AC4035-2018
Radicación n° 23001-31-03-003-2010-00162-01
Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).).
Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por los demandados Omaira Espitia Córdoba y Amalio Espitia Córdoba frente a la sentencia de 6 de abril de 2018, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario promovido Eddien Antonia Salomé Vergara contra los recurrentes y otros.
1. La demandante pretende que se declare la simulación absoluta de los contratos de compraventa contenidos en las escrituras públicas No 2116 del 14 de noviembre de 2001 y 1108 del 27 de junio de 2002, ambas de la Notaría Segunda de Montería; así como de las adjudicaciones en remates celebrados el 22 de octubre del 2002 y el 8 de mayo del 2009 por parte del Juzgado Segundo de Familia de Montería e inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria N° 140-60057 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería.
2. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería, el cual estimó las pretensiones propuestas, mediante proveído de 22 de junio de 2017.
3. Frente a la sentencia del ad quem los demandados formularon recurso extraordinario de casación, el cual fue concedido por el Magistrado Sustanciador al estimar que se cumplían los requisitos legales y, en particular, la cuantía del interés para recurrir.
Para determinar dicho justiprecio señaló el Tribunal que el «avaluó que trajo el recurrente, visible a folios 28 a 15 del cuaderno del Tribunal, en el que se determinó el justiprecio del bien en $781.341.367, /…/ doblado corresponde al valor de $ 1.562.682.734»
La naturaleza extraordinaria del recurso de casación exige el cumplimiento de rigurosos requisitos en lo que se refiere a la interposición y concesión, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado, en tanto corresponde comprobar, entre otros aspectos, la oportunidad de su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que asiste al impugnante y los efectos de la providencia cuestionada.
De igual manera, la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros).
Desde la perspectiva del Código General del Proceso, se ha reiterado la pertinencia de la declaratoria de prematuro para el otorgamiento del recurso de casación, en los siguientes términos:
«El artículo 342 en cita previene acerca de que la cuantía del interés para acudir en casación “fijada” por el Tribunal no puede ser materia de “examen o modificación” por esta Corporación; restricción que viene a ser análoga a la que existía en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que “No podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía”.
Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casación se planteó en vigencia del Código General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si “la temática arriba a esta Corporación legalmente definida”, pues, no tendría ningún sentido guardar silencio o avalar una ponderación o mensura hecha “sobre bases irreales, lo cual, por sí, implicaría una decisión aparente o no definida” (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01).» (CSJ AC5735-2016, 1º sep. 2016, rad. 2007-00177-01).
Conviene señalar que el interés para recurrir en casación refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria, la cual, para los eventos gobernados por las disposiciones del nuevo estatuto general de procedimiento, debe ser igual o mayor a «un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)», cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, de conformidad con el tenor de la preceptiva 338 ibídem.
Sobre el concepto en comentario tiene dicho esta Corporación, que aquél «está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC6011-2015, reiterado en AC7638-2016, 8 nov. 2016, rad. 2012-00290-01).
Lo anterior implica, que cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, material y atendidas las singularidades del caso, tal cual lo ha reclamado la Sala:
«Uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos.» (CSJ AC, 28 sep. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr. 2014, 2008-00347-01).
De manera que la actualidad de la afectación en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnación, la cual debe apreciarse con estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés.» (AC 064, 15 may. 1991; reiterado en AC924-2016, AC1825-2016 y AC5019-2016).
En principio, el recurso extraordinario de casación no impide la realización de los mandatos contenidos en la sentencia contra la cual se dirige (inc. 1º, art. 341 del C.G.P.); regla de la cual sólo se exceptúan algunos eventos concretos, a saber: (i) fallo que verse exclusivamente sobre el estado civil; (ii) sentencia meramente declarativa; y (iii) providencia recurrida por ambas partes.
Una variable adicional de la pauta enunciada, es la posibilidad que tiene el interesado de «solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada», potestad que trae aparejado el deber de ofrecer «caución para garantizar el pago de los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella» (inc. 4, ibídem).
Por ello, el legislador estableció una suerte de cargas y gestiones encaminadas a garantizar que el promotor de la impugnación extraordinaria, cuando así corresponde, provea lo necesario para la ejecución del fallo, sin perjuicio de la remisión del expediente original a la Corte para la tramitación a su cargo.
Para efectos del cumplimiento del fallo recurrido en casación, establece el inciso 3º del citado artículo 341 ejusdem: «En caso de providencias que contienen mandatos ejecutables o que deban cumplirse, el magistrado sustanciador, en el auto que conceda el recurso, expresamente reconocerá tal carácter y ordenará la expedición de las copias necesarias para su cumplimiento. El recurrente deberá suministrar las expensas respectivas dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso.»
4.1. En el presente caso, con base en las pautas anteriormente señaladas, no es posible predicar que el Tribunal de origen haya agotado debidamente su labor de verificar la totalidad de los presupuestos que habilitan la remisión del plenario a la Corte a fin de impartir trámite al recurso extraordinario de casación.
4.2 Ciertamente, en el proveído de concesión se advierten deficiencias que no pueden pasarse por alto y que deben atenderse de manera previa a la remisión del expediente a esta Corporación.
4.2.1. En primer lugar, se pretermitió la pertinente orden de expedición de copias necesarias a fin de que el juez de primera instancia procediera de conformidad lo cual era viable, además, por cuanto el recurrente extraordinario no solicitó la suspensión del cumplimiento del fallo al amparo del ofrecimiento de caución
Corresponde recordar que, en principio, el recurso extraordinario de casación no impide la realización de los mandatos contenidos en la sentencia contra la que se dirige (inc. 1º, art. 341 del C.G.P.); regla de la cual sólo se exceptúan eventos señalados.
Por ello, el legislador estableció una suerte de cargas y gestiones encaminadas a garantizar que el promotor de la impugnación extraordinaria provea lo necesario para la realización del fallo, sin perjuicio de la remisión del expediente original a la Corte para la tramitación a su cargo.
No obstante, se advierte que la Magistratura de origen omitió hacer dicho estudio y reconocimiento a la decisión que en doble instancia acogió las pretensiones propuestas por la demandante, pues no dispuso la pertinente orden de expedición de copias necesarias a fin de que el juez de primera instancia procediera de conformidad, lo cual se tornaba procedente.
4.2.2. En segundo lugar, no se agotó en debida forma el examen del interés para recurrir en casación; se evidencia que la Magistratura Sustanciadora se limitó a afirmar que: «como la demanda versa sobre la invalidez de actos jurídicos donde se transfirió el inmueble con matricula inmobiliaria N° 140-60057 (…) tomo el avaluó que trajo el recurrente (…) en el que se determinó el justiprecio del bien en $781.341.367, que doblado corresponde al valor de $1.562.682.734.».
De esta manera, el ad quem optó por aludir a la presentación del dictamen que en la oportunidad de interposición de la impugnación extraordinaria allegó el interesado, abandonando la apreciación del mismo y los demás elementos de juicio relacionados, en tanto no se expusieron razones para dar mérito al reciente medio y restar o armonizar totalmente el grado de convicción de las probanzas previas, que por demás gozaron de posibilidad de mayor contradicción.
Debe destacarse que el artículo 339 del Código General del Proceso preceptúa que la cuantía del «interés económico afectado con la sentencia (…) deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente», permitiendo a renglón seguido que dicho acervo básico se nutra con un insumo adicional, cuando faculta al recurrente para «aportar un dictamen pericial si lo considera necesario».
Así las cosas, la potestad que la ley confiere al impugnante para complementar y actualizar los elementos de juicio obrantes en el plenario, no supone en lo absoluto una reducción del material probatorio que permita al funcionario limitar su análisis al nuevo dictamen, sino, que por el contrario, implica un incremento de los medios de convicción disponibles para soportar su decisión.
No puede olvidarse que la fijación del interés para recurrir en casación, al igual que toda otra decisión judicial, debe responder al principio de necesidad de la prueba, esto es, «debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso» (art. 164 C.G.P.) y atender las pautas de apreciación de dichas probanzas, lo que implica, entre otros imperativos, que las mismas «deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos», paro lo cual «El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba» (art. 176 ibídem).
Incluso, en materia del justiprecio del interés que aquí concierne, es particularmente sensible la cabal satisfacción de los lineamientos precedentes, en tanto que la limitación legal prevista para que la Corte examine de fondo o modifique la cuantía fijada por el Tribunal (art. 342 ibíd.), supone una relevante atribución al ad quem, que al tiempo exige una carga argumentativa expuesta con suficiencia y sindéresis, para así impedir que la providencia pueda calificarse como simplemente fundamentada en un arbitrio judicial.
4.2.3. Finalmente, se evidencia que no se hizo un análisis cuidadoso del tipo de interés que le asiste a los recurrentes en casación, en la medida que no se determina el tipo de litisconsorcio existente entre ellos, y si con ocasión de él su cuantificación debe realizarse de manera conjunta o separada.
El otorgamiento de la impugnación extraordinaria devino prematura, lo cual impone devolver la actuación al ad quem para que de conformidad con los lineamientos pertinentes,
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR PREMATURA la concesión del recurso extraordinario de casación en referencia.
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente a la Corporación judicial de origen para lo pertinente.
Notifíquese,
Magistrado