OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente


  1. AC3973-2018
  2. Radicación n° 11 001 31 03 021 1999 00944 01
  3. (Aprobado en sesión de veinticinco de julio de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Se decide respecto de la admisibilidad de las demandas presentadas por los accionantes y por Ángel María Blanco Camelo, en calidad de sucesor procesal del primigenio accionado y demandante en reconvención Ángel María Blanco Díaz, para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 13 de diciembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario de declaración de pertenencia que promovieron Ilma Etelvina Maldonado de Blanco, Heidy Silvia Blanco Maldonado, Lilia Soley Blanco Maldonado y Orlando Blanco Maldonado en contra de Ángel María Blanco Díaz, herederos indeterminados de Emilia Camelo de Blanco y demás personas que se creyeran con derecho a intervenir.

  1. ANTECEDENTES


1.- Solicitaron los convocantes declarar que adquirieron por prescripción extraordinaria el dominio de los inmuebles de matrículas inmobiliarias 50C-1495389 y 50C-1258636 ubicados en el Barrio Chapinero de la ciudad de Bogotá, los cuales en la actualidad conforman un solo globo de terreno.


En sustento de sus aspiraciones aseveraron que Ilma Etelvina Maldonado de Blanco como cónyuge sobreviviente de Hildebrando Blanco Camelo y sus herederos Orlando, Lilia Soley y Heidy Silvia Blanco Maldonado, han venido poseyendo los referidos inmuebles desde hace más de 20 años en forma pacífica, ininterrumpida y sin reconocer dominio ajeno, con hechos demostrativos como la construcción de mejoras, instalación de servicios y el pago de impuestos. Dicha posesión ha sido « personal y directa sin que nadie les haya reclamado o intervenido en los hechos posesorios notorios»


2.- El demandado Ángel María Blanco Díaz se opuso al éxito de las pretensiones, sin formular excepciones  de mérito (fls. 83- 94, c. 1).


3.- La curadora ad litem de los herederos indeterminados de Emilia Camelo de Blanco y de las demás personas con interés, manifestó atenerse a lo que resulte probado (fl. 109 – 110, c. 1 y fls. 48- 49, c.2).


4.- Ángel María Blanco Díaz presentó demanda de reconvención en la cual pidió condenar a los promotores iniciales a efectuar la entrega del inmueble de matrícula 50C-1258636, así como al pago de los perjuicios irrogados.


Como sustrato fáctico relató que de manera conjunta con su difunta esposa Emilia Camelo, adquirió el referido bien mediante Escritura Pública 2970 de 30 de octubre de 1942 otorgada en la Notaría Segunda de Bogotá.


Su hijo extramatrimonial Hildebrando Blanco Camelo, quien falleció el 31 de diciembre de 1998, vivía en ese inmueble, con autorización por su difícil situación económica, pero no tenía ningún derecho real sobre los predios, solo el acceso a una parte de aquel donde en una época estuvo en funcionamiento la fábrica de impermeables Blantex que, a su vez, intercomunicó varios lotes del reivindicante, por eso aquellos podían ingresar pero de ninguna manera ejercieron explotación o actos de señorío.


No existe sobre los inmuebles disputados posesión continua por parte de ninguno de los reclamantes, quienes tampoco construyeron mejoras o reformas, no instalaron servicios públicos, no efectuaron mantenimiento, ni pagaron impuestos; su hija Aura María Blanco Camelo, siempre tuvo llaves del bien y lo visitaba continuamente para revisar su estado general y los tributos eran sufragados por Ángel María Blanco.


Solo se reivindica uno de los predios pretendidos, por cuanto el 50C-1495389 fue dado en arrendamiento a terceros, no siendo necesario ejercer la acción de dominio sobre éste (fls. 4 -10, c. 2).


5.- Acaecido el fallecimiento de Angel María Blanco, fueron reconocidos como sucesores procesales sus hijos María Fanny Blanco Camelo (fl. 139, c. 1) y Ángel María Blanco Camelo (fl. 61, c. 4).


  1.        6.- El a quo dictó sentencia negando las súplicas de las dos acciones (fls. 158 - 171 c. 1).
  2. 6.1.- En cuanto a la pertenencia, consideró que los bienes sobre los cuales recaían las pretensiones no fueron plena e indudablemente identificados, toda vez que la ubicación, cabida y linderos referidos en la demanda no correspondían a los determinados en la realidad, ni a los indicados en los folios inmobiliarios, en tal virtud, estimó innecesario incursionar en el estudio de la posesión material durante el tiempo que exige la ley.
  3. 6.2.- Frente a la reivindicatoria, acotó que si no era posible determinar con exactitud los predios objeto de usucapión, tampoco podía deducir si existía identidad  entre lo que los demandados poseen y lo que el contrademandante reclama.


7.- Contra esa determinación ambas partes formularon recurso de apelación (fls. 172  - 185, c. 1).


8.- El Superior confirmó lo resuelto en primera instancia por razones distintas a las expuestas por el a quo, que a continuación se resumen:


8.1.- Respecto de la prescripción adquisitiva, estimó que el tema de la identificación del inmueble se entendía superado, siendo menester abordar el fondo del asunto.


Analizó si los accionantes acreditaron ser poseedores de los predios, en orden a lo cual, avizoró que no existía claridad sobre la calidad en la que acudieron para invocar sus pedimentos, pues mientras en el hecho primero afirmaron su condición de cónyuge sobreviviente e hijos de Hildebrando Blanco Camelo, en el tercero manifestaron que el ejercicio de la posesión fue personal y directo.


En esas condiciones, podrían estar haciendo valer suma de posesiones con la que devenía del causante, sin embargo, no encontró en la demanda una mención sobre actos de señorío efectuados por aquel, la que tampoco se estableció en el proceso mismo y por ello descartó esa hipótesis.


En cuanto a la posesión personal y directa por más de 20 años alegada, acotó que la misma tendría que remontarse por lo menos al año de 1979, por cuanto el libelo se presentó en 1999, data para la cual algunos de ellos ni siquiera habían cumplido la mayoría de edad, de donde no es factible establecer su voluntad de comportarse como señores y dueños por ese lapso.


Adicionalmente, la posesión alegada no fue continua, ni exclusiva. Lo primero, porque según lo mencionaron algunos testigos el inmueble fue desocupado por la familia de Hildebrando Blanco por un período aproximado de 4 años; aunado a ello, se acreditó que allí también operó una empresa que estaba bajo la jefatura de Ángel María Blanco Camelo, lo que impide predicar que el señor Hildebrando o sus causahabientes pudieran ejercer una posesión privativa de todo el fundo.


Igualmente, resaltó que al verificar el dictamen pericial y las fotos que dan cuenta del estado de dejación y abandono del bien, no podía evidenciar los actos posesorios de los actores, referidos a su conservación, mejoras, obras de mantenimiento, cuidado y ornato.


En ese orden, concluyó que aquellos no lograron demostrar una posesión propia ni cuando vivía Hildebrando Blanco, ni en los 6 meses que transcurrieron entre su muerte y la presentación de la demanda; tampoco probaron que su causante se hubiera comportado como señor y dueño de los predios y, según quedó establecido, ellos entraron a ocuparlos con Hildebrando Blanco Camelo por complacencia de Ángel María Blanco, quien le permitió el ingreso a su hijo con su familia, dada su situación económica.


8.2.- Por lo que atañe a la acción de dominio, reiteró que estaba superado el tema de la identificación de los predios, en especial, de aquel pretendido en reivindicación. Sin embargo, acotó que en este caso el mismo reconviniente al formular su demanda expresamente desconoció la calidad de poseedores de los opositores, tal y como lo hizo al responder la de pertenencia, aduciendo que «no existe sobre los bienes ninguna posesión continua por parte de ninguno de los demandantes, ni ha existido jamás», y añadió que, aunque los promotores iniciales al contestar la contrademanda insistieron en que sí eran poseedores, la presunción que podría derivarse de esa afirmación quedó desvirtuada.


En resumen, estimó que no se acreditó una posesión propia de los accionados, ni siquiera que la tuvieron desde la muerte del señor Hildebrando hasta la presentación de la demanda, ni que estuviera radicada antes en su causante, por lo que no era posible conceder las súplicas de la acción dominical.


9.- Ambas partes formularon casación, que les concedió el Tribunal (fls. 29 -30, c. 9).


10.- Por auto de 26 de febrero de 2018, se admitieron los recursos extraordinarios y se dispuso correr traslado común a los recurrentes (fl. 3, c. 10).


11.- En la oportunidad concedida presentaron sus demandas, así:


11.1.- Los convocantes inaugurales formularon un embate sustentado en el numeral segundo del artículo 336 del Código General del Proceso (fls. 59 -65, ib.).


Acusaron que la sentencia es violatoria de la ley sustancial, en especial de los artículos 2512, 2521, 2535, 2518, 2531, 762 y 778 del Código Civil, así como del artículo 320 del Código General del Proceso, porque se configuraron errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas.  Al efecto, expusieron:


De la lectura de las referidas disposiciones se desprende que quien pretende la usucapión solo debe probar la posesión con ánimo de señor y dueño por un lapso de tiempo determinado, de manera pública, tranquila y quieta, todo lo cual quedó demostrado en este juicio, según lo afirmaron los testigos, de manera que los falladores de primera y segunda instancia erraron por no haber tenido en cuenta el acervo probatorio.


El Tribunal al señalar que no existía claridad sobre la fecha en que tomaron posesión del bien, desconoció que los testigos dieron fe de que la misma se inició desde 1975; tampoco tuvo en cuenta que el contrato con el que el accionado pretendió demostrar el arrendamiento de uno de los predios corresponde a una nomenclatura diferente a la de los inmuebles objeto de este proceso, y que la empresa Blantex «en caso de haber funcionado lo hacía en lugar diferente»,  en esas condiciones, se presentó un falso juicio probatorio, de haberse dado el valor y alcance real, otro hubiese sido el sentido del fallo.


El argumento de que algunos de los accionantes por su minoría de edad no podían ejercer señorío, va en contravía de la figura de suma de posesiones y desconoce que la ejercida por el padre continuó y debió adicionarse a la de ellos, mientras que la cónyuge la detentó en forma mancomunada con su compañero.


Así mismo, se desconoció que al tenor del artículo 320 del Código General del Proceso, el fallador de segunda instancia únicamente podía referirse a los reproches planteados en el recurso de apelación en el que solo se controvirtió la identificación de los bienes, en tal virtud, no podía desmejorar su situación al esgrimir argumentos no propuestos por esa vía.


11.2. La parte accionada y gestora en reconvención, formuló un solo ataque, con soporte en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso.


La sentencia viola indirectamente a causa de errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de la demanda y de los elementos probatorios, por aplicación indebida, los artículos 762 inciso 1°, 946, 947, 950, 952, 961, 963 y 964 del Código Civil, y por falta de aplicación,  los artículos 762 inciso 2; 778 incisos 1° y 2°; 780 inciso 1° y 2531 reglas 1° y 2° del mismo estatuto (fls. 8 – 57, ib.).


El sentenciador no estudió en su conjunto el material demostrativo y esa desatención lo condujo a no interpretar debidamente la demanda y a errar en la valoración de la confesión de los convocados al contestarla y de los testimonios, que patentizan la condición de poseedor que ostentó Hildebrando Blanco Camelo y posteriormente sus herederos.


La incorrecta hermenéutica del libelo se deriva de darle alcance general al hecho tercero en lo que  corresponde al bien que se pretende reivindicar, al cual ingresaron los opositores por comunicación interna que tenía con otro contiguo, de donde resulta claro que se reputan poseedores, dado que por fuera de esa pieza procesal en ninguna otra parte del proceso aparece que los usucapientes hubieran permanecido en el inmueble con permiso.


Así mismo, desconoció que testigos como María Elisa Olea Bossa y Raul Antonio Calderón Perilla, manifestaron reconocer a la familia Blanco Maldonado como poseedores del predio en litigio, dicho que demuestra los actos posesorios, aunque no fueron suficientes para cumplir los requisitos que exige la prescripción adquisitiva.


Se dejó de apreciar la prueba de confesión emanada de la respuesta a los hechos 5 y 13, en la cual los accionados admitieron su carácter de poseedores y que habían promovido la acción de pertenencia, desconociendo la jurisprudencia en torno a que ante la confesión del demandado en ese sentido, el demandante queda relevado de demostrar el hecho por otros medios.


En síntesis, en este caso se demostraron todos los requisitos necesarios para la prosperidad de la acción de dominio, en especial la identidad de los predios que ulteriormente se englobaron en uno solo, así como la posesión de los opositores mediante prueba de confesión v testimonial.


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente», por lo que rige para todos los efectos las presentes impugnaciones planteadas el 18 de diciembre de 2017 y el 11 de enero de 2018, a pesar de corresponder a un pleito iniciado bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5 del artículo 625 del primer estatuto citado según el cual «los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».


  1. La naturaleza extraordinaria de éste medio de contradicción exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso el escrito de sustentación deberá contener la «formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa», respetando las reglas propias de cada causal.


Según se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que


(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.


Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme a los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.


De ahí que una vez cumplido ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales», según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.


  1. Si se acude a los numerales primero y segundo del artículo 336 del Código General del Proceso, referidos en su orden a la violación directa de una norma jurídica sustancial y a su afrenta indirecta, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso sí que sea basilar de la determinación y no una relación aleatoria con el propósito de atinar a alguno con la categoría exigida, como se desprende del parágrafo primero del artículo 344 ibídem.


Adicionalmente, si se invoca la causal segunda, corresponde precisar si el vicio deriva de un error de derecho por inobservar una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente donde radica la infracción; o es el resultado de yerros de facto en la apreciación del libelo, la respuesta al mismo o algún medio de convicción, singularizando de manera diáfana y exacta en qué consiste la equivocación manifiesta y trascendente en que incurrió el sentenciador.


4.-  Ninguna de las demandas propuestas cumple a cabalidad las exigencias formales, por lo que no se abren paso, según pasa a exponerse:


4.1.- La formulada por los accionantes primigenios presenta deficiencias graves, por cuanto se alega error de derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas, no obstante, para soportar la primera modalidad no se invoca ninguna norma de naturaleza probatoria trasgredida y la segunda, resulta vaga e imprecisa, al tiempo que no ataca de manera completa todos los pilares argumentativos del fallo impugnado.


4.1.1.- Aunque el ataque se edifica en la violación indirecta de la ley sustancial y se aludió a la existencia de error de derecho, en la  sustentación se desconoce la exigencia referida a que se deben relacionar también las normas de carácter probatorio comprometidas, haciendo una explicación sucinta de la manera en que fueron infringidas, tal y como lo exige el artículo 344 del Código General del Proceso.


Los recurrentes se limitan a mencionar algunos medios persuasivos y  aseveran que en su valoración no se aplicaron los principios del derecho probatorio, pero no hacen ninguna alusión a la norma instrumental que en su criterio resulta desconocida.


Desde esa perspectiva, al no haberse señalado afrenta contra algún canon de estirpe probatoria, no resulta factible evaluar el desempeño del juzgador por el camino propuesto al desconocerse cuáles son los precisos reparos en punto a la petición, obtención o valoración de las pruebas y como se precisó en AC 30 nov. 2012, rad. 2006-00547,


[e]l ataque indirecto por error de derecho implica, por su parte, la transgresión de un precepto de índole probatoria, como consecuencia del desconocimiento de los parámetros requeridos en la solicitud, decreto, práctica o valoración de los medios de convicción, lo que se debe soportar haciendo un cotejo de estos con la providencia, para resaltar las falencias del sentenciador en el peso que les otorgó al tomar la decisión, desde el punto de vista de su aptitud.


La referida exigencia se justifica en atención a la naturaleza del yerro atribuido, pues según lo reiteró la Sala en AC2520-2017, rad. 2009-00055-01, 


(…) se incurre en esta falencia si el juzgador: Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere (CSJ AC8674 de 2016, rad. 2011-00269-01, entre otras).

4.1.2.- Por lo atañe al error de hecho en la apreciación probatoria, se advierte que en la formulación del cargo de manera indiscriminada se cuestiona el discernimiento del ad quem, y se incurre en la misma falta de precisión y claridad que éste reprochó respecto del escrito incoativo, en la medida que se mezclan argumentos relacionados con la posesión ejercida de manera directa y personal, con la prerrogativa de sumar posesiones consagrada en el artículo 778 del Código Civil.


Según quedó reseñado, el Tribunal apuntaló su fallo desestimatorio de la usucapión en tres consideraciones medulares, la primera, referida a la falta de acreditación de la condición de poseedores de los promotores de manera directa y personal, porque no se probó que hubiesen efectuado actos de señorío ni cuando vivía su esposo y padre Hildebrando Blanco Camelo, ni con posterioridad a su fallecimiento y hasta la presentación del libelo; la segunda, por no considerar factible deducir suma de posesiones con la del causante, por cuanto en la demanda ni siquiera se mencionó que aquel hubiese ejercido posesión y en el proceso de ninguna manera se demostró que así hubiera sido; por último, extrañó la presencia de dos requisitos necesarios en esa materia, como son la continuidad y la exclusividad.


Obsérvese que la censura comienza por referir que la posesión alegada se remonta al año 1975 y que los testigos María Elisa Olea Bossa, Raul Antonio Calderón Perilla y Jorge Enrique Olea Bossa, «fueron contestes en manifestar la posesión y actos de señor y dueño de los demandantes en usucapión de los predios, al punto que dan fe de su explotación económica, pruebas a las cuales se dio un valor distinto por el Honorable Tribunal de Bogotá».


De ese reparo se deduciría que los inconformes propenden por defender la postura de haber ejercido por si mismos los actos de señorío desde aquella época, no obstante, a continuación, refutan que no se haya dado aplicación a la suma de posesiones con la ostentada por el padre fallecido e introducen un hecho novedoso referido al ejercicio concomitante de los actos posesorios entre cónyuges, todo lo cual va en contravía de la exigencia de precisión y claridad que exige la técnica de casación en la presentación de los cargos.


Ante tal deficiencia, se trunca cualquier análisis sobre meras especulaciones o desacuerdos planteados más a manera de alegatos de inconformidad con lo resuelto, que como sustento de un ataque en sede extraordinaria.


En ese sentido, según se indicó en AC4698-2016, para que un embate sea apto y suficiente en casación, es necesario que el recurrente indique la causal en que se respalda y, consonantemente, la sustente,


(…) lo cual no puede hacer de cualquier manera y, mucho menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino con indicación puntual y explicación suficiente de las específicas trasgresiones de la ley -sustancial o procesal- en que incurrió el sentenciador al proferir el fallo cuestionado, y exponiendo los planteamientos que sirven al propósito de demostrar los yerros que se imputen, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, o limitarse a presentar la visión personal que el recurrente tenga de la plataforma fáctica del litigio, actitudes todas que harán inadmisible la acusación que en tales condiciones se formule” (CSJ, auto del 26 de octubre de 2012, Rad. nº. 2003-00723-01; se subraya)


4.1.3.- Frente a la ausencia de los requisitos de continuidad y exclusividad de la posesión alegada, que constituye otro elemento basilar del fallo, dado que la acreditación de esos atributos era también necesaria para sacar avante la prescripción adquisitiva de dominio, los recurrentes no manifestaron ningún desacuerdo, de allí que el cargo devenía incompleto, al no haberse enfilado esfuerzos suficientes para derribar todos los soportes de aquel. Al respecto, en CSJ AC2537-2017 se precisó,


(…) cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, (…) y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario. (CSJ. AC 19 dic. 2012, rad. 2001-00038-01, reiterado en AC4310-2014 y en AC. de 15 abr. 2016, rad. 2009-00263-01) (Subraya la Sala).


4.1.4.- Finalmente, respecto del reparo concerniente al desconocimiento del artículo 320 del Código General del Proceso porque el fallador no se ciñó estrictamente a la definición de los motivos de apelación, en detrimento de la situación de los casacionistas, basta señalar que cualquier inconsistencia al respecto resulta ajena a la senda escogida, y ha debido orientarse por las causales 3 o 4 del recurso extraordinario.


4.2.- Los ataques planteados por la convocada inicial y gestora en reconvención resultan imprecisos y desenfocados.

4.2.1.- Lo primero porque, según lo ha dicho la Sala, el error en la interpretación de la demanda «puede dar lugar a un vicio de hecho por una desacertada comprensión del significado de las afirmaciones o negaciones expresadas en el libelo, o por alterar el juez el sentido y alcance del petitum» (en SC9184-2017), y en este caso el recurrente alega ese defecto, sin especificar los segmentos del escrito incoativo a los cuales se les confirió  una inteligencia incorrecta.


Se afirma que el Tribunal incurrió en error de hecho en la apreciación de la demanda por cuanto para deducir su calidad de tenedores, entendió que los accionados ingresaron al predio reclamado autorizados por su propietario. Al efecto, en el fallo de segunda instancia al abordar esa temática, se expuso,


(…) se sabe que ellos [los demandados] ocupan el inmueble y que entraron a ocuparlo igual cómo entró Hildebrando Blanco Camelo por una simple situación de orden familiar en que el padre Ángel María Blanco le permitió el ingreso, dada su situación económica y la necesidad de tener un sitio para habitar o estar radicado con su familia que se fue consolidando con el tiempo y el nacimiento de los hijos; hasta allí entonces uno podría decir no hay ningún acto posesorio acreditado por parte de los demandantes ni en causa propia ni se probó actos posesorios derivados de su causante Hildebrando Blanco (Se destaca).


Ahora, aunque en el tercer fundamento fáctico de la reconvención se dijo que ante la difícil situación económica de su hijo Hildebrando, Ángel María Blanco le hizo entrega de llaves y lo autorizó para residir en un inmueble de su propiedad «que no corresponde al predio que aquí se reivindica», y que por la actividad de Blantex en lotes colindantes éstos resultaron intercomunicados, lo cierto es que en otros numerales se dio a entender que el bien que ostentaba el señor Hildebrando era el mismo que es objeto de reivindicación.


Así, por ejemplo, en el hecho 4 se recriminó que los iniciales promotores ante el fallecimiento de su padre y esposo, no le hayan entregado a Ángel María Blanco «las llaves del inmueble que se reivindica» y en el Nro. 11 se refirió que en el área correspondiente al inmueble objeto de reivindicación se desarrolló la actividad de la empresa Blantex hasta el año 1981, de allí que lo indicado por el juzgador en términos generales no se aparta de la literalidad del libelo.


En cuanto a la falta de prueba de la calidad de poseedor que debe recaer en el llamado a resistir la acción de dominio, se dijo en el fallo censurado,


(…) aquí vale la pena precisar que el mismo demandante en reconvención al formular su demanda reivindicatoria no reconoció expresamente la posesión de los demandados incluso utilizó los mismos argumentos en la demanda de reivindicación que fueron presentados para oponerse a la demanda de pertenencia, y citamos por ejemplo, no existe sobre los bienes ninguna posesión continúa por parte de ninguno de los demandantes, ni ha existido jamás, así lo manifestó; siempre los demandantes estuvieron enterados de quién es el propietario del inmueble y que era su suegro y abuelo; que agregó la hija legítima del demandado Aura María Blanco Camelo ha tenido las llaves del predio y lo visita continuamente para revisar su estado general, lo que impide que sea así tal afirmación de la posesión continua expresada por los demandantes. 


Tal exposición guarda plena coherencia con los hechos 3, 4, 5, 6 y 7 de la contrademanda, en la cual expresamente se negó la condición de poseedores de los convocados por pasiva.


Como puede verse, por lo que atañe a los aspectos confutados, el Tribunal no se sustrajo de lo que constituye la causa petendi, en tal virtud, ante la falta de concreción del discurso argumentativo de la censura respecto a cuál es el yerro manifiesto y trascendente del juzgador en su tarea de apreciación de la demanda del cual se desprenda una afrenta indirecta a normas de estirpe sustancial, el cargo no satisface el mínimo requisito de claridad y precisión  exigido en el artículo 334 del Código General del Proceso.


4.2.2.- El yerro probatorio endilgado al fallo, concierne a que, contrario a lo concluido por el juzgador, mediante confesión y testimonios se demostró que los convocados sí eran poseedores del predio en litigio, pues ante la expresa admisión que de esa calidad hicieron al contestar el libelo, el gestor estaba exonerado de demostrar ese hecho por otros medios.


El ad quem para desestimar la pretensión reivindicatoria, en primer lugar refirió que desde el mismo libelo de reconvención los actores negaron que sus contradictores fueran poseedores de los predios, y en lo concerniente a la respuesta que frente a esas afirmaciones ofrecieron los accionados, razonó:


(…) al contestar la demanda de reivindicación, los demandantes trataron de manifestar que en contrario si son verdaderos poseedores de la cosa y al contestar los hechos de la demanda dijeron nosotros somos poseedores. Frente a eso pues volvemos a retomar el punto de que la manifestación de quién es demandado en reivindicación de ser verdadero poseedor de la cosa se ha entendido no sólo en el tema de identificación del bien que se pretende, sino también como la afirmación del hecho posesorio que le atribuye el demandante en reivindicación, pero sin embargo como lo dijimos a través de las pruebas de este proceso es claro que esa presunción que podría tener la afirmación de posesión de los demandados en reivindicación, queda desvirtuada con las pruebas recaudadas por las razones que hemos venido exponiendo. No se acredita una posesión propia de los demandantes por el término previsto de los 20 años que reclamaron y tampoco se podría atribuir que la tuvieron desde la muerte del señor Hildebrando a la fecha de presentación de la demanda al menos, porque no hay ninguna prueba que apoye cuáles son los actos posesorios que ejecutaron en los inmuebles en ese corto periodo de 6, 8 meses, y si no se probó tampoco que la posesión estuviera antes en el señor Hildebrando como causante de los demandantes, pues es precisamente lo que destruye la posibilidad de conceder la reivindicación, porque mientras no exista posesión en los demandados en reivindicación no se puede acceder a la acción reivindicatoria dominical. (Se destaca).


Al haberse tornado en eje argumentativo del fallo la falta de prueba del comportamiento como señores y dueños  de Ilma Etelvina Maldonado y sus hijos, bajo el entendido que la admisión de esa calidad quedó desvirtuada con otras pruebas recaudadas y el análisis dispensado en el fallo de segundo grado, los reparos propuestos lucen desenfocados, por cuanto no guardan estricta consonancia con lo medular de la motivación, al punto de concretarse a insistir en el mérito probatorio de lo que consideran una «confesión» deducida de la contestación a dos hechos de la reconvención, sin precisar en qué consistió la evidente equivocación del fallador al tener por desvirtuada la presunción que pudiera derivarse de la afirmación  en ese sentido, emanada de los convocados.


Debe tenerse en cuenta que los reproches formulados por esta vía extraordinaria, según se memoró en AC250-2015,


(…) deben plantearse “con estricto ceñimiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque lógica y jurídicamente debe existir cohesión entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casación y la sentencia del ad quem  (…). El recurso de casación -ha dicho la Corte- ‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya…’ (Cas. civ. de 10 de septiembre de 1991). (…). La simetría de la acusación referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino también como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, según el caso” (CSJ, SC del 10 de diciembre de 1999, Rad. No. 5294; se subraya).


De otra parte, la Sala, en AC 2 de nov. 2011, rad. 2003-00428, recordó que,


(…) ‘el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar’ (auto de 18 de diciembre de 2009, exp. 6800131030012001-00389 01) o que ‘resulta desenfocado, pues deja de lado la razón toral de la que se valió el ad quem para negar las pretensiones (…) Ignorado fue, entonces, el núcleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisión, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte’ (auto de 30 de agosto de 2010, exp. 11001-31-03-005-1999-02099-01).


4.2.3.- El inconforme también refiere error de hecho por desconocimiento de la prueba testimonial que en su criterio es idónea para deducir la calidad de poseedores de los accionantes.


Al respecto, se advierte que si bien se hace puntual mención de las declaraciones de María Elisa Olea Bossa y Raul Antonio Calderón Perilla, en cuanto al conocimiento que tenían de la familia Blanco Maldonado y su condición de ocupantes de los inmuebles, también lo es que sus disquisiciones no se encaminan a demostrar cuál fue el error de apreciación del juzgador en el preciso escollo relacionado con la dicotomía entre si la posesión alegada por los promotores era propia y en tal caso durante qué lapso temporal, o si fue ejercida por su causante y se propendía por la sumatoria de aquellas, aunado a la falta de acreditación de actos posesorios concretos.


Así las cosas, pese a que se aduce violación indirecta a normas sustantivas por yerros evidentes y trascendentes en la apreciación probatoria, en la sustentación brilla por su ausencia la comparación entre las motivaciones de la sentencia sobre los tópicos mencionados y lo declarado por los comparecientes, para determinar qué parte fue apreciada en forma incorrecta, o dejada de valorar por el Tribunal, y mucho menos de la trascendencia que el defecto denunciado tenía, al punto que, de no haberse presentado, hubiera dado lugar a una conclusión diferente capaz de aniquilar las bases que sustentaron el fallo.


Omitió la censura cumplir el inexcusable deber de exponer mediante una confrontación específica, lo que la prueba dice y lo que el juzgador no advirtió, tergiversó o distorsionó al apreciarla, tarea que no se satisface con una alegación en la que apenas sugiere su visión particular sobre la forma como debió resolverse el caso o a manera de  una simple discordancia frente a la evaluación crítica del fallador.


Sobre el defecto advertido, en CSJ AC 22 feb. 2010, rad. 1999-07596-01, se indicó


(…) en cuanto a la carga de demostración de los errores en que habría incurrido el juzgador ad quem, en forma invariable ha sostenido la Sala que “es indispensable que el recurrente -cuando endilgue al sentenciador violación de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las  pruebas-, más que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, laborío que reclama la singularización de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontación con las conclusiones que de ellos extrajo -o debió extraer- el Tribunal y la exposición de la evidencia de la equivocación, así como de su trascendencia en la determinación adoptada” (Cas. Civ., sentencia de 23 de marzo de 2004, expediente No. 7533; se subraya).


5. En síntesis, al no ceñirse ninguno de los ataques propuestos en ambas demandas a los requerimientos formales de esta extraordinaria senda de impugnación, resulta inviable su aceptación, sin que se aprecien razones que justifiquen darles vía en los términos del inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso o el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneración de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio público.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar inadmisibles las demandas y, en consecuencia, desiertos los recursos de casación interpuestos por las partes en el proceso referenciado.


Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala






MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA