AC3962-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02204-00

       

       Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


       Se decide el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Pereira y el 1° Civil del Circuito de la Dorada, atinente al conocimiento de la acción popular instaurada por Uner Augusto Becerra Largo contra el Banco Bancolombia S.A.


ANTECEDENTES


1. En defensa del bien colectivo, el demandante interpuso acción popular en contra de la aludida entidad, argumentando que, «no Cuenta en el Inmueble donde presta sus servicios con baño público para ciudadanos discapacitados en silla de ruedas».


Asimismo, el actor tras pregonar que «la vulneración o agravio ocurre a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO», precisó que «la posible vulneración aparece en la parte final de mi demanda», denotando luego que las «notificaciones» del «accionado» se han de efectuar en la «cra 8 n 1967 Pereira».


A partir de la anterior denuncia, el actor solicitó a la judicatura ordenar a la sociedad accionada que «construya unidad sanitaria para ciudadanos con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas, cumpliendo normas ntc y normas Icontec, en un término NO MAYOR A 30 DIAS»; adicionalmente «Se concedan COSTAS  a mi bien, ordenando en sentencia el día, mes y año en que se reconocerán y pagaran»»; entre otras (fl. 2 Cdno 1).


2. El escrito pertinente, fue asignado al Despacho Quinto Civil del Circuito de Pereira que, a través de proveído de treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018), rechazó por falta de competencia la demanda, al considerar que  «acorde con lo dispuesto en el artículo 85 del Código General del Proceso y la misma doctrina judicial, se accedió a la basa de datos publicada por la Superintendencia Financiera, evidenciando que el domicilio principal de la accionada corresponde a la ciudad de Medellín, Antioquia. De ahí, que aunque el actor decidió presentar su demanda ante el Juez Civil del Circuito de Pereira, Risaralda, tal proceder no se ajustó a las opciones que el otorga el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, pues dicho funcionario no es el juzgador del territorio de ocurrencia de los hechos narrados, ni el del “domicilio principal” de la demandada, por cuanto pese a que en esta ciudad existe una sucursal de la entidad, tal motivo no es suficiente para que se radique el asunto en tal sitio, como quiera que la norma no establece dicho factor como determinante para fijar la competencia en las acciones populares». En consecuencia remitió la demanda a los Juzgados Civiles del Circuito de la Dorada – Caldas (reparto) (fl. 4 ibídem).


3. Por escrito obrante en folio 6, el actor interpuso recurso de reposición contra la anterior determinación, el cual fue resuelto mediante auto de 13 de junio de 2018, rechazándose de plano por improcedente, conforme así lo posibilita el artículo  139 de la Codificación General Procesal Civil (6-8 ibidem).


4. Cumplidos los trámites, el expediente fue entregado al Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada que, en resolución de fecha 3 de julio del año en curso, optó por manifestar que no le correspondía asumir este asunto y, entonces, promovió el conflicto competencial que ocupa la atención de la Corte, expresando para ello que «el señor Becerra Laguna presentó la acción popular ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, Risaralda, por cuanto indicó en principio que el domicilio de la entidad demandada es en dicha localidad, por lo tanto es dicha autoridad judicial la llamada a tramitar a prevención el amparo constitucional» (fls. 10-12 ibídem).


5. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.


CONSIDERACIONES


       1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos juzgados de diferente distrito judicial, Pereira y Manizales, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo señala el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reformada como quedó por el artículo 7º de la ley 1285 de 2009.

       

2. El ordenamiento jurídico, mediante los factores competenciales determinados en la legislación, establece criterios por virtud de los cuales ha de esclarecerse a qué funcionario judicial corresponde el conocimiento de cada particular asunto. Aquellos, empero, pueden ser concurrentes.


       3. Tratándose de acciones populares, el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, establece que «será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda» (se subraya).


       La Corte, en un pronunciamiento que guarda simetría con el aquí analizado, tuvo ocasión de señalar que:


[L]a reseñada norma consagra un evento de “concurrencia de fueros”, que en el ámbito del “factor Territorial” posibilitan al “actor popular” la escogencia del funcionario judicial para presentar el escrito introductorio, aspecto este que la doctrina jurisprudencial de esta Corporación ha explicado en reiteradas oportunidades, señalando que “el gestor de la demanda al momento de seleccionar el funcionario competente, bien puede encontrarse frente a la presencia de uno sólo de los fueros o de varios de ellos, (…), evento ante el cual, iterase, le corresponderá, a su arbitrio, determinar por cuál de ellos se decide. Y, claro una vez defina sobre el particular, en principio, en esos términos deja definida la competencia, la que, por excepción, puede variar solo si el demandado, mediante los mecanismos idóneos refuta la atribución efectuada por el demandante (CSJ AC013-2016, 12 ene. 2015, rad. 2015-03159).


4. Descendiendo al caso de autos, al examinar el expediente se observa que el libelo fue presentado ante la judicatura con sede en Pereira y por reparto le correspondió al despacho Quinto Civil del Circuito de esta mentada urbe. Asimismo, señala el actor en el escrito genitor, por un lado, que el «sitio de vulneración» es en la «clle 14 # 2-69 la Dorada Cds» y, por otro, que el domicilio de la entidad bancaria es en la «cra 8 n 19-67 Pereira».

       

5. Bajo esas circunstancias, se encuentra que la naturaleza de la norma (Art. 16 Ley 472 de 1998), está delimitada por los fueros concurrentes allí expuestos, por tal razón, el extremo activo podrá optar, exclusivamente, por una de las alternativas establecidas en el  precitado canon, llevada a cabo esta selección, deberá el juez, respetar dicha escogencia.


6. Verificada la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia1, de acuerdo con lo reseñado por el artículo 85 del C.G.P., halla  la Corte que el domicilio principal de la entidad demandada es la ciudad de Medellín, pues allí se suscribe lo que fielmente corresponde al certificado de existencia y representación del banco; elemento de juicio idóneo, que en consonancia con las reglas del Código de Procedimiento Civil correspondía arrimar al actor, y que en la actualidad no puede exigirse por el juez cuando se trate de personas jurídicas de derecho privado cuya información «conste en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla», y asimismo, «cuando la información esté disponible por este medio, no será necesario certificado alguno».     


Visto lo anterior, surge que si bien el gestor presentó el libelo ante el Juez Civil del Circuito de Pereira, bajo la consideración de que ese era el «domicilio» de la entidad demandada, como elemento para determinar la competencia en la célula judicial de esa localidad, no es menos cierto que el «domicilio» principal de Bancolombia S.A. es la ciudad de Medellín; por lo que la equivocación en que incurrió el accionante no tiene fuerza vinculante para el juzgador.


Adicionalmente, el hecho de existir una «sucursal» en ese territorio, no resulta razón suficiente para radicar el asunto allí, debido a que la norma, en ningún sentido, permite que se presente el libelo en «sucursales o agencias», pues itérese, solo lo admite en el «domicilio principal» (ley 472 de 1998), por lo que no se puede aprobar que este sea un factor incontrovertible que pueda fijar la competencia en las acciones populares.    


Al respecto, reiteradamente se ha pronunciado la Corte, para señalar que «la existencia de una sucursal o agencia de la opositora en el lugar de los hechos, ninguna incidencia tiene en orden a determinar la competencia para conocer de una acción popular, pues, como arriba se reseñó, es el propio legislador el que, en ejercicio de sus potestades, determinó sentar una regla especial en materia de competencia para esta especie de contiendas judiciales, y el que la circunscribió a los precisos lindes trazados en el citado artículo 16» (CSJ AC, 3 Ago. 2015, Rad. 2015-01596-00. Reiterada en AC8152-2016).


7. En este caso no puede ser atendida la elección que llevó a cabo el actor en lo concerniente con el municipio donde presentó su demanda, empero, sí la opción que ha ejercido en consonancia con el domicilio del extremo pasivo, que de acuerdo a lo visto, corresponde a la ciudad de Medellín, por tanto, anticipadamente, se fijará la competencia en los Jueces Civiles del Circuito (reparto) de dicha ciudad.


Así lo ha manifestado la Sala, al señalar que

«como el promotor escogió el domicilio del accionado, éste necesariamente debe ser el de Popayán, conforme al certificado de existencia y representación y la doctrina de esta Corte, por cuanto el de la agencia no es factor para determinar competencia en esta clase de asuntos» (CSJ AC, 18 Feb. 2016, Rad. 2016-00317-00. Reiterada en AC8152-2016).


8. En anteriores oportunidades este Despacho frente a situaciones similares había adoptado como criterio considerar que el conflicto de competencia era prematuro; empero, esta posición al interior de la Sala ha evolucionado y al revisarse el asunto, parece más adecuado definir de fondo el conflicto atendiendo la naturaleza constitucional de la «acción popular», y en aras de dar aplicación prevalente a los principios de eficacia, celeridad y debido proceso, con lo cual se tiende a reducir la exagerada litigiosidad que ha originado la excesiva presentación de «acciones populares» con idéntico cuadro fáctico, por lo que este Despacho se adhiere a ese cambio y participa; a partir de esta providencia, en la definición del conflicto, cumpliéndose de esta forma la carga argumentativa con respecto a la nueva posición que se adopta en esta providencia.      


9. Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda a los Juzgados Civiles del Circuito de Medellin (reparto), a quienes le corresponde asumir el conocimiento de la acción emprendida. 


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO. Declarar que los Juzgados Civiles del Circuito de Medellin (reparto), son los competentes para conocer de la acción popular de la referencia, quienes deberán continuar con su trámite.


SEGUNDO. Comunicar lo decidido a los Despachos Quinto Civil del Circuito de Pereira y el Primero Civil del Circuito de la Dorada - Caldas, acompañándole copia de este proveído.


TERCERO. Remitir el expediente a la oficina judicial de Medellin referida en el numeral primero de esta decisión.


CUARTO: La Secretaría librará los oficios correspondientes. Además, dejará las constancias del caso.


Notifíquese




MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada






1 SuperintendenciaFinanciera:https: //www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61694.