AC3963-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01429-00

       

       Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).



       Se decide el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de la Virginia y el Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, atinente al conocimiento de la acción popular instaurada por Uner Augusto Becerra Largo contra el Banco Davivienda S.A.


ANTECEDENTES


1. En defensa del bien colectivo, el demandante interpuso acción popular en contra de la aludida entidad, argumentando que, «no Cuenta en el Inmueble donde presta sus servicios con profesional interprete y guía interprete acreditado por el Ministerio de Educación Nacional, tal como lo ordena ley 382 de 2005».


Asimismo, el actor tras pregonar que «la vulneración o agravio ocurre a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO», precisó que «la posible vulneración aparece en la parte final de mi demanda», denotando luego que las «notificaciones» del «accionado» se han de efectuar en la «Clle 7 No. 7-16 la Virginia Rda».


A partir de la anterior denuncia, el actor solicitó a la judicatura ordenar a la sociedad accionada que «contrate de planta a un guía interprete y a un intérprete o contrate con entidad idónea certificada por el Ministerio de educación nacional para que de planta se atienda a dicha población objeto de ley 982 de 2005, art 8 y 15 en un término NO MAYOR A 30 DIAS»; adicionalmente «Se concedan COSTAS y agencias en derecho a favor de quien prospere la acción»; asimismo «solicitar por parte del H. Juez que de aplicación EN EL AUTO ADMISORIO DE MI ACCION a los arts 86 y 96 CGP»; entre otras (fl. 1 Cdno 1).


2. El escrito pertinente, fue asignado al Despacho Promiscuo del Circuito de la Virginia que, a través de proveído de veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018), rechazó por falta de competencia la demanda, al considerar que según «En definitiva, atendiendo el fuero personal elegido por el actor, más no la indicación concreta del sitio al cual corresponde el mismo – por su carácter infundado y contrario al elemento de convicción que legalmente debe revisarse- se imponer inferir que la autoridad competente para conocer de la presente acción popular es el Juez Civil del Circuito de Bogotá (Reparto) autoridad que si bien no está involucrada en este conflicto, debe ser destinataria inmediata de la remisión de éstas diligencias en razón del carácter público, imperativo, improrrogable dé las reglas de competencia». En consecuencia remitió la demanda a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá (reparto) (fl. 2 ibídem).


3. Cumplidos los trámites, el expediente fue entregado al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá que, en resolución de fecha 20 de abril del año en curso, optó por manifestar que no le correspondía asumir este asunto y, entonces, promovió el conflicto competencial que ocupa la atención de la Corte, expresando para ello que «para este tipo de asuntos existe norma especial otorgada bajo los supuestos del artículo 16 de la ley 472 de 1998 por su especificidad, tal como lo tomo en consideración el juzgado remitente de La Virginia Risaralda. Al revisar el contenido integral de la mencionada normatividad el legislador instituyó que el conocimiento del asunto está dado “por el lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular” (inciso 2º artículo 16 de la ley 472 de 1998) y “cuando por estos hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda” (in fine), sin hesitación alguna se infiere que, en principio, a quien le asiste el deber de asumir el trámite de la demanda es al juez de La Virginia Risaralda, por cuanto el accionante optó por presentarla allá y esa elección resulta válida en los términos de la disposición antes transcrita» (fl. 7 ibídem).


4. Así las cosas, conforme al canon 148 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.


CONSIDERACIONES


       1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, Pereira y Bogotá, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo señala el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reformada como quedó por el artículo 7º de la ley 1285 de 2009.

       

2. El ordenamiento jurídico, mediante los factores competenciales determinados en la legislación, establece criterios por virtud de los cuales ha de esclarecerse a qué funcionario judicial corresponde el conocimiento de cada particular asunto. Aquellos, empero, pueden ser concurrentes.


       3. Tratándose de acciones populares, el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, establece que «será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda» (se subraya).


       La Corte, en un pronunciamiento que guarda simetría con el aquí analizado, tuvo ocasión de señalar que:


[L]a reseñada norma consagra un evento de “concurrencia de fueros”, que en el ámbito del “factor Territorial” posibilitan al “actor popular” la escogencia del funcionario judicial para presentar el escrito introductorio, aspecto este que la doctrina jurisprudencial de esta Corporación ha explicado en reiteradas oportunidades, señalando que “el gestor de la demanda al momento de seleccionar el funcionario competente, bien puede encontrarse frente a la presencia de uno sólo de los fueros o de varios de ellos, (…), evento ante el cual, iterase, le corresponderá, a su arbitrio, determinar por cuál de ellos se decide. Y, claro una vez defina sobre el particular, en principio, en esos términos deja definida la competencia, la que, por excepción, puede variar solo si el demandado, mediante los mecanismos idóneos refuta la atribución efectuada por el demandante (CSJ AC013-2016, 12 ene. 2015, rad. 2015-03159).


4. Descendiendo al caso de autos, al examinar el expediente se observa que el libelo fue presentado ante la judicatura con sede en la Virginia y por reparto le correspondió al despacho Promiscuo del circuito de esta mentada urbe. Asimismo, señala el actor en el escrito genitor, por un lado, que el «sitio de vulneración» es en la «clle 80 # 100-52 Bogotá» y, por otro, que el domicilio de la entidad bancaria es en la «clle 7 No. 7-16 la virginia Rda».

       

5. Bajo esas circunstancias, se encuentra que la naturaleza de la norma (Art. 16 Ley 472 de 1998), está delimitada por los fueros concurrentes allí expuestos, por tal razón, el extremo activo podrá optar, exclusivamente, por una de las alternativas establecidas en el  precitado canon, llevada a cabo esta selección, deberá el juez, respetar dicha escogencia.


6. Verificada la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia1, de acuerdo con lo reseñado por el artículo 85 del C.G.P., halla  la Corte que el domicilio principal de la entidad demandada es la ciudad de Bogotá, pues allí se suscribe lo que fielmente corresponde al certificado de existencia y representación del banco; elemento de juicio idóneo, que en consonancia con las reglas del Código de Procedimiento Civil correspondía arrimar al actor, y que en la actualidad no puede exigirse por el juez cuando se trate de personas jurídicas de derecho privado cuya información «conste en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla», y asimismo, «cuando la información esté disponible por este medio, no será necesario certificado alguno».     


Visto lo anterior, surge que si bien el gestor presentó el libelo ante el Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, bajo la consideración de que ese era el «domicilio» de la entidad demandada, como elemento para determinar la competencia en la célula judicial de esa localidad, no es menos cierto que el «domicilio» principal de Davivienda S.A. es la ciudad de Bogotá; por lo que la equivocación en que incurrió el accionante no tiene fuerza vinculante para el juzgador.


Adicionalmente, el hecho de existir una «sucursal» en ese territorio, no resulta razón suficiente para radicar el asunto allí, debido a que la norma, en ningún sentido, permite que se presente el libelo en «sucursales o agencias», pues itérese, solo lo admite en el «domicilio principal» (ley 472 de 1998), por lo que no se puede aprobar que este sea un factor incontrovertible que pueda fijar la competencia en las acciones populares.    


Al respecto, reiteradamente se ha pronunciado la Corte, para señalar que «la existencia de una sucursal o agencia de la opositora en el lugar de los hechos, ninguna incidencia tiene en orden a determinar la competencia para conocer de una acción popular, pues, como arriba se reseñó, es el propio legislador el que, en ejercicio de sus potestades, determinó sentar una regla especial en materia de competencia para esta especie de contiendas judiciales, y el que la circunscribió a los precisos lindes trazados en el citado artículo 16» (CSJ AC, 3 Ago. 2015, Rad. 2015-01596-00. Reiterada en AC8152-2016).


7. En este caso no puede ser atendida la elección que llevó a cabo el actor en lo concerniente con el municipio donde presentó su demanda, empero, sí la opción que ha ejercido en consonancia con el domicilio del extremo pasivo, que de acuerdo a lo visto, corresponde a la ciudad de Bogotá, por tanto, anticipadamente, se fijará la competencia en los jueces de la capital colombiana.


Así lo ha manifestado la Sala, al señalar que


«como el promotor escogió el domicilio del accionado, éste necesariamente debe ser el de Popayán, conforme al certificado de existencia y representación y la doctrina de esta Corte, por cuanto el de la agencia no es factor para determinar competencia en esta clase de asuntos» (CSJ AC, 18 Feb. 2016, Rad. 2016-00317-00. Reiterada en AC8152-2016).


8. En anteriores oportunidades este Despacho frente a situaciones similares había adoptado como criterio considerar que el conflicto de competencia era prematuro; empero, esta posición al interior de la Sala ha evolucionado y al revisarse el asunto, parece más adecuado definir de fondo el conflicto atendiendo la naturaleza constitucional de la «acción popular», y en aras de dar aplicación prevalente a los principios de eficacia, celeridad y debido proceso, con lo cual se tiende a reducir la exagerada litigiosidad que ha originado la excesiva presentación de «acciones populares» con idéntico cuadro fáctico, por lo que este Despacho se adhiere a ese cambio y participa; a partir de esta providencia, en la definición del conflicto, cumpliéndose de esta forma la carga argumentativa con respecto a la nueva posición que se adopta en esta providencia.      


9. Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acción emprendida. 


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO. Declarar que el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, es el competente para conocer de la acción popular de la referencia, quien deberá continuar su trámite.


SEGUNDO. Comunicar lo decidido al Despacho Promiscuo del Circuito de La Virginia, acompañándole copia de este proveído.


TERCERO. Remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión.


CUARTO: La Secretaría librará los oficios correspondientes. Además, dejará las constancias del caso.


Notifíquese




MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada





1 SuperintendenciaFinanciera:https: //www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61694.