Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por el demandante frente al auto de 29 de enero de 2018, por medio del cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva negó conceder el de casación de la sentencia de 4 de octubre de 2017, proferida dentro del proceso ordinario de Julián David Trujillo Medina, contra Seguros Inversiones Asociados Seinas Ltda.
1.- Se formularon en el libelo cuatro (4) pretensiones declarativas relacionadas con la celebración de los contratos de compraventa de derechos de posesión sobre predios ubicados en la ciudad de Cartagena, documentados en las Escrituras Públicas 47, 48, 79 y 495, todas ellas otorgadas en el año 2010 en la Notaría Segunda de Cartagena, donde fungió como vendedora Seguros Inversiones Asociados Seinas Ltda.
En forma consecuencial, se declare que la demandada incumplió los contratos contenidos en dichas escrituras y se le condene a pagar al convocante la totalidad de los perjuicios por daño emergente, lucro cesante, morales y daño a la vida de relación, sufridos con ocasión del incumplimiento, en su calidad contratante directo en uno de los contratos y cesionario de derechos y acciones en los demás.
2.- El Juez Primero Civil del Circuito de Neiva dictó sentencia declarando la nulidad absoluta de los referidos contratos por objeto ilícito. En consecuencia, condenó a la demandada a pagarle al demandante los siguientes valores: Por el negocio contenido en las Escrituras Públicas 47 y 48 de 2010 de la Notaria Segunda de Cartagena, la suma de $3.800.0000; por la Nro. 79 de 2010, la suma de $1.300.000 y por la Nro. 495 de 2010, $2.000.000, todas esas sumas debidamente indexadas desde las respectivas fechas de escrituración hasta que se verifique el pago. Denegó las restantes pretensiones y declaró no probadas las excepciones.
3.- La parte demandante apeló esa determinación.
4.- En audiencia de 4 de octubre de 2017 el Tribunal dictó sentencia modificatoria de la impugnada, en el sentido de revocar la nulidad de los negocios plasmados en las Escrituras 48, 79 y 495 de 2010 de la Notaria Segunda de Cartagena y las consecuenciales «restituciones mutuas». En su lugar, de oficio, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, en lo demás la confirmó.
5.- Frente a ese fallo el accionante interpuso recurso extraordinario de casación, cuya concesión le fue negada por auto de 29 de enero de 2018.
Al respecto, acotó la magistrada ponente que no se estableció el requisito del interés económico para recurrir en casación, dado que sumadas las pretensiones con su respectiva actualización, apenas ascendían a $37.329.601, siendo ese el valor actual de la resolución desfavorable, que no alcanza la cuantía de 1000 SMLMV, exigida en el artículo 338 del Código General del Proceso.
En lo referente a los perjuicios materiales, expuso que como el recurrente no aportó una experticia en los términos del artículo 339 del Código General del Proceso, era menester tener en cuenta el dictamen pericial obrante a folios 211 a 216 del expediente; en cuanto a los extrapatrimoniales -morales y a la vida de relación-, señaló que tomaba en consideración el monto cuantificado por la Corte en un caso de responsabilidad civil.
En esa dirección, halló las siguientes sumas acreditadas e indexadas por los rubros reclamados: daño emergente: $9.551.845; lucro cesante: $2.575.471; perjuicios morales: $10.000.000; daño a la vida de relación: $10.000.000 y restituciones mutuas: $5.202.284,75.
6.- El impugnante propuso recurso de reposición y en subsidio queja. Sus reparos se sintetizan así:
De conformidad con el artículo 339 del Código General del Proceso para definir la cuantía del interés para recurrir se debe acudir a los elementos de juicio que obren en el expediente y en este caso existen dos experticias, no obstante lo cual, el ad quem para denegar la impugnación solo tuvo en cuenta una de ellas, desconociendo las conclusiones del otro perito que tasó los perjuicios materiales en $7.125.000.000.
El criterio expuesto en la providencia impugnada es errado porque el dictamen considerado fue cuestionado por el convocante, por lo que se debió apreciar el otro dictamen, cuyo perito visitó el terreno y consultó los entes o autoridades pertinentes, mientras que, de acuerdo con las aclaraciones ofrecidas por el auxiliar de la justicia que rindió el medio persuasivo estimado por el sentenciador, es claro que éste nunca consultó a DIMAR como autoridad competente, solo tuvo en cuenta las escrituras obrantes en el expediente y tampoco consultó al IGAG.
Las razones para denegar el recurso no se ajustan a la norma, ni a la realidad fáctica y probatoria del asunto, pues resultaba más idónea la primera experticia practicada dado que guarda correspondencia con el oficio emanado del IGAG que da cuenta de la situación jurídica del predio, el cual aparece inscrito a nombre de La Nación y corresponde a un área protegida de conservación. También debió considerar la estimación jurada de los perjuicios contenida en la demanda, así como lo pretendido.
7.- El tribunal no modificó su decisión al momento de resolver el recurso de reposición y le dio trámite a la queja.
1.- Examinado el asunto, de entrada se advierte que le asistió razón al tribunal al haber denegado la vía extraordinaria de impugnación intentada por el quejoso.
2.- La procedencia del recurso de casación, está supeditada a la satisfacción de los precisos requisitos consagrados en la normativa procedimental. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso dispone que este extraordinario medio, procede, entre otras, contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, en «toda clase de procesos declarativos».
A su turno, el canon 338 ibídem, consagra:
Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.
Como puede apreciarse, el nuevo compendio procesal mantuvo la exigencia de la estimación de la resolución desfavorable, fijándola en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales. Y, en punto a la verificación de ese requisito, al tenor del artículo 339 siguiente,
Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión.
3.- En el sub judice, la demanda da cuenta de una serie de pretensiones acumuladas, invocándose como principales las declarativas y como consecuenciales las de condena, estas últimas encaminadas a obtener el pago de una indemnización de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, que el extremo activo alegó haber sufrido con ocasión del incumplimiento contractual que dio origen al reclamo de tutela jurisdiccional.
3.1.- Se pone de presente que la Corte solo se ocupará de analizar el argumento de inconformidad concerniente a la indebida valoración de la prueba pericial en la que se apoyó el ad quem para establecer el monto de la decisión desfavorable al recurrente en punto a los perjuicios materiales, comoquiera que ningún reparo se formuló respecto a la forma de estimación de los perjuicios morales y daño a la vida de relación, que también hizo parte de la valoración conjunta del agravio a considerar para el mismo efecto.
3.2.- El recurrente se duele que el fallador le haya dado preeminencia a un dictamen sobre el otro de los practicados dentro del proceso, porque desde su punto de vista, el ignorado da cuenta de la realidad fáctica y jurídica que rodea el caso.
Una revisión del copiado permite constatar que, ciertamente, el 05 de febrero de 2014 se presentó en el juzgado de primera instancia el dictamen elaborado por el perito Fernando Correa Perdomo (fls. 42 – 73), quien se pronunció sobre cada uno de los aspectos encomendados y al referirse a los perjuicios, conceptuó:
6.1. Perjuicios materiales directos por la transacción: valor real de compra: 9.5 Has. *$50.000.000= $475.000.000.
6.1.1. Valor real del predio, en el evento en que este fuera negociable: $7.600.000.000.
6.1.2. Valor real del predio por ser bien de uso público: $0.0.
6.1.3. Perjuicios materiales directos: $7.125.000.000
6.2 Lucro cesante consolidado y futuro estimado: Con base en lo liquidado, y los i.p.c. promedio dentro de los últimos 10 años, 4.0%, se liquida dicho valor: $7.125.000.000 * 4*0.04= $1.140.000.000.
El futuro será liquidado con el mismo índice, dado por el DANE, sobre lo que suceda cada año $285.000.000.
La convocada objetó esa experticia por error grave, y en su tramitación el a quo dispuso la práctica de otro medio de convicción de la misma naturaleza, encargado al auxiliar de la justicia Piter Vega Escobar (fls. 74 a 105), quien en su laborío cuantificó el agravio material, así: Daño emergente: $8.389.251 y lucro cesante: $2.262.000; y en cuanto al denominado por el accionante «costo de oportunidad», expuso que éste podría estar dado por la «rentabilidad de la inversión que se dejó de realizar al haberse adquirido los derechos de posesión; pero para este caso no se puede determinar por desconocer la clase de inversión dejada de realizar y las condiciones económicas».
Ahora, si bien es cierto que en un primer momento la magistrada sustanciadora se limitó a darle credibilidad a las conclusiones del segundo dictamen, sin mencionar el primero ni exponer razones al respecto, lo cierto es que al resolver el recurso de reposición propuesto contra el proveído que negó la casación, manifestó puntualmente los motivos que la condujeron a restarle relevancia a la experticia presentada por el señor Fernando Correa Perdomo.
Al efecto, precisó que ésta no fue tenida en cuenta porque «los criterios usados por el auxiliar de la justicia, además de contradictorios, no se soportan en fundamentos claros y verificables sobre la oportunidad perdida por el señor Julián David Trujillo Medina» y, tras referir que el perito conceptuó la inexistencia de los predios, acotó que,
De esta manera no se explica el Despacho la forma en que el perito calculó el valor del metro cuadrado y su total de $7.600.000.000 sin especificar la utilidad que pueda ofrecer el terreno inundado y los parámetros que permiten concluirla (…) Como consecuencia de lo anterior no es aceptable para el Despacho el precio de oportunidad que planteó en 1.000% a favor del demandante.
Agréguese a lo dicho hasta el momento, que el perito señaló como valor real de la compra la suma de $475.000.000.oo obviando determinar de dónde fue obtenida dicha suma más que las escrituras públicas dan cuenta de otros valores muy inferiores. Por lo tanto, el denominado perjuicio material directo que calculó en $7.125.000.000, luego de restarle el supuesto precio de la compra a los $7.600.000.000 que consideró sería el valor real del predio siempre que fuera negociable, no tiene fundamento para esta instancia judicial.
Así también, respecto del lucro cesante consolidado y futuro que fijó en su orden en $1.140.000.000 y $285.000.000, no logra explicarse el Despacho de dónde surgen los mismos, puesto que toma como base los $7.125.000.000 y procede a actualizarlos, cuando lo correcto era aplicar el interés legal y además usó como factor el número 4, del que se desconoce su origen.
Agregó que en esas condiciones, al obrar otro dictamen en el proceso, cuya práctica se ordenó para resolver la objeción por error grave propuesta contra el primero, el despacho consideró de mayor garantía para las partes acudir al mismo, en vez de proceder simplemente a indexar los valores pagados como precio al celebrar la compraventa de la posesión de los inmuebles.
3.3.- Como puede verse, en su tarea de establecer la cuantía del interés para recurrir en casación, dado que el recurrente no aportó un dictamen pericial para el efecto, la magistrada sustanciadora optó por tomar en consideración los elementos de juicio que obraban en el expediente, tal y como lo autoriza el artículo 338 del Código General del Proceso. En ese sentido, halló más adecuados y pertinentes, de cara a la controversia jurídica planteada, el estudio y conclusiones presentados por el segundo perito designado.
Revisadas ambas experticias, no puede menos que compartirse los razonamientos del ad quem en lo concerniente a la ausencia de bases sólidas, claridad y precisión de la primera de ellas, pues, ciertamente, las conclusiones acerca del monto de los perjuicios valorados resultan conjeturales, ajenas a un marco estimativo objetivo y sustentadas en meras especulaciones relacionadas con la eventualidad de que los bienes estuvieran en el comercio, para establecer la diferencia entre el precio de venta y el que actualmente pudieran tener.
De acuerdo con la documental allegada, en los contratos de compraventa de los porcentajes de posesión que afirmó ostentar sobre un predio de mayor extensión la enajenante aquí demandada, las partes convinieron como precio de venta en las escrituras públicas otorgadas en el año 2010 en la Notaría Segunda de Cartagena, los siguientes: Nro. 47: $2.000.0000; Nro. 48: $1.800.000; Nro. 79: $1.300.000 y Nro. 495: $2.000.000. No obstante, el perito aunque encontró que al momento de la negociación el precio de venta fue de $5.000 mt2, sin mayor análisis señaló que el valor real fue $50.000 mt2, y que los compradores tenían una expectativa de ganancia del 1.000%, de allí la cuantificación tan elevada de los perjuicios tasados al estimar un valor actualizado del predio, «en el evento en que este fuera negociable» de $7.600.000.000.
En las descritas circunstancias, comoquiera que los derechos de posesión que constituyeron el objeto negocial tienen carácter pecuniario y fueron directamente los intervinientes en los actos jurídicos quienes concertaron el quantum y modalidad de pago, al no existir una prueba contundente de que el incumplimiento contractual le generó a los compradores perjuicios materiales de tan sobresaliente magnitud como la conceptuada en el primer dictamen, no resulta desfasado que el ad quem, al momento de determinar el interés para recurrir en sede extraordinaria, haya acudido a la prueba técnica que sí tomó como referente el precio realmente pagado por los compradores aplicando la correspondiente fórmula de actualización monetaria.
3.4.- Bastan las precedentes apreciaciones para deducir lo infundado que deviene el recurso de queja, pues ningún reproche merece la valoración efectuada por la magistrada sustanciadora para extrañar el cumplimiento del requisito de la estimación económica del agravio, con mayor razón cuando, ante la disparidad de las conclusiones de las experticias practicadas, el recurrente bien pudo hacer uso de la prerrogativa conferida en el artículo 339 del Código General del Proceso presentando un dictamen pericial con esa precisa finalidad, cosa que no ocurrió.
4.- En consecuencia, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, el ataque propuesto era inviable, como lo previó el sentenciador.
5.- De conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, la resolución desfavorable de este recurso daría lugar a imponer condena en costas, sin embargo, no habrá lugar a ello dado que no existe constancia de que se hayan causado (arts. 365 num. 8 y 361 inc. 2 ibídem).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso referenciado.
Segundo: Sin lugar a condena en costas por el trámite del recurso de queja.
Tercero: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado