AC4007-2018


Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02379-00


Bogotá D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Respecto de la demanda con que Carlos Alberto Quintero Betancourt pretende sustentar el recurso de revisión contra la sentencia de 7 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia dentro del proceso verbal de responsabilidad médica que promovió contra Organización Clínica Bonadonna Prevenir S.A. y Coomeva EPS., en donde participaron Clínica El Prado S.A., Seguros Bolívar S.A., Seguros del Estado S.A., y Liberty Seguros S.A., como denunciada en pleito y llamadas en garantía, obsérvase que no se aviene a los requisitos formales consagrados por el legislador y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte, en particular respecto de las siguientes exigencias:


1.        De acuerdo con el precepto 357, numeral 2, en concordancia con el canon 82, del Código General del Proceso, falta:


1.1.        El número de identificación de las personas que fueron parte en el proceso cuestionado, con quienes debe seguirse el proceso de revisión (art. 82-2 CGP).


1.2.        Las direcciones electrónicas de todas las personas que deben ser parte y del apoderado (art. 82-10 del CGP).


1.3.        También faltan los ejemplares necesarios de la demanda en mensaje de datos o en medio electrónico (art. 89, inciso 2º ídem).


1.4.        Las declaraciones y decretos deprecados deberán ajustarse en su acumulación al efecto específico que el legislador ha previsto para cuando se encuentren fundada la causal alegada (artículo. 359 del Código General del Proceso).


2.        Está sin cumplirse el requisito formal de la causal de revisión invocada, por falta de precisión en los hechos, porque se efectúa una narración conjunta de «hechos», de manera general, sin especificar fundamentos fácticos que puedan en realidad edificar dicha causa, como dispone el artículo 354, numeral 4º, del Código General del Proceso, que consagra como requisito la expresión de la respectiva fuente de revisión «…y los hechos concretos que le sirven de fundamento», formalidad que exterioriza el carácter extraordinario y dispositivo del recurso.


3.        Cumple recordar que la refutación por este sendero procesal, debe tener el sustento fáctico que sea relacionado con la causal esgrimida y que pueda tener aptitud para edificarla, cosa incumplida aquí, por lo siguiente:


3.1.        Examinado el escrito introductorio de este medio de defensa extraordinario (folios 3 a 6), el recurrente dice basarse en la causal 8ª del artículo 355 del Código General del Proceso, que opera por «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso».


Para desarrollar el reproche, comenzó por narrar, sin la debida claridad y «sin mayores elucrabaciones», por cierto, en torno del desarrollo procesal surtido en primera instancia donde la convocada Organización Clínica Bonadonna Prevenir S.A. «[e]n el escrito de contestación de la demanda solicitó prueba pericial, para que…se surtiera ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses», la cual fue decretada pero no evacuada, comoquiera que su peticionaria «no aportó ni las expensas ni las copias de la historia clínica del paciente» (folio 4).


El recurrente añadió que en escrito sustentatorio de apelación pidió al ad quem la práctica de ese peritaje y que sin proveerse la solicitud, se emitió fallo confirmatorio de segundo grado, lo cual develó una «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, toda vez que el juzgador…fundó su decisión pretermitiendo la práctica de una prueba que había sido solicitada con anterioridad por las partes» (folio 5).


3.2.        Así las cosas, de lo resumido puede extractarse que en realidad la parte recurrente no expuso hechos concretos relativos a la causal de revisión invocada, pues en buenas cuentas su relato fáctico no permite ver que tenga aptitud para estructurar en forma potencial, una eventual «nulidad originada en la sentencia», comenzando porque ni siquiera hay el más mínimo esfuerzo por mostrar cuál es en específico la causa de invalidez procesal del fallo cuestionado o cómo la falta de pronunciamiento relativo a una prueba solicitada en segunda instancia, de ser un vicio nacido antes de proferir el fallo, pueda pasar a constituir irregularidad que surja en «[el] mism[o] o con ocasión de su pronunciamiento [con vocación para vulnerar] el debido proceso o menoscab[ar] el derecho de defensa» (CSJ SC, 22 Sep. 1999. Rad. n.° 7421).


El recurso pretende su apoyadura en el caso omiso del artículo 327 del C.G.P., pero la censura deja de lado explicar cómo esa hermenéutica consulta el principio de «taxatividad» imperioso para establecer causas precisas y predeterminadas de nulidad según estatuye el legislador, pues si en cuenta se tiene, el reproche en modo alguno pone en tela de juicio la omisión de las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas o la omisión de la práctica del peritaje y que en el caso concreto de acuerdo a la ley, revista carácter de obligatorio.


Aunado a esto, el recurrente no explicó de qué manera un eventual defecto en el desarrollo del proceso, como lo sería la pretermisión en el decreto y práctica de la experticia rogada en segunda instancia con el escrito de sustentación, podría configurar un yerro originado en la misma sentencia como lo exige la causal octava de revisión esgrimida, cuando puede discutirse ese defecto con anterioridad a esa decisión, además, cómo podría incidir la participación del interesado en audiencia de fallo ante el Tribunal con total silencio sobre el particular.

Es que mirada de manera reflexiva la demanda de revisión, emana con claridad que lo pretendido, cabalmente, es que se derribe la sentencia del ad quem que confirmó la de primer grado desfavorable al recurrente, para buscar aperarse de elementos de convicción que en las oportunidades procesales no se esmeró por obtener y así lograr insumos necesarios para soportar una decisión positiva con cara a las pretensiones de la demanda.


4.        De ese modo, no están determinados los «hechos concretos» que podrían servir de fundamento a la esgrimida causal de revisión, por supuesto que las manifestaciones descontextualizadas del motivo para el recurso, sin aterrizar en los presupuestos axiales de la «nulidad generada en la sentencia», no dejan ver la potencial estructuración de ese defecto.


Acerca de la forma en que tienen que invocarse las causales de revisión en la correspondiente demanda, la Corte ha reiterado que:


...desde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la causal de revisión que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene ‘una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qué considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentación que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificación definitiva de la cosa juzgada. De ahí que si el recurrente no expresa la causal de revisión que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurarían, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisión que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocación para ser admitida, no sólo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusión se tolerara esa deficiencia, tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (Se resaltó. CSJ ARC de 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923, transcrito en providencias posteriores como en proveído del 27 de agosto de 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00).


De ahí que, además de los otros aspectos formales, sea menester inadmitir la demanda de revisión por falta de planteamiento de unos hechos concretos para la causal de revisión que se pretende incoar, y que puedan estructurarla.

       

Se arrimarán las copias del escrito con que se pretenda dar cumplimiento a las exigencias legales y de sus correspondientes anexos, para efectos de los traslados y reproducción de aquel para el archivo de la Corte (arts. 357 y 89 del C.G.P.).


Por manera que se inadmitirá el escrito introductorio para que se cumplan los anteriores requerimientos.


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:


1.        Inadmitir la demanda de revisión, a fin de que sean subsanados los defectos anteriormente anotados.


2.        Conceder a la parte interesada el término legal de cinco (5) días para eso, so pena de rechazo.


3.        Reconocer personería al abogado Jairo Mario Avendaño Sánchez como apoderado judicial de la parte recurrente, según el memorial poder que obra en el folio 1 del cuaderno de revisión.


Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado Ponente