AC3954-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2016-02066-00



Bogotá D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).



Vistos los precedentes escritos e informe de la Secretaría, se resuelve:


1.        Téngase por contestada la demanda de revisión por el curador ad litem de Oliva Blanco Ordoñez y de las personas indeterminadas (folios 515 a 519 del cuaderno Corte).


2.        Para continuar con el trámite, de acuerdo con el artículo 358, inciso 7º, del Código General del Proceso y reglas concordantes, es del caso proveer sobre las pruebas en este asunto, para cuyo propósito se dispone:


2.1.        Ténganse como tales todos los documentos aportados por las partes en oportunidad legal, y de acuerdo con el mérito que legalmente les corresponda (folios 3 a 49 y 201 a 384 a 387 ídem).


2.2.        Así mismo, téngase como prueba el expediente contentivo del proceso objeto del presente recurso de revisión.


2.3.        Ofíciese a la Fiscalía 15 Seccional de Cúcuta para que, a costa de la parte recurrente, remita copia de la totalidad del proceso penal seguido contra José del Carmen Rivera Ramírez y Heliodoro Viveros, por los delitos de fraude procesal y falso testimonio, radicado bajo el n.º 540016001131201303221-00.


2.4.        Deniégase la prueba relativa a oficiar a la Fiscalía 6ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para pedir reproducción de la investigación penal adelantada contra la Magistrada Amanda Yanneth Sánchez Tocora, solicitada por los impugnantes (folios 155 ibídem), por inconducente y superflua, a términos del precepto 168 del actual estatuto procesal civil.


En efecto, los solicitantes de tal medio probatorio no expresaron lo que se proponían demostrar con el mismo, así como su práctica se advierte infructuosa en el caso, debido a que una de las causales invocadas consiste en «haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en el que se dictó la sentencia», cuyo eventual examen de adecuación debe darse de cara a la conducta desplegada por las partes, calidad que no ostenta la funcionaria presuntamente investigada. 


2.5.        Deniéganse los medios probatorios concernientes al testimonio de Sonia Abril, Fiscal 19 Seccional de Cúcuta y al oficio a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, en orden a que certifique las investigaciones que actualmente se siguen contra Raúl Ernesto Cruz Moya, y que fueran solicitados por José del Carmen Rivera Ramírez, por cuanto resultan superfluos e inconducentes.


Al respecto, se advierte de un lado, que lo que pueda declarar dicha funcionaria sobre el proceso penal adelantado contra el señor Rivera Ramírez está demás, dado que en este asunto se dispuso como prueba la copia del expediente contentivo de dicha causa; y del otro, que el interesado no manifestó la finalidad que se proponía con la certificación de las causas penales seguidas contra el señor Cruz Moya.


Asimismo, los peticionarios de los instrumentos suasorios negados en los numerales 2.4 y 2.5 no señalaron su utilidad que éstos reportaban en torno del otro motivo de revisión alegado, esto es, la nulidad originada en la sentencia, dado que su tipificación tiene que darse con análisis del fallo controvertido y el proceso correspondiente, mas no con la incorporación de nuevos elementos de prueba, cual si se tratara de un juicio o instancia adicional.


Es que como fue recordado en el auto anterior, la jurisprudencia de la Sala, en algunas ocasiones, ha aceptado que dicha invalidez procesal podría operar de manera excepcional, únicamente para fallos con absoluta falta de motivación o carencias muy graves de argumentación, verbi gratia, cuando se exponen «razones que no vienen al caso, o que no guardan conexión con la problemática de que trata el proceso», una indiscutible falta de racionalidad, argumentos claramente absurdos, entre otras (fallos SC de 29-08-2008, rad. 11001-0203-000-2004-00729-01; SC-10097-2015, rad. 2009-00241-01).


Desde luego que el examen extraordinario propio de la revisión, con miras a determinar si las graves y trascendentales anomalías antes enunciadas, pudieron acontecer en el fallo censurado, tan sólo podría hacerse con fundamento en el estudio de esa decisión y los elementos de juicio que tuvo a la vista el sentenciador, de forma tal que exhibe desarmonía con tan estricto régimen jurídico impugnativo, la aducción de medios probatorios distintos o adicionales a los debatidos allá, que más parecen una velada aspiración para nuevas oportunidades y controversias propias de las instancias.


De donde aflora que las pruebas denegadas carecen de utilidad para lo que acá corresponde decidir.


3.        Para la práctica de los medios de convicción ordenados, se dispone el término de quince (15) días, los cuales una vez acopiados, se ingresará el asunto al Despacho para lo pertinente.


Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado