agosto de 2016 determina para los recursos extraordinarios una tarifa variable de agencias en derecho que va de 1 a 20 S.M.M.L.V; (ii) que el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil señala que el juez debe tener en cuenta, además, “la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales”; (iii) que el trámite del recurso de revisión tardó casi seis años; (iv) que la cuantía de la liquidación del crédito para el proceso ejecutivo en el que se emitió la sentencia atacada, actualizada a la fecha asciende a “$653.181.126”; y (v) que en consideración a los parámetros del citado Acuerdo, para los juicios ejecutivos las agencias en derecho corresponden como mínimo a un 3% del crédito y como máximo un 7.5% del mismo, por lo que los tres millones de pesos cuantificados aquí resultan “irrisorios” (fls. 263 y 264).
4. La contraparte se opuso a lo planteado en la objeción, diciendo que en el fallo de la Corte se declaró la caducidad, sin concluir nada sobre los cargos de fondo (folios 266 a 268).
II. CONSIDERACIONES
1. Preliminarmente cabe destacar que en el marco de este recurso extraordinario, a cada una de sus fases y actuaciones se aplica el Código de Procedimiento Civil y las disposiciones que lo reformaron y modificaron antes de la entrada en vigencia plena del estatuto general del proceso, ocurrida el 1° de enero de 2016.
Esto, por cuanto los artículos 624 y 625 de este último cuerpo normativo (Ley 1564 de 2012) establecieron como excepción a la regla general de aplicación inmediata de la ley adjetiva que, entre otras actuaciones, “los recursos interpuestos […] se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…”, y el presente se formuló el 17 de agosto de 2012.
Sobre las preceptivas que en eventos de tránsito legislativo deben orientar la tramitación íntegra de los remedios extraordinarios y las actuaciones que surjan con ocasión de los mismos, la Corte tuvo la oportunidad de aclarar que
[c]onsecuencia necesaria y natural de la precitada inferencia, es la de que al transitar esta casación por el camino del Código de Procedimiento Civil, todo lo que se derive de su discurrir y resolución, incluso la expedición de copias o certificaciones, el reconocimientos de personería, la condena en costas y su tasación, el decreto y práctica de pruebas (si ello se ordena previa sentencia sustitutiva), cumple rituarlo con esa codificación. Lo contrario implicaría mezclar en un mismo escenario y con alternancia, dos codificaciones procesales, lo que atentaría con el mínimo de seguridad o certeza jurídica que debe acompañar la sustanciación de los litigios. Para los usuarios del sistema de administración de justicia, que buscan la tutela efectiva de sus derechos, debe ofrecerse una hermenéutica que les provea certidumbre sobre las normas que regulan el conflicto jurídico respecto del cual se solicita la decisión (CSJ SC de 1° de jun. de 2016, Rad. 2010-00207-01).
2. La Sala ha señalado reiteradamente que las costas procesales “[s]e encuentran instituidas en favor de quien sale vencedor en el litigio, con el fin de compensar los gastos en que éste incurrió para hacer valer sus reclamos, lo que amerita que se incorporen las agencias en derecho, como una partida representativa del pago de honorarios al profesional que se contrató para ejercer vocería, en virtud del derecho de postulación” (CSJ AC, 2 dic. 2013, rad 2007-00019-01, reiterado en AC5073-2015).
3. Para la tasación de las agencias en derecho, que integran los rubros que se incluyen en las costas, el numeral 3º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, dispone que “[d]eberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura”, precisando que “[s]i aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
4. Si bien el Acuerdo más reciente sobre agencias en derecho emitido por el Consejo Superior de la Judicatura es el PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, este no se aplica al presente asunto, habida cuenta que en sus reglas sobre vigencia señala que “rige a partir de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes (como el que ahora ocupa la atención de la Corte) se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura” (artículo 7º).
5. En consecuencia, el que se ajusta a la situación planteada es el Acuerdo 1887 de 2003 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que en su artículo 3º prevé que “[e]l funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables”. Mientras que en el numeral 1.12.2.2 del artículo 6º determina que las agencias en derecho, cuando de revisión se trata, son “…hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
6. No prospera la objeción esgrimida, por las siguientes razones:
6.1. De conformidad con el marco tarifario previsto por el mencionado Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, el reconocimiento por agencias en derecho en el escenario de la revisión puede ir “hasta” el equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, para el 2018, anualidad en la que se elaboró el trabajo refutado, quince millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta pesos ($15.624.840), suma reservada a los eventos extremos de actividad, duración y dificultad del asunto.
6.2. El valor que por dicho concepto se dispuso en la providencia de 31 de julio anterior corresponde a tres millones de pesos ($3.000.000), monto que por lo mismo, es evidente, se encuentra en el rango que para estos casos consagra la reglamentación pertinente.
6.3. Por lo demás, dicha cantidad dineraria es producto de una razonable ponderación de las circunstancias en las cuales se desarrolló la impugnación extraordinaria, al punto que en la providencia mencionada se dijo que para el propósito de la determinación de las agencias en derecho se ponderaba que “hubo oposición por parte de la convocada Claudia Silvana Vernier Waldraff”.
Conviene anotar, asimismo, que la defensa de la convocada no ameritó un esfuerzo extraordinario o un despliegue jurídico mayúsculo, porque al final todo convergió en la caducidad del recurso interpuesto, como en efecto se declaró en el fallo que desató ese mecanismo de controversia. Incluso, la actividad de la objetante se circunscribió, básicamente, a dar respuesta al recurso (fls. 325 a 333), sin acudir siquiera luego a formular alegatos de conclusión (fl. 416).
6.4. Por otra parte, cumple indicar que el monto de la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo génesis de la revisión no puede ser factor para cuantificar acá las agencias en derecho, porque uno es el objeto de la revisión y otro diferente al de aquél enjuiciamiento.
En un evento similar, donde se asignó por agencias en derecho una suma igual a la aquí debatida, se expuso: “… la Corte en fallo referido (fijó) por dicho concepto la suma de $3’000.000, que corresponde apenas a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, valor que se encuentra dentro del rango permitido legalmente y que se compadece, con la naturaleza del asunto y la labor ejercida por el apoderado de la contraparte” (AC4855-2014).
7. En resumen, la objeción a la liquidación de costas no es de recibo porque las agencias se fijaron dentro del rango autorizado, teniendo en cuenta las características propias del asunto, la comparecencia de la parte demandada, su respuesta al libelo inicial, el tiempo que tardó el trámite del recurso y su complejidad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR infundada la objeción planteada por la accionada.
SEGUNDO: APROBAR la liquidación de costas practicada por la secretaría.
Notifíquese,
Magistrado