AC3960-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02036-00


Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).



Se decide el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Doce de Familia de Bogotá y el Cuarto de Familia de Oralidad de Barranquilla, atinente al conocimiento del proceso ejecutivo de alimentos de Licci Paolo Guerra Torres contra Rubén Darío Guerra Robles.

ANTECEDENTES


1. En la demanda presentada ante el «Juez Doce de Familia de Bogotá», de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción librar «mandamiento de pago contra el señor RUBEN DARIO GUERRA ROBLES y a favor de su hija LICCI PAOLA GUERRA TORRES» por las sumas de dinero relacionadas en las pretensiones de dicho escrito (fls. 14-18 del Cdno. Ppal).

2. Por auto de 15 de mayo de 2018, el Juzgado Doce de Bogotá inadmitió la «demanda» solicitando la corrección de los siguientes aspectos: «1.- APORTAR los certificado laborales del señor RUBÉN DARÍO GUERRA ROBLES desde el año 1998 al año 2010. 2.- EXCLUIR las pretensiones tercera y cuarta atinentes al cobro de cuotas alimentarias extraordinarias y de educación, toda vez que no son permitidos en esta clase de asuntos. 3.- EXCLUIR la pretensión de interés moratorio, toda vez que no son permitidos en esta clase de asuntos. 4.- INFORMAR del demandado cuál es su domicilio y residencia en Bogotá, pues en la parte introductoria se dice que es “vecino de Bogotá” pero su dirección de trabajo para notificaciones es Soledad, Atlántico» (fl. 19 ibídem).


3. Escrito de subsanación obrante en folio 20, por medio del cual se aclaró entre otras, que el «numeral 4 del auto inadmisorio aclaró al Despacho que por error involuntario de la suscrita abogada en la parte introductoria manifesté que la residencia y domicilio del demandado era la ciudad de Bogotá. Pero ratifico al Despacho que el demandado, señor RUBEN DARIO GUERRA ROBLES, labora como docente en el Instituto Tecnológico del municipio de Soledad, Departamento del Atlántico ubicado en la Calle 18 No. 39-100 Tel: 53112370 Fax 3112379. Este Instituto tiene sede en la ciudad de Barranquilla en la Carrera 45 No. 48-31 donde puede ser notificado el demandado» (fls. 20-21 ibidem).


4. Por lo anterior, el Despacho Doce de Familia de Bogotá, mediante providencia de 29 de mayo de 2018, optó por manifestar que no le correspondía asumir ese asunto, expresando para ello, con base en el artículo 28 del Código General del Proceso que «Como quiera que se pretende a través de este asunto la ejecución de una obligación alimentaria, reclamada por la joven LUCCI PAOLA GUERRA TORRES, persona mayor de edad, en contra del señor RUBÉN DARÍO GUERRA ROBLES, quien se encuentra domiciliado en la ciudad de Barranquilla – Atlántico, tenemos que con base en la norma en cita que el competente para conocer de la presente acción ejecutiva es el Juez de Familia de Barranquilla – Atlántico» (fl. 22 ibidem).

5. Subsiguientemente, el expediente fue enviado y repartido al Juzgado Cuarto de Familia Oral de Barranquilla, quien consideró que carecía de competencia, y, entonces, promovió el conflicto que ocupa la atención de la Corte, pues determinó, que conforme a lo regulado en el artículo 306 del Código General del Proceso y «teniendo en cuenta que el titulo ejecutivo es la sentencia que en su momento profirió el Juzgado Doce de Familia de Bogotá dentro del proceso de Divorcio, correspondiéndole la competencia a éste de manera privativa y exclusiva, proponiendo entonces, este Juzgado el conflicto negativo de competencia» (fl. 25 ibidem).


6. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.

 

CONSIDERACIONES


1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Bogotá y Barranquilla, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los artículos 139 ibídem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.


       2. De las pautas de competencia territorial consagradas en el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral primero (1º) constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante».


Del anterior precepto se deduce que, la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en las causas judiciales contenciosas está asignada al juez del domicilio del demandado.


Empero, tratándose de procesos ejecutivos de alimentos, la ley establece pautas especiales que permiten asignar el trámite de una controversia a determinado juzgador.


3. Así, cuando se reclama el pago de la prestación alimentaria cuyo destinatario es un menor, dispone el numeral 2º del referido canon que «En los procesos de alimentos… en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel.».


Por lo que se concluye, que la atribución de competencia por el factor territorial en los procesos ejecutivos de alimentos en la que se encuentre vinculado un menor, está asignada de manera privativa al juez del domicilio y/o residencia de éste, descartándose desde cualquier punto de vista la aplicación de otro foro.


3.1. No obstante, la alternativa anterior no tiene aplicación cuando el alimentario demandante es mayor de edad, como en el caso bajo estudio ocurre, pues en tal evento debe observarse lo normado en el artículo 306 de la ley precedente, que dispone:


«Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior».


(…) Lo previsto en este artículo se aplicará para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas en el mismo.”. (Se resalta)


De la disposición que se acaba de trascribir, resalta la Corte que el legislador ordenó con apego al principio de economía procesal, que en los eventos taxativamente señalados en esa norma se debe iniciar la ejecución con base en una sentencia de condena ante el sentenciador que conoció del proceso y dentro del mismo expediente en que se profirió aquella providencia, sin que se pueda someter el asunto a las reglas generales de la competencia.


El referido precepto asignó a dicho funcionario una competencia privativa y exclusiva, dado que sólo el juez de conocimiento puede tramitar la ejecución a continuación, excluyendo en forma absoluta a todos los demás. Dicha competencia tampoco puede ampliarse ni hacerse extensiva, mediante una interpretación analógica, a otros casos que no se encuentren expresamente contemplados en la norma en comento.


Así pues, es el artículo 306 y no el canon 28, la pauta legal que determina la competencia para conocer de los procesos ejecutivos que se siguen a continuación de los declarativos o de liquidación, tal como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia de esta Sala, en providencias como aquélla de la cual se cita el siguiente extracto:


…Dentro de los diversos fueros que el legislador tiene en cuenta para adscribir la competencia para conocer los litigios se encuentra el de atracción, en virtud del cual asigna a un juez determinado asunto por la relación que éste tiene con otro que ya conoce o ha conocido... Se enmarca en el fuero en comento la previsión del artículo 306 ejusdem, que sin distinción de la naturaleza del proceso donde se ha dictado la sentencia, señala que cuando en ella se (…) condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. (CSJ AC7937-2016, 22 Nov. 2016, Rad.2016-02629-00 reiterado en CSJ AC1801-2018, 7 May. 2018, Rad.2018-00415-00).


4. De cara a lo expuesto, vemos que en el caso bajo estudio, la controversia planteada a la autoridad jurisdiccional versa sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de mayor de edad que se ordenaron en una sentencia proferida por el Juzgado Doce de Familia de Bogotá, entonces, el llamado a continuar con la ejecución de manera privativa es éste, conforme así lo determina el artículo 306 del Código General del Proceso.


5. Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Doce de Familia de Bogotá, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acción emprendida.

DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Doce de Familia de Bogotá.

       

        SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Cuarto de Familia de Oralidad de Barranquilla, acompañándole copia de este proveído.


        TERCERO: Remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión.


       CUARTO: La Secretaría librará los oficios correspondientes y dejará las constancias del caso.


Notifíquese


MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada