OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente

  1. AC3972-2018
  2. Radicación n° 81001 31 03 001-2007 00122 01
  3. (Aprobado en sesión de veinticinco de julio de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por Gustavo Rodríguez Sánchez y otras 78 personas, para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2017, por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, en la acción de grupo formulada por los recurrentes contra Occidental de Colombia Inc.


  1. ANTECEDENTES


1.- Ante el Juzgado Civil del Circuito de Arauca se formularon dos acciones de grupo en contra de Occidental de Colombia Inc., la primera de 21 integrantes, encabezada por Gustavo Rodríguez Sánchez (rad. 2007-00122) y la otra de 58, iniciada por Edgar Riscanevo (rad. 2009-00136). Dada la identidad de la causa, por auto dictado el 11 de agosto de 2010 se dispuso la acumulación de procesos (fl. 84, c. ppal. 2).


En ambos casos se pidió declarar que «el daño causado en los terrenos y cultivos» de los gestores fue ocasionado por la accionada, por los «taponamientos» realizados a las vertientes hidrográficas, y en consecuencia se le ordenara efectuar la indemnización de los perjuicios morales, por daño emergente y lucro cesante; así como el pago de una indemnización «a favor del grupo afectado y señalar los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para reclamar».


       Como sustrato fáctico se expuso que la convocada dentro de su objeto social tiene las actividades de exploración y explotación petrolífera, en cuya ejecución ha obstruido el curso de los afluentes aledaños al complejo petrolero de Caño Limón Arauca, aguas que en época invernal se represan, ocasionando inundaciones en las veredas El Sanaí, Nubes A, Nubes B y el Final, pertenecientes al municipio de Arauca en el Departamento del mismo nombre, donde tienen sus predios los promotores.


       Las inundaciones han arrasado con los cultivos y esterilizado las tierras dejándolas improductivas, situación a la que se han visto enfrentados los campesinos de la región todos los años, y la accionada no hace nada para remediarlo, por el contrario, cada vez está obturando otros caños sin reparar en los graves perjuicios ambientales, ecológicos y económicos que ocasiona.


       Ante la oclusión de los caños denominados Laguna del Lipa, Otilia, Verde, Brazo de Bayonero y Flórez, entre otros, los demandantes han sufrido un detrimento patrimonial, porque los cultivos eran su única fuente de ingresos.


2.- Frente a la acción con radicado 2009-00136 la convocada manifestó oposición y como excepciones de mérito, alegó: «Ausencia de responsabilidad de Oxycol en relación con el hecho del cual se predica el daño (taponamiento de vertientes hidrográficas) y se pretende derivar responsabilidad»; «ausencia de responsabilidad civil imputable a Oxycol carencia de requisitos para la procedencia de la acción»;  «ausencia de responsabilidad de Oxycol en relación con el hecho del cual se predica el daño (las inundaciones) y se pretende derivar responsabilidad. Presencia de agentes y factores naturales causantes de presuntos daños ajenos y externos a la actividad de Oxycol en la región/ausencia de nexo causal»; «hechos de la naturaleza y de las condiciones de los predios de los demandantes» y «las inundaciones de los terrenos de los accionantes son consecuencia natural de la dinámica fluvial del Caño Agua de Limón» (fls. 11 a 46, c. principal 2);


Igualmente se opuso a la de radicado 2007-00122, donde propuso las defensas de «Ausencia de responsabilidad de Oxycol en relación con el hecho del cual se predica el daño y se pretende derivar responsabilidad/ inexistencia de funciones relativas a taponamientos de vertientes hidrográficas/inexistencia de taponamientos»; «ausencia de elementos de responsabilidad»; «presencia de agentes y factores causantes de los presuntos daños ajenos y externos a la actividad de Oxycol en la región / ausencia de nexo causal»; «carencia de prueba del daño» y «Hechos de la naturaleza y de las condiciones de los predios de los demandantes». (fls. 124 – 162, cno. Principal 1).


3.- En su sentencia el a quo declaró probada oficiosamente la excepción de caducidad de la acción de grupo, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 y denegó todas las súplicas.


Razonó que el término de fenecimiento de este tipo de asuntos es de dos años «siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo» y en este caso, de acuerdo con las pruebas recaudadas, el «supuesto daño» se ocasionó en la época en que se realizaron los taponamientos, «los que pudieron tener ocurrencia a mediados de los años 80 a 90» y tras hacer referencia a lo constatado en la inspección judicial y el dicho de algunos testigos, concluyó que para el momento de presentación del libelo, había transcurrido el referido término, sin que se hubiera acreditado la persistencia de la conducta transgresora en el tiempo.


Adicionalmente, acotó que, en todo caso, la acción estaba conminada al fracaso, por cuanto no se demostraron los elementos de la responsabilidad, en especial echó de menos la prueba del hecho generador del daño, lo que la relevaba de estudiar los demás requisitos, así como del análisis de las excepciones de mérito y de la objeción al dictamen por error grave (fls. 149 - 182, c. 6).


4.- Contra esa determinación los promotores formularon recurso de apelación (fl. 183 – 191, ib.).

5.- El Superior confirmó la sentencia impugnada. Al efecto, precisó que para contabilizar el término de fenecimiento era menester establecer cuándo se concretó el daño y verificar si este fue continuo o de tracto sucesivo. Al examinar la prueba testimonial y documental, así como la inspección judicial, concluyó que las actividades de taponamiento de las vertientes se realizaron antes de 1990 y la última inundación que afectó a los gestores fue la ocurrida en el 2004, de manera que para la fecha de formulación de las demandas en los años 2007 y 2009 ya se había producido el fenómeno de la caducidad.


Seguidamente, aludió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en lo referente al daño continuo o de tracto sucesivo, y señaló que en esos eventos la temporaneidad se cuenta a partir de la cesación de la acción generadora de aquel.


Acotó, además, que en este caso no es factible evidenciar que los efectos de la obturación de las fuentes hidrográficas permanezcan en el tiempo y que, si bien las pruebas enseñan que entre los años 80 o 90 la demandada pudo obstruir algunas vertientes pertenecientes a la fuente hídrica de Caño Limón, también hay prueba, de que construyó diques para contrarrestar el impacto de esas obras siendo el invierno el factor determinante de las inundaciones y como la última de ellas se presentó en 2004 y ocasionó los hechos que dieron paso a  la acción indemnizatoria, la misma fue presentada por fuera del término legal.


Finalmente, aseveró que ningún reparo merecía la declaratoria oficiosa de la caducidad, lo que permitía denegar las pretensiones de la acción sin necesidad de estudiar las restantes excepciones, ni la objeción por error grave (fls. 21 – 42, c. 15).


6.- Los apelantes formularon casación, que les concedió el Tribunal (fls. 45 – 46 ib.).


7.- Por auto de 26 de febrero de 2018, se admitió el recurso extraordinario (fl. 4 c. 16).


8.- En la debida oportunidad se formuló un cargo sustentado en el numeral 2° del artículo 336 del Código General del Proceso.


Recrimina que se incurrió en error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de las pruebas, en detrimento de los derechos sustanciales y garantías constitucionales de los accionantes.


En la sentencia se afirma que los taponamientos de los caños se presentaron entre los años 1980 y 1990, lo que constituye un error de juicio por cuanto los mismos ocurren año tras año y su magnitud se evidencia después de cada invierno, por ello se trata de un daño continuado; así se dijo en el libelo y con el recurso de apelación se allegaron fotografías de 2017 que dan cuenta de las inundaciones en los predios, al tiempo que se pidió la práctica de una inspección judicial para corroborarlo y en el mismo sentido se pronunciaron algunos testigos como José Francisco Brito y Leyla Yelegnis Rodríguez Vega.


En esas condiciones, no era dable declarar la  caducidad de la acción porque los daños son de tracto sucesivo y en ese sentido debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado.


Se desconoce la prevalencia del derecho sustancial prevista en el artículo 228 de la Constitución, porque el Tribunal desconoció que el objeto de la Ley 472 de 1998 es resarcir los perjuicios generados a un grupo de personas, dado que no estudió en su integridad el material probatorio ni los nuevos elementos demostrativos allegados en el trámite de la apelación y tampoco se constató por qué se presentaron tantas denuncias de los campesinos de Arauca contra Occidental de Colombia que actúa sin ningún control estatal causando daños tanto al medio ambiente, como a la salud y a los bienes de los habitantes de la región.


A continuación, efectúa una reseña de las pruebas obrantes en el proceso, aduciendo que algunas de ellas solo fueron valoradas de manera parcial por el ad quem, y daban cuenta que el cerramiento de los caños fue escalonado a medida que se ha ido desarrollando el proyecto Caño Limón; así mismo censura que no se haya hecho un análisis de las probanzas demostrativas de que los campesinos perdieron las casas y los cultivos, de acuerdo con los vestigios constatados en la inspección judicial y referidos por los testigos.


Finalmente, menciona lo que denomina un «argumento nuevo» referente a las circunstancias naturales de la región por las cuales la convocada intervino los cuerpos de agua y caños circundantes del campo petrolero, sin importarle el daño que traerían esas intervenciones, según la narración del testigo Oscar Cipriano García Granados que no fue considerada en su integridad en el fallo atacado, pese a que era un testigo calificado por ser un empleado de Oxycol (fls. 7 – 24 ib.).


  1. CONSIDERACIONES


1.- De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente», por lo que rige para todos los efectos la presente impugnación planteada el 18 de diciembre de 2017, a pesar de corresponder a un pleito iniciado bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5 del artículo 625 del primer estatuto citado según el cual «los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».


La naturaleza extraordinaria de éste medio de contradicción exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso el escrito de sustentación deberá contener la «formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa», respetando las reglas propias de cada causal.


Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que


(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.


Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme a los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos, y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.


De ahí que una vez cumplido ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales» según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.


Si se acude al segundo numeral del artículo 336 del Código General del Proceso, relacionado con la violación indirecta de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso sí que sea basilar de la determinación y no una relación aleatoria con el propósito de atinar a alguno con la categoría exigida, como se desprende del parágrafo primero del artículo 344 ibídem.


Adicionalmente, corresponde precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente donde radica la infracción; o es el resultado de yerros de facto en la apreciación del libelo, la respuesta al mismo o algún medio de convicción, singularizando de manera diáfana y exacta en qué consiste la equivocación manifiesta y trascendente en que incurrió el sentenciador.


2.-  El cargo propuesto no cumple a cabalidad las exigencias exigidas, por lo que no se abre paso, según pasa a exponerse:


Se acusó la configuración de error de hecho por apreciación errónea de las pruebas, en detrimento de garantías sustanciales y constitucionales. Al respecto, debe memorarse que esa modalidad de yerro puede presentarse cuando el fallador se equivoca ostensiblemente al apreciar materialmente los medios de convicción, por suposición, pretermisión o tergiversación.


Así, no cualquier equivocación es válida para soportar esta acusación, siendo menester que sea manifiesta y además trascendente en el sentido de la sentencia, lo que le impone al inconforme un laborío de individualización de los medios probatorios que a su juicio fueron indebidamente apreciados por el sentenciador, y una comparación entre éstos y las conclusiones que de su valoración se extrajeron, encaminada a demostrar en qué consistió el error y cuál fue su incidencia en la definición del asunto.


Aunado a esas exigencias, al tenor del parágrafo primero del artículo 344 del Código General del Proceso, «Cuando se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, será suficiente señalar cualquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa».


En esta oportunidad, pese a que se acudió a la causal  segunda por infracción indirecta de la ley sustancial, no se cumplió con la carga de invocar al menos una disposición jurídica con esa connotación que estuviera íntimamente ligada con el objeto de la determinación a analizar.


Nótese que la única norma invocada para el efecto fue el artículo 228 de la Constitución, que concierne a las características de la Administración de Justicia como función pública, puntualizando entre otros aspectos, que sus decisiones son independientes; sus actuaciones públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y a que en ellas prevalecerá el derecho sustancial, de allí que de ninguna manera pueda considerarse que ese precepto sea de naturaleza sustantiva, en la medida que no declara, crea, modifica ni extingue una relación jurídica concreta, limitándose a calificar esa actividad.


Recientemente la Sala en AC5036-2017, rad. 2012-00351-01, memoró,


Precisamente, sobre los preceptos constitucionales citados por el gestor esta Sala adujo que:


En cuanto concierne a los preceptos constitucionales 1°, 4°, 5°, 13, 29, 83, 228, 229, 230 de la Carta, es preciso aclarar que si bien es cierto que esta Corporación de tiempo atrás ha admitido que los cánones constitucionales puedan ser invocados como quebrantados en el marco de la causal primera de casación, la norma superior aducida debe en primer lugar cumplir con el requisito de que sea sustancial, pues por el solo hecho de consagrar valores o principios caros a nuestro ordenamiento o establecer derechos fundamentales, como el debido proceso o el derecho de  defensa, no le imprimen esa calidad, característica que, se itera, apunta a que en el precepto se regule una situación jurídica con miras a crear, modificar o extinguir derechos entre las personas implicadas en la relación.


De ese modo, es manifiesto que no tienen carácter sustancial los artículos (…) 228 (sobre la administración de justicia como función pública, independiente, permanente y con prevalencia del derecho sustancial), 229 (tutela judicial efectiva), 230 (sometimiento de los jueces a la ley y criterios auxiliares de la actividad judicial). (CSJ AC5613 de 2016, rad. nº 2002-00132-01).


El defecto advertido impide el estudio del cargo, pues tal y como se dijo en AC6809-2017 rad. 2012-00093-01,


(…) cuando se invoca la causal segunda, el interesado tiene la carga de señalar cualquiera disposición «de derecho sustancial… que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada» (parágrafo 1° del artículo 344 del Código General del Proceso); huelga explicarlo, el promotor deberá señalar por lo menos un mandato, de aquellos que crean, modifican o extinguen vínculos jurídicos concretos, desatendido con el fallo de segundo grado, siempre que sea relevante para la resolución del caso.


Tal ha sido la línea jurisprudencial consolidada sobre la materia SC, 20 en. 1995, exp. n° 4305; AC, 4 sept. 1995, exp. n° 5555; AC, 25 oct. 1996, exp. n° 6228; AC, 7 dic. 2001, rad. n° 1999-0482-01; AC, 5 ag. 2009, rad. n° 1999-00453-01; AC1762, 7 ab. 2014, rad. 2008-00094-01; entre otras.), y que propende porque la Corte cumpla con su rol como órgano de cierre en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, a través de la unificación de la interpretación de los mandatos que son citados como sustento de la acusación, sin convertirse en una nueva instancia a través del reexamen del caso.


Y con anterioridad en AC 18 nov. 2010, rad. Nº 2002-00007-01, se expuso que el cumplimiento de ese presupuesto es de vital importancia, porque de omitirse,


(…) ‘quedaría incompleta la acusación, «en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación” (cas. civ. auto de 4 de diciembre de 2009, exp. 1995-01090)».


3. En consecuencia, al no ceñirse el ataque a las formalidades de rigor, resulta inviable su aceptación, sin que se aprecien razones que justifiquen darle vía en los términos del inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso o el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneración de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio público.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar inadmisible la demanda y en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en este asunto por los accionantes.


Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO







LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA