ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado Ponente


AC3947-2018

Radicación n° 11001-02-03-000-2012-02174-00

(Aprobado en sesión de nueve de mayo de dos mil dieciocho)


Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).-


Procede la Corte a resolver la solicitud de adición de la providencia SC788-2018 del 22 de marzo de 2018 que resolvió el recurso de revisión que interpuso AYXA PATRICIA ARIAS CUESTA contra la sentencia de 24 de febrero de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario del FONDO NACIONAL DEL AHORRO-FNA frente a aquélla y JESÚS HUMBERTO ROMERO FERNÁNDEZ.


  1. ANTECEDENTES


1.- El 22 de marzo de la corriente anualidad, esta Corporación decidió el recurso extraordinario de revisión de la referencia, en cuya parte resolutiva declaró la nulidad de lo actuado en el proceso ordinario incoado por el Fondo Nacional del Ahorro contra Jesús Humberto Romero Fernández y la recurrente en revisión, únicamente respecto de lo actuado en relación con la última de las mencionadas, con posterioridad al auto admisorio de la demanda.


2.- En el término de ejecutoria la impugnante, con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, pide la adición de dicha determinación para que se declare, consecuencialmente, la nulidad del proceso ejecutivo resultante como consecuencia de la sentencia favorable al actor en el proceso ordinario que se anuló.


Argumenta que, si bien no lo solicitó en la demanda, en los hechos sí hizo relación a ese juicio ejecutivo, por lo que considera que de interpretarse aquélla «es pertinente acceder a la adición disponiendo la respectiva nulidad del proceso de ejecución». Igualmente alega que al estar viciada de nulidad la actuación en ese proceso ejecutivo, han de cancelarse las medidas de embargo y secuestro decretadas en su interior.


Fundamenta su solicitud en el inciso 3 del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil cuando dispone que «En la sentencia que invalide la revisada se resolverá sobre las restituciones mutuas, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación…», de manera que, en su sentir, al referirse dicha norma a las «cancelaciones», conlleva a que debe ser objeto de pronunciamiento en la sentencia cuya adición se solicita, la cancelación de las medidas cautelares decretadas en el juicio ejecutivo, en tanto que las actuaciones procesales declaradas nulas afectaron derechos económicos o de propiedad de la recurrente en revisión.


  1. CONSIDERACIONES


1.- El primer inciso del artículo 311 del estatuto procesal civil, contempla que,


Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.


Se erige de esta manera entonces en una oportunidad excepcional para complementar la decisión judicial, que solo se justifica frente a dos escenarios: O porque se omitió la resolución de un extremo de la litis; o, porque hubo silencio en un pronunciamiento que conforme a la ley debía proveerse, aun de oficio, en la providencia cuya incompletitud se  denuncia.


Sobre los alcances de esta herramienta procesal anotó esta Corporación en CSJ AC7821-2014 que,


«no es cualquier inconformidad de las partes la que puede ser aducida a fin de lograr la aclaración o adición del proveído sino, justamente, alguno de los motivos específicamente señalados en las normas precitadas».


2.- En el presente caso, la decisión objeto del recurso extraordinario de revisión, fue la sentencia que puso fin al juicio ordinario de responsabilidad contractual incoado por el Fondo Nacional del Ahorro-FNA frente a la recurrente y Jesús Humberto Romero Fernández, proferida el 24 de febrero de 2010, corregida el 5 de mayo siguiente, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.


En efecto, mediante sentencia SC788-2018 del 22 de marzo de 2018, al comprobarse la incursión en la causal 7 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta a la vinculación procesal de la codemandada Ayxa Patricia Arias Cuesta, la Corte declaró la nulidad de lo actuado en el proceso ordinario «únicamente respecto de lo actuado en relación con la última de las mencionadas, con posterioridad al auto admisorio de la demanda».


Lo anterior significa que, la declaratoria de nulidad comprende incluso la actuación para hacer valer compulsivamente la sentencia anulada frente a la recurrente en revisión.


Recuérdese que el juicio de ejecución adelantado a la demandada, se inició conforme a lo contemplado en el artículo 335 ibídem, que reza,


«Cuando la sentencia haya condenado al pago de una suma de dinero (…), el acreedor deberá solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. No se requiere formular la demanda, basta la petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de aquélla y, de ser el caso, por las costas aprobadas…»


Significa lo anterior, que la orden anulatoria contenida en la sentencia de revisión comprende lo adelantado en el juicio de ejecución, pues tal actuación, como lo prescribe el artículo citado, deviene de la sentencia anulada, por lo que no existe razón para adicionar la misma.


Ahora, no es en la sentencia de revisión que se ordena la cancelación de las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo adelantado a continuación del proceso ordinario, pues ese no es el alcance que debe darse al inciso 3 del artículo 384 citado, en el entendido que, la precisa solicitud elevada, comprende un efecto propio de la declaratoria de nulidad, que debe ser acatado por el juez de conocimiento; pues, al anularse el proceso en relación con la recurrente, queda sin sustento la medida cautelar, sin que se requiera pronunciamiento expreso en ese sentido, y por ende, sea pasible de ordenarse a través de una sentencia complementaria.


En efecto, la decisión anulatoria adoptada en el recurso extraordinario, irradia diversas consecuencias procesales, que aunque no se expliciten en la providencia, no por ello ha de entenderse que comportan una falencia que deba ser subsanada a través de una adición, pues sus múltiples efectos, han de analizarse en cada caso por el juez de conocimiento.


3.- Conforme a lo expuesto, la petición que ahora se eleva, no comporta un presupuesto de omisión de algún punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, en tanto que, se insiste, declarada la nulidad de la actuación en el proceso ordinario, y con ello, la ejecución incoada a continuación, el levantamiento de las medidas es un efecto propio de aquélla, para lo cual corresponde al juez de conocimiento, adoptar las medidas procesales indispensables para acatar la decisión anulatoria.



  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.- NEGAR la solicitud de adición de la sentencia SC788-2018 del 22 de marzo de 2018 que resolvió el recurso de revisión que interpuso AYXA PATRICIA ARIAS CUESTA contra la sentencia de 24 de febrero de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario del FONDO NACIONAL DEL AHORRO-FNA frente a aquélla y JESÚS HUMBERTO ROMERO FERNÁNDEZ.



SEGUNDO.- En firme este proveído, cúmplase lo dispuesto en los ordinales tercero y cuarto de la sentencia en cuestión.


Notifíquese




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

(Presidente de la Sala)




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA